La diplomacia libertaria volvió a claudicar en los organismos multilaterales al negarse a votar una resolución clave que exige el fin de las ocupaciones coloniales. La maniobra dinamita la histórica estrategia argentina sobre el archipiélago y deja al descubierto la falsedad del discurso soberanista impulsado por el Poder Ejecutivo.

El mentado “plan” de la gestión libertaria para recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas quedó reducido a una puesta en escena grotesca y sin sustento diplomático. En una nueva muestra de sumisión internacional, la delegación argentina en las Naciones Unidas se abstuvo de votar una resolución fundamental en la Comisión de Descolonización que reafirma la vigencia del principio de integridad territorial y condena las formas contemporáneas de colonialismo. La decisión de Balcarce 50 echa por tierra décadas de doctrina diplomática con el único fin de subordinarse a los intereses geopolíticos de Washington.

La abstención argentina en el fuero internacional representa una traición directa a los fundamentos legales que sostienen el reclamo sobre el archipiélago atlántico. La resolución ignorada por la Cancillería retoma la histórica Resolución 1514 de la ONU, que establece de forma taxativa que ningún proceso de descolonización puede quebrantar la unidad nacional ni la soberanía de los países. Sobre esa norma se erige la Resolución 2065, el pilar jurídico sobre el cual Argentina exige al Reino Unido sentarse a negociar. Al negarse a respaldarla para no agriar su relación con Donald Trump, el Gobierno pisoteó la arquitectura legal que ampara el derecho nacional.

Este bochorno diplomático pone al desnudo la hipocresía de la retórica presidencial. Mientras en el ámbito doméstico el mandatario apela a discursos “soberanistas” de ocasión e intenta impulsar proyectos de ley de seguridad alineados con las exigencias de Estados Unidos, en la arena internacional vota en contra de los países del Sur Global que históricamente acompañaron la causa Malvinas. La estrategia de arrodillarse ante la agenda exterior norteamericana terminó aislando a la Argentina de sus aliados regionales y debilitando la posición del país en el concierto de naciones.

Analistas y diplomáticos coinciden en que la política exterior libertaria prioriza el sometimiento ideological por encima del interés patriótico. Las sistemáticas abstenciones y votos en soledad en la ONU —que incluyeron el rechazo a la condena de la esclavitud o la negativa a repudiar abusos de derechos humanos— demuestran que para la Casa Rosada la diplomacia es un mero instrumento de propaganda para complacer a las potencias occidentales, aun a costa de entregar la causa nacional de mayor consenso en el país.

El desenlace en la ONU ratifica que el anunciado “regreso de Malvinas” pregonado por el oficialismo jamás fue más que una cáscara vacía. Quien dijo admirar abiertamente a Margaret Thatcher y reivindicó la autodeterminación de los kelpers vuelve a demostrar que su patriotismo es impostado. Al subordinar el reclamo por las islas a los dictados de la Casa Blanca, la gestión de Milei confirma que su única política hacia el Atlántico Sur es la rendición incondicional y el remate de la soberanía argentina.

Un estudio nacional de la consultora Analogías desmorona la narrativa oficialista. A pesar de la persecución política y judicial, la expresidenta encabeza las preferencias populares con el 45,1%, relegando al Presidente a un cómodo cuarto lugar. El 55% advierte que no votaría por el ajuste del Gobierno en un eventual balotaje.

El relato de la Casa Rosada según el cual Javier Milei “compite contra sí mismo” en un escenario sin oposición se derrumbó ruidosamente tras la publicación de los últimos datos de la consultora Analogías. Frente al discurso triunfalista que intenta instalar el Gabinete libertario, el estudio de opinión pública nacional reveló que Cristina Fernández de Kirchner encabeza las preferencias de imagen positiva en el país con un 45,1%, superando por más de seis puntos al propio Presidente, quien quedó relegado a un lejano cuarto puesto con apenas el 38,9%.

El trabajo de campo, realizado sobre más de 2.800 casos en todo el territorio nacional, refleja un contundente rechazo de la sociedad al programa de ajuste y recesión que lleva adelante el Poder Ejecutivo. Con un rechazo a la gestión que supera el 56% y un 54,8% de los consultados afirmando que su economía familiar se encuentra en un estado sensiblemente peor que el año pasado, la figura presidencial muestra un desgaste acelerado e irreversible que perforó la base del piso electoral con el que llegó a Balcarce 50.

La permanencia de la expresidenta en la cima de las preferencias populares cobra un significado político fulminante para la estrategia de la ultraderecha. A pesar del encarnizado hostigamiento mediático, las causas judiciales armadas y la constante campaña de estigmatización que pesa sobre su figura, la dirigencia del movimiento nacional no solo mantiene su liderazgo histórico, sino que registra un crecimiento sostenido que contrasta con el desplome de las métricas oficiales. Detrás de Cristina Kirchner se ubican la senadora Patricia Bullrich (44%) y el gobernador Axel Kicillof (43,3%), configurando un pelotón de dirimentes que supera al libertario en el respaldo popular.

Los datos desglosados del informe exponen además el colapso ideológico del programa oficial en temas neurálgicos de la gestión. Más del 67% de la población rechaza la entrega de tierras a capitales extranjeros impulsada en el mega DNU, casi un 63% desaprueba el estrangulamiento presupuestario sobre las universidades públicas y un 60% diagnostica niveles alarmantes de corrupción dentro de la propia estructura del Gobierno. Asimismo, casi el 62% de los encuestados denuncia que las prometidas “bajas de impuestos” no son más que una farsa publicitaria que jamás se sintió en la economía cotidiana.

El estudio consolida un cambio de época en las aspiraciones mayoritarias de la Argentina. El reclamo por una alternativa que ponga fin a la austeridad punitiva le saca más de veinte puntos de ventaja a la continuidad del experimento ultraliberal. Sin crédito social, acorralado por el deterioro de las condiciones de vida y con el mito de su invencibilidad destruido por las encuestas, Milei comprueba que el ajuste permanente y el maltrato a la población tienen un límite democrático infranqueable.

La productividad por hora en Argentina bajó un 6% comparado con el nivel que tenía hace diez años, según las cuentas nacionales del INDEC. A pesar de ello, entre 2016 y 2025, las horas trabajadas aumentaron 11% y los servicios de capital, 14%. Esto implica que, por más que se incrementaron el trabajo y el capital, no hubo un crecimiento en la producción.

Según Fundación Mediterránea, cada hora de trabajo cuenta hoy con algo más de capital que en 2016 (+3%) y, aun así, produce menos. La brecha se explica por la productividad total de los factores (PTF), que retrocedió 7% en el período. En Argentina, la PTF muestra una tendencia descendente desde 2016: “Tomando ese año como base 100, el indicador cayó hasta 90 en 2024 y se recuperó parcialmente a 93 en 2025, sin revertir el retroceso acumulado. El resultado muestra que sumar recursos no alcanza. También importa cómo se combinan el trabajo y el capital”.

Es decir, que durante el cuestionado kirchnerismo, siempre señalado por la derecha como “anti-empresario”, creció notablemente la productividad y luego cayó cuando gobernaron primero Mauricio Macri y ahora Javier Milei. La derecha hizo retroceder la productividad.

Mientras el riesgo país de JP Morgan llegó a los 640 puntos, Javier Milei aseguró que el indicador de su propia administración está por debajo de los 100. En un nuevo ejercicio de interpretación a medida, el Presidente volvió a mostrar su distancia con los datos del mercado y buscó refugio en una cifra favorable para sostener su relato económico.

Javier Milei volvió a exhibir su particular manera de interpretar la realidad económica. Durante una exposición en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde fue distinguido como «campeón mundial de la libre empresa», el Presidente aseguró que el riesgo país de su administración se encuentra por debajo de los 100 puntos. Lo hizo, paradójicamente, cuando el indicador de referencia de JP Morgan trepaba hasta los 640 puntos básicos.

«Vamos a honrar nuestras deudas a todo momento. Por eso sigue cayendo día a día el riesgo país», afirmó Milei mientras el índice subía casi 30 puntos respecto de la jornada anterior. La contradicción entre sus declaraciones y la cotización del mercado quedó expuesta en tiempo real.

Para justificar la diferencia, el mandatario sostuvo que el indicador tradicional mide el «viejo modelo» y defendió una medición propia, enfocada en el riesgo correspondiente al año próximo. Sin embargo, comparar indicadores con horizontes y metodologías diferentes no equivale a demostrar que el riesgo país convencional está bajando. La referencia de JP Morgan continúa reflejando la percepción de los inversores sobre el riesgo de la deuda soberana argentina.

No es la primera vez que Milei recurre a interpretaciones selectivas para presentar cifras más favorables. Días atrás, planteó que, si se excluían alimentos y combustibles del cálculo de la inflación, el resultado quedaba en apenas el 0,6%. Ahora, frente a un riesgo país que supera los 600 puntos, vuelve a poner el foco en una medición alternativa para destacar un supuesto éxito económico.

El indicador de JP Morgan llegó a los 640 puntos durante la jornada y luego retrocedió hasta los 623. Su máximo del año había sido de 655 puntos, registrado el 2 de octubre. La caída del valor de los bonos soberanos presionó al índice y volvió a poner en cuestión el optimismo que el Gobierno intenta transmitir sobre la evolución financiera.

Pero Milei no se limitó a defender su propia estadística. También anticipó que conseguirá la reelección y afirmó que «el 70% de los argentinos ha decidido que no quiere volver atrás», una declaración política que presentó como respaldo a su proyecto sin aportar, en ese discurso, datos que permitieran verificar esa afirmación.

La escena vuelve a poner en evidencia la distancia entre el relato presidencial y las señales concretas de los mercados. Cuando los números no acompañan el discurso oficial, Milei parece dispuesto a cambiar el foco de la discusión y destacar la medición que mejor se ajusta a sus argumentos.

El problema es que los inversores no toman decisiones en función de los indicadores que el Presidente elige celebrar. El costo del financiamiento, el precio de los bonos y la capacidad de la Argentina para afrontar sus compromisos siguen dependiendo de variables concretas. Presentar una cifra alternativa puede servir para alimentar el optimismo político, pero no alcanza para despejar las dudas financieras.

En definitiva, mientras Milei proclama que el riesgo país de su administración está por debajo de los 100 puntos, el indicador de referencia continúa muy por encima de los 600. Una brecha que deja planteado un interrogante incómodo para la Casa Rosada: ¿está mejorando la realidad económica o el Gobierno está cada vez más ocupado en encontrar números que le permitan decir que todo marcha bien?

El INDEC reveló que las fábricas utilizaron apenas el 58,5% de su capacidad instalada en agosto, el segundo registro más bajo para ese mes en la última década, solo por encima de 2020. La utilización de maquinaria acumula un retroceso de 8,8 puntos respecto de 2023, mientras el empleo industrial cayó 3,8% interanual y los salarios pierden participación frente a las ganancias empresarias.

La industria argentina sigue sin encontrar piso. Los últimos datos del INDEC exponen la profundidad de la recesión: en agosto, las fábricas trabajaron muy por debajo de su capacidad, con máquinas ociosas, producción debilitada y un deterioro creciente del empleo registrado. El indicador alcanzó el 58,5%, una caída de 1,1 puntos porcentuales respecto del mismo mes de 2025 y un nivel que solo encuentra un antecedente inferior en agosto de 2020, durante la etapa más dura de la pandemia.

El panorama resulta todavía más preocupante al observar la evolución de los últimos años. Entre enero y agosto de 2026, la utilización de la capacidad instalada promedió apenas el 57,8%, el mismo nivel de un 2025 que ya había mostrado un desempeño muy flojo. En comparación con 2023, cuando el promedio alcanzaba el 66,6%, el retroceso llega a 8,8 puntos porcentuales. La industria opera con una enorme porción de su estructura productiva sin utilizar, una señal del freno que atraviesa la economía real y que confirma la tendencia hacia un escenario recesivo.

La dimensión del deterioro queda clara al considerar que los niveles de utilización habitualmente asociados con decisiones de ampliación de la capacidad productiva se ubican entre el 70% y el 80%. Con las fábricas trabajando muy por debajo de ese rango, los incentivos para invertir y ampliar instalaciones se debilitan, mientras la recuperación de la producción y la generación de nuevos puestos de trabajo encuentran mayores obstáculos.

Menos producción, menos empleo y más precarización

La caída de la actividad tiene su correlato directo en el mercado laboral. Según los datos del INDEC correspondientes al segundo trimestre de 2026, los puestos de trabajo de la industria retrocedieron 3,8% interanual, una contracción que refleja las dificultades del sector para sostener su nivel de actividad y su demanda de trabajadores.

El deterioro también se observa en el conjunto de la economía. Los puestos asalariados disminuyeron un 0,8% interanual, mientras que los asalariados registrados cayeron un 1,4%. En contraste, crecieron un 0,5% los asalariados no registrados y un 3,9% los trabajadores por cuenta propia, una dinámica compatible con el avance de formas laborales más precarias e inestables.

Otros sectores tampoco escaparon a las dificultades: el empleo cayó un 0,2% en el agro, un 1,1% en la minería y un 1,5% en la intermediación financiera. En cambio, transporte creció un 3,1% y hoteles y restaurantes, un 1,6%.

Los trabajadores pierden participación en el ingreso

A la debilidad de la producción y el empleo se suma otro dato que expone la distribución desigual de los ingresos generados por la economía. En el segundo trimestre de 2026, la participación de los trabajadores en el valor agregado cayó al 42,9%, su nivel más bajo para un segundo trimestre desde 2022. En paralelo, la participación de las ganancias empresarias trepó al 44,7%, con un incremento de 2,8 puntos porcentuales en un año.

Los números muestran una economía en la que la actividad industrial no logra recuperar dinamismo y los trabajadores registrados pierden terreno tanto en cantidad de puestos como en participación en el ingreso. La combinación de capacidad ociosa, retroceso del empleo formal y menor peso de los salarios configura un escenario adverso para el consumo y la recuperación del mercado interno.

El investigador de la CTA Autónoma Luis Campos sintetizó la gravedad del indicador al señalar que el 58,5% de agosto constituye el segundo valor más bajo de la última década para ese mes, apenas 0,1 punto por encima de agosto de 2020. Su advertencia fue contundente: “La industria no puede mantener estos niveles de capacidad ociosa por mucho tiempo”.

El dato del INDEC deja una señal difícil de ignorar: la industria continúa funcionando muy por debajo de su potencial, sin mostrar una mejora significativa frente al año anterior y con un retroceso pronunciado respecto de 2023. Mientras las máquinas permanecen ociosas y el empleo registrado se deteriora, la posibilidad de una recuperación sostenida sigue condicionada por la capacidad de reactivar la producción y la demanda interna.

La crisis industrial no se mide solamente en porcentajes. Detrás de cada fábrica que produce menos hay riesgos para los puestos de trabajo, los ingresos familiares, las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales. Los indicadores oficiales describen una recesión que golpea al aparato productivo y deja abierta una pregunta central: cuánto tiempo podrá sostenerse este nivel de capacidad ociosa sin profundizar todavía más el daño sobre el empleo y la estructura industrial argentina.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, discutieron fuerte a bordo del avión que los llevó a Tailandia por la crisis que representó para el ministro la irrupción del economista Alberto Ades en una reunión de gabinete. Bausili sí participó de esa reunión a la que faltó Caputo muy enojado. Bausili y Caputo eran socios en una consultora.

Según reseñó La Política Online, un medio muy cercano a la derecha argentina, la pelea se desarrolló mientras hay ruidos en torno a una salida de Caputo cuya política económica fracasó. No hay indicador que le de bien a un ministro que prometió crecimiento récord con inflación cero. No hay crecimiento y la inflación es del 2% mensual (superior a todo el promedio durante el kirchnerismo).

Mientras Caputo se enoja y acusa de traidor a su socio, Milei debió salir a ratificar al ministro en las redes después de que se multiplicaran los rumores. Se sabe: la confirmación suele ser la antesala de una expulsión. Caputo también lo sabe.

La crisis económica profundiza su impacto sobre el sector productivo: la mora empresarial aumentó un 53% interanual y casi 2.000 compañías ingresaron en incumplimiento durante septiembre. Entre las familias, más de 6,3 millones de personas registran dificultades crediticias y los casos de deuda irrecuperable más que se duplicaron desde enero de 2025.

La crisis económica comienza a mostrar una de sus caras más preocupantes: el endeudamiento ya no golpea solamente a los hogares, sino que también pone contra las cuerdas a miles de empresas. En septiembre, otras 1.937 firmas cayeron en mora y el universo de compañías con atrasos en el sistema bancario llegó a 58.982, con un salto del 53% en apenas doce meses, según un informe de Fidelitas.

Los números exponen el deterioro de la capacidad de pago del sector empresario en una economía atravesada por la debilidad del consumo, la caída de la actividad en ramas clave y el encarecimiento del financiamiento. Con tasas elevadas y ventas que no alcanzan para recomponer los ingresos, cada vez más compañías enfrentan dificultades para cumplir sus obligaciones, sostener sus operaciones y financiar inversiones. La alarma crece ante el riesgo de que esta situación termine profundizando la paralización productiva y la pérdida de puestos de trabajo.

La situación de las familias tampoco ofrece señales tranquilizadoras. Aunque la cantidad de personas físicas con algún grado de mora bajó un 1,1% en septiembre, hasta los 6,3 millones de CUITs, la mejora se concentró en los atrasos más recientes. En contraste, los casos más graves continúan escalando: 3,7 millones de CUITs ya se encuentran en situación crediticia 5, considerada irrecuperable, frente a los 1,8 millones de enero de 2025. En ese período, la cifra más que se duplicó.

El deterioro también aparece en el crédito a los hogares. Según un relevamiento de EcoGo y la Universidad Austral correspondiente a agosto de 2026, la morosidad alcanzó el 18,4% del monto total de los préstamos a familias. Se trata de un aumento de 9,8 puntos porcentuales interanuales y de 22 meses consecutivos de subas, una señal contundente de las dificultades crecientes para llegar a fin de mes y cumplir con las deudas.

La situación es todavía más delicada en el financiamiento no bancario, donde la irregularidad alcanzó el 31,7% del crédito, prácticamente el doble del 16,1% registrado en el sistema financiero tradicional. En provincias como Misiones, la mora de los proveedores no financieros llegó al 39,6%, mientras que en San Luis trepó al 37,3%. El encarecimiento del crédito y la acumulación de obligaciones impagas profundizan así la vulnerabilidad de los sectores que recurren a estas alternativas de financiamiento.

El mapa provincial también refleja fuertes desigualdades. La Rioja encabeza los niveles de morosidad familiar por monto, con el 26,2%, seguida por Santa Cruz y San Luis, ambas con el 24,2%. En el extremo opuesto aparecen La Pampa, con el 9,6%, y la Ciudad de Buenos Aires, con el 12,5%.

La combinación de empresas endeudadas, familias con dificultades para pagar y crédito cada vez más caro enciende una señal de alarma sobre la profundidad de la recesión. El Sistema de Evaluación de Riesgo Fidelitas se ubicó en 37,7 puntos y permaneció en la categoría de riesgo elevado. Aunque algunos indicadores muestran mejoras parciales, el deterioro crediticio y la debilidad de la actividad siguen condicionando cualquier recuperación.

La brecha entre sectores económicos agrava el panorama. Mientras la minería sostiene un desempeño favorable, la construcción retrocedió un 4,4% interanual y la industria manufacturera cayó un 3,2%, de acuerdo con los datos incorporados al informe. El superávit comercial tampoco alcanza para compensar el deterioro de las actividades que dependen del mercado interno y generan empleo.

A esta fragilidad se suma el costo del financiamiento. Las tasas elevadas encarecen los préstamos, restringen el consumo y postergan las inversiones, mientras empresas y familias deben destinar una porción cada vez mayor de sus recursos a cubrir compromisos financieros. El resultado es un círculo de difícil salida: menos consumo, menor actividad, ingresos debilitados y más incumplimientos.

El escenario financiero también enfrenta desafíos hacia 2027, cuando los vencimientos de deuda soberana alcanzarían los 25.000 millones de dólares entre capital e intereses, según el informe. La evolución de las reservas y la capacidad de refinanciamiento serán variables centrales en una economía que todavía no logra consolidar una recuperación amplia.

Los datos dejan al descubierto una contradicción central del programa económico: la estabilidad de algunos indicadores financieros convive con una creciente asfixia crediticia de empresas y hogares. Detrás de las cifras de mora hay compañías con dificultades para sostenerse, familias cada vez más comprometidas con sus deudas y sectores productivos que siguen perdiendo dinamismo. La crisis ya no se mide únicamente en inflación o caída del consumo: también se refleja en la incapacidad creciente de pagar lo que se debe.

El juez federal Martín Cormick sancionó al jefe de Gabinete con una multa de $100.000 por cada día de incumplimiento de la cautelar que obliga al Gobierno de Javier Milei a recomponer los salarios universitarios y actualizar los fondos para becas. La decisión llega a horas de una nueva Marcha Federal Universitaria y vuelve a poner en el centro de la escena el conflicto entre el Ejecutivo y las universidades públicas.

La Justicia avanzó contra el Gobierno nacional por no acreditar el cumplimiento de la medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). A pedido del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Cormick hizo efectiva la sanción económica contra Santilli, luego de que vencieran dos prórrogas de cinco días sin que el Ejecutivo demostrara haber acatado la resolución.

La multa se aplicará por cada jornada de demora y el magistrado dejó abierta la posibilidad de extender las sanciones a otros integrantes del gabinete libertario. La decisión constituye una nueva presión judicial sobre una administración que mantiene el conflicto presupuestario con las universidades públicas, pese a las resoluciones que respaldan la aplicación de la norma.

Salarios atrasados y becas, en el centro del reclamo

La cautelar exige recomponer de manera inmediata los ingresos del personal docente y no docente para compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación, además de actualizar las partidas destinadas a las becas estudiantiles.

Según las estimaciones incorporadas a la causa, la recomposición salarial prevista equivale a un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos de julio de 2025. La ley también establece actualizaciones periódicas vinculadas con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y contempla la actualización de los fondos para sostener a los estudiantes.

El Gobierno argumentó que otorgó aumentos y mantuvo las negociaciones paritarias, pero el juez consideró insuficientes las pruebas presentadas para demostrar el cumplimiento efectivo de la orden judicial.

La cautelar sigue vigente pese a la ofensiva del Gobierno

La medida fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Además, según los antecedentes del expediente, la Corte Suprema rechazó el 25 de junio un recurso presentado por el Estado.

En paralelo, continúa la controversia por el decreto 759/2025, cuyo artículo que condicionaba la aplicación de la ley a la disponibilidad presupuestaria fue declarado inconstitucional. La apelación del Gobierno sobre esa cuestión de fondo no suspendió los efectos de la cautelar.

La sanción contra Santilli se produce en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria, en un escenario de reclamos por salarios, becas y financiamiento. La Justicia puso un costo económico diario al incumplimiento: el Gobierno deberá responder por no demostrar que acata una orden judicial que exige garantizar los recursos previstos por ley para las universidades públicas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, planteó sin vueltas ante inversores que el swap de monedas con China – deuda externa, en definitiva – será lo que le permita al gobierno libertario afrontar las necesidades financieras de 2027. Todo el discurso “anti-comunista” de Javier Milei choca con la realidad: depende de la plata del Partido Comunista de China.

Mientras, el presidente vive en una realidad imaginada, donde alaba a Estados Unidos y habla de un cerco “contra el socialismo”. ¿Sabrá que en China gobierna el Partido Comunista? Ese comunismo no le molesta ya que no paran de cerrarse negocios con empresas chinas y se apunta a agrandar el swap con el gigante asiático, que no es otra cosa que más deuda externa.

De fondo, está la inconsistencia de la economía nacional. En 2027, el país deberá pagar 20 mil millones de dólares para afrontar diferentes vencimientos de deuda. Una ironía del destino: toda esa deuda fue tomada por Caputo en sus diferentes versiones como funcionario – de Macri y ahora de Milei – y ahora será Caputo el que deba encontrar alguna forma de pagarla. Habrá que ver si los comunistas chinos lo salvan…

La preocupación de los argentinos por la caída de los ingresos se sigue profundizando y ya supera largamente a la inflación. Se trata de un señal de alerta para Javier Milei, que se aferra al freno de la inflación como su principal carta electoral para 2027 y por ahora desoye a quienes le aconsejan aflojar el ajuste para mejorar salarios y el nivel de actividad. Desde 2023 cae la economía, suben la pobreza y el desempleo.

Una encuesta de Hugo Haime muestra que el 76 por ciento de los consultados dice que prefiere una mejora de los ingresos de la población antes que mantener la política antiinflacionaria. Esta segunda opción tiene un apoyo del 22 por ciento de los consultados.

El sondeo también indica que los bajos salarios son el problema que más afecta en la vida cotidiana, seguido por la inflación, la inseguridad y la desocupación. En la consulta sobre cuáles son los principales problemas del país lidera los bajas salarios seguido de la falta de trabajo.