El Intendente de La Plata cerró con el Sindicato de Municipales y UPCN un aumento del 18 por ciento para el año que viene y un bono de 1500 pesos para las fiestas. El incremento para 2017 se dará en cuatro cuotas igual que para los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires.

El acuerdo salarial del 18 por ciento, que fue acordado el secretario general del Sindicato de Municipales, Darío Alfano, y el de UPCN Carlos Quintana, será abonado en cuatro cuotas en los meses de enero, abril, julio y octubre, consignó hoy La Tecla en su servicio web.

En tanto, para el último trimestre del año se definió un aumento sobre el sueldo básico del 3 por ciento, que se abonará con la liquidación salarial de diciembre –prevista para el 29-, retroactivo a los meses de octubre y noviembre.

Este incremento impactará sobre el pago de aguinaldos, que se abonará el jueves 22 de diciembre a todo el personal municipal. En total, los Municipales lograron una suba anual del orden del 34,7 por ciento a lo largo del presente año, sostuvo el Municipio en un comunicado.

El acuerdo para 2017 es idéntico al cerrado entre el gobierno de María Eugenia Vidal y los gremios estatales de la ley 10.430: una suba de 18 por ciento que se abonará de manera trimestral en los meses de enero, abril, julio y octubre, con una cláusula automática de ajuste por inflación de acuerdo a lo que indique el Indec.

Por su parte, en cuanto al bono de fin de año, la Provincia mantiene su postura de no otorgarlo y dio vía libre a los Municipios que así lo consideren. Quien batió el record en todo el territorio bonaerense fue el mandamás de Ensenada, Mario Secco, que pagará un plus navideño de 7.500 pesos a todos sus trabajadores.

El organismo nacional lo componen secretarios de todas las provincias del país. Piden el cumplimiento de las resoluciones de organismos internacionales como la ONU, OEA y la CIDH, que se manifestaron por la liberación de la dirigente política.

El Consejo Federal de Derechos Humanos en su último encuentro firmaron un acta en la piden al Estado nacional cumplir con las resoluciones de Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA) en relación a la liberación de Milagro Sala.

El acta lleva las firmas de los Secretarios de Derechos Humanos de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Neuquén, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Santa Cruz y La Pampa.

En el acta se puntualiza: El Consejo Federal de Derechos Humanos, reunidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los días 12 y 13 de diciembre de 2016 en su XXV Reunión Plenaria manifiesta, su adhesión a las recomendaciones y observaciones emitidas por los organismos internacionales respecto de la detención de Milagro Sala en la provincia de Jujuy y a las declaraciones del Secretario General de la OEA de noviembre de 2016 entendiendo que las mismas deben ser atendidas y consideradas para velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por nuestro país en materia de Derechos Humanos, en el marco del sistema federal, republicano y democrático del Estado Argentino”.

El acta va con copia a la Presidencia de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Jujuy, el tribunal Supremo de Justicia de esa provincia norteña y a los organismos internacionales a través de la Cancillería argentina.

Se trata de dos diputados del oficialismo que participaron de una movilización contra la Gobernadora de Santa Cruz. Mientras desconocidos incendiaban la puerta de la morada de la mandataria provincial estos parlamentarios se sacaban selfies. Mirá las fotos.

Los legisladores de Cambiemos por Santa Cruz, Roxana Reyes y Alberto Lozano participaron hoy de una marcha a la residencia de la Gobernadora de esa provincia, Alicia Kirchner, donde se registraron serios incidentes.

Cuando los manifestantes bloquearon el ingreso de las casa de Alicia Kirchner, rápidamente prendieron fuego la puerta de su casa. Tanto Reyes como Lozano en vez de calmar la situación convalidaron la acción violenta y hasta posaban para ser fotografiados.

Lozano es diputado por Santa Cruz por la Alianza Cambiemos pero es militante de la Unión Cívica Radical (UCR), mientras que Reyes es del PRO. Ambos asumieron sus bancas el 10 de diciembre de 2015 por la Unión Para Vivir Mejor.

Esas fueron algunas de las definiciones del presidente del Bloque de Concejales del FPV-PJ Nacional y Popular de La Plata, Guillermo Cara, al redactar un artículo al conmemorarse el primer año de la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

Hoy se cumple un año de la asunción de la Alianza Cambiemos en la Nación, en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de La Plata. Hoy se cumple un año de gobierno para pocos, que quebró todas las promesas de campaña, y se empeñó en intentar destruir los derechos conquistados durante doce años. Hoy se cumple un año de sostenida preocupación de los y las trabajadores, comerciantes, docentes, productores rurales e industriales, médicos, investigadores, empleados públicos y gente de a pie por la inflación, por estirar la plata hasta fin de mes; por no quedarse sin trabajo, ni dejar de generar empleo; por seguir produciendo y accediendo al consumo; por los salarios, para que alcancen. Hoy se cumple un año sin crecimiento y sin mejoras para las grandes mayorías.

Esta lamentable situación se repite en nuestra Ciudad con el agravante de que, el desgobierno de los temas más sensibles para la ciudadanía, se combina con la recurrencia a la violencia estatal en cada represión a los trabajadores, en la trágica muerte de Emilia Uscamayta Curí y en los 20 funcionarios que acumulan graves acusaciones, denuncias penales o imputaciones. También, en la desprotección e inacción del Municipio ante los 6 conflictos laborales que se desataron este año y en el desempleo que pasó a representar el 6,9%. Además, este desgobierno se observa en la precarización laboral y en los sueldos magros de los cooperativistas a cargo del Municipio, así como en el aumento del 100% de las tarifas de servicios públicos locales. Más aún, se hace evidente con la clausura de los centros culturales de la Ciudad y con el 48,19% de los niños y niñas que no tienen lugar en la escuela pública. También se ve en los más de 150 asentamientos que están a la deriva porque este gobierno se ha desentendido de ellos. Encima, se expresa en los negocios millonarios que el Estado Municipal estableció con algunos empresarios -como Esur- y en la sostenida caída anual del 7% en las ventas minoristas que dejó a más de 6.000 comercios al borde de cerrar. Se observa en la continua presencia policial y las vallas en el Palacio Comunal que, hace doce meses, le impide a la comunidad platense acercar sus demandas a sus representantes. Igualmente, se hace evidente con la vacancia de 58 funcionarios en algunos cargos fundamentales y la falta de transparencia de la información pública sobre el gobierno de los asuntos públicos.

Por todo lo anterior, el cierre de este convulsionado año habilita la realización de un balance sobre las decisiones políticas en las principales áreas de gobierno. En primer lugar, creemos que en este tiempo sólo se han profundizado los problemas y se ha alejado la oportunidad de resolver los desafíos pendientes que tiene nuestro Municipio. Además, aunque estamos en la vereda de enfrente a este proyecto político, por nuestro firme compromiso con la democracia y nuestra confianza en las decisiones de nuestro pueblo hemos trabajado incansablemente para generar aportes y mejorar la vida de los platenses. Sin embargo, nuestras propuestas han sido sistemáticamente desechadas por las autoridades municipales que llegaron prometiendo diálogo, consenso y pluralidad de voces, y por ello esperamos que esto se corrija para el año próximo. Por último, vemos que en un año de gestión el Intendente Julio Garro construyó un Estado enemigo, violento, vacante, vallado y empresario, de espaldas a la comunidad y, especialmente, a los trabajadores.

Después de doce meses de una gestión lamentable, vemos que la potencialidad de la Ciudad y de los platenses está siendo rifada en un escenario que se torna cada vez más complejo para las grandes mayorías, frustrando las expectativas de los vecinos. Seguiremos, desde nuestro lugar, construyendo una alternativa para volver a soñar con una Ciudad con todos adentro.

Los organizadores del destacado evento nacional e internacional que se desarrolla desde 2014, denunciaron que el director de esa institución cultural del Sur del Conurbano suspendió sin previo aviso, abruptamente y unilateralmente y la realización del destacado programa.

El director de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA), Pablo Daniel Freyre, el 22 de septiembre de 2016 había firmado un convenio marco para que esa institución cultural sea sede de Tango Para Músicos 2017, pero ayer comunicó oficialmente a Tango Sin Fin que rescindió el convenio firmado, creando un inconveniente organizativo y perjudicando a 150 alumnos ya inscriptos de todo el país, América Latina, EE.UU, Asia y Europa.

Tango Para Músicos es un encuentro anual para la formación de músicos de tango organizado desde el año 2014 por la Asociación Civil Tango Sin Fin. El evento fue declarado de interés educativo, cultural y turístico por diferentes ministerios nacionales y provinciales en todas sus ediciones.

Para el año que viene el encuentro estaba programado para realizarse en la EMPA, por medio de una carta de compromiso firmada por el  director de la institución. Esta carta se elevó a los ministerios y se tomó como punto de partida para la coordinación posterior.

Desde Tango Sin Fin aseguran que el 5 de diciembre último, dos miembros de su comisión directiva fueron citados a la EMPA para participar de una reunión junto a todos los docentes del área de Tango de dicha institución.

“En esa reunión salió a la luz el alto nivel de desinformación que se vivía dentro de la comunidad educativa de la escuela a propósito de la realización del encuentro. Su director, en absoluta incomunicación con las partes representativas de la misma y desoyendo acuerdos internos, se enfrentó a una serie de reclamos de sus colegas trasluciendo que nunca había logrado aprobación interna para recibir a Tango Para Músicos en la EMPA”, denunciaron los organizadores del evento del 2X4.

En el comunicado emitido por Tango Sin Fin se informó que  para la realización del evento, se habían conseguido subsidios para la escuela por el valor de 55.000 pesos para mejoras de instrumentos y otros, a ser recibidos por la Asociación Cooperadora “Aníbal Arias”, los cuales quedaron sin efecto al momento de la rescisión. También habían sido becados para participar del encuentro todos los alumnos provenientes de la EMPA que habían aplicado en tiempo y forma según fue indicado en las bases y condiciones.

Vale destacar que Tango Sin Fin lleva adelante además diversas acciones que promuevan la música argentina a nivel nacional e internacional, como la edición en Argentina de la colección de libros “Método de Tango”, también declarados de Interés Cultural y realizados con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, el “Primer Concurso Internacional de Nuevos Ensambles de Tango” y las Ediciones Tango Sin Fin de descarga gratuita, entre muchas otras.

Para las dos primeras ediciones del encuentro Tango Para Músicos (2014 y 2016), Tango Sin Fin firmó además convenios con el Ministerio de Justicia, ya que sus sedes fueron dentro del “Espacio Memoria y Derechos Humanos” (Ex-ESMA).

De todas maneras, los conciertos y muestras de alumnos de Tango Para Músicos y las rondas finales del “Primer Concurso Internacional de Nuevos Ensambles de Tango” serán, tal como estaban programados, para el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de febrero en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

El expresidente lidera la intención de votos para la primera vuelta electoral de 2018 en todos los escenarios simulados, según los resultados de una encuesta que se conoció esta semana. Los resultados indican que vencería a todos los postulantes de los partidos brasileros.

Según el centro de investigaciones de Datafolha, que entrevistó a 2.828 personas entre el 7 y 8 de diciembre, los resultados previstos para una primera vuelta electoral en 2018 reflejan que el Partido de los Trabajadores (PT) tendría a su favor un 25 por ciento de los votos, enfrentando a un 15 por ciento del partido Rede Sustentabilidade (REDE) liderado por Marina Silva.

Le siguen con un 11 por ciento el senador Aécio Neves del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Jair Bolsonaro (PSC): 9 por ciento, Ciro Gomes (PDT): 5 por ciento, Michel Temer (PMDB): 4 por ciento,  Luciana Genro (PSOL): 2 por ciento. Ronaldo Caiado (DEM): 2 por ciento, Eduardo Jorge (PV): 1 por ciento, Blanco / nulo: 20 por ciento.

Después de compartir liderazgo con la exsenadora Marina Silva en las encuestas recientes, el PT experimenta un comportamiento positivo y abre ventaja sobre el potencial oponente, que cayó en la preferencia de los brasileños.

El estudio, con un margen de error de más-menos el dos por ciento, arrojó que si tuvieran que enfrentarse en segunda vuelta electoral, Silva obtendría un 43 por ciento de las preferencias frente a un 34 por ciento de Lula.

La encuesta de Datafolha también reflejó un incremento del rechazo de la población brasileña hacia el presidente Michel Temer, surgido del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff. Las opiniones negativas alcanzan un 45 por ciento.

Además, reveló que el 65 por ciento de las personas cree que Temer es un hombre “falso”; el 58 por ciento lo considera “deshonesto” y el 75 por ciento coincide en que defiende los intereses de los más ricos.

Por otro lado, el 63 por ciento está a favor de que golpista renuncie del titular del Ejecutivo y a la convocatoria inmediata de elecciones, consecuencia que se deriva de la complicada situación económica en la que se encuentra el país luego de su llegada al poder.

La mayoría de los entrevistados considera que los indicadores económicos se deteriorarán y aumentará la inflación, el desempleo, lo que representará una peor situación para los brasileños.

Para el ex ministro de la Nación, Agustín Rossí, la posibilidad de enviar al Ejército a custodiar ese tipo de instalaciones “es un paso más involucrando paulatinamente a los militares en seguridad interior”. El gobierno de Cambiemos analiza emitir un decreto de necesidad y urgencia, lo que violaría las leyes de Defensa y Seguridad.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el actual ministro de Defensa, Julio Martínez, estudian la posibilidad de reemplazar a gendarmes con militares en la custodia de las represas hidroeléctricas y las centrales nucleares Atucha I y Atucha II.

Si bien Bullrich negó hoy que el Gobierno nacional tenga la intención de que las Fuerzas Armadas “participen de la seguridad interior”, confirmó que hay “borradores” sobre el tema con el objetivo de destinar 1.200 gendarmes que hoy cumplen esa tarea a patrullar el Gran Buenos Aires.

Como la medida violaría las leyes de Defensa y Seguridad Interior, el macrismo ya piensa en un decreto presidencial de necesidad y urgencia para aplicarla.

El extitular de Defensa, Agustín Rossi, calificó la idea como “peligrosa” y consideró que “esto es un paso más involucrando paulatinamente a los militares en seguridad interior”.

“Es una situación que está al límite de la legalidad. Si una usina recibe un ataque, esos militares no pueden actuar”, explicó el actual diputado del Parlasur a Radio 10 y agregó que medidas de ese tipo son “sensibles” a la democracia, por lo que “como mínimo necesitan un debate parlamentario”

Para Rossi, el ministro Martínez estaría “propugnando una modificación de la reglamentación de la Ley de Defensa en la que taxativamente dice que los militares solo pueden actuar ante un agresión militar estatal externa. Si se modifica eso en la Ley de Defensa, entramos en una zona peligrosa porque después empezás a calificar qué es un hecho de terrorismo o no”.

El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó hoy al presidente Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, y pidió abrir una investigación por el supuesto delito de "abuso de autoridad", a raíz de la inclusión de familiares de funcionarios públicos en el blanqueo de capitales.

En tanto, en el marco de una conferencia de prensa ofrecida en el Centro Cultural Kirchner tras una reunión de Gabinete ampliada, encabezada por el presidente Mauricio Macri, Peña aseguró que en el Gobierno tiene "una enorme tranquilidad sobre la acción planteada", en referencia al decreto del Ejecutivo que dispuso la ampliación del alcance del denominado Régimen de Sinceramiento Fiscal, aprobado por el Congreso.

"Tenemos toda la tranquilidad del mundo en cualquier discusión que se dé con la Justicia", aseveró el jefe de ministros ante una consulta de la prensa acerca de la imputación de Marijuán, que trascendió públicamente en el mismo momento en que se desarrollaba la conferencia de prensa posterior al encuentro ampliado de Gabinete.

En el dictamen entregado al juez federal Ariel Lijo, el fiscal Guillermo Marijuán consideró que debe ser impulsada una pesquisa en base a una denuncia penal presentada días atrás por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur.

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió medidas de prueba relativas en su mayoría a documentación certificada, como las actas del debate parlamentario de la ley y el posterior Decreto 1206/2016, objeto de la denuncia, explicaron fuentes judiciales.

Marijuán sostuvo que debe investigarse a los "mencionados en la denuncia" de Donda -el presidente Macri, Peña y Prat Gay- en el dictamen que llegó al juzgado ayer al cierre del horario judicial y que se difundió hoy.

El decreto cuestionado dispuso la ampliación del alcance del blanqueo a cónyuges, padres e hijos emancipados menores de edad de funcionarios públicos.

En la denuncia, se advirtió que el decreto "contradice explícitamente la Ley 27260 que aprobó el Congreso con relación al blanqueo de capitales, porque prohíbe el ingreso de familiares al mismo".

En su dictamen, Marijuán tomó la denuncia de la diputada y entendió que debe impulsarse la investigación.

"Es inconcebible que el Poder Ejecutivo haya redactado un decreto que modifica el decreto que reglamenta la ley que se aprobó en el Congreso, cuando la misma plantea claramente que los familiares de funcionarios públicos no pueden participar de la operación", sostuvo la legisladora en su denuncia.

Como es de rigor, ahora será el juez federal Ariel Lijo el que deberá resolver, a la luz de lo dictaminado por Marijuán, si da inicio formal a una investigación y solicita medidas de prueba o si desestima la denuncia.

Guillermo Lobo fue denunciado por presunto abuso sexual de una niña de seis años, en un caso que habría ocurrido hace 29 años, prescribió. Ahora la mujer apunta al cronista de TN y a su hermano por lo que la causa podría reactivarse. La desmentida de Lobo y la versión de la abogada denunciante.

El periodista Guillermo Lobo fue denunciado por presunto abuso sexual de una niña de seis años, en un caso que habría ocurrido hace 29 años, prescribió y ahora podría volver a reactivarse. Nadia Dagnino, la denunciante, acusó al comunicador del canal de cable TN y a uno de sus hermanos, al volver a presentar los cargos recientemente ante la Fiscalía de Género de San Isidro, luego de que Lobo fuera sobreseído en septiembre.

"La persona que me había abusado era Guillermo Lobo de Todo Noticias, creo que es donde trabaja este personaje ahora y su hermano Ramón Lobo. Yo a los 16 años estaba yendo a la escuela y este personaje, que es la persona que me abusa cuando yo tenía 6 y 7 años, me seguía diciendo cosas en la calle como 'qué linda que estás', 'qué buena que te pusiste ahora'", afirmó Dagnino en una entrevista difundida por la Red Nacional de Medios Alternativos a fines de noviembre en el portal Indymedia.

Lobo, negó las acusaciones y señaló a la agrupación piquetera Quebracho como responsable de la denuncia, a la que calificó como "falsa y espantosa".

"Es una acusación falsa y espantosa, impulsada por una abogada ligada a Quebracho", dijo Lobo a diario Perfil. "A nosotros nos amenazan todo el tiempo los de Quebracho; esto es un apriete", argumentó el periodista. Lobo recalcó en varias oportunidades que fue sobreseído en septiembre por la Justicia de San Isidro y dio a conocer extractos de la documentación judicial que acredita esa decisión.

Asimismo, el periodista destacó que Dagnino incluso equivocó su nombre. "No soy Guillermo Eduardo", indicó. "Luego trataron de corregirlo, pero la fiscal y el juez se dieron cuenta que buscaban otra cosa. La Justicia anuló por completo la denuncia. Mis abogados tomaron cartas en el asunto que me causa profunda tristeza e impotencia por el daño a mis hijos y mi familia", sostuvo Lobo, que no descartaría iniciar acciones legales. Y concluyó que la denunciante "asegura que fue algo ocurrido hace 30 años con personas que no conozco. Y admiten que la fiscal (de trayectoria indubitable) no creyó nada de toda esta falsedad".

Gabriela Conder, abogada de Dagnino, cuestionó las expresiones del periodista. "Es mentira que la fiscalía desechó la denuncia; el fiscal y el juez resolvieron sobreseer a Lobo porque fueron delitos de hace más de 20 años, la causa ya fue prescripta", afirmó. "Eso es lo que pidió el abogado de Lobo, que no se investigue por eso; y nosotros hicimos una apelación en la Cámara de Apelaciones, donde se resolverá qué hacer con la causa", advirtió la letrada.

En relación a sus vínculos con Quebracho, Conder respondió: "¿Qué tiene que ver con los hechos si yo estoy o no vinculada a Quebracho? ¿Tiene algo que ver con el tema del abuso? Yo ahora no tengo vínculo con Quebracho, pero si los tuviera, no tiene nada que ver con los hechos. Esto es patear la pelota afuera. No tiene nada que ver".

"Se hizo la denuncia contra Guillermo Lobo y el hermano, por hechos que la fiscal calificó como gravemente ultrajantes, contra una nena de entre seis y siete años. Había un grupo de nenas que iban a la casa de Lobo y la única que se animó muchos años después a denunciarlo fue ella porque son hechos muy difíciles para asimilar y denunciar", argumentó la abogada.

Conder desafió: "Si él [por Lobo] se presta para que se investigue, que lo hagan. Todos queremos saber la verdad. A Nadia le costó mucho aceptar esta violación y denunciarlo. Finalmente pudo hacerlo después un gran trabajo con su psicóloga".

"Esta denuncia no fue hecha esta semana y nosotros nunca quisimos prensa porque después decían que queríamos extorsionar a Lobo. Si él dice que todo es falso, que nos denuncie, así nos dejan presentar las pruebas que tenemos", concluyó la abogada.

La Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), en conjunto con PYMESUR y trabajadores, marchará hoy a la Municipalidad de Luján, desde las 19:00, en reclamo por las políticas económicas implementadas por el Gobierno, que provocan un alarmante cierre de industrias.

La marcha que se realizará hoy, convocará en la misma lucha a empresarios y trabajadores frente a la Municipalidad de Luján, donde el 12% del empleo es industrial. Dentro de ese porcentaje el 70% es textil, una de las áreas más afectadas este 2016.

“Estamos cerrando un año muy malo para las pymes y la situación es crítica, todas las políticas económicas del Gobierno nacional han sido apuntadas a destruir el mercado interno y la industria nacional para favorecer a los grupos concentrados. Es por eso que decidimos organizarnos y empezar a salir a la calle para advertirle al Gobierno que no vamos dejar que sigan cerrando pymes”, aseguró el presidente de la CEEN, Francisco Dos Reis.

Y apuntó: “La apertura de las importaciones, sumada a la recesión económica, los tarifazos y los despidos, son un combo explosivo para el mercado interno. Las pymes dependemos de ese mercado y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para mantener a los trabajadores y seguir produciendo, pero se necesitan políticas de Estado y un plan industrial que favorezca la industria nacional”.

El también titular de la Asociación Latinoamericana de la Pequeña y la Mediana Empresa (ALAPYME) explicó que la elección de Luján para la movilización de mañana está relacionada con “las alertas que surgieron frente a la crítica situación, con empresas que han cerrado sus puertas, suspensiones de trabajadores y despidos, que afectan a la vida habitual de la zona”. “Esta situación fue planteada el pasado martes en un encuentro pyme en esa localidad del que participaron autoridades de la CEEN”, detalló Dos Reis.

“Muchas veces se plantea un enfrentamiento entre el empresario y los trabajadores, pero en las pymes la situación es distinta, los dueños de las empresas vivimos de cerca la realidad de todos y trabajamos codo a codo con nuestros empleados. Es por eso que mañana vamos a marchar juntos, en contra del estrangulamiento feroz que está haciendo el Gobierno a todos los que producimos en este país”, completó el titular de la CEEN.