El Diputado del Frente para la Victoria, César Valicenti, acompañado por su bloque, presentó una nota ante el Juez Arias solicitando aclare la situación de las cooperativas eléctricas para determinar si éstas también son alcanzadas por la suspensión del aumento tarifario.

A raíz del fallo que se dio a conocer en el día de ayer, a cargo del Juez Arias, se dictó una medida cautelar, a través de la cual se suspende el aumento de tarifas de energía eléctrica en toda la provincia de Buenos Aires.

Dado que en el fallo no se aclara si esta determinación afecta también a las cooperativas, la medida da lugar a interpretaciones, viéndose perjudicados aquellos usuarios de la provincia donde la electricidad es suministrada por este tipo de entidades.

A partir de esta situación, el Diputado César Valicenti presentó un escrito al Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de la ciudad de La Plata, mediante el cual solicita al Juez Luis Arias determine los alcances de su fallo, así como también se le pide se manifieste en relación a cómo será el proceder de las cooperativas, distribuidoras y usuarios en el marco resarcitorio para los casos en que la factura ya haya sido emitida y/o abonada.

En este sentido, el legislador de Olavarría manifestó: “Para los que somos de distritos del interior, sabemos que en muchos casos la electricidad llega a través de cooperativas que suministran el servicio; en este sentido, si bien el fallo habla de frenar el aumento en todo el cuadro tarifario, esto podría dar lugar a diferentes interpretaciones por parte de las cooperativas y que, al fin de cuentas quienes se vería afectados serían nuevamente los usuarios. Es por ello que junto a mis compañeros legisladores solicitamos al Juez Arias que se expida a fin de aclarar el fallo en cuestión para evitar ambigüedades en la interpretación”.

Por último, Valicenti afirmó: “como legislador tengo el deber de poner a disposición todas las herramientas necesarias a la hora de defender a los vecinos ante esta ola de aumentos generalizados”.

Actualmente en la provincia de Buenos Aires, de los más de 2 millones de usuarios de energía eléctrica, cerca de 870 mil usuarios reciben el servicio a través de cooperativas eléctricas, por lo que las determinaciones de este fallo tendrán un gran impacto en los bonaerenses.

El Fiscal Federico Delgado recibió hoy más pruebas en la causa N° 3899/16, caratulada “Macri, Mauricio s/ infracción artículo 303 del CP”, sobre Lavado de Dinero.

Quien aportó las pruebas fue el diputado Darío Martínez quién adjuntó elementos que probarían la posible violación del Art. 268 del Código Penal, que trata sobre la omisión maliciosa en la presentación de sus declaraciones juradas (DDJJ) ante la Oficina Anticorrupción.

En primer lugar se mostró las diversas inconsistencias en las DDJJ relacionadas con los valores de algunas propiedades declaradas.

Entre ellas, se detalla un “terreno” en Tandil que en una DDJJ tiene 510 ha en otra 5.100 ha y en la ultima 5100 m2.

El diputado demuestra que en cualquiera de los casos, el valor declarado es muy inferior a los valores de mercado. Un departamento que habita, en Libertador y Cavia, el lugar más caro de Bs. As. que declara haber pagado 760 dólares el m2, cuando allí se ofrecen a 7000 dólares el m2, departamentos de similares dimensiones. La Chacra de 33 ha en Maldonado, Uruguay que declara haber comprado en 8.000 dólares la hectárea. Su amigo Pablo Clusellas mantiene un conflicto por la expropiación de una chacra similar porque el Municipio de Maldonado le ofrece 150 mil dólares la ha, y Clusellas pretende que le paguen 450 mil.

Pero lo más importante es la omisión reiterada desde 2006 al 2015 de declarar su participación accionaria en 14 sociedades anónimas que en su DDJJ informa que las tiene desde el 2001 y las valúa en 0 pesos a cada una. Un cálculo parcial del patrimonio de Socma Americana, una de las sociedades, arroja que su participación estaría valuada en 55 millones de pesos.

Un comentario final mereció la cuenta de 18 millones de pesos en Bahamas. Según las declaraciones del Presidente la banca Julius Baer compró Merril Lynch (donde tenía su cuenta) y le trasladó la cuenta a Bahamas.

El legislador Martinez expreso: “Julius Baer compro Merril Lynch en el 2012, por lo tanto hace al menos tres años tiene la cuenta en Bahamas y como por pedido nuestro el Juez Casanello mando exhortos a Bahamas y Panamá pidiendo sus cuentas, ante la evidencia decidió hacer público algo que venía ocultando maliciosamente. Pero además la Banca Julius Baer es casi la nave insigne de la flota pirata del sistema bancario. Esta banca afronta en EEUU multas de 350 millones de dólares por ayudar a sus clientes a evadir impuestos. La verdad no es el mejor banco para un Presidente que hace bandera de honestidad y transparencia.”

El ministro de hacienda, Alfonso Prat Gay, sorprendió en su visita a España al pedir disculpas por los últimos años, "pido disculpas por lo que han sufrido los capitales españoles, hoy la Argentina ofrece grandes oportunidades", aseguró el ministros a los empresario españoles.

Pero, Lilita, no perdona y hoy se lo hizo saber al funcionario durante su presencia en la Cámara de Diputados.

Carrió le recordó a Prat Gay que durante la recuperación de YPf, ella denunció al ex titular de Repsol Antonio Brufau, y a los diputados del Frente para la Victoria que votaron la expropiación del 51 por ciento de las acciones de esa empresa en una causa que tiene el juez federal Ariel Lijo.

"Están imputados los integrantes del directorio de Repsol y los diputados del Frente para la Victoria" señalo que Nétor Kirchner acordó el "retiro de Brufau permitiendo el vaciamiento de YPF", con lo que el empresario español "terminó cobrando más de lo que vale la compañía".

Pero no fue la única que arremetió contra el ministro de hacienda. La diputada del Frente para la Victoria Araceli Ferreyra aseguró que con sus declaraciones "violó la soberanía de la Argentina al pedir disculpas a los españoles".

En la misma línea, la diputada kirchnerista Araceli Ferreyra invitó al ministro de Hacienda a que "le haga una visita higiénica" a los empresarios españoles.

"Cuando un funcionario, como el ministro Prat-Gay, se va a España en viaje oficial como miembro de otro de los poderes del Estado y pide perdón por las leyes sancionadas democráticamente por este Parlamento, en realidad, no solo se viola la división de poderes sino que, además, se produce una afrenta a los que debatimos durante muchísimo tiempo leyes como las de recuperación de YPF", dijo la legisladora.

Ferreyra a la vez, sostuvo que "el ministro tendrá que pedirle perdón al pueblo argentino que dijo que con dos porciones de pizza pagábamos el tarifazo y acá tenemos a toda la Patagonia rebelada por uno de los tarifazos más fuertes que registra la nación Argentina".

"Ese ministro (por Prat-Gay) al igual que el ministro pirata Juan José Aranguren tendrían que renunciar o pedir perdón por el estropicio que están haciendo en el país", concluyó de manera contundente.

El aumento de tarifas de los servicios públicos afectó a instituciones barriales, clubes, centros culturales, cooperativas, centros de jubilados, que están cerrando sus puertas por no poder sostener económicamente su normal funcionamiento.

Para dar respuesta a esta situación, legisladores, diputados,senadores del Frente para la Victoria, realizaron un encuentro para fortalecer la propuesta del espacio políticos de incluir a estos actores dentro de la Tarifa Social.

Legisladores e instituciones avanzaron en una agenda programática para hacer frente a los aumentos indiscriminados de los servicios públicos que incluye impulsar acciones desde los espacios legislativos y presentar amparos a la justicia para lograr la suspensión de los aumentos.

En ese sentido, la concejal platense del bloque FPV Nacional y Popular, Florencia Saintout, remarcó que “este es un momento duro para nuestro pueblo, un momento de agravio y dolor. Ante esta situación es fundamental la unidad del movimiento nacional defendiendo los derechos conquistado y demostrar con nuestras convicciones la importancia de seguir representado todos los logros que conseguimos en los últimos años”.

“El año pasado sancionamos la Ley Nacional del Deporte, que contempla una tarifa diferencial para los clubes, pero el gobierno de Macri aún no la reglamentó”, sostuvo Saintout. A su vez, remarcó que “pasamos de pensar una asignación universal para deportistas, a discutir los problemas que tienen los clubes para pagar los servicios públicos, retrocedimos en las prioridades y demandas de nuestro pueblo”.

Además, Saintout, subrayó la situación que viven las bibliotecas populares de la provincia, “desde el mes de diciembre el gobierno de Vidal no envía los fondos para el funcionamiento de las bibliotecas, además de no reglamentar la Ley de Bibliotecas Populares sancionada el año pasado en la Legislatura”.

Por su parte, la senadora provincial Cecilia Comerio, aseguró que “estamos frente a un gobierno con sesgos autoritarios que no mide el impacto social de sus medidas, y que además no se abre al diálogo para abordar la realidad que viven las instituciones de la sociedad civil”.

De la misma manera, el diputado provincial Marcelo Torres, indicó que “con estas medidas Macri pone un corralito a la producción, impulsando un paquete de medidas que frena la actividad económica y repercute en los sectores productivos más débiles como son las PyMEs y las cooperativas”.

Asimismo, Torres, aseguró que “con este tarifazo que repercute de forma brutal en nuestro pueblo, se financia el déficit que causó eliminar las retenciones a los sectores agroexportadores”.

Del mismo modo, el senador provincial Federico Susbielles, reconoció que “estamos ante un gobierno que no tiene sensibilidad social y que desconoce la importancia de los clubes de barrios, las bibliotecas y los espacios culturales en la configuración del tejido social”.

Además, Susbielles destacó que desde el Frente para la Victoria se impulsa en la Legislatura bonaerense un “programa de protección y promoción de los clubes de barrios, donde se plantea un impuesto al juego que recaude fondos para que sean destinados a los clubes de barrio”.

Por último, el diputado nacional Carlos Castagneto, remarcó, “el rol que ocupan los clubes de barrio y las entidades de bien público son fundamental en la contención e inclusión de niños y jóvenes, además en el desarrollo de valores”.

“En tan solo seis meses nuestro país dio un vuelco terrible, estamos viendo como costear los servicios públicos de las instituciones sociales mientras que los poderes económicos concentrados se beneficiaron con la quita de retenciones a los agroexportadores, se privilegia la renta financiera sobre la producción y nos volvimos a endeudar para subsidiar dólares para estos sectores”, aseguró Castagneto.

Del encuentro también participaron los senadores provinciales Federico Susbielles, Cecilia Comerio, Sergio Berni y Juan Manuel Pignocco;el diputado nacional Carlos Castagneto;el diputado provincial Marcelo Torres; los concejales platenses Guillermo Cara y Gastón Castagneto; el secretario general de la CTA Región Capital, Octavio Miloni; y los referentes platenses Martín Alaníz, Ana Herrán, Federico De Marziani y Pablo Fernández, entre otros

Tras el Golpe Militar de 1976, la recuperación del período democrático que lideró el ex presidente de la nación Raúl Alfonsín, las Fuerzas Armadas fueron reducidas en su potencialidad de injerir sobre la vida de la sociedad civil.

Alfonsín. a través del decreto 436 con fecha 31 de mayo de 1984 estableció un traspaso de facultades a la órbita del Ministerio de Defensa.

Estas atribuciones políticas que se le quitaban en ese entonces a quienes protagonizaron la más brutal de las dictaduras militares en la Argentina, el gobierno de Mauricio Macri, se las devolvió bajo el decreto 721/2016.

Las Fuerzas Armadas militares habían dejado detener facultades tales como, ascensos, traslados, designaciones, premios, incorporación de retirados como docentes en los espacios de formación, entre otras atribuciones.

Antes del Golpe Militar del 76, las Fuerzas Armadas que contaban con estas facultades tenían el poder para ejecutar determinados tipos de operativos, como lo fue el Operativo Independencia, que fue la antesala de la represión.

La ex ministra de defensa, Nilda Garré, explicó las consecuencias de estas modificaciones realizadas por el Ejecutivo.

“Esto es volver a crear un monstruo, que se había olvidado que podía ser un monstruo”, expresó y añadió “es el renunciamiento de la política a la conducción del Estado. Si desde el ministerio de Defensa no podemos decidir quiénes están en la fuerza, el ministerio de Defensa pasa a tener un rol decorativo”, argumentó.

En la misma línea sostuvo que a partir de la derogación del decreto impulsado en la gestión de Alfonsín “los militares deciden la política de defensa”.

“Las facultades que eran del ministerio de Defensa como construcción política del Estado Nacional, ahora pasan a los militares”, advirtió.

“Los dejas a los militares igual que antes de Alfonsín”, expresó a modo de preocupación.

En la norma, publicada en el Boletín Oficial, se indicó "que resulta necesario establecer procedimientos ágiles que permitan atender las cuestiones relacionadas con la gestión del personal de las Fuerzas Armadas; que resulta oportuno ordenar y actualizar el régimen de delegación de facultades; que resulta conveniente adecuar, asimismo, las disposiciones en materia de designación del personal militar y civil para prestar servicios”, por lo que “la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa ha tomado la intervención que le compete”.

En tanto, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas podrá designar los oficiales destinados a ese cuerpo, salvo los de la conducción superior y designar suboficiales bajo su mando. También podrá aprobar las calificaciones de egreso de los cursos conjuntos designar al personal militar retirado para funciones docentes en los institutos y cursos de formación militares.

El decreto firmado por Mauricio Macri, que implica un transferencia directa de poder de Ejecutivo a los militares, pone en alerta al sistema democrático del país, dado que las Fuerza Armadas tienen capacidad de autogobierno sin intervención de los poderes civiles.

El servicio de ferrocarril que une la ciudad de La Plata con la estación terminal Constitución se encuentra interrumpido, según versiones oficiales del Ejecutivo provincial para la realización de obras.

Por su parte, el diputado Gustavo Di Marzio, presentó un pedido de informes para exigir los motivos y fundamentos en los que se basaron para interrumpir el servicio y a su vez pidió que el Ejecutivo precise cuál será la fecha de finalización de obras.

“Al igual que el resto de las políticas adoptadas por este gobierno, la interrupción del servicio del tren es otra política que perjudica y mucho a la clase trabajadora y a los más humildes. Hoy una persona que viaja de lunes a viernes necesita casi 2000 pesos para ir y venir por mes, dinero que significa un importante porcentaje de los sueldos”, advirtió Di Marzio.

En el mismo sentido, el legislador de Peronismo para la Victoria sostuvo que “el tren no sólo es un transporte económico, sino que además es otra alternativa de viaje que tenían miles de usuarios que arribaban día a día al tren Roca y que hoy se ven obligados a viajar en colectivo, abonando sumas elevadisimas”.

El frente de Agrupaciones Militancia para la Victoria y el Movimiento Evita, organización a la que pertenece Di Marzio, decidieron realizar un campaña de recolección de firmas para exigirle al gobierno provincial que dé respuestas ante la comunidad sobre el parate de las obras en el ferrocarril Roca.

Parece que los primeros seis meses de gestión, a fuerza de tarifazos, despidos y aumentos, ya comenzaron a erosionar la imagen de Mauricio Macri. Al menos así lo marca un trabajo de La Consultora Dicen, que dirige Hilario Moreno, que relevó lo que piensan los argentinos a casi seis meses de la asunción de Cambiemos.

El relevamiento, que publicó el portal Info135, preguntó a los encuestados si volverían a votar igual que lo hicieron el 22 de noviembre en el balotaje entre Mauricio Macri, de Cambiemos, y Daniel Scioli, del FpV.

La encuesta, realizada en 62 ciudades de Argentina, concluyó que hoy el 49% de los argentinos votaría a Scioli y sólo un 34% lo haría por Macri. Un 17% no sabe o no contesta.

En el Gran Buenos Aires, Scioli lograría un 59% contra un 28% de Macri; en la Capital Federal, el 40% votaría por Scioli y un 51% lo haría por Macri; en el Interior del país el 34% lo haría por Scioli y el 43% por Macri.

En otra parte de la encuesta, la indaga sobre si es mejor el gobierno de Macri o los dos de Cristina Kirchner.

En total país, el gobierno de Cristina logra el 42% sobre el 35% de Macri. Un 13% no sabe, no contesta y un 8% los considera igual de malos, mientras que un 2% los considera igual de buenos.

Si la dividimos por regiones, en el Gran Buenos Aires Cristina logra el 51% y un 31% lo prefiere a Macri; en la Capital Federal el 36% la prefiere a Cristina y un 46% a Macri; en el Interior prefieren a Cristina un 36% y un 34% a Macri.

Los datos son preliminares y se conocerán en forma definitiva en el día de hoy en www.dicen.com.ar junto con el resto de la encuesta.

Los intendentes suelen remarcar que son la primera puerta que los vecinos van a golpear en situaciones de agobio. Por ello desde el conurbano son varios los que ya alzaron la voz para tratar de encontrar alguna red de contención ante un panorama más que complejo.

En ese contexto, el pasado viernes, Verónica Magario, intendenta de La Matanza, se reunió con el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Jorge Triaca, para analizar la problemática en el distrito más populoso del conurbano bonaerense.

La idea de Magario es tender puentes con las autoridades nacionales para coordinar tareas con el fin de generar nuevas fuentes de empleo, Además le hizo conocer la situación de ‪‎desempleo que vive el municipio.

La Jefa Comunal aprovechó la oportunidad para presentarle al ministro un informe sobre la cifra de despidos en La Matanza en el sector privado, que ya alcanzo a 15.000 personas. Además remarco que el panorama es aún más grave si se tiene en consideración de los trabajadores informales o el trabajo informal.

Por su parte, Triaca se comprometió a fortalecer las oficinas de empleo de La Matanza para revertir la situación laboral que está teniendo el Municipio. De la reunión también participó la Secretaria de Producción del Municipio, Débora Giorgi.

En tan solo cinco meses, cerraron, por lo menos, 1686 empresas que se encontraban registradas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Es el número más importante que se tenga registro en 50 años.

Según fuentes tomadas de AFIP que consignó el portal El Destape, los sectores con más cierres fueron Construcción con 700, comercio y reparaciones con 367, hoteles y restaurantes con 165, industrias manufactureras con 171. En otros sectores se registraron 283 cierres.

De este modo, las 1686 empresas cerradas en los primeros cinco meses del gobierno de Mauricio Macri, configuran el número más grande del que se tenga registro en los últimos 50 años.

Según el Registro de la Industria de la Construcción, el sector más golpeado por las políticas de gobierno, las constructoras formalizadas pasaron de 24.600 en 2015 a 23.900 en 2016, lo que equivale al cierre de 700 en menos de seis meses. Esto afecta también al empleo indirecto que circunscribe sin incluir subsidiarias ni pequeñas empresas informales.

El sector partidario Justicia y Dignidad Peronista (JDP), vinculado al ex presidente Eduardo Duhalde, insistirá hoy en la Justicia con una nueva presentación para pedir la intervención del Partido Justicialista (PJ) nacional porque consideran que “se violaron el estatuto interno y la Constitución al no permitir la presentación de las minorías”.

Tras la presentación de un nuevo documento en el Juzgado federal con competencia electoral a cargo de la jueza María Servini, los apoderados de la línea justicialista disidente a la actual conducción del PJ, Oscar Diani y Omar Gadea, encabezarán una reunión partidaria a las 18 en Alsina 2072 para analizar el futuro del partido.

Gadea explicó a Télam que el nuevo pedido ante la Justicia de “nulidad del proceso electoral” del PJ que se realizó en los primeros meses del año se fundamenta en que el partido “no respetó y proscribió a las minorías”.

Aislado desde lo político, al "Zabeca de Banfield" sólo le quedaría un nuevo intento por los sinuosos pasillos judiciales.

Hace un poco más de un mes, este sector del justicialismo más cercano a Duhalde y otros dirigentes peronistas que se fueron del PJ durante la conducción del kirchnerismo sufrieron un revés judicial cuando la Cámara Electoral avaló el proceso que realizó el Partido Justicialista para renovar sus autoridades y eso permitió que Gioja sea el nuevo presidente, lo que también evitó la intervención reclamada.