Siguen las repercusiones del cierre de la planta de Honda en Florencio Varela. Es que a principios de abril, la automotriz cerró sus puertas en el sur del Conurbano donde ensamblaba motos, para trasladar esas operaciones en la terminal que la empresa tiene en Campana.
La firma habría ofrecido a los operarios una doble indemnización para quienes decidan el retiro voluntario o mantener los empleos, pero a más de 150 kilómetros. El intendente del PJ advierte que se trata de un “despido encubierto” porque los empleados, en su mayoría residentes de Varela, “no pueden afrontar un viaje ese viaje de larga distancia todos los días”.
Los concejales de Julio Pereyra exigen la intervención del Gobierno para garantizar la continuidad de los más de 200 trabajadores que ocupaba en el distrito.
La bancada oficialista presentó un proyecto que solicita la mediación de Macri y de María Eugenia Vidal para garantizar la continuidad de la sucursal local de la empresa japonesa.
Por eso, los empleados mantienen una toma pacífica de las instalaciones, mientras la política empieza a mover sus fichas.
“Es una política de despidos encubierta porque el personal no puede afrontar un viaje de larga distancia diariamente”, destaca el bloque de ediles del PJ a través de un comunicado.
La situación ocurre en un contexto de crisis en el sector industrial debido al impacto del ajuste económico sumado a la crisis en Brasil, el principal mercado para las exportaciones argentinas.
La sede de Florencio Varela se abrió en 2006, beneficiada “por una millonaria eximición impositiva tanto del estado municipal como provincial que permite asombrosas ganancias económicas”, señalaron los concejales peronistas.
“Frente al primer cimbronazo económico, no pueden ser los trabajadores la variable de ajuste”, sostuvieron.