El ex funcionario del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, emitió anoche un comunicado de prensa para denunciar una operación difamatoria contra la ex mandataria nacional por parte de la legisladora del GEN, Margarita Stolbizer.

Parrilli en el texto publicado anoche asegura: “Las últimas acciones  de la diputada Margarita Stolbizer difamando y mintiendo nuevamente sobre la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, son una muestra clara de cómo se utilizan los fueros parlamentarios para realizar una persecución judicial y mediática sin precedentes en la historia de la democracia argentina, sólo comparable con las comisiones investigadoras  de las dictaduras cívico militares instauradas en los años 1955 y 1976”.

“Los fueros parlamentarios tienen su origen en la necesidad de que los legisladores -diputados y senadores- puedan ejercer su función  votando con libertad y según sus propias convicciones. Sin presiones ni extorsiones de ningún otro poder. Sea éste el  Poder Ejecutivo, el Poder Judicial  o cualquiera de los poderes fácticos: económicos y/o mediáticos. Con las últimas reformas, se estableció que la existencia de los mismos no podían afectar el avance de investigaciones judiciales y sólo limitaba la prohibición de arresto o detención”, explicó el ex funcionario kirchnerista.

Para Parrilli existe una “convivencia” entre Stolbizer y el juez Claudio Bonadío, quien “está realizando una inédita persecución judicial y mediática”. Además asegura que esa operación consiste en “tergiversar, cambiar y omitir datos de las declaraciones juradas presentadas por la Dra. Kirchner. Es así que son presentadas con real malicia y falsedad mediática y que el “juez” Bonadio consiente y avala con prácticas judiciales que arrasan con el estado de derecho y las garantías constitucionales del debido proceso”.

El ex secretario General de la Presidencia indica que “amparándose en sus fueros, la  Diputada Stolbizer  insulta y agravia mintiendo a sabiendas de que sus fueros le permiten decir cualquier cosa sin que tenga ninguna consecuencia de carácter judicial y fundamentalmente económica”.

“Los fueros que Stolbizer utiliza para falsas denuncias , difamación y persecución política, sería bueno que también los utiliza para otros fines, como en el caso que ha tomado estado público sobre utilización de información secreta –por ley- de la AFIP por otra diputada, también denunciadora serial”, denunció Parrilli.

Para finalizar, el ex funcionario se preguntó por qué no utiliza los fueros “para investigar a los funcionarios del gobierno del cual forma parte. No se la escuchó en el escándalo internacional de los Panama Papers  que encabeza su Presidente Mauricio Macri y otros miembros del gabinete nacional. Tampoco en el caso de la compra de dólar futuro o en la tragedia de Costa Salguero. Y en el caso del primo presidencial Don Ángelo Calcaterra, mutis por el foro”.

“Es una ilusión armada y mantenida que conserva verosimilitud más allá de todo testeo. Por más que le ofrezcas la realidad más descarnada sobre la mesa a alguien va a seguir creyendo más en el prejuicio que en la realidad” sostuvo el asesor del presidente Mauricio Macri, Alejandro Rozitchner.

Estas declaraciones obedecen a la negación por parte del gobierno de una crisis del empleo, que fueron realizadas el mismo día en que el jefe de Estado anunció un acuerdo con un grupo de empresarios para anular los despidos por 90 días.

Rozitchner además organizó y dictó un “Taller de entusiasmo” para futuros dirigentes políticos hace dos años, financiado por la escuela de dirigentes del PRO.  El mismo constó de una serie de seminarios trascendentales para el desarrollo de la conciencia.

Las señales de enojo o de desaliento por parte del gobierno de Mauricio Macri se manifestaron paulatinamente, a través de aliados y funcionarios menores, desde la visita al Vaticano del mandatario argentino con parte de su gabinete.

Desde ese entonces la política del gobierno argentino hacía la Santa Sede se modificó y tuvo diferentes cortocircuitos. El más reciente se registró esta semana con las declaraciones de la diputada nacional de Cambiemos, Elisa “lilita” Carrió.

De esa manera “lilita” se convirtió en la vocera oficial contra el Papa, a quien acusó de operar en la justicia federal a través del legislador porteño Gustavo Vera, de máxima confianza con el obispo de Roma.

En un artículo publicado hoy por La Política On Line, se asegura que los pocos interlocutores que le quedan al presidente con el Sumo Pontífice no reciben buenas señales desde Roma sino todo lo contrario: en los mails que Francisco intercambia con funcionarios del Gobierno, suele decir que le molesta la “tilinguería” del PRO.

El Papa no soslaya la pasión de Macri por la filosofía “new age” y la meditación al estilo de El Arte de Vivir de Sri Sri Ravi Shankar, que tuvieron su punto cúlmine con el “experto en felicidad” que apareció en las reuniones de gabinete para explicarles de qué se trata la pobreza a los funcionarios.

“Son competencia para la Iglesia Católica”, admitió a LPO un dirigente del PRO que viaja al Vaticano con frecuencia.

No por nada el filósofo Alejandro Rozitchner, uno de los asesores que tienen la oreja de Macri y Marcos Peña, dijo anoche que el Papa es demasiado católico.

Pero más allá de las formas y de su enojo por el revanchismo de Macri, cada vez que puede el Papa envía mensajes de preocupación por el modelo económico del Gobierno.

En este contexto, el Papa ya demostró su voluntad de unir a los movimientos sociales, tanto kirchneristas como antikirchneristas. Sería el segundo capítulo de la reunificación de las cinco centrales obreras –hecho que no ocurría desde 1992-, una maniobra que fue seguida muy de cerca y desde hace más de un año por el Papa.

Francisco puso a trabajar en ese sentido al presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Eduardo Lozano, que en las próximas semanas reunirá en la Capital a representantes de los movimientos sociales.

Para fines de mayo, luego de la Conferencia Episcopal que encabezará en Mar del Plata, Lozano prepara un acto de los movimientos sociales en Santa Fe. La consigna es la misma que la de la reunificación de las CGT: resistir el avance del modelo de Macri ante las clases más vulnerables.

Lozano ya había recibido la propuesta de Gabriel Mariotto, Luis D’Elía y Fernando Esteche, que se reunieron con el monseñor Lozano para abordar la situación política por la que atraviesa el país.

Desde el PRO dijeron que Macri no busca recomponer su relación con Francisco, que siempre fue mala y que menos que menos intentará encontrarse nuevamente con el Papa en Roma, luego del gélido recibimiento que tuvo en febrero en una reunión de sólo 22 minutos en la muy formal Biblioteca del Vaticano.

Desde que Francisco asumió el papado en marzo de 2013 se agendó el 2016 como el año de su visita a la Argentina, pero todo indica que esa visita no sucederá, mientras que en los días próximos el Papa se entrevistará con la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

El bloque de Diputados Diputados del Frente Renovador resolvió hoy no acompañar el proyecto de ley antidespidos girado por el Senado y propondrá una iniciativa propia que incluya incentivos para las pymes, por lo que tambalea ahora su aprobación.

El massismo, que prioriza ahora no pegarse al FpV, resolvió que irá "con dictamen propio" a los debates en comisión de este miércoles y en el recinto "si no hay modificaciones a la ley".

"Seguramente va a haber tres dictámenes, el del oficialismo, el del kirchnerismo que no quiere cambios y el nuestro, porque no nos llevan a patadas ni el gobierno ni los K", aseguraron allegados al líder del espacio, Sergio Massa, tras una reunión de bloque y luego de haber anticipado que votarían la iniciativa que prohíbe las cesantías.

Adelantaron también que no participarán de la sesión especial que convoca el Frente para la Victoria, a menos que se incluyan las modificaciones propuestas: el FR propone un paquete de incentivos para que las pymes contraten a jóvenes, mayores de 50 años, discapacitados y beneficiarios de planes sociales.

Hoy el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, concurrirá a la Cámara de Diputados para exponer su rechazo a la ley antidespidos que tiene media sanción del Senado, tras lo cual el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda emitirá dictámenes.

La visita de Triaca y la emisión de dictámenes se realizará un día antes de la sesión especial pedida por el Frente para la Victoria-PJ y el trotskismo, que pretenden que la iniciativa que establece la doble indemnización por despidos sin justa causa por seis meses sea aprobada sin cambios, tal como vino del Senado.

Sin embargo, el proyecto podría sufrir modificaciones, algunas de las cuales ya fueron planteadas por el interbloque federal Unidos por una Nueva Argentina (UNA), que conduce Massa, quien pretende que junto a la emergencia ocupacional la ley establezca alivios fiscales para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que sostengan e incrementen su personal.

El interbloque Cambiemos, en cambio, rechaza de cuajo el proyecto aprobado en el Senado por considerar que se trata de una "ley antiempleo" y que los despidos no se enfrentan con trabas legales sino con instrumentos que promuevan la contratación. Sin embargo, estaría dispuesto a aceptar cambios al proyecto para introducir incentivos impositivos y beneficios para las pymes, porque de esa manera se garantiza la dilación del trámite parlamentario ya que si la iniciativa se aprueba con cambios, deberá volver a ser girada al Senado.

El FPV-PJ y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) conseguía la adhesión a su pedido de sesión especial —basta con la firma de diez diputados para realizarse— del presidente del Bloque Justicialista, el sindicalista Oscar Romero (Smata), y esperaba contar con algunos de UNA. Para poder sesionar se requieren 129 diputados (el quórum): al FPV-PJ (81) y la izquierda (4) se sumarán los 17 del Bloque Justicialista, los 8 del Frente Amplio Progresista (FAP), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Omar Plaini (Cultura, Educación y Trabajo), Graciela Caselles (Partido Bloquista de San Juan), Ramón Bernabey (Brigadier General Juan Bautista Bustos) y Carlos Heller (Bloque Solidario), con lo que reunirán 115.

El interbloque massista (37) se reunió para acordar una postura común en medio de diferencias entre sus diputados de extracción sindical, Facundo Moyano (peajes) y Héctor Daer (sanidad), entre otros, y quienes rechazan la iniciativa del Senado, como el expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) José Ignacio de Mendiguren.

De los 37 de UNA, deben descontarse cinco cordobeses que responden al exgobernador José Manuel de la Sota, al igual que la bonaerense Clauda Rucci, quienes no suscriben la convocatoria del kirchnerismo y el trotskismo a la sesión especial.

Independientemente de si al proyecto se lo modifica o no, la razón de la iniciativa legislativa es la emergencia ocupacional, lo que supone prohibir los despidos (sector privado) y las cesantías (administración pública), por lo cual su posible aprobación en la sesión especial pedida para el jueves conduciría a un veto presidencial, analizan fuentes parlamentarias

Así surge de un documento elaborado por la FAM bonaerense en el que los intendentes manifestaron que "los municipios de la provincia de Buenos Aires afrontamos económicamente innumerables acciones de prevención con una inversión considerable" y agregaron que "cada comuna eroga montos mayores a los 50 millones, 80 millones y hasta 150 millones de pesos, según la extensión territorial".

Además, los intendentes reclamaron a la Gobernadora "que interceda ante el presidente Mauricio Macri para lograr un compromiso del Gobierno Nacional para trazar un Plan Federal de Seguridad que comprometa a toda la República".

En una misiva dirigida a Vidal, plantearon que "deseamos hacerle llegar nuestra profunda preocupación respecto a los hechos de inseguridad que se vienen suscitando y el crecimiento del tráfico de estupefacientes en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires".

"Desde hace años los vecinos de los distintos partidos de la Provincia, especialmente los de los municipios del Conurbano bonaerense, reclaman mayores medidas de seguridad a sus referentes institucionales más cercanos, que conocen y ven habitualmente: los intendentes", explicaron y detallaron que, frente a ello, "como jefes comunales hemos ido colaborando y ocupándonos de la seguridad, afectando gran cantidad de recursos de nuestros acotados presupuestos a este complejo flagelo".

"Es por ello que se han adquirido distintos bienes y servicios para hacer frente a las demandas de seguridad como patrulleros, cámaras de seguridad, sistemas de alarmas, y botones antipánico", expresaron y agregaron que "entendemos que si bien son muchos los recursos que las comunas y la Provincia destinan a la seguridad pública, no es suficiente para obtener los resultados propuestos en virtud de tales erogaciones".

Sostuvieron que "apoyamos la creación de la Policía Local", pidieron "extender a las 24 horas del día el trabajo de esta fuerza" y solicitaron "dotarla de mayor cantidad de personal en la calle y más patrulleros con equipos de comunicaciones".

También requirieron "la sanción de la ley que regularice la situación jurídica de la Policía Local ya que las instituciones policiales deben ser creadas por dicho instrumento" y precisaron que "sabemos que usted conoce la realidad del territorio de la Provincia ya que habitualmente lo recorre y escucha a los vecinos de los distintos distritos por lo que entendemos y estamos convencidos que no es ajena a dichos reclamos y que se encuentra trabajando para darle una solución a corto plazo".

"Somos conscientes y creemos que usted también lo es, del gran esfuerzo que realizan los Municipios junto con vuestra gestión en la Provincia en esta materia. Sin embargo no alcanzan esa gran cantidad de recursos para detener la comisión de delitos que se acrecienta cada día más", afirmaron los intendentes.

En el texto, remarcaron que "en el contexto delictual en que nos encontramos, no podemos limitar la problemática a la Provincia ya que el país se encuentra atravesando una ola de violencia y de delitos extrema, preocupante, muchos argentinos están muriendo o despojados de todos sus bienes, víctimas de hechos de inseguridad".

"Por lo que se debe entender que es una problemática nacional que requiere el compromiso de todos, no sólo de los gobernadores y los intendentes municipales sino que junto al Presidente de la Nación debemos trazar un Plan Federal de Seguridad que comprenda a toda la República, convocando a expertos en seguridad del país e internacionales", graficaron.

Solicitaron al Gobierno Nacional "la urgente intervención desde el aspecto económico y técnico generando un plan de seguridad integral que se ajuste a las necesidades y reclamos de todo el territorio nacional, destinando recursos, como lo han hecho gobiernos anteriores, para la adquisición de logística, armamento, cámaras de vigilancia" y pidieron "llevar adelante políticas de estado serias con el fin de terminar definitivamente con el delito".