El intendente de Lanús, Nétor Grindetti (PRO), uno de los hombres fuertes del macrismo, se vio envuelto en una nueva denuncia, esta vez por parte de los trabajadores de su municipio.

El alcalde PRO, decidió cerrar dos programas sociales que contenía la situación de riesgo de 105 niños de los barrios más populares de la zona, y a su vez, echó a las trabajadores sociales que implementaban el programa.

Las iniciativas sociales dependían de la Secretaría de Niñez, y se venían implementando hace 8 años. Los trabajadores fueron noticificados mediante telegramas que el 30 de septiembre próximo se rescinde su contrato laboral debido al cierre de ambos programas.

Una de las iniciativas sociales que el intendente decidió que llegara a su fin, lleva el nombre de "Acompañarte" y está dirigido a niñas, niñas y adolescentes y se lleva a cabo en el Centro de Inclusión "La Casita de Chingolo", que se encuentra en uno de los barrios mas vulnerables de la zona.

La otra de las iniciativas que apuntaron está en riesgo es el Centro Cultural Callejero de Villa Jardín que está en actividad hace dos años y que tiene por objetivo “ayudar a niños en situación de riesgo”. Arte, juegos, educación, excursiones recreativas con el fin de la inclusión social de los niños y las niñas.

Según fuentes oficiales del municipio desmintieron el vaciamiento de los programas y aseguraron que “En ningún caso se vulneran los derechos de los niños y se los deja en desamparo, es más, estamos trabajando más fuerte en el territorio”, dijeron a la vez que agregó que se “rescindieron los contratos” de los trabajadores porque “no mostraron informes ni precisiones de con cuántos chicos trabajaban y qué tipo de trabajo hacían con ellos”.

Sin embargo, una de las trabajadoras despedidas, aseguró que “los despidos, que se suman a una completa precarización laboral, significan perder el trabajo que tantos años nos costó conseguir. Imaginate que algunos de los niños con los que comenzamos a trabajar hace ocho años hoy son adolescentes y hemos pasado por una construcción que está en constante progreso, sobre todo, en medio de una edad en la que muchos podrían acercarse a las drogas o a robar”,sostuvo.

A su vez, los trabajadores sociales, advirtieron que “se trata de un ataque a los derechos de los niños que comenzó desde el primer momento de la gestión de Grindetti con el vaciamiento de recursos y la precarización” a la que son sometidos.

Hoy por la mañana, el presidente de la nación, Mauricio Macri, en conferencia de prensa, anunció que en los próximos meses va a registrarse una mejora en la tasa de empleo.

"Este mes los números van a dar levemente positivos en creación de empleo", aseguró el primer mandatario, aunque los datos oficiales no se corresponden con los dichos de Macri.

El Intituto Nacional de Estadísticas y Censo, (INDEC), publicó los datos oficiales que registran el aumento de la tasa de desocupación en el período que corresponde al segundo trimestre de 2016.

Según los datos oficiales, la alarmante cifra es de 9,3% a sólo 0,7% de que el país vuelva a caer en un registro de dos dígitos de desempleo según la proyecciones.

Las cifras más altas de desempleo corresponden a Gran Rosario (11,7%); Mar del Plata (11,6%); Gran Córdoba (11,5%); partidos del GBA (11,2%); Río Cuarto (10,5%).

El INDEC difundió los datos correspondientes al segundo trimestre de este año, con lo que quedó así sin cifras oficiales la situación del mercado laboral del primer trimestre de este año y último del año anterior.

El último dato oficial correspondía al tercer trimestre del año anterior, durante el gobierno kirchnerista cuando el indicador registró un 5,9% de desocupación.

Jorge Todesca, el director del INDEC subrayó que "no se incluyen datos de trimestres anteriores dado que, conforme a la emergencia estadística, el INDEC ha dispuesto que las series publicadas con posterioridad al primer trimestre de 2007 y hasta el cuarto trimestre de 2015, deben ser consideradas con reservas", aclaró.

En una entrevista radial, el diputado nacional Andrés Larroque, disparó duras críticas al líder del Frente Renovador, Sergio Massa y a sectores del peronismo.

Larroque, apuntó "Massa, Pichetto y ciertos sectores, simulan ser oposición constructiva", disparó el legislador kirchnerista y dejó entrever cierto pacto de gobernabilidad de estos actores con el PRO.

Por otra parte, cuestionó al presidente de la nación Mauricio Macri quien en el día de ayer le exigió a los trabajadores que “no pongan palos en la rueda” a los empresarios.

Larroque, remarcó: “Para él (Mauricio Macri) los trabajadores son un costo y deben ser solidarios y hacer un esfuerzo en beneficio de los empresarios. Buscan que los trabajadores pierdan poder adquisitivo para que el poder económico concentre cada vez más los ingresos”, remarcó.

A la vez, se refirió al fallo de la Corte Suprema respecto del Tarifazo. El diputado kirchnerista, evaluó que: “Si bien el fallo saca del tarifazo a las tarifas domiciliarias, continúa afectando a las Pymes, a los Clubes de Barrio, a los sectores de la cultura y en definitiva al conjunto de la sociedad”.

“Creo que el fallo de la Corte es positivo pero se queda a mitad de camino y en ese sentido la lucha continúa, no sólo por el gas sino también por las tarifas eléctricas donde se están dando presentaciones en la justicia”, añadió Larroque.

Con respecto a la situación política del Gobierno de cara a los comicios de 2017, Larroque disparó: "En el Gobierno están escindidos de la realidad social. A Macri hoy lo veo más cerca del 24% de las PASO que del 51% del ballotage".

Al ser consultado por el rol político que jugará la conductora del Frente para la Victoria, Cristina Fernández de Kirchner, el referente detalló: “Cristina no está haciendo especulaciones. Ella está en un rol de construcción, lo planteó el otro día, donde ella misma se proclamó Cristina militante. Está en un rol de construcción, de apertura y de convocatoria tanto a dirigentes como a sectores de la sociedad que tienen mucho dar y aportar”.

Por otro lado se refirió a los atentados sufridos por militantes en unidades básicas de La Cámpora y de otras otras agrupaciones Kirchneristas.

Al respecto, manifestó: “La semana pasada en un mismo día recibimos una molotov en una unidad básica de Villa Urquiza en la Ciudad de Bs. As., Capital Federal, y un balazo en una unidad básica en Ramos Mejía, La Matanza”

“Podemos pensar que fue una casualidad pero también tenemos muchos indicios para poder pensar que hay como una especie de sincronización”.

El apuro por impulsar el voto electrónico para las elecciones de 2017 mantiene a todo el gobierno activo. Es que el capricho presidencial, disfrazado de nueva política, es el único sostén en medio de un diagnostico que esconde detrás de las virtudes tecnológicas, los aspectos de un sistema vulnerable y que pone en riesgo principios fundamentales del voto en nuestro país, como son el secreto y las garantías de fiscalización por cualquier ciudadano.

Este panorama es tan claro que la propia Cámara Nacional Electoral (CNE), a través de las Declaraciones de su Presidente Alberto Dalla Vía, asegura que “el voto electrónico garantiza la celeridad pero no la transparencia”.

La CNE advierte que la iniciativa no permite a los jueces "ejercer suficientes controles" de los comicios. Sucede que el proyecto establece la facultad de controlar el hardware y  el software que usarán las máquinas y que comprará el Gobierno; el escrutinio de los votos, y la trazabilidad de la distribución de las urnas, pero la CNE no participará del diseño del sistema -a diferencia de Brasil, donde la justicia desarrolla el software y las máquinas, para evitar trampas-.

Los jueces estarían "trabajando a ciegas". Por ello Della Vía remarcó: "Nosotros, los jueces, no podemos privatizar la soberanía popular y rendirnos frente a una urna electrónica". El traspaso a la CNE del escrutinio provisorio es una modificación positiva, pero no alcanza. La Justicia tiene que auditar todos los pasos de la elección, para seguridad de la población.

Desde la CNE entienden que la futura ley debe garantizar un presupuesto propio y que dichas partidas estén en el presupuesto nacional y no dependa de la voluntad del titular de Hacienda.

Concretamente, el problema no está en el sistema que se vaya a utilizar, sino en asignarle a esa Boleta Única Electrónica (BUE) un efecto mágico, ilusorio y de transparencia, que no lo tiene. El escrutinio será más rápido, pero no más transparente.

El antecedente de la Ciudad de Buenos Aires en 2015 fue alarmante. Es que se demostró que el sistema utilizado era vulnerable. De hecho, sólo dos días antes de la elección de 2015 para Jefe de Gobierno porteño, un informe de la Policía Metropolitana confirmó un grave ataque informático a los servidores de la empresa Magic Software Argentina (MSA).

El sistema electoral basado en la BUE fue infiltrado y se hicieron modificaciones en el servidor que tenía que recibir los votos a pocas horas de la votación. Sin embargo, la jueza Maria Luisa Escrich priorizó la persecución de un supuesto delito informático frente a la protección de la voluntad popular. Por esta investigación fue procesado y finalmente sobreseído el técnico informático Joaquín Sorianello, que advirtió las fallas y avisó a la empresa.

Sin embargo, hubo otro caso que no trascendió. Se trata de Martin Leandro Manelli quien, según consta en el pedido de allanamiento de la fiscal Silvina Rivarola, “no solo visualizó numerosa información del sistema, sino que realizó procesos relacionados a la edición, creación y eliminación de información”.

La causa se inició el 1 de julio, es decir, cuatro días antes de la elección y fue la propia empresa MSA, la que denunció accesos a su sistema informático. Peligroso.

Hay un dato no menor. El 5 de junio, justo un mes antes de la primera vuelta electoral, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño aprobó el sistema de voto electrónico, amparado en una auditoría realizada por el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA que lleva la firma Claudio Enrique Righetti, docente universitario que es a su vez Jefe de Seguridad de Redes de Cablevisión, empresa del Grupo Clarín

El 14 de agosto de 2015, casi un mes después del ballotage que proclamó a Rodríguez Larreta como Jefe de Gobierno por apenas 54.855 votos de diferencia, el técnico de la UBA y Clarín, Righetti, entregó la auditoría final del sistema de BUE. En ese texto final afirma que “el código fuente auditado tiene una gran cantidad de debilidades de distintos tipos”. El informe insiste: “lo que se ha observado es que el código fuente no sigue pautas de programación segura”.

Por su parte los expertos Ivan Barrera Oro y Lucas Lakausky participaron de una reunión en las oficinas de MSA para auditar el sistema.  Luego presentaron un informe titulado “Vot.ar: una mala elección” donde demostraron: que el chip RFID de la BUE puede ser leído por un tercero.

También un informe de Julián Rousselot (secretario General del SUTIRA, uno de los gremios que reúne a los técnicos informáticos, e hijo del ex intendente de Moron ) y Navarro señala las mismas críticas: que el chip de las boletas se puede leer con un celular básico, que vulnera el secreto del voto y no debe utilizarse en elecciones; que la auditoría independiente se hizo sobre una versión de prueba del sistema de votación y, por lo tanto, no el que se utilizó el día de la elección; que las máquinas auditadas tenían puertos USB a la vista y, por lo tanto, con posibilidad de acceso a la computadora para hacer modificaciones.

En un Informe realizado por un grupo interdisciplinario de especialistas integrado por Francisco Amato, Barrera Oro, Enrique Chaparro, Sergio Demian Lerner, Alfredo Ortega, Juliano Rizzo, Fernando Russ, Javier Smaldone (fue quien en el plenario de Comisión demostro como un celular puede leer el chip de la BUE y verificar el sufragio) y Nicolas Waismanlos dicen que los equipos utilizados en las elecciones no han sido certificados en ningún punto del proceso, situación que pone en jaque la seguridad del sistema.

Estos expertos demostraron a su vez la posibilidad de multivoto, que consiste en alterar el contenido del chip RFID con el objeto de emitir más de un voto en una sola boleta.

A pesar de que Macri y sus funcionarios aseguraron que las máquinas de votación eran simples impresoras, este grupo también descubrió que tenían una memoria “que le permite almacenar todo tipo de información, como ser por ejemplo el voto y una marca de tiempo”.

Pero detrás de todo, por supuesto, también se esconde un gran negocio. Al mes de aprobada la ley 4894, el 13 de enero de 2014, se aprobaron los pliegos de la licitación, que se abrieron quince días más tarde. El costo de los pliegos fue de $150.000, lo cual limitó el número de oferentes tanto por el precio como por la sospechas de preadjudicación a MSA. El servicio incluía 9500 máquinas (7500 mesas electorales, 1000 de reposición y 1000 para capacitación) con su instalación, capacitación a organismos públicos y soporte técnico en las distintas instancias electorales.

A los siete días la licitación de pre adjudicó a MSA, y finalmente el 20 de febrero se confirmó su contratación por 216 millones de pesos, monto que incluía las PASO (finalmente realizadas con boleta tradicional) y la primera y segunda vuelta. La oposición denunció que la licitación estaba direccionada hacia MSA.

Rogelio Frigerio ya cuenta con un prototipo de máquina para la votación de Corea. De hecho, el ministro de Modernización Andrés Ibarra estuvo a principios de julio en el país asiático digitando los acuerdos. Según dejaron trascender desde el Ministerio de Modernización, para una elección a nivel nacional calculan comprar 120.000 máquinas con un costo de 48 millones de dólares. Al cambio a 15 pesos, se trata de la friolera de 720 millones de pesos.

Además, le propuso al juez federal Ariel Lijo -a cargo del expediente- ocho medidas de prueba para avanzar en una investigación contra Othacehé, a quien se lo acusa de haber estafado al Estado en el marco de distintos programas de construcción de viviendas y de haber creado sociedades y comprado inmuebles a través de terceros para ocultar los fondos.

Se trata de una denuncia que había sido presentada la semana pasada por el actual intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, acompañado por el legislador porteño Gustavo Vera, titular de la organización La Alameda.

En verdad, la denuncia de Menéndez se sumó a una causa que había sido iniciada poco antes merced a una denuncia presentada por una persona cuya identidad fue preservada, según consignaron fuentes judiciales.

En el dictamen del fiscal Marijuan -emitido el viernes último pero que recién trascendió hoy- además del hombre que gobernó el municipio de Merlo durante 24 años, fueron imputados su mujer, sus hijos, sus cuñados, sus sobrinos, su consuegro y una nuera, quienes serán investigados como posibles testaferros del otrora intendente, informaron fuentes judiciales.

El fiscal solicitó que se pidan una serie de informes a organismos oficiales sobre los bienes del ex intendente de Merlo y sobre los familiares, quienes habrían actuado como testaferros para esconder el crecimiento patrimonial del dirigente.

Othacehé fue acusado de estafar al Estado a través de tres programas de viviendas para construir unas 700 viviendas que, según la denuncia, no se finalizaron.

Junto a Menéndez, en los tribunales federales de Retiro se presentó el referente de la organización La Alameda, Gustavo Vera, quien sostuvo que, tras las últimas elecciones Othacehé, que salió derrotado, promovió una toma de las viviendas en construcción con el objetivo de que fueran destruidas y no pudiera determinarse el nivel de avance de las obras.

Junto con Othacehé, Marijuan imputó a su mujer, Mónica Arnaldi; a sus hijos Martín, Hernán, Guillermo y Pablo; a sus cuñados Ernesto Arnaldi y Ana María Ferreyra; a sus sobrinos Mariano y María Fernanda Arnaldi; a su consuegro Hugo Coomonte y a su nuera Lorena Coomonte.

A la luz del dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal, el juez federal Ariel Lijo deberá definir ahora si le da curso a la investigación, o si desestima y archiva la denuncia.

Miles de personas se acercaron esta mañana hasta la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, con bolsas y changuitos de compras para aprovechar una particular protesta de frutihortícolas de Río Negro y Neuquén.

Los productores de peras y manzanas regalaron unas 10 toneladas de fruta, en protesta por la crisis que atraviesa el sector frutícola del Comahue.

La marea humana huzo que en menos de dos horas los productores se quedaron sin frutas. Igual, la gente se mantuvo en el lugar haciendo una larga fila a la espera de que traigan más.

Al mismo tiempo, reclamaron ser atendidos por el presidente Mauricio Macri para informarlo sobre la situación del sector y pedirle soluciones.

En la previa a la movilización de los productores, el presidente de la Cámara de Fruticultores de la localidad rionegrina de Allen, Sebastián Hernández, indicó que "la idea es ir a Plaza de Mayo, regalar fruta, explicarle a la gente, más allá de que nos atienda el presidente o alguien de parte del gobierno nacional. Vamos a regalar cerca de 10 mil kilos de manzanas y peras".

"Es una vergüenza que el consumidor esté pagando tan caro cuando al productor le quedan migajas. En la manzana, entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor, hay un 851% de diferencia, y en la pera, 1009 por ciento", añadió.

El propio ministro, Ricardo Buryaile, admitió días atrás en declaraciones radiales que la movilización de los productores del Comahue se realizará "pacíficamente" y refirió que "hoy tenemos esta situación: hay muchos sectores que están complicados".

Buryaile explicó que tras la asistencia financiera dispuesta en el comienzo del 2016 al sector frutícola de Río Negro y Neuquén, actualmente no conoce "los planteos" sectoriales que movilizan hasta la Plaza de Mayo a los productores y afirmó: "tendríamos que ver lo que pasa hoy" en esta región productiva.

En las últimas horas, y en declaraciones radiales, Hernández agregó que la movilización dispuesta a la ciudad es para denunciar la "miseria" que cobran por el cultivo de peras y manzanas respecto al valor que ofrecen en las góndolas. "En 2015 estuvimos en 1 peso el promedio y este año están en 2,50, cuando el costo es de 4 pesos. El kilo de manzanas se está pagando entre 2 y 2,50 pesos. Es una vergüenza que el consumidor esté pagando tan caro cuando al productor le quedan migajas", agregó.

Según Hernández, el conflicto viene de larga data por falta de precio y mercado y se profundizó en los últimos meses ante el incremento de los costos, lo que ha provocado que muchos productores estén desapareciendo.

A las amenazas telefónicas que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, recibió en los últimos días, se le sumó un nuevo hecho intimidatorio. En una vivienda de su propiedad le dejaron un cartucho de escopeta.

El hecho fue revelado por el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, que dijo que el hallazgo se produjo en una vivienda que la mandataria ya no utiliza.

Para el funcionario se trató de un "evidente hecho intimidatorio". Además, informó sobre nuevas amenazas por vía telefónica.

"Las amenazas recibidas fueron tres llamados telefónicos claros, en la misma línea del que acabamos de escuchar", dijo Ferrari tras escuchar una grabación de la llamada realizada el domingo pasado al 911, donde se advertía que iban a "explotar" al gobierno de Vidal.

"Anoche se agregaron dos (llamadas) más, a las 22 y a las 23 horas. Y un hecho trascendente que no está en los medios que es que apareció un cartucho de escopeta sin percutar en el garaje de la vivienda de María Eugenia Vidal que ella ya no utiliza", contó el ministro en diálogo con radio La Red.

Ferrari precisó que "uno de los vigiladores lo observó, no lo tocó e inmediatamente se participó del análisis de lo que era y, efectivamente, era un evidente hecho intimidatorio".

El funcionario vinculó estos episodios con "la decisión de la Gobernadora de luchar contra la corrupción y contra las mafias" en general, y dijo que "no sólo" hay que relacionarlo con la reforma de "la Policía", sino también con la del "sistema penitenciario, el de salud y el juego".

Una vez conocido el episodio, el presidente Mauricio Macri salió a respaldar a la mandataria bonaerense a través de las redes sociales. "Acompañamos a @mariuvidal en su tarea de sacar adelante la provincia de Buenos Aires. No nos van a parar", tuiteó.Por otro lado, Ferrari detalló que "hay algunas modificaciones que tienen que ver con la seguridad" de la mandataria, aunque resaltó que "la preocupación" de Vidal "nunca limita su convicción", por lo que "continúa con sus actividades como todos los días".

El ministro de Justicia confirmó luego que la primera llamada anónima al 911 fue emitida desde "la Unidad 9 de La Plata". "Habría algún grado de identificación. Lo que hay que entender es que, a veces, la persona (que hace la llamada) no necesariamente responde a un interés personal. Muchas veces estas cuestiones se mandan a hacer, por eso hay que investigar con mucha precisión qué es lo que hay detrás de este tipo de amenazas", concluyó.

No sería una sorpresa que un dirigente político tenga dos caras ante un hecho, una pública y otra en la intimidad. Lo que llamó la atención es que las dos posturas de Sergio Massa sobre Joaquín De la Torre quedaron expuestas ante todos en cuestión de horas.

De la Torre, asumió ayer como ministro de María Eugenia Vidal, con aspiraciones de engordar la pata peronista del PRO. Para ello pidió licencia de su cargo de intendente de San Miguel, lugar que había retenido en 2015 desde la lista del Frente Renovador.

Antes de dar el salto al gobierno de "Mariu", De la Torre pegó el portazo en el massismo y hasta esbozó críticas al espacio que lidera el tigrense y lo cobijó por algunos años.

Al momento de tomar el cargo, el de San Miguel recibió un fraternal saludo de Massa. A través de su cuenta de Twitter, el actual diputado nacional escribió: "No tengo dudas que @delatorrej va a desempeñar una excelente labor al frente del Ministerio de Producción bonaerense. ¡Éxitos Joaco!"

Pero en el mismo instante, en los hechos, el propio Massa pareció no estar tan contento con "Joaco". Es que los renovadores, que de hecho cogobiernan con Vidal la Provincia, le vaciaron el acto de asunción y lo dejaron sólo a la hora de jurar.

Aunque desde su perfil público de la red social Massa parece ameno, desde los hechos se pone "memorioso", al estilo Mirta Legrand.

A sólo un año para las elecciones de diputados y senadores en todo el país, los llamados, declaraciones y armados se encuentran en todo su esplendor. En ese marco, el presidente del Partido Justicialista (PJ) José Luis Gioja, realizó una serie de señales al declarar que “las puertas siempre están abiertas” para Sergio Massa en el justicialismo y no descartó una alianza electoral con la principal figura del Frente Renovador (FR).

En ese sentido es que cobran relevancia las recientes declaraciones del conductor de Periodismo Para Todos, Jorge Lanata, quien en el programa de Mirtha Legrand elogió: “Lo de la resistencia es una pavada de los kirchneristas. Massa y el peronismo histórico están haciendo una buena oposición”, dijo el operador mediático del Grupo Clarín.

Las declaraciones de Gioja buscaron un mayor acercamiento y en referencia a Massa señaló que “el peronómetro no lo tiene nadie para ver quién es más o quién es menos (peronista)", afirmó el diputado nacional por el Frente para la Victoria (FpV-PJ) en un programa de radio, ayer a la tarde.

Luego el ex gobernador de San Juan planteó que el justicialismo "está hoy en un proceso de reorganización interna y somos conscientes que el peronismo es bien diverso y principalmente tenemos que tener presente que hemos perdido una elección y eso nos afecta mucho".

De todas maneras, el presidente del justicialismo sostuvo: "En las reuniones del PJ jamás se habló de candidaturas," y minimizó las versiones que sostienen que el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, sea el candidato de Cristina para las elecciones de 2017.

Mientras la causa sobre la apropiación de Papel Prensa parece naufragar en el olvido y dormir el sueño de los justos, un trabajo contable, entregado en el Instituto Patria, aporta detalles escalofriantes sobre cómo se produjo la operación en plena dictadura militar.

En una reunión, desarrollada en la tarde de ayer,  Osvaldo Papaleo, Lidia Papaleo, Carolina Papaleo, Luis Alem y Eduardo Barcesat, fueron los encargados de entregarle a la ex mandataria una pericia contable que demuestra que el Grupo Clarín y sus socios pactaron un precio vil par la compra de Papel Prensa, lo cual evidencia que la empresa fue comprada de manera espuria por sus actuales dueños.

Según las diferentes tasaciones reflejadas en la pericia contable, que ya fue entregada al juez Ercolini, Papel Prensa fue "vendida" al 50% del precio real de mercado.

Por si fuera poco, el texto demuestra que ese precio de venta nunca fue abonado por Clarín y sus socios a los dueños de la firma.

En medio de tanta movida judicial que se teje por estas horas, la causa está paralizada y ninguno de los acusados fue llamado a indagatoria,