La Justicia ordenó la suspensión del tarifazo eléctrico en todo el país
La titular del Juzgado Federal N° 2 de San Martín, Martina Forns, suspendió el tarifazo eléctrico de todas las distribuidoras del país, fallo que se suma a la nulidad dispuesta por la Cámara Federal de La Plata en el caso de la suba del gas.
La magistrada hizo lugar al pedido de un grupo de ciudadanos de Tres de Febrero junto al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y Consumidores Argentinos, al considerar que los aumentos son “irrazonables y desproporcionados”.
Por tal motivo, decidió dejar sin efecto las resoluciones 6/16 y 7/16 del ministro de Energía, Juan José Aranguren, así como la 1/16 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Además, ordenó a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que se abstenga de aplicar el nuevo cuadro tarifario, respecto de todas las distribuidoras del país, hasta tanto se realice la correspondiente audiencia pública.
En sus argumentos, los demandantes sostuvieron que “debe evitarse el mayor daño que la aplicación de la normativa cuestionada generaría a sectores que requieren una protección especial como es el caso de los usuarios y consumidores”.
Forns consideró que “CEPIS y Consumidores Argentinos se encuentran legitimados activamente para interponer la presente acción colectiva en protección de los intereses individuales invocados, al igual que los señores Francisco Manuel Fernández, Vanina Edith Colavini y Claudia Inés Arce, como vecinos de Tres de Febrero”.
Ahora el ENRE deberá arbitrar las medidas necesarias para el cumplimiento del nuevo fallo judicial.
En este sentido, deberá comunicar a todos los agentes distribuidores y prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), la medida dispuesta, haciéndoles saber que deberán suspender el cobro de las facturas emitidas como resultado de la aplicación del nuevo cuadro tarifario, y liquidar las facturas respectivas a los valores vigentes con anterioridad a las resoluciones.