Reunión en el Instituto Patria con el objetivo de analizar la inseguridad como tema cada vez mas preocupante y que marca la realidad que atraviesa el país, el debate de ideas fue protagonizado por el fiscal federal Félix Crous, la jueza de la cámara nacional de Casación Penal de la Capital Federal, María Laura Garrigós de Rébori, el periodista y abogado Darío Villaruel, y el intendente de Resistencia Jorge Capitanich.
La charla fue presentada por la ex ministra de Seguridad e integrante de la comisión de Seguridad Democrática del Instituto, Cecilia Rodríguez, quién realizó un repaso de la larga y dolorosa lista de acontecimientos ocurridos en materia de seguridad, desde la asunción de la Alianza hasta la actualidad, con una línea de tiempo realizada al efecto.
Habló de un actual Estado Policial y de la promoción del miedo de parte de los principales funcionarios del gobierno nacional, y mencionó, entre otros episodios, y de modo cronológico, la muerte de los 43 gendarmes que enviados a Jujuy a reprimir la protesta social de la organización Tupac Amaru, la encarcelación arbitraria de Milagro Sala, la detención en la ciudad de Buenos Aires de un joven que había denunciado fallas en el sistema de voto electrónico, la represión a los trabajadores de Cresta Roja, el ataque a puntazos a vecinos del consejo consultivo de la comuna 4, en la Boca, la violencia ejercida en contra de unidades básicas de organizaciones kirchneristas, incluso con armas de fuego, los destrozos a la redacción del diario Tiempo Argentino y la posible complicidad policial en la fuga de los atacantes, la detención del dirigente villero “Pitu” Salvatierra, el intento de detención de Hebe de Bonafini, el negacionismo del terrorismo de Estado de parte del Poder Ejecutivo, al igual que el aval a la justicia por mano propia, y la detención de una docena de militantes políticos, solo unas horas atrás, por pintar un mural en el barrio porteño de Balvanera.
A continuación, el fiscal Crous destacó la decisión del kirchherismo de crear, en diciembre de 2010, una cartera nacional de Seguridad, para avanzar, entre varios objetivos, en la conducción política de las fuerzas federales y terminar de ese modo con su autogobierno. Dijo que a partir de aquella experiencia –también mencionó la reforma policial de finales de los noventa, en la provincia de Buenos Aires- se tuvo certeza de que las fuerzas de seguridad “pueden ser una herramienta de Estado conducidas por la política en el marco de un proyecto democrático y popular”, del mismo modo esas fuerzas pueden ser incluidas “en un proyecto de seguridad democrática”.
En otro pasaje de su intervención, el fiscal se refirió a la declaración pública que Mauricio Macri realizó con respecto al caso de justicia por mano propia que ejerció un carnicero en el partido bonaerense de Zárate. Dijo que “no es un discurso de mano dura”, sino una instancia “anterior a la ley del talión” en la que “puedo matar a cualquiera que me agrede”. “Esto es absolutamente coherente con la idea de hacer política identificando al sujeto como un montón de individuos y no como un colectivo”, señaló, y recordó que “la responsabilidad del Estado es disponer dispositivos para que los niveles de tensión que existen en la sociedad no se transformen en actos”. “Estamos ante una coyuntura extraordinariamente delicada” pasando de “un Estado que tenía un cuidado de la palabra, que son hechos”, a otro que “azuza permanente de las llamas al lado del surtidor de nafta”.
Por su parte, el abogado y periodista Darío Villaruel, que conduce a diario un programas radial sobre temas de justicia y derecho sostuvo que muchos de los hechos que se mostraron en el inicio de la charla, “tienen que ver con la seguridad, la represión del Estado y también con el rol de los medios”, un factor de poder con capacidad de manipular el sentido común de la población, muchas de las veces de modo muy peligroso. “Instalan por ejemplo que legítima defensa es salir a la calle y pegarle un tiro a cualquiera”, señaló, y agregó que “algunos colegas me dan vergüenza, ya que con tal de quedar bien con el establishment dicen cosas como ‘¿si a vos te roban, qué harías?”.
El periodista, autor del libro “Injusticia mediática”, y que durante la última campaña electoral nacional, frente a millones de televidentes, le preguntó al entonces candidato Mauricio Macri si estaba procesado por la justicia, dijo que en su calidad de periodista y abogado pone incómodos a los sectores más conservadores del sistema de medios cuando le explica a su audiencia “que en la Argentina existe el principio de inocencia” y que eso “significa que todos somos inocentes hasta tanto se demuestre lo contrario”. Fue en esa línea que afirmó que “los que dictan las sentencias son los jueces y no los medios de comunicación” y mencionó el ejemplo del ex titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray, condenado por todos los males desde la señal Todo Noticias y finalmente declarado inocente por una Cámara Penal.
María Laura Garrigós de Rébori, con más de veinte años de experiencia como jueza en el fuero penal, un rato antes había aclarado la figura de la legítima defensa. “No es un permiso que te da el derecho, sino que te justifican lo que ya hiciste porque te estaban agrediendo”, dijo, y agregó que “siempre y cuando no te hayas excedido. Tiene que ser para defenderme. Y una vez que terminó la agresión ya no puedo seguir agrediendo”.
Con respecto a las declaraciones de Macri con las que avaló el violento episodio de Zárate, dijo que “vamos camino a una escalada violenta que termina irremediablemente en represión”. Recordó que “esta historia ya la vivimos”, y mencionó el caso Blumberg y el consiguiente “desbaratamiento del sistema penal” y el “ridículo aumento de penas”, que no arrojaron ningún resultado positivo con respecto a la baja de la actividad criminal. “El índice delictivo está atado a las crisis económicas, siempre, de modo indiscutido”, afirmó, en línea con lo que diría más adelante Capitanich. El índice delictivo crece con las crisis económicas y sociales, y puso de ejemplo los años 1985 y 2001-2002.
La camarista también se refirió a la llamada “puerta giratoria de la justicia”, mencionada una y otra vez por los medios de comunicación dominantes; dijo que detrás de esa expresión lo que anida es el deseo de que todas las personas lleguen a juicio sin su libertad, aun cuando no haya peligro de fuga. También advirtió que el proyecto de ley de Flagrancia que impulsa el Gobierno nacional, puede llegar a ser utilizado para neutralizar la protesta social creciente.
El ex senador nacional, ex gobernador, ex jefe de gabinete de ministros, y actual intendente de la ciudad de Resistencia Jorge Capitanich, por su parte, adelantó que su exposición se basaría en su “experiencia desde el Congreso, el Poder Ejecutivo Nacional, el provincial, y una comunidad”, y señaló que en materia de seguridad pública existen tres factores “que de modo indiscutido inciden en la propensión a cometer delitos: la indigencia, pobreza y exclusión social, la inequidad en la distribución del ingreso, y la falta de empleo”. Por eso opinó que “el abordaje integral de la problemática por parte del Estado tiene que ver con promover políticas públicas de carácter inclusivas, equitativas, y promoción de la participación popular”.
El actual intendente recordó que dos semanas después de haber asumido como jefe de gabinete del Gobierno nacional -a principios de diciembre de 2013-, hubo un levantamiento policial en la provincia de Córdoba y señaló que “eso no fue una casualidad, sino que formó parte de una estrategia con el objeto de desestabilizar al gobierno a los efectos de establecer un mecanismo de elecciones anticipadas”; luego advirtió que fue durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner cuando “más se invirtió en seguridad en términos presupuestarios”, y comparó los índices con otras áreas claves en las que invirtió el Estado nacional para lograr un país con desarrollo económico e inclusión social.
Sobre su experiencia como gobernador, Capitanich subrayó que asumieron el control del ejecutivo luego de dieciséis años de gestión opositora, y que armaron un equipo, entre los que estuvieron el ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Saín, para confluir en una ley de seguridad democrática, con la que se debía “restaurar las condiciones de un estado de convivencia que permita el efectivo ejercicio de libertades y derechos”. Hacia el interior de la fuerza, promovieron los paradigmas de la democratización, la desmilitarización, la humanización y la profesionalización, y aparte planificaron una política de reinserción para las personas privadas de su libertad, como así también para aquellas que sufrían consumo problemático de sustancias.
Por último, llamó a que las provincias a que “avancen definitivamente hacia una ley de seguridad democrática”, ya que se trata de un hecho muy positivo desde el punto de vista “del mejoramiento del control policial” y la “promoción de la participación democrática de parte de la comunidad”.
