Luego de promesas de transparencia, en un controversial decreto que coarta el derecho de la Libertad de prensa, María Eugenia Vidal decretó que se aplique una sanción de hasta dos años de prisión a quienes den a conocer el contenido de las Declaraciones Juradas que presenten los funcionarios provinciales, policías y agentes de servicio penitenciario. Entre los alcanzados por la sanción se ubica a "terceros". En otras palabras, a los periodistas y medios de comunicación.
A principios de la gestión, la gobernadora a través del decreto 116 había obligado a sus funcionarios y a sí misma, a publicar declaraciones juradas de bienes.
El decreto 647 anunciado hoy por el Boletín oficial, anuló la propia iniciativa basada en el discurso de la "transparencia" de la gobernadora.
De esta manera, el gobierno bonaerense decidió que se aplique una sanción de hasta dos años de prisión a quienes den a conocer el contenido de las Declaraciones Juradas en su formato integral.
En el primer decreto de principios de la gestión se establecía que los funcionarios públicos debían presentar las declaraciones juradas en dos formatos: una versión sintética y otra integral. La primera, que iba a ser de libre acceso para periodistas y ciudadanos, sólo consigna la valuación del patrimonio sin identificar los bienes que lo integran. La segunda, integral, incluye esas precisiones más los datos de los familiares directos de los funcionarios, pero iba a quedar a resguardo de la Escribanía General de Gobierno, ente que desde hace años rechaza todos los pedidos de acceso a la información realizados por la prensa.
El texto agregado hoy por el nuevo decreto 647 detalla que "la Declaración Jurada Patrimonial Integral mencionada en el artículo precedente -incluido el Anexo-, tendrá carácter reservado. Los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente".
Entre los periodístas ya estalló la polémica.