Según la encuesta de D’Alessio/Berensztein, la aprobación a la gestión cayó 11 puntos entre los propios votantes de La Libertad Avanza.

La más reciente encuesta de D’Alessio/Berensztein ha arrojado datos alarmantes para el gobierno de Javier Milei, mostrando un crecimiento significativo del descontento entre sus propios votantes. A medida que avanza su mandato, las políticas de ajuste económico y las decisiones unilaterales, como el uso creciente de decretos, comienzan a generar cada vez más dudas entre quienes inicialmente lo apoyaron. Esta situación podría tener un impacto directo en las elecciones legislativas de 2025, consideradas un termómetro social crucial para el futuro político del país.

La encuesta revela que la aprobación de la gestión de Milei cayó 11 puntos entre los votantes de La Libertad Avanza, lo que indica una tendencia preocupante. Esta pérdida de confianza refleja el malestar creciente ante las políticas del gobierno, especialmente aquellas relacionadas con el ajuste económico y la incertidumbre sobre el futuro.

El gobierno de Milei enfrenta una desaprobación del 54% y una aprobación del 45%, según la encuesta realizada entre el 27 y el 30 de septiembre de 2024. Entre los votantes de su propio espacio político, La Libertad Avanza, la aprobación se ha reducido al 72%, tres puntos menos que el mes anterior, lo que refuerza la idea de que cada vez más personas empiezan a cuestionar las promesas de cambio del presidente.

Entre los temas que más preocupan a los argentinos se destacan la inseguridad (68%), la incertidumbre económica (66%) y la inflación (60%). Aunque algunos votantes de Milei mantienen expectativas optimistas sobre la economía futura, con un 77% creyendo que mejorará en el próximo año, el número de arrepentidos sigue en aumento, especialmente debido a factores como el aumento de tarifas, la falta de recuperación salarial y el alza constante de los precios.

Uno de los aspectos más llamativos es que, mientras el presidente recurre cada vez más a gobernar por decreto, lo que algunos perciben como un gesto de debilidad, otros líderes dentro de su espacio, como Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, mantienen una alta imagen positiva. Villarruel lidera con un 52% de imagen favorable, superando al propio presidente, lo que podría alimentar tensiones internas dentro de La Libertad Avanza.

El creciente número de arrepentidos entre los votantes de Milei y el debilitamiento de su imagen pública ponen en evidencia un gobierno que, lejos de consolidarse, enfrenta serias dificultades para mantener la confianza de quienes lo llevaron al poder.

Toyota lanzó un nuevo plan de retiros voluntarios con el que busca reducir 120 empleos y se prepara para recortar uno de los turnos de producción.

Toyota Argentina enfrenta una profunda crisis en medio de las medidas económicas del gobierno, lo que ha llevado a la automotriz a anunciar un nuevo plan de retiros voluntarios. Esta vez, la reducción afectará a 120 empleados fuera de convenio, en su mayoría jefes y personal de staff, representando el 7% de su plantilla en esa categoría. La empresa ya había implementado un primer plan de retiros en abril, cuando eliminó 400 puestos de operarios bajo convenio en su planta de Zárate.

Estos recortes son consecuencia directa de la caída en la demanda, especialmente en los mercados de exportación, lo que ha obligado a Toyota a ajustar su producción. La empresa proyecta una fabricación de 160,000 unidades para 2024, una cifra significativamente menor a los 180,000 vehículos producidos en 2023. Esta reducción también pone en duda la continuidad del tercer turno de producción, implementado tras un acuerdo con sindicatos y proveedores. Ahora, la empresa estudia volver a operar solo con dos turnos a partir de enero de 2025.

La crisis que atraviesa Toyota refleja un problema mayor que afecta a todo el sector automotriz argentino, golpeado por la caída en la demanda externa y la incertidumbre económica interna. Las medidas de ajuste buscan evitar conflictos laborales, negociando con los gremios para minimizar el impacto del cierre del turno. Sin embargo, la presión desde Brasil para acelerar los recortes complica aún más la situación, mientras se intenta que la transición se realice a partir de febrero o marzo de 2025.

La combinación de recortes de personal, caída en la producción y reducción de turnos pone de manifiesto la severa crisis que enfrenta el sector automotriz en Argentina, exacerbada por las medidas económicas del gobierno y la disminución de la demanda en mercados clave.

El proyecto de presupuesto presentado por Milei otorga amplios recursos a las áreas dirigidas por Karina Milei y Santiago Caputo.

El debate sobre el presupuesto 2025 acentúa aún más las contradicciones del gobierno de Javier Milei, que prioriza áreas vinculadas a su círculo cercano mientras recorta recursos esenciales para la educación, la salud y las provincias. Los ajustes propuestos en el presupuesto revelan una estrategia fiscal que favorece a ciertos sectores, como la Secretaría General de la Presidencia comandada por Karina Milei y la SIDE de Santiago Caputo, que verán incrementos significativos de más del 100%, mientras que áreas fundamentales como la educación pública y las jubilaciones sufrirán reducciones o aumentos mínimos que no compensan la inflación.

El presupuesto 2025, que ha generado malestar en las provincias, fue rechazado por varios gobernadores, incluyendo aliados del gobierno, quienes critican la falta de diálogo y el incumplimiento de promesas. Estos mandatarios, enfrentados a la presión de ajustar fiscalmente sus distritos debido a la disminución de fondos para la obra pública, el transporte y la coparticipación, también cuestionan el veto de Milei a la ley de financiamiento educativo. Este veto es un reflejo de la contradicción entre el discurso de austeridad y las decisiones presupuestarias, que sacrifican el acceso a la educación pública en favor de partidas que benefician directamente a los sectores más cercanos al poder.

El presupuesto 2025 destina solo $3,8 billones a las 62 universidades del país, la mitad de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional, lo que amenaza el funcionamiento básico de estas instituciones. Esta reducción choca con el incremento desmesurado de recursos a otras áreas, lo que deja en evidencia una gestión que por decisión política parece privilegiar el control policial de la sociedad, mientras desatiende la inversión en el futuro del país, representado por la educación y la salud.

El conflicto se intensifica con los pedidos de los gobernadores y la oposición, quienes exigen una redistribución justa de los fondos hacia las universidades, jubilaciones y provincias. A medida que se discute el presupuesto, la oposición ha señalado que parte de los recursos que se destinarán a estos sectores provendrán de recortes a las áreas privilegiadas por Milei, como la SIDE y la Secretaría General de la Presidencia. Así, el debate del presupuesto 2025 expone la profunda tensión entre los intereses particulares del gobierno y las necesidades urgentes de la población, en especial de los sectores más vulnerables.

Solo para la provincia de Buenos Aires, esta quita representaría $ 1,2 billones.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2025, aprobado por el Congreso tal como fue presentado por el Poder Ejecutivo, incluye un fuerte ajuste que recorta US$ 5.000 millones en ingresos para las provincias, con un impacto particularmente severo en Buenos Aires.

Según un informe de la Fundación Encuentro basado en datos oficiales, la reducción de ingresos responde a la eliminación de tres asignaciones específicas: el 11% del IVA, los fondos y fideicomisos del impuesto a los combustibles, y el componente impositivo del Monotributo que se destina a la Seguridad Social. Estas medidas implican una resignación de $ 6 billones para las provincias.

Buenos Aires, la provincia más afectada, enfrentaría una pérdida de $ 1,2 billones. Este ajuste presupuestario parece estar dirigido con especial dureza hacia la provincia a la cual busca someter por la vía de la asfixia económica, alimentando las críticas de un ensañamiento particular del gobierno de Javier Milei con el distrito más grande del país.

El tipo de cambio proyectado en el Presupuesto a diciembre de 2025 convierte esta quita en un equivalente a unos US$ 5.000 millones, que impactará fuertemente en los recursos provinciales.

La empresa es la única que fabricaba TDI en Latinoamérica, un producto usado en la industria automotriz y colchonora.

La falta de protección a la industria nacional y las consecuencias de la competencia desleal de productos importados vuelven a impactar en el mercado interno. Petroquímica Río Tercero, la única empresa en Latinoamérica que fabricaba Diisocianato de Tolueno (TDI), dejará de producir este insumo clave a partir de la próxima semana, lo que ha provocado el despido de 125 de sus 375 empleados.

El TDI es utilizado principalmente en las industrias automotriz y de colchones, sectores que ya enfrentan una caída global en ventas. Sin embargo, el mayor golpe proviene de la creciente oferta de TDI por parte de industrias asiáticas, particularmente en China, donde los costos de producción son considerablemente más bajos debido a las condiciones desiguales de competencia. La empresa señaló en un comunicado que su capacidad limitada le impide competir con gigantes internacionales y que esta decisión es el resultado de un proceso de deterioro que ha enfrentado en los últimos años.

La sustitución de la producción local por productos importados más baratos no solo afecta a la empresa, sino que también tiene un impacto en otros sectores. La Fábrica Militar Río Tercero, que provee el 90% del ácido nítrico que utiliza Petroquímica para fabricar TDI, se verá directamente perjudicada.

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, expresó su preocupación por el “efecto dominó” que esta decisión puede tener en la economía local. Ferrer destacó que las importaciones chinas del producto, con precios más bajos, han dejado a la empresa fuera de competencia, hasta el punto de que ahora consideran más rentable convertirse en importadores que continuar produciendo localmente. También pidió la intervención del Gobierno para limitar las importaciones y proteger a la única industria latinoamericana que fabricaba este producto.

Esta situación expone las consecuencias de no contar con medidas que protejan a la industria nacional frente a las importaciones masivas, poniendo en riesgo empleos locales y la viabilidad de sectores estratégicos para la economía del país.

Según un estudio del sector la actividad cayó 5,4% en el mes y 22% interanual.

La recesión económica y el colapso del mercado interno están impactando de manera significativa a la industria de la construcción, según revela el Índice Construya difundido este lunes. En septiembre, la venta de insumos para la construcción cayó un 5,43% en comparación con agosto, y un alarmante 22% interanual.

“En agosto experimentamos por segundo mes consecutivo una reducción en las ventas de materiales para obras residenciales. Creemos que la recuperación depende en gran medida de la reactivación de las obras privadas, impulsada principalmente por la expansión del crédito hipotecario, aunque en menor medida también por la regularización de fondos no declarados”, señala el informe.

Entre enero y septiembre de 2024, los despachos del grupo Construya fueron un 28,6% menores que los realizados durante los primeros nueve meses de 2023, lo que pone en evidencia el deterioro sostenido en el sector.

El índice refleja la evolución de la demanda de productos esenciales para la construcción, tales como ladrillos cerámicos, cemento portland, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos, pastinas, y materiales eléctricos, entre otros. La fuerte contracción en estos volúmenes resalta el impacto negativo que la crisis económica está teniendo sobre uno de los sectores clave para la recuperación del empleo y la actividad económica del país.

El presidente Javier Milei protagonizó una insólita situación en redes sociales, en el marco del conflicto entre el Gobierno y las universidades nacionales. El mandatario quiso cruzar a una casa de altos estudios del interior por su cantidad de empleados en relación al número de alumnos, pero planteó al revés la cuenta y llegó a un resultado disparatado.

“Universidad Nacional de Rosario. Alumnos: 85.000. Empleados: 10.500. ¿8 empleados por cada alumno? Se los dejo para pensar…”, escribió el Presidente a las 7:39 en su cuenta de X (ex-Twitter), su red social favorita.

El resultado erróneo de 8 trabajadores por alumno fue utilizado para abonar su planteo sobre las universidades como “curro”. Sin embargo, al plantear correctamente la situación se extrae que hay 8 alumnos por empleado. El presidente, que se jacta de ser experto en economía, no pudo resolver una cuenta elemantal. Si se hubiera querido saber la cantidad de empleados por alumno, la operación a realizar era dividir 10.500 por 85.000, que da una cifra de 0,12 trabajadores cada un estudiante.

La decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), Adriana Rodríguez, expresó su profunda “preocupación” ante la creciente renuncia docentes e investigadores de la Institución.

Rodríguez señaló que una de las principales causas es la desactualización salarial que afecta a todos los docentes y nodocentes de universidades públicas. “El salario sufrió una desactualización varios puntos por debajo de los incrementos que se le han dado a otros trabajadores del Estado”, afirmó.

En este sentido, alertó que la situación de retraso presupuestario acumulada durante todo el año generó que muchos docentes jóvenes de FAUBA, con posgrados y trayectorias en investigación, abandonaron sus puestos para radicarse y trabajar en universidades del exterior, en países como Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Francia e Inglaterra.

“Estamos perdiendo lo más valioso que produce la universidad pública: profesionales altamente calificados, que sostienen la investigación y el desarrollo tecnológico para las distintas actividades en nuestro país. Nuestros docentes e investigadores están muy bien calificados y son reconocidos por sus pares internacionales”, destacó la decana.

Sin embargo, remarcó que hoy en día un auxiliar docente, ayudante de primera o jefe de trabajos prácticos, con título de doctorado y dedicación exclusiva cobra no más de 900 mil pesos por mes. “Y a esto se suma la parálisis del sistema de Ciencia y Técnica, no hay suficientes recursos para llevar adelante la investigación”, agregó. Y recordó que entre el 90 y el 95 por ciento de los fondos al pago de salarios docentes y no docentes.

El oficialismo, en alianza con Pro, logró 85 votos para blindar la decisión presidencial, mientras que la oposición tuvo 159 y no alcanzó los dos tercios; hubo cinco abstenciones y ocho ausencias

Tras el veto total que impuso el presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y las más que masivas movilizaciones que se registraron en su defensa en las principales ciudades del país, la oposición insistió este miércoles en Diputados con la iniciativa que defiende la educación pública frente a los embates ajustadores del oficialismo, no logrando imponerse en los votos.

De esta manera, quedó ratificado el veto del Presidente al financiamiento universitario, gracias a los 84 votos negativos que impidieron que la Ley mencionada se convirtiera en norma.

La sesión especial que inició alrededor de las 11, contó -además- con 160 votos afirmativos a favor de la norma que quedó truncada y 5 abstenciones.

El #Veto al presupuesto universitario es un golpe directo a la educación pública. Es inadmisible que, una vez más, quienes dicen representar al pueblo, recorten en el futuro de miles de estudiantes.

Es un veto a la igualdad, a las oportunidades y al desarrollo de nuestra… pic.twitter.com/O4zKso58Lr

— Luz Santangelo Carrizo (@mluz_sc) October 9, 2024

Con 84 votos negativos, Diputados ratificó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

La sesión especial en la Cámara baja inició alrededor de las 11 y, pasadas las 15, el Congreso votó, confirmando la vigencia del veto de Javier Milei al financimiento de las universidades públicas.

El dirigente social Juan Grabois denunció a través de sus redes sociales que Fernanda Miño fue víctima de un “allanamiento ilegal”.  

El dirigente social Juan Grabois denunció a través de sus redes sociales que Fernanda Miño, exsecretaria de Integración Sociourbana y presidenta del Fideicomiso de Integración Socio Urbana (FISU), fue víctima de un allanamiento ilegal por parte de la Policía de la provincia de Buenos Aires. El hecho habría ocurrido en la vivienda de Miño, ubicada en el barrio Villa La Cava, San Isidro, en medio de una operación que Grabois calificó como un “accionar propio de la dictadura”.

Según el líder del Frente Patria Grande, “policías encapuchados y armados con largas” irrumpieron violentamente en la casa de Miño la noche del allanamiento. “Gravísimo. Fernanda Miño llegó a su casa en Villa La Cava, tras participar en la presentación del documental de Ofelia Fernández, y fue sorprendida por un grupo de policías encapuchados con armas largas que estaban escondidos. Se metieron violentamente por detrás. No la dejaron comunicarse con su abogado y no indicaron ninguna causa”, expresó Grabois en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Gravisimo. Fernanda Miño llegó a las 22hs a su casa en Villa La Cava de San Isidro de la presentación del documental de Ofelia Fernández. Los vecinos nos informan que cuando abrió la puerta, un grupo de policías encapuchados con armas largas que estaban escondidos se metieron…

— Juan Grabois (@JuanGrabois) October 9, 2024

Violencia policial y acusaciones infundadas

Más tarde, Grabois amplió la denuncia, detallando el nivel de violencia ejercido contra Miño y su familia. “Llegamos al lugar y los policías se fueron a los cinco minutos. Durante dos horas revolvieron la casa, golpearon a Fernanda y la tiraron al piso, también golpearon a sus hijas. Las niñas están completamente aterrorizadas”, relató. Miño, madre de cuatro niñas, quedó visiblemente afectada tras el operativo.

El dirigente también criticó la justificación oficial para el allanamiento, que según él, fue por el robo de una moto. “¿Por el robo de una moto? ¿Se piensan que vamos a creer que por algo así hacen un allanamiento a las 10:30 de la noche, cuando Fernanda regresaba de una actividad política? Esto es una clara persecución. Son nuestros enemigos, cobardes con los de arriba y fuertes con los de abajo”, enfatizó el exprecandidato presidencial.

Grabois fue contundente: “No vamos a dejar pasar esto”, y anunció que el equipo de abogados de Patria Grande tomaría acciones legales. Además, advirtió sobre la complicidad de las fuerzas de seguridad con grupos narcos en la zona. “Mientras a Fernanda la allanan por una moto, en este barrio los narcotraficantes siguen envenenando a los pibes todos los días y nadie hace nada”, agregó con indignación.

El rol de Fernanda Miño en la Secretaría de Integración Sociourbana

Fernanda Miño, una reconocida militante social y profesora de catequesis villera, desempeñó un rol clave en la Secretaría de Integración Sociourbana durante la gestión de Alberto Fernández. Fue presidenta del Fideicomiso de Integración Socio Urbana (FISU), un organismo creado por ley para financiar proyectos en barrios populares a través de fondos del impuesto PAIS y otros aportes extraordinarios, como el implementado durante la pandemia. Además, fue concejal en San Isidro y candidata a intendenta por el Frente de Todos.

En febrero de este año, tanto Miño como Grabois fueron denunciados por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos del FISU, lo que los colocó en el centro de la opinión pública. Sin embargo, para Grabois, este allanamiento no es más que un nuevo intento de persecución política y social contra quienes defienden los derechos de los sectores más vulnerables.