La Galería de los Patriotas Latinoamericanos del Bicentenario fue inaugurada el 25 de mayo de 2010 con motivo de los festejos por los 200 años de la Patria, asi lo indica la página oficial de Casa Rosada, y la historia reciente de la Argentina.

Para más detalles que le interesen al visitante el salón está ubicado en el centro de la Casa Rosada y exhibe retratos de héroes y personalidades del continente que fueron aportados por países de la región.

El 4 de mayo de 2015, al cumplirse cinco años de la elección del ex presidente Néstor Kirchner como primer secretario General de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) se incorporaron un cuadro del propio Kirchner y uno del ex presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías.

Pero hoy la historia contará un capítulo distinto, llegó la hora del desmantelamiento, del desarme de lo simbólico, de bajar los cuadros de los que fueron protagonistas de hazañas libertarias para subir nuevamente las imágenes de quienes truncaron los procesos de independencia.

Bajar el cuadro de Rafael Videla era motivo de festejo para quienes buscaban la justicia a favor del respeto por los derechos humanos desde lo símbolico, "el hombre del cuadro" expresaba el pasado oscuro.

Bajar los cuadros de los libertarios es sucumbir, para volver a ser un país colonial.

Imágenes del desmantelamiento de la galería de los Patriotas Latinoamericanos

Los trabajadores de Industria RB fueron violentamente desalojador por orden del Dr. Orlando Abel Diaz a cargo del Juzgado de Garantías N°2 de San Isidro.

El hecho comenzó en el día de ayer cuando loes trabajadores organizab una convocatoria de apoyo a esta empresa recuperada en la puerta de la planta.

Eduardo Murúa, referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, contó que la policía ingresó al lugar cerca de las 19hs.

Los trabajadores detallaron que es ilegal la orden dictada por Diaz ya que, en 2007, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó la expropiación a favor de los trabajadores, ley que fuera prorrogada en el 2012 por 5 años más, por ende, vigente hasta el momento.

“Todas las empresas recuperadas de nuestro país están en un limbo jurídico. El Estado no termina de consolidar estos procesos y nos deja en una situación muy difícil. Las leyes se dictan pero luego no se avanza para hacerlas efectivas”, dijo Murúa.

INDUSTRIAS RB es una empresa con 40 años de experiencia en el sector industrial. Entre sus líneas de productos tradicionales, se incluyen instrumental eléctrico de alta precisión para aplicaciones industriales, instrumental para automotores y vehículos pesados, autopartes, tales como sensores de presión, temperatura, nivel de combustible, etc.

La gobernadora María Eugenia Vidal anunció hoy un nuevo plan de capacitación y formación para la Policía de la provincia de Buenos Aires, que extenderá el plazo de instrucción para los nuevos efectivos e incorporará tecnología para prácticas de tiro en las que se invertirán más de 50 millones de pesos.

“Esta es la medida es la más importante porque tiene que ver con lo que no se ve. Es una nueva capacitación para toda la Policía y es acompañar a quienes ingresan a la fuerza”, dijo Vidal durante un acto que se realizó esta tarde en la Escuela de Policía Juan Vucetich, en la localidad bonaerense de Berazategui.

Precisó que el otro eje “es el de formación continua porque un policía no deja de aprender nunca” y detalló que “acá se acabó la improvisación y por eso habrá mayor capacitación”.

En ese punto anunció que se invertirán más de 50 millones de pesos en polígonos de tiro y en mejorar la formación “porque el estado quiere cuidar a la policía para que de lo mejor y para que nos cuide bien”.

“Nuestro compromiso fue enfrentarnos a las mafias y al delito y por eso primero multiplicamos los recursos para inversión en tecnología y equipamiento así por ejemplo cada policía pudiera tener su chaleco antibalas”, expresó.

Afirmó que su objetivo es que “la policía sea más profesional y por eso los exámenes de ingreso son más específicos y rigurosos y de los 24.000 postulantes que se presentaron este año sólo 1.700 pasaron esas pruebas”, detalló.

Puntualizó que el plazo mínimo de capacitación pasará de seis a nueve meses “porque un policía no puede salir a la calle sin una formación de tiro necesaria”.

En tanto, el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo aseguró que el objetivo es que los nuevos 1.700 cadetes “sepan de que se trata el nuevo entrenamiento” y precisó que a la par se trabaja con la DEA y el FBI estadounidenses “para capacitar a los efectivos policiales”.

El nuevo esquema de entrenamiento y capacitación prevé que unos 500 policías por semana estén en polígonos de tiro para lo que el ministerio de Seguridad adquirió sistemas virtuales.

También se sumarán simuladores de manejo con el objeto de reforzar la capacidad de conducción mientras se acude al llamado de una emergencia.

Además se resolvió que la edad límite para el ingreso a la fuerza policial establecida hoy en 29 años se reduzca a 25 a partir del año próximo.

El Tribunal de Cuentas, organismo provincial, emitió un fallo sobre las irregularidades denunciadas por Concejales del Frente para la Victoria, donde contribuyentes debían pagar recargos por mora sumado a multas por el pago fuera de término de tasas municipales.

En ese sentido, advirtió que lo realizado por la administración municipal puede ser cuestionado por la Justicia.

Para los concejales, el documento da cuenta del cobro indebido efectuado por el Municipio. Varias fueron las denuncias recibidas en el bloque del Frente para la Victoria, dado que el Gobierno Municipal a cargo del intendente PRO, Sebastían Abella, aplicó una multa y un interés por mora en el pago de tasas, de manera errónea y sin previo aviso a los contribuyentes, en una medida que entró en vigencia el 1 de enero del corriente año, y que incluso se aplicó de manera retroactiva.

El caso impulsado por los concejales kirchneristas llegó a manos del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el cual cuestionó el accionar del Municipio en un fallo donde asegura que “no solo se posibilitó recargar con interés y multa el hecho de la mora por la mora misma, sino que se suprimió el requisito de ´intimación, actuaciones o expediente en trámite´, vale decir, la tramitación administrativa previa a la imposición de la multa, en la que el contribuyente pueda ejercer el derecho de defensa, y se respete el debido proceso adjetivo”.

Al respecto, el organismo de control advirtió que el accionar de la administración local “es susceptible al cuestionamiento del Poder Judicial”, dejando abierta la posibilidad que la Justicia falle a favor de aquellos contribuyentes que soliciten la restitución de cobros realizados de manera indebida por la Secretaría de Economía y Hacienda.

Para el Tribunal, “la multa, que es graduable entre el 20% y el 100%, demanda de manera inexorable el dictado de un acto administrativo que, al menos, fije el porcentaje al caso concreto”.

Por ello, no puede considerarse como una “multa automática”, explicaron los ediles del FpV.

“Un contribuyente podría pagar un recargo correspondiente a la mora en el pago del tributo, y además, recibir de manera “caprichosa” una multa por el 100% del valor, sin que el Municipio de precisiones o fundamente tal decisión. Esto es algo que venimos denunciando desde la aparición de los primeros casos, y que sin embargo el Municipio no ha depuesto su actitud”.

Por último, y conocido el fallo del Tribunal Provincial, el bloque de la oposición sostuvo: “Ahora que el Tribunal de Cuentas confirmó que el Municipio le está metiendo la mano en el bolsillo a los vecinos, vamos a continuar acompañando el reclamo de los contribuyentes, quienes no solo deben hacerle frente a los aumentos en impuestos y servicios de todo orden, sino que además vienen siendo víctimas del mal desempeño del Estado Local, que aprovechó esta situación para recaudar, aun sabiendo de lo incorrecto del procedimiento”, finalizaron.

Fallo del Tribunal de Cuentas

En la fábrica donde el presidente de la nación, Maurico Macri, anunció el veto de la ley antidespidos, se vive una grave situación de despidos.

El secretario general del gremio de los trabajadores de la carne, Silvio Etchehun, junto a un grupo de 15 empleados despedidos de la empresa Cresta Roja, se encadenaron a uno de los ingresos del Ministerio de Economía, en reclamo de soluciones para los empleados despedidos de esa empresa.

"Seguimos en nuestra protesta, hoy es nuestro tercer día de lucha, porque el gobierno nacional no responde a nuestros reclamos para los más de 2.500 trabajadores que fueron despedidos", dijo Etchehun.

Encadenado a uno de los ingresos al Palacio de Hacienda, el sindicalista informó sobre las demandas de su sector: "Nosotros seguimos esperando que el Gobierno entienda la sencillez de nuestros reclamos. Lamentablemente nadie nos entiende. Y bueno acá seguiremos hasta tanto podamos solucionar nuestros problemas".

Según Etchehun, "Seguiremos con nuestro reclamo hasta que los 2.500 compañeros tengan obra social; además es imprescindible tener una garrafa social para cada familia; la entrega de bolsones de comida y recomponer el valor de los REPRO".

"No podemos seguir viviendo con 6.000 pesos ante el aumentazo de la canasta familiar, de los impuestos, los remedios y de los servicios en nuestros barrios. Acá no hay nada raro, le decimos al presidente (Mauricio) Macri, acá no hay ningún puntero ni política, ni político en contra del Gobierno… Son necesidades imprescindibles que el Gobierno puede solucionar firmando un papel o con un llamado telefónico", remarcó.

El gremialista dijo además que en estos últimos días "hemos hablado con 6 o 7 funcionarios y la verdad es que no entienden lo que uno les explica".

"Pasamos tres noches muy frías donde los vecinos de esta zona nos alcanzaron un poco de comida y algunas frazadas, café y agua caliente para pasar la noche", finalizó Etchehun.

En el día de ayer, y tal como lo adelantara Primereando, el trabajador de la ANSES, Juan Manuel Tignanelli, logró el aval de la justicia a través de la cautelar presentada por el Dr. Leandro Recalde.

A este fallo a favor, se le suma uno nuevo de una trabajadora de la Anses de la provincia de Salta.

El fallo judicial que inició Tignanelli, representó el primer caso a favor de los trabajadores en el marco de los más de 150 despedidos del organismo que, en su mayoría, formaban parte de la planta permanente de ANSES, y que en su totalidad fueron cesantiados sin justa causa desde la asunción de su nuevo titular, Emilio Basavilbaso.

Por otra parte, ninguno de los trabajadores al momento de ser despedidos eran funcionarios, dado que durante la transición en el mes de enero, todos los trabajadores que ocuparon ese rol ya habían sido desafectados de los cargos.

El director de gremiales de la Anses, de la nueva administración a cargo del funcionario Pro, Francisco Bosh, fue "escrachado" por los trabajadores en el momento que ofrecía un supuesto soborno para que abandonaran su puesto.

Francisco Bosh, Director de Gremiales de ANSES.

La filmación hoy es parte de la causa penal que se le inició a Bosh por "extorsión", a raíz de este hecho.

El fallo del juzgado nacional del trabajo Nº 27 a cargo de la Dra. Patricia Russo, basó el pedido de inmediata reincorporación de Juan Manuel Tignanelli, al reconocer su condición de delegado del SECASFIPI, la tutela que les corresponde a los delegados sindicales, pero sobre todo y es por tal que el caso sienta jurisprudencia y dio lugar a nuevos fallos a favor de los trabajadores, es que el despido sin causa, priva a los trabajadores de la estabilidad laboral del empleado público garantizada por el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

De esta manera, el juzgado resolvió hacer lugar a la medida cautelar peticionada y en consecuencia, intimaron a ANSES para que dentro del plazo de 48 hs. proceda a reincorporar al trabajador Juan Manuel Tignanelli en su puesto de trabajo.

A partir de ambos fallos favorables, se espera que se resuelta la situación de 150 familias que se quedaron sin ingresos a principios de febrero.

Beneficiarios del la línea de créditos hipotecario del Bicentenario, Pro.Cre.Ar., reclamaron la entrega de viviendas, al Director General del Anses, Emilio Basavilbaso, a través de un petitorio donde detallaron la situación de retraso.

Por su parte, la senadora bonaerense, Cecilia Comercio, le dirigió una nota al intendente de San Nicolas, Ismael Passaglia, al director del Banco Hipotecario Gustavo Mata y a Basavilbaso, para apoyar el reclamo de las familias que están esperando la entrega de su vivienda.

Los beneficiario detallaron la complejidad de la situación al sostener que "las viviendas que componen el complejo de viviendas del Programa PRO.CRE.AR. (Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar), línea desarrollo urbanístico de San Nicolás, debieron ser entregadas a los beneficiarios hace 20 meses".

Ante la falta de respuesta los beneficiarios pidieron una respuesta urgente.

En ese sentido, los beneficiarios denunciaron la demora injustificada respecto de la fecha de entrega originalmente estimada y realizaron diversos reclamos ante las autoridades responsables, sin haber obtenido a la fecha una respuesta satisfactoria o que de certidumbre sobre el futuro del programa y de la entrega efectiva de sus viviendas.

Ante la ausencia de respuesta, creció la preocupación entre los vecinos y las familias que integran el programa, han expuesto que se encuentran ampliamente excedidos los plazos para la entrega efectiva de las viviendas, siendo el atraso en la actualidad de unos 20 meses aproximadamente.

Ante la falta de certeza sobre la fecha en que efectivamente les serán entregadas las viviendas, muchos de los beneficiarios han debido renovar sus contratos de alquiler con importantes aumentos, pagando comisiones, el impuesto de sellos, depósitos y demás gastos, lo que a la postre también les acarreará eventuales consecuencias por la rescisión anticipada que deberán realizar de esos contratos de alquiler. Además al extenderse el plazo en que deben abonar mensualmente el importe de la preventa, se adiciona el pago de los alquileres y renovaciones mencionadas.

Los beneficiarios manifestaron que “a la situación gravosa de este doble desembolso (alquiler más cuota de la preventa) se podría sumar en función de nuevas evaluaciones crediticias que pudieran tener lugar al momento de la efectiva entrega de las viviendas, un nuevo perjuicio por generar pases de segmento en el que los ingresos de los beneficiarios se verían afectados en una proporción mayor a la actual, impactando en la suba de las cuota a pagar”, cuando las circunstancias que estarían incidiendo en la demora no son de modo alguno atribuibles a los beneficiarios, ni a hechos que encuadren en las categorías de hechos fortuitos o fuerza mayor.

Asimismo, solicitaron que se les informe sobre el estado de avance para la efectiva prestación y provisión de los servicios públicos indispensables (luz, gas, agua), para la habitabilidad de las viviendas.

De la misma manera, solicitaron que se abra una instancia de diálogo y se designe un responsable de mantener periódicamente un canal de comunicación, que se les informe fecha prevista para la efectiva entrega de las viviendas o en su defecto se arbitren los mecanismos necesarios que posibiliten darles certeza.

Asimismo plantearon, que en caso de proceder a la actualización de los segmentos y a efectos de que las personas que resultaron beneficiarias no queden excluidas del beneficio, se tome como ingreso el que efectivamente tenían al momento de realizar los sorteos correspondientes y se los tenga como beneficiarios en forma definitiva, sin que se puedan retrotraer sus derechos adquiridos en función de nuevas actualizaciones, es decir que no se excluya a ningún beneficiario por exceder el tope máximo de ingresos (que actualmente está fijado en $ 35.000).

En esa línea, los beneficiario reclamaron que “se garantice la debida entrega de las viviendas con los servicios públicos esenciales correspondientes, para que no queden unidades funcionales sin habitar”.

En el mismo sentido, manifestaron la voluntad de "avanzar en una instancia de diálogo con las autoridades responsables de efectivizar la entrega de las viviendas, que nos permita dar una pronta respuesta a todas las familias beneficiarias de San Nicolás, que se encuentran altamente preocupadas por la situación de incertidumbre que actualmente los aqueja. En definitiva se trata de garantizar el derecho humano a la vivienda, consagrado en la Constitución y en los Tratados Internacionales y de que se cumplan con los objetivos del programa”.

"Es real que Bullrich retiró a la Gendarmería de La Matanza", enfatizó Magario, quien se quejó de la medida que, según sostuvo adoptó el Miniseterio de Seguridad.

La intendenta opositora señaló que había "800 efectivos" en su distrito y que "fueron retirados" por disposición de la ministra Bullrich.

"Estamos para atrás y nos ayudaría que haya fuerzas federales en La Matanza", señaló Magario en decalraciones formuladas a Radio Nacional.

Por otra parte, advirtió que "en La Matanza la gente está pasando hambre" y que hay un "50 por ciento de aumento en la demanda a comedores escolares".

En ese contexto, celebró que la Justicia aceptara una cautelar presentada por intendentes del conurbano respecto al aumento de tarifas de servicios.

"Determinamos hacer una acción judicial porque no obteníamos respuesta y porque veíamos una situación crítica en el sector productivo, en el comercial y en las instituciones", manifestó Magario.

"El Gobierno nos ha notificado que apelará el fallo judicial (que acepta la cautelar) pero nos pareció interesante que (el ministro del Interior, Rogelio) Frigerio, se mostró dispuesto a hablar con el ministro (de Energía y Minería, Juán José) Aranguren", añadió.

"Esperemos que el Gobierno nacional salga a resolver esto. Llegamos a esta instancia judicial porque no teníamos respuesta a los reclamos que venimos efectuando desde febrero en una primera reunión con (el ministro Juan José) Aranguren", señaló.

Magario indicó que en su distrito hay familias que no están pudiendo cubrir la canasta básica de alimentos y negó la utilización política de la situación en respuesta a versiones que calificaban sus reclamos como un intento por desestabilizar al gobierno.

"Mi obligación es manifestar al gobierno nacional y provincial para que tomen medidas urgentes, no es posible que terminemos judicializando una situación que hay que solucionarla políticamente, pero lo hacemos porque no tenemos respuesta", indicó.

"Necesitamos dar soluciones. Lo que hay que producir son políticas de Estado que acompañen estas situaciones", agregó.

El tarifazo parece encontrar su barrera de contención en el conurbano. Es que tras conocerse la decisión de La Matanza que logró frenar los aumentos en su distrito comenzó un efecto contagio que amenaza con llegar a todos los rincones de la Provincia de Buenos Aires.

Ya los municipios de Almirante Brown, San Martín y Merlo imitarán a Verponica Magario y accionarán en la Justicia para frenar el tarifazo en los servicios públicos.

También en Avellaneda, Lanús, Hurlingham y Lomas de Zamora estudian cómo llevar adelante sus reclamos para sumarse a la ola judicial

Según consignó el portal La Política On Line desde el interior, la última novedad llegó del departamento judicial de Azul, donde se elevó una medida cautelar colectiva que permite que sean alcanzadas todas las personas del mismo, a instanciaas de la diputada nacional olavarriense Liliana Schwindt, del Frente Renovador.

Los intendentes se aventuran a la vía judicial porque cuentan con los precedentes de los fallos del juez federal Arias de La Plata y el de la jueza federal de San Martín Martina Forns, que tomó varias medidas para proteger instituciones del conurbano. Puntualmente, la última resolución benefició a seis clubes tradicionales de San Martín.

Con una dura carta publicada en las redes sociales, CFK cargó contra del “Programa nacional de reparación histórica para jubilados y pensionados” propuesto por el Poder Ejecutivo y alertó por las consecuencias destructivas que tendrá para el Sistema Previsional argentino.

“Estamos ante un verdadero Caballo de Troya. Pero adentro no vienen ni Aquiles ni Ulises. Por el contrario, este auténtico presente griego trae: el “huevo de la serpiente” para la destrucción del Sistema Previsional Argentino (SIPA) y la inequidad tributaria al eliminar impuestos progresivos (bienes personales y renta financiera)”, argumentó la ex Presidenta.

Además, alertó que en el escrito se anuncia “la burla de establecer una quita de entre el 30 % y el 60 % para los jubilados que tienen juicio contra la ANSES”.

"Debo confesar que, como ex legisladora, y ante una rápida lectura del proyecto, lo que más llamó mi atención fue la mezcolanza de temas: blanqueo, jubilados, juicios, cambios de índices de actualización y edades del SIPA, venta de acciones del FGS, derogación de impuestos progresivos, acuerdos fiscales con las provincias, etc", añadió.

También, le aconsejó a la población que lea el informe que hizo Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía, quien le escribió un mail para alertarla por las consecuencias del proyecto que quiere aprobar el oficialismo.

“Les permitirá comprender la magnitud de lo que se está discutiendo en el Congreso y sus consecuencias, no solo en el ya y ahora, sino también en el devenir inmediato. No es una actitud autoritaria, es simplemente para evitar “futuros” sorprendidos, engañados, decepcionados o enojados, que con los del presente ya sobran”, explicó.