El gobierno de la provincia de Buenos Aires, decidió mediante el decreto 647, multar con penas de hasta dos años de prisión a periodistas o terceros que difundan las declaraciones juradas de los funcionarios del gobierno PRO.

Senadores bonaerenses del FPV manifestaron su enérgico repudio   ante el decreto de la gobernadora María Eugenia Vidal.

La senadora bonaerense, Magdalena Sierra, afirmó que  “ya habíamos advertido sobre la intención de penalizar a los que informan y a los que investigan. Por eso en la discusión en comisiones de lo que será la ley que regule las declaraciones juradas que se debatirá en el senado de la provincia logramos eliminar el artículo que sancionaba a los periodistas”, recordó la legisladora.

En el mismo sentido, añadió “para nosotros el gobierno de Vidal tiene una actitud muy marcada a la hora de ocultar: ya lo hicieron con las reiteradas emergencias que les permiten gastar sin control y sin dar publicidad a las compras. Ahora intentaban lo mismo con las declaraciones juradas”, advirtió.

Por su parte, la senadora Mónica Macha, destacó que "el decreto de Vidal lesiona persigue al periodismo y, otra vez, las instituciones y la democracia. Es una medida escandalosa, criminaliza la práctica periodística y blinda a la provincia de una manera inaceptable”.

“La medida implica un retroceso enorme en materia de transparencia. Esconder información es gobernar encerrado y lejos del pueblo.  Cambiemos es contradictorio, desprecia los mecanismos de la democracia y muestra serios problemas en materia de transparencia”,  cuestionó Macha.

Otro de los senadores que salió al cruce de la medida tomada por el gobierno provincial, fue Santiago Carreras, quien aseguro que  “el decreto firmado por Vidal es alarmante. Al igual que quiso hacer Macri en el ámbito nacional con los que ingresen al blanqueo, en la Provincia buscan silenciar y perseguir a quienes informen sobre el patrimonio de su gabinete”

En el mismo sentido, el legislador hizo un repaso de las decisiones del gobierno provincial que sortearon controles y se refirió a que “desde su asunción la gobernadora promovió proyectos que pasan por alto los mecanismos de control en contrataciones y obras de infraestructura, y ahora apunta a ocultar las declaraciones juradas de sus funcionarios y perseguir periodistas".

"Muy lejos del discurso de transparencia e institucionalidad que tenían en campaña”, concluyó el legislador.

Por otra parte, llovieron críticas en las redes sociales.

Enrique M Martinez ‏@em_martinez 1 hHace 1 hora

Vidal se retractara sobre un decreto que firmo hoy. El nivel de precariedad e improvisacion del gobierno es asombroso

Cristina PerezCuenta verificada ‏@Cris_telefe 1 hHace 1 hora

#Gravisimo Decreto d M Eugenia Vidal sanciona con prisión a quienes revelen datos del patrimonio d sus funcionarios http://www.lanacion.com.ar/1906912-un-decreto-de-maria-eugenia-vidal-sanciona-con-prision-a-quienes-revelen-datos-del-patrimonio-de-sus-funcionarios …

Dante Augusto Palma ‏@palmadante 1 hHace 1 hora

Feliz día del periodista http://www.lanacion.com.ar/1906912-un-decreto-de-maria-eugenia-vidal-sanciona-con-prision-a-quienes-revelen-datos-del-patrimonio-de-sus-funcionarios …

Mariana Moyano ‏@mmlamoyano 2 hHace 2 horas

La libertad al palo Un decreto d Vidal sanciona con prisión a quienes revelen datos del patrimonio dsus funcionarios http://www.lanacion.com.ar/1906912 

Nancy Pazos ‏@NANCYPAZOS 2 hHace 2 horas

En qué quedamos????Vidal y un polémico decreto: enviará a prisión a quienes revelen datos patrimoniales de sus func http://goo.gl/PaUNZq 

mariano obarrio ‏@marianoobarrio 3 hHace 3 horasCiudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Este decreto de MEV atenta contra la libertad d prensa, derecho a la información y normas d transparencia oficiales http://www.lanacion.com.ar/1906912-un-decreto-de-maria-eugenia-vidal-sanciona-con-prision-a-quienes-revelen-datos-del-patrimonio-de-sus-funcionarios …

El Ministro de Energía, Juan José Aranguren, es uno de los ministros más cuestionados de la administración Pro. El aumento de tarifas, que afectó a la mayoría de la población, por otro lado beneficia a grupos concentrados como la petrolera Shell de la que además, el es accionista.

El diputado nacional del FPV-PJ, Rodolfo Tailhade, hizo declaraciones públicas respecto de la situación del ministro. El legislador aseguró que “el problema no es que (Aranguren) tenga 16 millones de pesos en acciones de Shell. El problema es que es el Ministro de Energía y como tal regula el mercado donde Shell es un actor principal”.

“Aranguren le está dando negocios a Shell que después van a repercutir en sus bolsillos. Cuando Shell distribuya dividendos este año se va a encontrar con que Aranguren le transfirió con el tarifazo y otros negocios miles de millones de pesos”, advirtió el diputado de la oposición.

En el mismo sentido, el legislador pidió la renuncia del Ministro de Energía al destacar que “en principio lo mínimo que tendría que hacer (Aranguren) es renunciar, lo cual no lo va a eximir de la investigación penal que surge de la denuncia que hicimos en la justicia federal”.

“El delito está consumado. Si Aranguren renuncia eso no impide que la justicia lo siga investigando por lo cual si renuncia quien saldría beneficiada sería la sociedad argentina porque se saca de encima una persona que está haciendo negocios personales y generando una catástrofe social”, remarcó Tailhade.

Con respecto a la acusación sobre el funcionario Pro, el diputado del FpV, recalcó que “el delito en el que incurrió Aranguren es por negociaciones incompatibles y la verdad que está absolutamente probado. Las pruebas están a la vista de todos”.

Por su parte, el diputado del FPV-PJ, Martín Doñate, salió al cruce del ministro de Energía al afirmar que “Aranguren no debería haber asumido nunca y debería renunciar ya” y agregó “es una vergüenza lo que está sucediendo en el Gobierno con la designación de Aranguren y de otros funcionarios del Ministerio de Energía por la clara la incompatibilidad que tienen para ejercer cargos públicos por los intereses cruzados que existen con sus empresas y las decisiones que toman en el ámbito ejecutivo”.

“El de Aranguren es un caso emblemático. Ni bien asumió el presidente Macri alertamos sobre la incompatibilidad manifiesta de la asunción de Aranguren en ese cargo porque claramente que se estaba vulnerando la ley de ética pública, la 25188, que no permite que un funcionario asuma un rol de ministro habiendo sido Presidente de una empresa a la que ahora debe regular y tomar resoluciones en ese ámbito si no pasaron tres años como lo dice la ley”, enfatizó el legislador kirchnerista.

“Aranguren sigue siendo accionista de Shell y cada decisión que se toma que beneficia o que afecta a Shell, lo beneficia o lo afecta directamente a él, en sus acciones y en sus beneficios”, arremetió el legislador.

Para concluir Doñate, detalló que “Aranguren ya cometió una serie de ilegalidades, no solamente con los tarifazos que dio sin ningún tipo de audiencia pública, incumpliendo la ley. Además de ocho licitaciones de compra de gasoil, siete las ganó Shell, su propia empresa. Por otro lado, la compra de gas a Chile por un 128% más caro que a Bolivia es una irregularidad absoluta. Lo denunciamos en la justicia porque directamente lo benefician a él porque Shell es la que nos vende el gas que viene vía Chile mucho más caro del que viene por Bolivia”, concluyó.

La justicia en lo contencioso administrativa de La Plata intimó hoy a la gobernadora María Eugenia Vidal a que en cinco días convoque a reanudar las negociaciones paritarias a los estatales enrolados en la Ley 10.430 y que designe en conjunto con los gremios la autoridad imparcial que debería intervenir ante conflictos entre las partes.

La medida la adoptó hoy el juez Luis Federico Arias, quien aclaró que la orden de reabrir la paritaria estatal que resolvió el pasado 29 de abril si bien fue apelada por la Fiscalía de Estado, “el recurso fue concedido con efecto no suspensivo, por lo que la misma se encuentra plenamente vigente”.

En el fallo, el magistrado dispuso que para el caso de incumplimiento “los respectivos encuentros paritarios de negociación se realizarán en el ámbito de éste Juzgado, a cuyos efectos se fija audiencia para el día 21 de junio del corriente año, a las 10 horas en la sede de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata”.

La decisión de Arias se basa en un planteo que habían presentado la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) y los médicos nucleados en la Cicop.

Si bien, los médicos acordaron la semana pasada un aumento del 25 por ciento hasta agosto y la reapertura de la paritaria ese mes y el gobierno también acordó con el resto de los gremios estatales un aumento salarial para el primer semestre y la reapertura paritaria el 1 de julio, ATE y Soeme rechazaron el acuerdo y recurrieron a la justicia que dio lugar al reclamo de los trabajadores.

Luego de promesas de transparencia, en un controversial decreto que coarta el derecho de la Libertad de prensa, María Eugenia Vidal decretó que se aplique una sanción de hasta dos años de prisión a quienes den a conocer el contenido de las Declaraciones Juradas que presenten los funcionarios provinciales, policías y agentes de servicio penitenciario. Entre los alcanzados por la sanción se ubica a "terceros". En otras palabras, a los periodistas y medios de comunicación.

A principios de la gestión, la gobernadora a través del decreto 116 había obligado a sus funcionarios y a sí misma, a publicar declaraciones juradas de bienes.

El decreto 647 anunciado hoy por el Boletín oficial, anuló la propia iniciativa basada en el discurso de la "transparencia" de la gobernadora.

De esta manera, el gobierno bonaerense decidió que se aplique una sanción de hasta dos años de prisión a quienes den a conocer el contenido de las Declaraciones Juradas en su formato integral.

En el primer decreto de principios de la gestión se establecía que los funcionarios públicos debían presentar las declaraciones juradas en dos formatos: una versión sintética y otra integral. La primera, que iba a ser de libre acceso para periodistas y ciudadanos, sólo consigna la valuación del patrimonio sin identificar los bienes que lo integran. La segunda, integral, incluye esas precisiones más los datos de los familiares directos de los funcionarios, pero iba a quedar a resguardo de la Escribanía General de Gobierno, ente que desde hace años rechaza todos los pedidos de acceso a la información realizados por la prensa.

El texto agregado hoy por el nuevo decreto 647 detalla que "la Declaración Jurada Patrimonial Integral mencionada en el artículo precedente -incluido el Anexo-, tendrá carácter reservado. Los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente".

Entre los periodístas ya estalló la polémica.

El aumento del 100% en el transporte fluvial, generó fuerte críticas por parte del Frente Renovador hacia el gobierno bonaerense encabezado por María Eugenia Vidal.

La senadora provincial, Micaela Ferraro, en diálogo con Radio La Plata, aseguró hoy que “con abono mensual, el vecino pagaba 600 pesos por llegar desde la isla al continente, con el aumento que se dio la semana pasada tuvo un aumento del 100 por ciento. Hace más de un año que nos venimos reuniendo con el Intendente y con los prestadores del servicio, y nos dicen que por los costos esto debía subir, pero esto perjudica muchísimo a los vecinos y al servicio”.

En el mismo sentido, la legisladora adelantó que “pedimos un subsidio del 50 por ciento para el transporte pluvial, porque ese costo es altísimo, estimamos que hay entre 4 mil y 10 mil habitantes, porque hay vecinos sólo del fin de semana y otros con residencia fija”.

En cuando a los tarifazos impulsados por el gobierno de la provincia en sintonía con el gobierno nacional, Ferraro, advirtió

"si los vecinos no pueden pagar los servicios, hay que hacer algo, desde nuestro rol de representantes, entendemos que todavía se puede dar el debate en el ámbito de la Legislatura, si no se soluciona iremos por otros caminos”.

"El aumento en las tarifas de luz, gas y agua ha repercutido fuertemente en la economía mensual de los ciudadanos bonaerenses, lo que ha desatado una lucha entre los poderes del Estado, “desde el bloque pedimos que se extienda la discusión sobre las subas en las tarifas, porque vemos que han afectado mucho al vecino”, comentó la Senadora.

Por otra parte se refirió a la relación entre el Frente Renovador con el oficialismo de Cambiemos, resaltó “no sé si la relación es tensa, creo que es lo que tiene que ser, siendo firmes cuando tenemos que ser, cuando creemos que las medidas no ayudan al vecino y acompañando cuando tiene que ser”.

En cuanto a la Gobernadora María Eugenia Vidal, reconoció que tiene una posición ambigua, “a veces concordamos y otras no tanto”, sin embargo celebró el hecho de poder debatir y consensuar dentro de la Legislatura, ya que “este espacio de discusión es muy útil y sirve para mejorar la calidad de las instituciones”, concluyó.

El juzgado nacional del trabajo nº 27 a cargo de la Dra. Patricia Russo hizo lugar a la medida cautelar peticionada por uno de los más de 150 trabajadores de ANSES despedidos desde principios de año sin justa causa.

La Justicia intimó al organismo a restituir al trabajador en sus funciones dentro del plazo de 48 hs.

Entre los fundamentos del fallo se determina que el despido sin causa priva al trabajador de la estabilidad laboral del empleado público garantizada por el art. 14 bis de la C.N.

El trabajador de ANSES, Juan Manuel Tignanelli, que logró el aval de la justicia a través de la cautelar presentada por el Dr. Leandro Recalde, representa el primer caso de fallo a favor de los trabajadores en el marco de los más de 150 casos de empleados del organismo que, en su mayoría formando parte de la planta permanete del ANSES, fueron despedidos sin justa causa desde la asunción de su nuevo titular, Emilio Basavilbaso en la ANSES.

En el mes de febrero se había denunciado un mecanismo de extorsión reiterado en la ANSES mediante la cual el nuevo director de Relaciones Gremiales e Institucionales, Francisco Bosch, quien se presentaba como una de las personas "de máxima confianza" del director ejecutivo del organismo, Emilio Basavilbaso y del secretario general del mismo ente, Alejo Maxit, primero ofrecía a los trabajadores dinero a los trabajadores a cambio de sus renuncias al organismo y en caso de negativa los amenazaba con inventarles una causa para despedirlos.

Audio donde funcionario del Anses ofrece soborno a trabajador a cambio de renuncia

Fallo completo

http://goo.gl/NkQmJ5

Miembros de clubes de barrio de todo el país, acompañados de organizaciones sociales, se manifestaron ayer en Plaza de Mayo contra lo que consideraron “un tarifazo que amenaza con el cierre” de esos espacios.

Pasadas las 19, las canchas de fútbol improvisadas rodearon la Pirámide de Mayo. Sobre la reja que circunda el monumento, clubes porteños, del conurbano y del interior del país colgaron las banderas que los representan y las pancartas que exigieron “tarifa social para todos” y recordaron: “un club de barrio menos, muchos pibes más en la calle”.

Más tarde, una gran columna ingresó por Irigoyen para sumarse a la actividad.

Detrás de la bandera que agrupa a todos los clubes a nivel nacional se mezclaron los colores de los clubes de todos los barrios, incluyendo delegaciones que llegaron del interior.

“De los clubes, la plaza es de los clubes”, entonó el grupo de chicos, padres y profesores mientras se acercaba a la Casa Rosada tan cerca como las vallas, a la altura de la calle Defensa, lo permitieron.

Allí se montó un escenario desde el que se leyeron las consignas de la convocatoria y sentenciaron: “No vamos a permitir que desaparezcan los clubes”.

Reclamo de los clubes de barrio por el tarifazo

Imágenes de la movilización

Al comparar los primeros cinco meses de 2015 y 2016 surge que el valor de la hacienda en pie subió 48,5 por ciento y el de la carne en el mostrador 46,6 por ciento.

En medio de la aceleración de la inflación en la primera parte del año, que llevó el kilo de asado a entre 100 y 140 pesos en las carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, el consumo de este producto no para de caer.

Según difundió este miércoles la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), el consumo per cápita quedó en 55,7 kilos por año, el peor registro de los últimos cinco años.

En su anterior reporte de mayo pasado, la cámara empresaria había informado una merma del 5,2 por ciento para el acumulado enero-abril y que el consumo había retrocedido a 56,2 kilos/año, por lo que ahora se aceleró la baja.

La producción de carne vacuna fue de 1.076 millones de toneladas en el período enero-mayo de 2016, lo que significó un retroceso de 5,0 por ciento interanual; y el consumo interno alcanzó una participación de 92,35%.

En tanto, el volumen exportado en enero-mayo de 2016 resultó casi idéntico al registrado en enero-mayo del año pasado, a pesar de que el Gobierno de Mauricio Macri eliminó en diciembre último todas las retenciones para este sector.

En una polémica editorial, Joaquín Morales Solá despliega una hipótesis sobre un plan de desestabilización que se estaría tejiendo en el conurbano bonaerense. El artículo de La Nación, habla de sectores del kirchnerismo y del peronismo que promueven movilizaciones para generar caos con el objetivo de que tambalee el Gobierno.

"El núcleo duro del kirchnerismo está propalando la idea de que un sector importante de la sociedad sufre el hambre de manera insoportable", dice Morales Solá en referencia al "plan" organizado desde las entrañas bonaerenses.

"Ellos (y otros más) son sólo voceros de una estrategia más profunda, que se despliega sobre todo en el conurbano bonaerense, donde reside el universo más amplio de pobres del país", añade con una mirada centralista sobre lo que ocurre a poco kilómetros de la Capital.

"En ese espacio socialmente sensible, siempre vacilante, los cristinistas están llamando a futuras movilizaciones hacia los supermercados, según información que recibió el gobierno de Macri de intendentes propios y de peronistas que aspiran a un proyecto de poder más ambicioso que el caos", agrega, sin temor a reconocer que se trata de una versión del macrismo para victimizarse.

Ante esos dichos fueron varios los que salieron a cruzarlo. Hoy, el intendente de Ensenada, Mario Secco, lo castigó con dureza. Habló del crecimiento de la pobreza en su distrito y le respondió al periodista: "Encima hay que soportar que un sinvergüenza que sabe de periodismo diga que los intendentes estamos preparando un golpe”.

Los secuestros extorsivos fueron moneda corriente en la Provincia de Buenos Aires, pero la ministra de Seguridad Patricia Bullrich difundió cifras que indican una baja del 27% en esta modalidad delictiva.

Bullrich lo  dijo durante su informe en la Comisión Bicameral de Fiscalización de órganos y actividades de Seguridad Interior, la cual se convoca para analizar la problemática y responder preguntas de los legisladores de la oposición, en el marco de su primer informe de gestión.

La ministra se refirió también a la lucha contra el narcotráfico y a los secuestros que, según afirmó, presentaron un descenso con en la provincia de Buenos Aires, con respecto a 2015.

"El secuestro es de alta preocupación social, genera mucha incertidumbre y desazón, tiene que ver con esta forma de variación que hace el delito, aparece en entradera, de golpe es un secuestro express", afirmó Bullrich.

Según la estadística brindada por la funcionaria, en la provincia de Buenos Aires hubo una disminución de casos de secuestro en un 27,4% y un aumento en la Ciudad del 25%.

"El total de la disminución en CABA y la Provincia es del 19,1%", aseguró. Sin embargo, volvió a subraya que "la exposición mediática ha sido muy elevada".

Bullrich anunció que el Gobierno prepara una reforma de la Policía Federal para que se convierta "en una fuerza de investigaciones complejas, que tenga menor nivel de territorialidad y que se dedique a delitos federales, con analistas y una buena policía científica".

La ministra de Seguridad afirmó que la Policía Federal "tiene que dejar de ser una fuerza de comisarías" al fundamentar la reforma, en el marco del informe de gestión que brindó ante la comisión bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior.