En medio de las tensiones cruzadas entre Jorge Ferraresi y el gobierno de María Eugenia Vidal, la Municipalidad de Avellaneda ratificó que desde hace varios meses viene trabajando de forma articulada con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, para implementar el sistema de emergencias SAME en el distrito.

El puntapié lo dio en abril, el propio Ferrares cuandoi mantuvo un primer encuentro de trabajo con la ministra de Salud provincial, Zulma Ortiz, donde definieron avanzar en este sentido.

Posteriormente, el secretario de Salud de Avellaneda, Dr. Luis Parrilla, ha tenido reuniones frecuentes con otras autoridades provinciales para seguir definiendo acciones concretas sobre su puesta en práctica.

Para el mes de Agosto está previsto iniciar las capacitaciones destinadas al personal médico, técnico y administrativo que prestará funciones en estas bases y luego de ese proceso de formación, se estima que en Octubre ya estén en funcionamiento las 4 bases que tendrá Avellaneda, ubicadas en la Unidad Sanitaria N° 1 de Villa Corina, en el Centro Integrador Comunitario de Dock Sud, en el Centro Integrador Comunitario del Barrio San Lorenzo de Wilde, y en la actual base de emergentología local, de Av. Belgrano y Supisiche en Sarandí. En dichas sedes habrá 9 móviles atendiendo la demanda de urgencias locales.

Cabe destacar que así como sucede con los otros municipios que se han sumado a este proyecto, los tiempos de implementación, compra de equipamientos y capacitación del personal afectado a esta labor han impedido hasta ahora que SAME funcione en algún distrito bonaerense.

Avellaneda es de los municipios que más interés ha demostrado para incorporar este servicio, y desde la convocatoria del gobierno provincial, es de los que mayor cantidad de pasos concretos ha dado en pos del objetivo de traer ese beneficio a sus vecinos.

El ex gobernador de Santa Fe y titular del Partido Socialista, Antonio Bonfatti, señaló hoy como aspectos negativos del gobierno de Mauricio Macri los aumentos tarifarios, la inflación, las políticas para el sector lácteo y la apertura de las importaciones, aunque destacó "el diálogo" y "la marcha atrás en algunos errores".

"Vemos como negativo el tema de las tarifas, las políticas para la lechería, la apertura de importaciones y el crecimiento de la inflación", aseveró Bonfatti, presidente de la Cámara de Diputados provincial, en declaraciones formuladas esta mañana a LT 10 Radio Universidad Nacional del Litoral.

Advirtió además que "si no hay respuestas positivas" a esas situaciones, desde su sector político alzarán "la voz" y realizarán "propuestas".

"La gente votó un cambio y nosotros respetamos esto. Nosotros mantenemos nuestros principios que ya tienen 120 años. El sistema económico actual mundial sigue sometiendo a la gente a la pobreza.

Nosotros vamos a seguir dando batalla por la igualdad, la libertad, la justicia y la ética política", postuló Bonfatti durante la entrevista.

Por otro lado, destacó la necesidad de no mirar la realidad "en blanco y negro" y sostuvo que "se puede gestionar sin robar".

Además, subrayó la importancia de "construir una alternativa nacional" y consignó que, dos semanas atrás, en el Teatro Luz y Fuerza de Santa Fe, se reunieron referentes del Frente Progresista Cívico y Social y ratificaron "la adhesión al frente político que se construyó en Santa Fe hace 21 años".

Desde su desembarco a la política, Mauricio Macri supo que debía comenzar a crear su propio relato, con el objetivo de despojarse de esa imagen de empresario exitoso, de un integrante de una clase acomodada, un hombre nacido en cuna de oro. El ex presidente de Boca entendió que debía apadrinar a un dirigente social cuya imagen fuera tan ajena al mundo de la política como él: y la elegida fue Margarita Barrientos, consignó El Destape.

Y en los últimos años, el vínculo entre la referente social y el hoy Presidente de la Nación se acrecentó en forma notoria: ante cada anuncio social que requirió Macri, Barrientos puso a disposición su famoso comedor y hasta tomó partido por el entonces jefe de Gobierno porteño en las últimas elecciones nacionales, donde el propio Macri cerró su campaña prometiendo el plan de "Pobreza Cero", hoy ya admitido como "imposible de cumplir" por su propio gabinete.

Sin embargo, lo que no se sabía al menos hasta ahora, es que detrás del apoyo incondicional y las muestras de solidaridad, existían intereses económicos: a través de la Fundación y las obras en el barrio Piletones que monopolizó la cooperativa de su esposo, la familia Barrientos recibió más de 27 millones de pesos el gobierno PRO.

Pese a que su representatividad en el barrio es nula (su hija, Macarena Beatriz Antunez obtuvo poco más de 100 votos en las últimas elecciones realizadas allí, lo que representó un frustrado tercer lugar), el gobierno porteño decidió centralizar todas las partidas en favor de Barrientos y su familia, haciendo del clientelismo político una bandera.

De esta forma, la Fundación Margarita Barrientos comenzó a manejar grandes partidas en la medida que su nivel de exposición fue creciendo: de recibir un subsidio de $63.700 en 2008, pasó a cobrar casi $6.637.039 el año pasado por parte del gobierno municipal.

Barrientos y su equipo tienen a cargo el mantenimiento de prácticamente todos los espacios públicos del barrio: por el mantenimiento de los dos Centros de Primera Infancia (Thiago Andrés y San Cayetano) reciben unos $585.000 mensuales del ministerio de Desarrollo Social, mientras que por parte del ministerio de Educación otros $57.240, correspondientes al proyecto "Intregrarte".

De esta forma, la Fundación Margarita Barrientos se hizo en los últimos tres años unos $12.018.468 provenientes de las arcas porteñas.

Pero la Fundación no es la única beneficiada con las partidas gubernamentales: la Cooperativa La Unión, perteneciente Isidro Antunez, esposo de Margarita, logró hacerse de jugosos contratos por tareas de saneamiento de veredas, recolección de residuos, cuidado de predios y hasta construcción de casas, paseos y panaderías, habiendo recibido $15.490.102,35 de las arcas porteñas entre 2013 y 2016.

Prácticamente todas las obras se realizaron por contratación directa o decretos de "urgencia", lo que impide un procedimiento transparente que les permita a otras cooperativas del barrio participar en los procesos de selección.

Entre las obras de infraestructura destacadas, figura la puesta en valor del polideportivo Piletones, el cual está a cargo de la Fundación, por unos $500.000, la construcción de un paseo periférico al predio por casi 900 mil pesos y de una panadería por la que recibieron, entre la Fundación y la Cooperativa, unos $356.800.

Hoy, los vecinos denuncian que de esas obras, nada queda: el Polideportivo es manejado por la Cooperativa de Antúnez, al punto tal que recibió durante 2014 unos $470.000 por el "mantenimiento y buen uso del Polideportivo y la Placita Piletones", a través del decreto 196/12 de la Secretaría de Hábitat e Inclusión.

Por otra parte, la panadería se encuentra cerrada y el paseo "Perilago" del Lago Soldati nunca fue finalizado, pese a que el gobierno porteño ya desembolsó todos los montos correspondientes

Hoy en día, Margarita y su esposo ya no viven en Piletones, sino en Lugano, donde se compraron un PH. No obstante, la familia continúa realizando sus habituales tareas allí y acaparando la obra pública otorgada por el gobierno PRO. Por su parte, los vecinos denuncian que tanto Barrientos como su familia no participan de las reuniones que se realizan mensualmente en pos de la verdadera urbanización que hoy en día, se estima, tiene un grado de avance de menos del 10 por ciento.

Mientras tanto, los negociados en torno a la obra pública y la visibilidad de los políticos en un comedor humilde, siguen creciendo.

Ante la consulta de El Destape, Barrientos confirmó que su esposo preside la cooperativa mencionada, al tiempo que agregó que las obras que realizan son de "trabajos generales", y agregó que lo relacionado a las obras "debería hablarse con él", aunque este medio no logró contactarlo desde entonces, pese a haberlo intentado en reiteradas oportunidades.

"Todo lo que hacemos es trabajar, para que la gente conozca lo que nosotros hacemos. Todo lo que hacemos es con donaciones y está todo a la vista", concluyó la referente social de Mauricio Macri, el ex jefe de Gobierno porteño y actual presidente que dona su sueldo desde que es funcionario público, y que también le otorgó obra pública por decenas de millones en los últimos años.

El secretario de la Central de los Trabajadores Argentinos –Autónoma– Pablo Michelli, informó la realización de una protesta a nivel nacional en reclamo por el aumento de tarifas de servicios, e indicó que se estudia una huelga en conjunto con otras centrales sindicales.

"El 29 vamos a realizar una jornada que hemos llamado el frazadazo en todas las plazas del país. En la Ciudad de Buenos Aires la convocatoria será a las 18:00 en la intersección de las avenidas Corrientes y Callao", explicó Micheli.

"Desde allí se marchará hacia el obelisco con una frazada en rechazo a los aumentos de las tarifas de los servicios públicos", declaró el sindicalista a un medio radial.

Por otra parte, Micheli reiteró la necesidad de una convocatoria al diálogo propuesto por el presidente Mauricio Macri durante la campaña electoral y considero como malo el desempeño del Gobierno en los primeros seis meses de gestión por lo que propuso un huelga nacional.

"Estamos dialogando con las otras centrales para analizar la posibilidad de un paro nacional ante la falta de respuesta del Gobierno, que no está siendo bueno y tiene una perspectiva para adelante que tampoco es buena", indicó.

"Hay que convocar al diálogo que había prometido en la campaña y no cumplió. Hay que juntar a los empresarios, los sindicatos, los políticos y la Iglesia para ver cómo resolvemos la pobreza entre todos porque la sangría de despidos no ha terminado", agregó.

El ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, confirmó este lunes ante la justicia que hubo un pacto de silencio "tácito" durante el anterior gobierno entre los empresarios y ex funcionarios en el que "nadie investigaba ni preguntaba". Sin embargo no aportó pruebas de sus dichos.

En su declaración ante el fiscal Federico Delgado, el testigo dijo no saber nada sobre el supuesto pagos de sobornos para la obra pública, al declarar en la causa en la que se investiga el enriquecimiento ilícito de José López, el ex secretario de Obras Públicas que fue encontrado con los bolsos con casi 9 millones en el convento de General Rodriguez.

En su declaración Méndez aseguró sin embargo que "el pacto de silencio era tácito porque nadie investigaba ni preguntaba cómo era la relación entre cada uno de los empresarios con los funcionarios públicos, cada compañía maneja en silencio su relación con el Estado".

Hizo referencia además al "destrato de los funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández". "Tenían actitudes que avasallaban al sector industrial y yo las tuve que soportar como presidente de la UIA, mirando hacia otro lado, para que mis representados no se vieran perjudicados", dijo ante el fiscal.

También declaró el viernes el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Juan Chediak, quien también negó tener datos sobre pago de retornos para la adjudicación de obra pública.

Cambiemos había hecho una extensa campaña criticando al kirchnerismo por utilizar los fondos de los jubilados de manera discrecional. Si bien el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) fue creado durante el gobierno anterior bajo la gestión de Diego Bossio, ninguno de los dos gobiernos pudo evitar recurrir a ese dinero para financiar otros gastos del Estado Argentino.

En esta oportunidad tomó unos 660 millones de dólares, a través de una suscripción directa de Letras del Tesoro y ya obtuvo más de 1.100 millones a través de este mecanismo.

Son Letras con un plazo de un año de vencimiento, que se tomarán en dólares o en pesos al tipo de cambio oficial del día y pagarán una tasa de interés anual del 4,2%. El monto suscripto equivale a unos 10 mil millones de pesos, al tipo de cambio actual.

El doble discurso en éste sentido, se inició cuando el 2 de mayo pasado, el Estado tomó, como en esta oportunidad, unos 500 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En dos meses, el Tesoro tomó deuda con la ANSeS por U$S1.160.500.000.

Según la resolución 108 del ministerio de Hacienda, las Letras del Tesoro serán transferibles. Esto quiere decir que la ANSeS podrá revenderla en el mercado de capitales, a la cotización del momento.

El megaproyecto que se está discutiendo en el Congreso, permite la venta de activos del FGS para pagar el aumento de los jubilados y las sentencias a los mismos. Entre su capital, el FGS cuenta con acciones de empresas de primera línea que la actual administración vería bien reprivatizar.