La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, mantuvo, esta tarde, un cálido encuentro con concejales de varios distritos de la provincia de Buenos Aires y comuneros de la Ciudad Autónoma que pertenecen al Frente para la Victoria.

La reunión tuvo lugar en el auditorio “Juana Azurduy” de la sede del organismo y tuvo como propósito interiorizarlos sobre la Marcha de la Resistencia que se realizará el próximo viernes 26 de agosto a las 17 horas, bajo la consigna “Por el derecho a trabajar, resistir sin descansar. Cristina conducción”.

Participaron comuneros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y concejales de Merlo, Moreno, San Miguel, Malvinas Argentinas, San Martín, Tigre, Gral. Rodríguez, Hurlingham, San Fernando, Ituzaingó, Escobar, Mercedes, Campana (1° sección); San Andrés de Giles, Pergamino, Carmen de Areco, San Antonio de Areco, Ramallo, Zárate (2° sección); Avellaneda, Lanús, Florencio Varela, Lomas de Zamora, San Vicente, Quilmes, Almirante Brown, Ensenada (3° sección); Pehuajó (4° sección); Chascomús, Partido de la Costa, Tandil (5° sección); Tres Lomas (6° sección) y La Plata (8°sección).

Además, estuvo presente el diputado provincial Lauro Grande, que viene articulando con las Madres y las organizaciones políticas y sociales la convocatoria a la próxima Marcha de la Resistencia.

En el encuentro, Hebe comenzó transmitiéndoles cómo fueron las primeras Marchas de este tipo organizadas por las Madres. “La primera la hicimos en 1980, en plena dictadura. Estuvimos 24 horas marchando alrededor de la Pirámide, nos cortaron la luz, pero no nos fuimos”, sostuvo.

Luego, fue narrando la importancia de esta herramienta de lucha, que las Madres ahora ponen al servicio de las organizaciones del campo popular que se referencian bajo la conducción de Cristina Fernández de Kirchner.

“Es importante pensar porqué la estamos haciendo. La hacemos por los compañeros que tienen problemas de trabajo: los que lo perdieron, los que están por perderlo, los que no le puedan dar de comer a sus hijos”, expresó la Presidenta de la Asociación. “La solidaridad es lo mejor de la política”, agregó.

Hebe contó que las Madres decidieron suspender la Marcha de la Resistencia en 2005, debido a que “el enemigo no estaba en la Casa de Gobierno”, en alusión a las gestiones de Néstor y de Cristina Kirchner.

“Ellos nos dejaron un montón de derechos que hay que defender; con Néstor y Cristina fuimos felices. Por eso esta Marcha tiene como nombre ‘Cristina conducción’ porque participamos todos los sectores que creemos en esa premisa”, afirmó.

Varios de los presentes hicieron uso de la palabra para celebrar el encuentro y para expresar que impulsarán la convocatoria en sus distritos, para participar activamente de la actividad. “Esta Marcha es de todos ustedes, no sólo de las Madres”, les devolvió Hebe entre aplausos.

Video de Hebe de Bonafini convocando a la Marcha de la Resistencia

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, recibió nuevas amenazas.

Un hombre cuya identidad hasta el momento se desconoce, realizó en el día de ayer una llamado al servicio de emergencias 911 dejando el siguiente mensaje según revelaron fuentes policiales: "Mañana [por hoy] le vamos a reventar el gobierno a Vidal".

El llamado volvió a despertar la alarma en el oficialismo, teniendo en cuenta que nos es el primer episodio que la gobernadora sufre de estas características.

Según indicaron fuentes oficiales, la denuncia derivó en una investigación policial y desde el gobierno informaron que se aumentaron los operativos de seguridad, pero que la actividad de la mandataria provincial "es la normal".

Personal especializado de la Policía Bonaerense realizó "una exhaustiva y minuciosa inspección ocular" en la sede de la Gobernación, en la ciudad de La Plata, con "resultado negativo", aseguraron desde el entorno de la gobernadora.

En cuanto a la metodología de la investigación en las instalaciones de la casa de gobierno provincial, se inspeccionaron "oficinas, baños, pasillos, jardines externos e internos, residencia, y perímetro, arrojando como resultado negativo en cuanto al hallazgo de materiales y/o sustancias que pudieran conformar un artefacto explosivo".

La mandataria continuó todo el día con actividades normales según su agenda oficial.

La CGT quedó  reunificada bajo la conducción de un triunvirato integrado por Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, al cabo de una Congreso Nacional Ordinario que se desarrolló en el estadio de Obras Sanitarias, aunque sin la presencia de corrientes que expresaron disidencias.

Pasado el mediodía, los delegados en Congreso Nacional Extraordinario aprobaron por mayoría modificaciones en el estatuto de la central obrera para permitir que el Congreso Nacional Ordinario elija luego a la futura conducción bajo la inhabitual figura de un triunvirato, en lugar de un secretario general.

Para el Congreso Nacional Ordinario se habían acreditados 2.122 congresales de 213 organizaciones sindicales, según informaron fuentes cegetistas.

Antes del comienzo de las deliberaciones, el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, ratificó que los gremios nucleados en el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) no participarían del Congreso unificador por la inexistencia de "un proyecto o agenda concreta" debatido en “una mesa amplia” y condenó las "viejas prácticas" con que "un grupo de dirigentes" quiere "decidir los destinos de la central obrera".

En una solicitada que publicó hoy, el MASA anticipó que no participaría del Congreso unificador de la CGT y sostuvo que la "unidad debe tener nervio y motor" en un programa que "contenga la defensa de la industria nacional" y "la defensa del trabajo" para "una Argentina en desarrollo".

A su vez, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, anunció que no aceptaría formar parte del Consejo Directivo de la CGT unificada, al igual que otros representantes de la Corriente Federal, y propuso la realización de un paro nacional de actividades antes de septiembre próximo.

"Es una mesa muy chica para una unidad tan grande. Han ofrecido la Secretaria de Finanzas y otras vocalías pero hemos dicho que no", afirmó Palazzo en su intervención.

A la vez resaltó que, "hay más de 100 gremios que no están representados, a eso hay que contar la cantidad de trabajadores monotributistas y precarizados", destacó el gremialista.

Para despejar dudas, Palazzo, lanzó "Nos vamos a quedar en la CGT, no nos mueven los cargos" y  llamó a que la nueva conducción decida un paro nacional: "el gobierno generó mas desempleo, el congreso tiene que tratar un paro nacional de 24 horas que no puede pasar de septiembre".

"No hay que darle un minuto mas de tiempo, cada minuto que se pierde es un trabajador en la calle, es un salario menos y es una familia más con problemas", aseveró el gremialista.

Además de Palazzo, declinaron formar parte del nuevo Consejo Directivo cegetista Walter Correa (curtidores), Horacio Ghilini (docentes privados), Pablo Biró (pilotos) y Horacio Amichetti (gráficos), aunque aclararon que la Corriente Federal permanecerá en el marco de la CGT.

En tanto, en declaraciones formuladas esta mañana, Carlos Acuña, del Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio y uno de los inminentes integrantes de la conducción de la CGT reunificada, consideró que “el Gobierno está encarando mal la situación económica” y, si bien señaló que la central obrera apostará por el diálogo, advirtió que, de no haber respuesta, “habrá seguramente una acción de lucha”.

En la ciudad de El Palomar, partido de Morón, apareció un cartel, con membrete del CAPS y del municipio, en el que se exigía al personal médico “de acuerdo a las leyes vigentes” a realizar “la denuncia policial obligatoria” cuando se presentaran los siguientes casos: "sospecha" de aborto, "sospecha" de violación, "sospecha" de abuso sexual, herida de bala/arma blanca/elementos varios, golpiza, y "sospecha" de maltrato.

Frente a esta orden que provino del municipio a cargo del intendente Ramiro Tagliaferro (Pro), organizaciones sociales entendidas en la temática del género, repudiaron el accionar del municipio mediante un comunicado de carácter público.

En el escrito, detallaron que: "No existen leyes ni reglamentos que obliguen a hacer tales denuncias. Denuncias de este tipo violan los derechos humanos de las personas que se atienden en el sistema de salud, garantizados por la Constitución Nacional y Provincial, Tratados Internacionales, las leyes de derechos del paciente,  de violencia contra las mujeres, de protección integral de derechos de los/as niño/as, protocolos de atención, entre otras."

A la vez, sostuvieron que: "van en contra de la ética y deberes de los/as profesionales de la salud, al obligarlos a violar el secreto profesional y transformarlos en los agentes persecutorios de un Estado policial, que se basa en la “sospecha” para criminalizar a las personas, que asisten al centro de salud en busca de atención, y haciendo de la violencia institucional el leit motiv de la gestión".

En la misma línea, las organizaciones destacaron que:"esta transformación de los servicios de salud en un sistema policial y persecutorio lleva a que se rompa la confianza entre profesionales y usuarios/as, en detrimento de la calidad de la atención y de los niveles de salud de la población, en particular de las mujeres."

"Es evidente que la primera intención de los funcionarios/as públicos/as de este distrito es criminalizar a las mujeres, puesto que la mera sospecha de un aborto es puesta como primera causa de denuncia. A esto se suma la escasez de métodos anticonceptivos y la falta de misoprostol, necesario para garantizar las interrupciones legales del embarazo, lo que incumple con el protocolo del Ministerio de Salud, el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, y la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable", agregaron.

En el comunicado, las organizaciones sociales de mujeres exigieron la renuncia responsabilizaron al intendente y a los funcionarios a cargo de la administración del CAPS de Morón.

En declaraciones ofrecidas al programa radial Mañana Silvestre, el legislador nacional del Frente Para la Victoria (FPV) Darío Martínez detalló sobre la presentación ante el fiscal Francisco Delgado para ampliar su denuncia y aportar datos sobre los movimientos de tres empresas del grupo Macri en Brasil relacionadas con la cuenta off shore a su nombre descubierta por la investigación de los Panama Papers, Fleg Trading.

“El día martes voy a ampliar mi denuncia en función de las mentiras que ha venido planteando el Presidente para tratar de explicar lo inexplicable que es para qué creo sociedades en guaridas fiscales”, informó el diputado nacional del FPV.

A la hora de detallar, los diferentes contradicciones expresadas por el propio jefe de Estado, Martínez indicó: “Él dijo que Fleg Trading operó, nunca funcionó, no tuvo cuentas y nosotros en su momento habíamos acercado la compra de acciones por parte de Fleg Trading a Socma Americana, acciones de Owners y ahora lo que voy a acercar en el día de mañana es la participación de Owners, que es Fleg Trading en un 99,99%, esta sociedad creada en Bahamas, la participación en tres sociedades más en Brasil y además detalles de a dónde han ido a parar esos 9 millones 300 mil dólares que Fleg Trading le dio a Socma Americana por la compra de acciones, Socma Americana también del propio grupo, también de Mauricio Macri”.

“Esto es lo que vamos a aportar: la utilización de Socma Americana de esos 9 millones 300 mil dólares comprando acciones en otras sociedades del mismo grupo. Siempre teniendo en cuenta como es el mecanismo que yo lo había denominado de ‘mamushkas’ de cómo van comprándose a sí mismos participaciones en sociedades para ocultar”, dijo Martínez.

“Acá el problema son la cantidad de Mauricio Macri empresario que tenemos en la Argentina que hacen esto. Para evadir impuestos van escondiendo detrás de sociedades su participación y esto lo demuestra claramente la documentación que nosotros presentamos de una de las empresas a la que hemos llegado solo porque él la mencionó. Hay que tener en cuenta que nosotros fuimos a buscar Fleg Trading porque él mencionó que Fleg Trading no había operado, no había funcionado, no había tenido cuentas, y la verdad que ha hecho negocios millonarios en dólares”, finalizó el diputado del FPV.

Las críticas no tardaron en llegar para María Eugenia Vidal y el intendente con licencia Joaquín de la Torre. Es que a menos de una semana de que el oficialismo convirtiera en ley la norma que limita la reelección indefinida e impide la simultaneidad de cargos, el jefe comunal de San Miguel, quien recientemente abandonó el massismo para pasarse a Cambiemos, abandonó el pago chico para jurar como ministro de Producción de la Provincia.

"Acaban de aprobar una ley que intenta cambiar vicios de la vieja política y poner a cada uno en el lugar que le corresponde por decisión de la gente, y a la semana siguiente el intendente De la Torre pide licencia para asumir en el Gabinete. Parece una tomada de pelo a la gente que cree que los cambios son en serio", expresó el exlegislador y dirigente del distrito, Franco La Porta.

Para el además excandidato a intendente de San Miguel, "es una lástima que la Gobernadora Vidal quede ligada a una de las peores prácticas de la vieja política, que es el no respeto a la decisión popular".

De la Torre logró la reelección como alcalde del municipio en la lista del Frente Renovador de Sergio Massa. No sólo dejó la fuerza política y se pasó a las filas del oficialismo provincial, sino que, además, pidió licencia al cargo para irse a La Plata a ejercer como funcionario. En su lugar, asumió Jaime Méndez de manera interina.

"Esto es un ejemplo de lo poco que importa respetar las instituciones y la decisión popular", consideró La Porta.

Sobre la ley recientemente votada y lo que acaba de hacer Vidal, La Porta opinó que "la Gobernadora está entre dos caminos, demostrar que la ley que se votó y la reforma que se plantea es parte de su formación y creencias o decidir que quede en los papeles y que otros den el primer paso al verdadero cambio".

Y pidió, "si De la Torre prefiere el cargo de ministro, antes que estar al frente del municipio de San Miguel, es una decisión respetable; pero entonces que renuncie y permita que la gente elija por quien quiere ser gobernada".

Pasó una década del 2006, año en el que el entonces presidente Néstor Kirchner suspendió las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Pero ahora, con Mauricio Macri como presidente, el organismo internacional volverá a auditar las cuentas.

El 19 de septiembre, una misión encabezada por el encargado del FMI para Argentina, Roberto Cardarelli, llegará al país y su trabajo se extenderá hasta el 30 de septiembre, momento para el cual se espera también la presencia del auditor regional del Fondo, Alejandro Werner, quien estará en el país cumpliendo otros compromisos, confirmaron fuentes del Gobierno a la agencia Télam.

Durante esos 12 días, los auditores analizarán el trabajo del presidente del Banco Central, Adolfo Sturzenegger; el del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay; y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Cambiemos recibirá con satisfacción la revisión del organismo que podrá acceder a instancias de toma de decisión a los que los ciudadanos de este país tienen acceso.

Los auditores analizarán las cuentas del Estado nacional, las proyecciones del Producto Bruto Interno, la situación financiera, y también influenciarán a economistas del sector privado sobre sus proyecciones del país.

El diagnóstico que realice la misión del FMI se elevará al directorio que encabeza Christine Lagarde luego de la reunión anual del FMI prevista para el 7 al 9 de octubre. Y en noviembre podría tratarse este reporte en el directorio que, si cuenta con alguna objeción del gobierno argentino, se hará público.

La movilización será el miércoles 24, en la capital de la provincia, en repudio al dictamen de mayoría del Tribunal Oral Federal N° 1, que el viernes le otorgó la prisión domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz.

"El pronunciamiento del TOF 1 es un nuevo intento por imponer un punto final, esta vez no a los juzgamientos a los genocidas, sino a las penas impuestas por juicios con todas las garantías constitucionales, deviniendo estos en meros actos declamatorios, sin ninguna consecuencia para quienes cometieron los más horrendos crímenes que podamos imaginar con el objetivo de eliminar a un sector nacional y disciplinar al conjunto de la sociedad mediante el terror y así poder instaurar los planes de hambre y miseria", afirmaron en un comunicado de prensa los organismos de derechos humanos que están nucleados en el espacio "Justicia Ya".

La prisión domiciliaria, que concedieron los jueces Alejandro Daniel Esmoris y Germán Andrés Castelli, generó un fuerte repudio en la sociedad, aunque desde el Gobierno nacional defendieron la medida.

"Si alguien cree que hay que plantear excepciones a la prisión domiciliaria, tiene que plantear una modificación a esa ley", soltó sin despeinarse el jefe de ministros de gabinete nacional, Mauricio Macri.

Para Peña, el arresto domiciliario para el jefe de la policía bonaerense durante la dictadura, condenado a cuatro reclusiones perpetuas por delitos de lesa humanidad y genocidio, "es un tema claramente de la Justicia. Lo que se ha planteado y discutido es que si hay una ley, hay que cumplirla", expresó en una entrevista con el diario Clarín.

Desde Justicia Ya, la organización querellante en la causa y que ahora convoca a marchar en repudio a la decisión judicial, llamaron a la sociedad "resistir" a esta medida este miércoles.

"Enarbolando los ideales por los que lucharon los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, con la firmeza de Jorge Julio López señalando a los genocidas, llamamos a resistir en las calles este nuevo intento de cambiar la historia haciendo aparecer a quienes asesinaron, secuestraron, torturaron, robaron bebes como lo hizo Etchecolatz, como viejitos inofensivos con la capacidad de reinsertarse, desde la comodidad de su hogar, nuevamente en la sociedad como si nada hubiera ocurrido", concluyeron desde el organismo querellante.

Con el segundo semestre que no repunta y la promesa de capitales externos lejos de las expectativas, Mauricio Macri sale a vender propiedades del Estado para "sumar ingresos al tesoro nacional".

El anuncio, que figura este lunes en el Boletín Oficial, reza que el gobierno nacional se desprenderá de otros 17 inmuebles para hacerse de fondos frescos, que se suman a los anteriores anuncios de venta del Tiro Federal y el Campo Argentino de Polo.

El listado de los terrenos, que está administrado por la Agencia de Bienes del Estado (ABE) incluye distintos inmuebles, entre los que figuran dos complejos de canchas de fútbol, un centro de salud mental porteño, un boliche en el oeste del conurbano y hasta tres oficinas de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). También hay una ex casa tomada y un inmueble utilizado para la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

"Las operaciones que se impulsan no sólo constituirán una fuente de ingresos para el Tesoro Nacional, sino que además generarán un impulso en la economía al reactivar diversas actividades productivas, lo que redundará en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población", se informa en el Decreto 952/2016 que lleva las firmas del Presidente y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Una de las locaciones de las que perderá el Estado por decisión de Cambiemos es el Centro de Salud Mental Nº1, ubicado en Manuela Pedraza 1558, en la Ciudad de Buenos Aires. En el lugar se presta atención médica primaria, además de servicios de salud mental y programas de prevención, asistencia y reinserción en drogadependencia, consignó este lunes Infobae.

En una de las oficinas de la ex SIDE, ubicada en Billinghurst 2457, también en capital, funcionó lo que en la jerga era conocido como "Estación Billinghurst". Esa oficina fue blanco de múltiples escraches de organizaciones sociales porque, según se estableció en el juicio, desde allí partió la orden de represión de Puente Avellaneda que terminó con las vidas de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en 2002.

Lejos de pensar una nueva utilidad para los lugares, el Gobierno de la Alianza Cambiemos emula las ventas de empresas estatales que realizó el gobierno de Carlos Menem en los 90. La venta de predios asegura el ingreso de divisas, pero al elevado costo de rematar predios que pertenecen al Estado, es decir a todos los argentinos, para asegurarse sumas de dinero que ahora podrá utilizar el Gobierno a su voluntad.

Todo comenzó cuando el 22 de noviembre del año pasado un desconocido entró a la casa de la ahora vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y se llevó 245.00 pesos y 50.000 dólares; robo que fue cubierto por buena parte de la prensa nacional.

Al correr de las diferentes investigaciones y de las propias declaraciones de Michetti sobre el robo, la vicepresidenta explicó que el dinero en pesos provenía de donaciones de la Fundación Suma y los dólares era un préstamo de su novio, Juan Tonelli.

“Los 200.000 pesos declarados pertenecían a donaciones que se realizaron a la Fundación Suma, que yo presido. 7 días después tendría lugar la Cena Anual de recaudación de fondos y ese dinero había sido recaudado a tal efecto. Los 45 mil pesos eran el dinero con el que estaba pagando una refacción en mi casa y el resto, el manejo cotidiano de una casa de familia”, explicó Michetti e “inconscientemente” dejo abierto una serie de interrogantes o preguntas lógicas, en las que llama la atención que el dinero de una donación de una fundación está en efectivo en la casa de Michetti, y no en el Banco o en qué estado se encuentran las cuentas de la Fundación.

Más aun cuando la propia alta funcionaria del gobierno de Cambiemos no presentó en ninguna oportunidad ningún papel, recibo o lo que fuera que justifique la existencia de ese dinero robado.

“Si en un momento declaré lo que declaré ante la justicia, es porque tenía absoluta tranquilidad del origen de los fondos. Tengo la conciencia en paz” “, dijo Michetti, para luego asegurar: “Estoy segura de que soy una de las políticas con menos patrimonio en el país. Mi declaración es siempre la misma. No he crecido en patrimonio”, dato falso, ya que en la declaración jurada que presentó la Vicepresidenta ante la Oficina de Corrupción (OA), tuvo un incremento patrimonial del 708% durante 2015.

“Quien cuernos es el Grupo Farallon”

A esto hay que sumarle, la aparición del Grupo Farallon, que es una firma contratista de obra pública, socia del empresario y ex funcionario macrista Nicolás Caputo en la UTE Caputo – Farallon, que aparecen como  benefactores y aportantes de la Fundación Suma, pero que Michetti no tiene la más pálida idea de quién se trata, aunque haya financiado la gala por los dos años de Suma y de haber cenado con el dueño, Eduardo Gutiérrez.

También entra en escena, la empleada doméstica que Michetti tenía en negro, Norma Elizabeth Sánchez Rojas, quien declaró en la Causa que se investiga el origen de los fondos robados en el domicilio de la funcionaria y afirmó que en su casa siempre había dinero en efectivo envuelto en sobres adentro del placard de la habitación principal.

Sánchez Rojas trabajaba desde hace 22 años en la morada de Michetti y declaró tener una "muy buena relación" con ella y brindó detalles sobre los lugares que la Vicepresidenta guardaba el dinero. En ese sentido detalló la existencia de plata en el plcard de la habitación y que en varias oportunidades, la funcionaria le pidió que a ella que guardara diferentes sumas, las que desconoce porque se encontraban en sobres cerrados. Además explicó que hay más dinero en otro ropero ubicado entre sus ropas.

Por su parte el abogado Leonardo Martínez Herrero realizó una presentación judicial en la que solicitó la apertura de una investigación por el robo a la casa de Michetti. En esa presentación, Martínez Herrero tomoó la declaración de Sánchez Rojas que puede complicar a la Vicepresidenta y en la que afirma que "siempre guardaban y tenían dinero en bolsos dentro del domicilio".

"En la declaración jurada de Michetti no figura la suma de 50 mil dólares que también indicó que le fueron sustraídos sino que registra una deuda en pesos por un valor menor. En esa época estaba vigente el cepo cambiario y sólo se podían adquirir dólares previo autorización de la AFIP por un pequeño porcentaje de los ingresos", sostuvo el abogado Martínez Herrero.