Imputan a Othacehé por presunto enriquecimiento ilícito
Además, le propuso al juez federal Ariel Lijo -a cargo del expediente- ocho medidas de prueba para avanzar en una investigación contra Othacehé, a quien se lo acusa de haber estafado al Estado en el marco de distintos programas de construcción de viviendas y de haber creado sociedades y comprado inmuebles a través de terceros para ocultar los fondos.
Se trata de una denuncia que había sido presentada la semana pasada por el actual intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, acompañado por el legislador porteño Gustavo Vera, titular de la organización La Alameda.
En verdad, la denuncia de Menéndez se sumó a una causa que había sido iniciada poco antes merced a una denuncia presentada por una persona cuya identidad fue preservada, según consignaron fuentes judiciales.
En el dictamen del fiscal Marijuan -emitido el viernes último pero que recién trascendió hoy- además del hombre que gobernó el municipio de Merlo durante 24 años, fueron imputados su mujer, sus hijos, sus cuñados, sus sobrinos, su consuegro y una nuera, quienes serán investigados como posibles testaferros del otrora intendente, informaron fuentes judiciales.
El fiscal solicitó que se pidan una serie de informes a organismos oficiales sobre los bienes del ex intendente de Merlo y sobre los familiares, quienes habrían actuado como testaferros para esconder el crecimiento patrimonial del dirigente.
Othacehé fue acusado de estafar al Estado a través de tres programas de viviendas para construir unas 700 viviendas que, según la denuncia, no se finalizaron.
Junto a Menéndez, en los tribunales federales de Retiro se presentó el referente de la organización La Alameda, Gustavo Vera, quien sostuvo que, tras las últimas elecciones Othacehé, que salió derrotado, promovió una toma de las viviendas en construcción con el objetivo de que fueran destruidas y no pudiera determinarse el nivel de avance de las obras.
Junto con Othacehé, Marijuan imputó a su mujer, Mónica Arnaldi; a sus hijos Martín, Hernán, Guillermo y Pablo; a sus cuñados Ernesto Arnaldi y Ana María Ferreyra; a sus sobrinos Mariano y María Fernanda Arnaldi; a su consuegro Hugo Coomonte y a su nuera Lorena Coomonte.
A la luz del dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal, el juez federal Ariel Lijo deberá definir ahora si le da curso a la investigación, o si desestima y archiva la denuncia.