El presidente: Javier Milei dijo que él tiene su futuro asegurado dando conferencias y que si los argentinos no lo votan el año que viene se estarán “suicidando” como sociedad. Un mensaje con un sub texto derrotista que coincide con los problemas en el modelo económico y su caída en las encuestas, En 2019, cuando Mauricio Macri perdió por escándalo en las PASO presidenciales también se enojó con la gente que votó en contra y no reconoció sus “reformas”.

El presidente lanzó esa mirada apocalíptica en el cierre del evento “Vientos de cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso en el hotel Sheraton de Retiro, evento al que eligió ir en lugar de participar de la conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), con la que el Gobierno tuvo un choque frontal este miércoles. Hizo bien: en la UIA trataron al gobierno de “endeudador” y al ministro de Economía, Luis Caputo, de “trader”. Mejor no ir.

“No puede ser que nos traguemos todas las mentiras de este conjunto de delincuentes”, dijo en otro ataque a los periodistas. “Si la sociedad no nos vota, se está suicidando”, afirmó. Milei está enojado porque la gente no acepta su política económica que cada día genera cierra de empresas, despidos e ingresos que no sirven para cubrir los gastos de un mes.

El ministro de Economía aseguró que se “desloma” para que el supuesto cambio llegue a todos, pero reconoció que incluso dentro de dos años habrá argentinos que seguirán sin poder llegar a fin de mes.

Luis “Toto” Caputo eligió una palabra particularmente desafortunada para pedirles paciencia a los argentinos. “Nos deslomamos para que este cambio continúe y se dé para todos lo más rápido posible”, aseguró el ministro de Economía. La expresión remite inevitablemente a Manuel Adorni, quien había utilizado el mismo término para justificar su supuesto sacrificio durante un viaje oficial y terminó convirtiéndolo en una de las frases asociadas a los cuestionamientos sobre su gestión y su escandaloso patrimonio.

Pero el problema para Caputo no fue solamente la elección de la palabra. El ministro acompañó su apelación al sacrificio con una admisión mucho más preocupante: reconoció que incluso dentro de dos años habrá argentinos que no llegarán a fin de mes. “Siempre va a haber alguien que esté mal”, sostuvo al defender el programa económico y reclamar paciencia para que sus supuestos beneficios alcancen al conjunto de la sociedad.

La frase resulta particularmente impactante en un contexto de fuerte deterioro económico y social, con hogares que enfrentan dificultades para sostener sus ingresos y mantener su nivel de consumo. En lugar de anunciar una mejora concreta para quienes más sufren el ajuste, Caputo anticipó que las dificultades persistirán durante años y pidió nuevamente tiempo a una población que ya viene soportando el costo de las políticas del Gobierno.

Incremento patrimonial del ministro

El pedido de paciencia coincidió, además, con la presentación de la declaración jurada de Caputo correspondiente a 2025. El ministro informó bienes, depósitos y dinero por $19.509 millones al cierre del año, frente a los $11.851 millones declarados al comienzo, lo que representa un incremento nominal de casi $7.700 millones.

El dato que más llama la atención aparece en la composición de ese patrimonio: Caputo declaró alrededor de $12.422 millones en depósitos en el exterior, mientras que sus ahorros en la Argentina rondaron los $600 millones. De acuerdo con esos números, cerca del 95% de sus ahorros declarados estaban fuera del país y aproximadamente el 68% de su patrimonio se encontraba radicado en el exterior.

En el Gobierno, la elección de la palabra “deslomamos” no pasó inadvertida. Un empresario industrial que participó de la conferencia de la UIA ironizó: “Parece el gobierno de los deslomados. Cada vez que alguno dice que se desloma, conviene agarrarse la billetera”.

La comparación con Adorni es inevitable. En marzo, el entonces jefe de Gabinete había utilizado la misma expresión para explicar por qué su esposa lo acompañó durante un viaje oficial a Nueva York: dijo que quería tenerla cerca porque iba a pasar una semana allí “deslomándose”. La explicación terminó generando más cuestionamientos y convirtió la palabra en una etiqueta política asociada al contraste entre el discurso oficial de austeridad y las condiciones de vida y privilegios de sus funcionarios.

Ahora Caputo decidió recuperar aquella expresión en un momento especialmente sensible. Mientras reclama paciencia y asegura trabajar para que el cambio llegue “a todos”, también defendió que la economía avance a “dos velocidades”: una dinámica para los sectores vinculados a la generación de dólares y otra muy diferente para buena parte de la sociedad.

Para justificar esa estrategia, el ministro recurrió incluso a una comparación futbolística. Dijo que era como tener a Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández sentados en el banco y sostuvo que la economía debía priorizar a los sectores exportadores, porque serán las exportaciones las que impulsen el crecimiento.

El mensaje de Caputo quedó así atravesado por una contradicción difícil de disimular: mientras pide paciencia y admite que todavía habrá argentinos que no podrán llegar a fin de mes, asegura que el Gobierno trabaja para que los beneficios del modelo alcancen a todos. La promesa de prosperidad futura vuelve a quedar, una vez más, frente a una realidad en la que el costo del ajuste se hace sentir en los hogares mucho antes de que llegue la recuperación prometida.

La crisis del mercado interno ya impacta incluso sobre las grandes empresas de la industria nacional. Mastellone Hermanos, productora de La Serenísima, cerró el primer semestre de 2026 con pérdidas por $4.791 millones, más de cuatro veces el rojo registrado en el mismo período de 2025.

El dato refleja el deterioro que atraviesa el consumo de los hogares. Para cada vez más familias, productos básicos como la leche, el yogur y el queso se volvieron difíciles de sostener en el presupuesto mensual. El ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei profundizó la pérdida de poder adquisitivo y dejó a amplios sectores de la población recortando incluso alimentos esenciales.

Los números del balance son contundentes. Mastellone registró ingresos por $908.674 millones, pero esa facturación implicó una caída real del 6,7%. El golpe más fuerte apareció en el mercado interno: las ventas locales se desplomaron un 10,3%, mientras que las exportaciones crecieron 10,5% y ya explican el 19% de la facturación de la compañía.

La caída del consumo golpea a La Serenísima

La rentabilidad también sufrió un fuerte deterioro. El margen bruto cayó del 25,7% al 23,7%, mientras que los gastos comerciales aumentaron 2,8%. Dentro de esos costos, los fletes tuvieron un peso determinante: pasaron de $137.510 millones a $148.045 millones. El resultado antes de impuestos pasó de una pérdida de $7.925 millones a un rojo de $10.647 millones.

El deterioro de La Serenísima no aparece como un fenómeno aislado. Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), las ventas de lácteos en supermercados retrocedieron un 10% en términos reales durante el primer semestre de 2026.

Menos leche, menos yogur y menos queso en las mesas argentinas significan también menos ventas para la industria. La retracción del consumo interno empieza a dejar una huella cada vez más profunda sobre el entramado productivo y alcanza incluso a compañías líderes que durante décadas fueron símbolos de la industria alimenticia argentina.

Un nuevo desafío para los dueños de La Serenísima

El balance corresponde al último período bajo la conducción anterior de Mastellone Hermanos. En marzo, Arcor y Danone acordaron adquirir el 51,32% del capital de la compañía que estaba en manos de la familia fundadora y de Dallpoint Investments. El 1° de agosto asumieron el control efectivo.

Ahora, los nuevos propietarios deberán enfrentar una situación particularmente delicada: recuperar la rentabilidad de una empresa golpeada por el derrumbe del mercado interno, en un escenario donde millones de consumidores redujeron sus compras y los alimentos básicos dejaron de ser un gasto automático para convertirse en un consumo que muchas familias deben recortar.

El caso de La Serenísima funciona así como una señal de alarma sobre la profundidad de la crisis del consumo: si la retracción de la demanda ya golpea con semejante fuerza a la mayor empresa láctea del país, las consecuencias sobre toda la cadena productiva pueden ser todavía mayores.

Sacado, el presidente Javier Milei ordenó vaciar el acto por el Día de la Industria furioso porque el vicepresidente de la UIA dijo que el libertario no conoce el país y que Toto Caputo es un trader y un endeudador. Los industriales están furiosos con Casa Rosada porque su política económica puso al sector en crisis. Nunca antes, desde la salida de la convertivilidad, la industria estuvo tan mal, con porcentajes de capacidad ocupada tan bajos. Milei lo hizo.

El presidente ya había decidido no ir al acto de la Unión Industrial Argentina y también se había bajado el ministro de Economía, que está en Estados Unidos. Ambos venían con declaraciones picantes contra el sector y la recepción no iba a ser la más cálida.

Milei dispuso que el enviado del gobierno sea el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pero a último momento le ordenó que no vaya. También bajaron al ministro de Salud, Mario Lugones, que asistiría con la excusa de que el acto se realizó en el laboratorio Elea de Sigman y Sielecki.

El único representante oficial en el acto de la UIA fue el secretario de Industria, Pablo Lavigne, un funcionario de tercer orden y sin peso propio en el gabinete, lo que expone el desprecio de Milei por el acto.

La gestión libertaria fijó un nuevo incremento del Salario Mínimo Vital y Móvil tras el fracaso del Consejo del Salario. La peculiaridad es que en esta oportunidad los incrementos quedaron por debajo, incluso, de lo que habían ofrecido los empresarios. El aumento será de los actuales 378 mil a 383, es decir, 5000 pesos. Miserable.

En una determinación sin precedentes, la gestión libertaria de Javier Milei fijó nuevos miniaumentos del Salario Mínimo Vital y Móvil que están pode debajo de lo que los propios representantes empresarios le habían ofertado a las centrales sindicales el pasado viernes en la reunión preparatoria del plenario, que nunca se concretó.

La nueva escala fue oficializada este miércoles 2 de septiembre mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, luego de que los representantes sindicales abandonaran la reunión del organismo por la “oferta irrisoria” que recibieron. Los empresarios argentinos propusieron 6 mil pesos, el gobierno impuso 5 mil.

Ahora Milei va más allá. El Gobierno fijó miniaumentos que llevan el haber legal a 383.800 pesos desde el 1° de septiembre y terminan en 437 mil pesos en abril del año próximo.

La determinación queda por debajo de lo que estaban dispuesto a pagar los empresarios. «Nos ofrecieron 468 mil pesos recién en abril del año que viene. No lo vamos a convalidar, no vamos a ir al plenario y no van a tener quorum«, le había dicho Cristian Jerónimo a InfoGremiales a minutos de haber terminado el primer encuentro del viernes pasado.

La CGT como las CTA habían reclamado elevar el Salario Mínimo Vital y Móvil a 993.000 pesos a diciembre de este año. Implicaba casi triplicar el monto que se percibe actualmente por la prestación mínima legal en el país.

La evolución de los sueldos en la Cámara Alta muestra cómo el desacople de las dietas y el enganche a los módulos legislativos impulsaron un salto nominal del 718,75% entre el fin del mandato de Alberto Fernández y las proyecciones salariales vigentes.

Para comprender la magnitud de las transformaciones salariales en el Congreso Nacional, resulta indispensable fijar la línea de base en el cierre de la gestión previa. Al concluir el mandato de Alberto Fernández en diciembre de 2023, la dieta bruta de un legislador nacional se ubicaba en torno a los $1.600.000 (lo que representaba un ingreso neto cercano a los $1.300.000). Durante aquel período, los haberes de diputados y senadores se mantenían acoplados a la paritaria general del personal del Congreso, acumulando ajustes acordes a la inflación pero dentro de un esquema de actualización uniforme.

El punto de inflexión definitivo ocurrió durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Tras un incremento inicial del 30% otorgado a comienzos de 2024 que elevó los sueldos a $2,5 millones, la Cámara de Senadores resolvió cambiar drásticamente las reglas del juego. En abril de 2024, mediante la aprobación de la Resolución 9/24 votada a mano alzada, la Cámara Alta desenganchó su dieta del criterio tradicional y fijó un nuevo sistema de cálculo compuesto por 4.500 módulos (2.500 de dieta, 1.000 de gastos de representación y 1.000 de desarraigo, sumado a un proporcional de aguinaldo). Esta decisión disparó de manera inmediata la dieta bruta a más de $7.000.000, marcando un incremento directo del 337,5% en cuestión de días.

A partir de esta reestructuración, la dinámica de aumentos pasó a funcionar como un mecanismo automático de actualización. Al estar las dietas expresadas en módulos salariales, cualquier incremento porcentual que se negocie para los empleados del Parlamento nacional (APL) o los trabajadores estatales se traslada de forma directa al valor nominal del módulo de los senadores. De este modo, la dieta dejó de depender de votaciones periódicas y pasó a indexarse al ritmo de las paritarias sectoriales.

El impacto acumulativo de este mecanismo reflejó un salto significativo a lo largo de las paritarias subsecuentes. Con los reajustes pautados entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos, la remuneración bruta de un integrante de la Cámara Alta superó los $13.100.000 brutos. Al comparar este valor proyectado con la base de $1.600.000 con la que finalizó el ciclo de Alberto Fernández, el incremento nominal acumulado en los haberes de los senadores alcanza un imponente 718,75%.

En contraste, la Cámara de Diputados transitó un camino más atenuado pero de fuerte recomposición, manteniendo congelamientos temporales y fijando acuerdos diferenciados que ubicaron sus ingresos en tramos sensiblemente inferiores a los del Senado. La disparidad en la evolución salarial entre ambas cámaras no solo expone las distintas estrategias políticas ante el impacto en la opinión pública, sino que también deja en evidencia cómo la elección del modelo de cálculo por módulos transformó estructuralmente los ingresos de los representantes en la Cámara Alta.

El diputado nacional destacó el acompañamiento político al documento y luego reconstruyó el clima que atravesaba la expresidenta antes del intento de asesinato. Apuntó contra el hostigamiento mediático y judicial y sostuvo que ese contexto contribuyó a naturalizar la violencia contra su figura.

Máximo Kirchner agradeció a los distintos espacios políticos que acompañaron con su firma el documento y, durante su intervención, realizó un repaso de los días previos al intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner.

El diputado recordó que, en aquellos días, la entonces vicepresidenta regresaba desde el Senado hacia su casa luego de mantener distintas actividades vinculadas con la gestión. Entre ellas, mencionó una reunión con representantes de Petronas por el desarrollo de Vaca Muerta y el proyecto de gas natural licuado.

A partir de allí, reconstruyó el escenario que se había generado alrededor del domicilio de Cristina, en Juncal y Uruguay, donde durante varios días se concentraron manifestantes y se produjeron distintos episodios de tensión.

Máximo apuntó contra el clima previo al atentado

Kirchner sostuvo que Cristina atravesaba un período de “hostigamiento permanente” y señaló particularmente las medidas de seguridad instaladas alrededor de su vivienda y el tratamiento que recibía por parte de sectores de los medios de comunicación y del Poder Judicial.

En ese contexto, mencionó el juicio por la obra pública y las acusaciones formuladas contra la expresidenta durante el proceso judicial. Según planteó, ese tratamiento contribuyó a construir un escenario en el que la violencia contra Cristina podía terminar siendo naturalizada.

El diputado también recordó las primeras reacciones posteriores al ataque ocurrido el 1° de septiembre de 2022, cuando parte del debate público puso en duda que el agresor hubiera utilizado un arma.

Con el correr de las horas, las imágenes del intento de disparo contra la entonces vicepresidenta permitieron confirmar la gravedad del episodio.

Para Máximo, el atentado representó un hecho de una magnitud excepcional para la democracia argentina y debe ser analizado también en relación con el clima político y social que lo precedió.

El recuerdo del intento de asesinato

El dirigente de La Cámpora sostuvo que el ataque no puede ser considerado como un hecho aislado y vinculó el intento de asesinato con el proceso de deshumanización que, según su mirada, había sufrido la figura de Cristina durante los meses anteriores.

En su intervención, remarcó además que el objetivo debe ser evitar que hechos de esa naturaleza vuelvan a repetirse y reivindicó el acompañamiento de los distintos sectores políticos que suscribieron el documento.

El recuerdo se produjo a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del intento de magnicidio contra Cristina, ocurrido frente a su domicilio mientras saludaba a los militantes que se habían acercado hasta Recoleta.

Felipe Núñez, asesor de Luis “Toto” Caputo y director del BICE, obtuvo un crédito de USD 315.000 del Banco Nación a una “tasa amigable” y compró una propiedad de casi 400 metros cuadrados en San Isidro.

El escándalo por los créditos millonarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y personas vinculadas al Gobierno de Javier Milei suma un nuevo capítulo. Esta vez, el protagonista es Felipe Núñez, uno de los principales defensores de Luis “Toto” Caputo en redes sociales y actual director del BICE, quien obtuvo un préstamo de USD 315.000 para adquirir una casa de lujo de casi 400 metros cuadrados en San Isidro.

La información fue revelada por el periodista Ari Lijalad, de El Destape, a partir de la declaración jurada de Núñez. Según ese documento, el 1 de noviembre de 2024 incorporó a su patrimonio un inmueble de 389 metros cuadrados en uno de los distritos más caros del país.

Tras la aparición de la información y el creciente cuestionamiento por los créditos otorgados por el Nación, Núñez salió a defenderse y aseguró: “Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral”. Según explicó, accedió al préstamo bajo las mismas condiciones que cualquier persona considerada apta para recibirlo y justificó haber elegido el Banco Nación porque allí cobra su salario.

Sin embargo, el caso adquiere otra dimensión cuando se observa quiénes más accedieron a esta línea crediticia. Núñez aparece junto a otros integrantes o dirigentes cercanos al oficialismo, entre ellos Federico Furiase, Sharif Menem y el diputado Santiago Santurio.

El episodio genera especial controversia por el contraste entre el discurso libertario contra el Estado y el uso de una entidad bancaria pública para acceder a créditos destinados a financiar viviendas de alto valor. Los mismos dirigentes que cuestionan sistemáticamente el gasto estatal y presentan a la administración pública como una estructura ineficiente recurren a la banca estatal cuando necesitan financiamiento en condiciones convenientes.

Además, los créditos fueron otorgados durante la gestión de Daniel Tillard al frente del Banco Nación, lo que alimentó las sospechas sobre posibles preferencias políticas en el acceso a estas líneas crediticias y abrió nuevos interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar a los beneficiarios.

El escándalo también quedó expuesto por la decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de echar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que trascendiera que había recibido un crédito del Banco Nación por más de $400 millones. Aquella decisión buscó marcar un límite ético dentro del Gobierno, pero ahora también deja bajo presión a otros funcionarios que accedieron a préstamos de la misma entidad.

Así, el caso Núñez vuelve a poner el foco sobre una pregunta incómoda para el oficialismo: si la banca pública es presentada como parte de un Estado que debe reducirse al mínimo, ¿por qué sus funcionarios y dirigentes recurren a ella para obtener créditos millonarios y en condiciones consideradas favorables? La sucesión de casos amenaza con convertir los préstamos del Banco Nación en un nuevo frente de conflicto para el Gobierno de Milei.

La reunión entre las federaciones docentes y las autoridades nacionales fracasó ante la falta de una propuesta salarial concreta. Mañana habrá una jornada de protesta en todas las universidades del país en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo.

El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores de la educación superior suma un nuevo capítulo tras el fracaso de la reunión paritaria convocada por el Ministerio de Capital Humano. Las federaciones docentes, entre ellas la CONADU Histórica, rechazaron la falta de una oferta salarial acorde a la inflación y ratificaron un paro nacional para este miércoles 2 de septiembre. La medida paralizará las actividades académicas y administrativas en las 57 universidades públicas del país.

Desde las organizaciones gremiales denunciaron que la gestión oficialista continúa licuando los ingresos del sector, con sueldos que en su mayoría se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Señalan que la negativa del Poder Ejecutivo a recomponer el atraso acumulado desde el inicio de la gestión no es una omisión casual, sino una decisión política orientada al ahogo financiero de las casas de estudio.

La medida de fuerza incluirá no solo la suspensión de clases presenciales y virtuales, sino también visibilizaciones, ruidazos y clases públicas en distintas unidades académicas. Los docentes exigen la urgente actualización de los salarios, el pago de la garantía salarial y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), además del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

Frente a la falta de respuestas por parte del Estado, los referentes del sector advirtieron que el plan de lucha continuará profundizándose durante las próximas semanas. La comunidad universitaria ratificó que mantendrá la resistencia en las calles y en las aulas para defender la educación pública, gratuita y de calidad frente al ajuste impulsado por el Poder Ejecutivo.

Un nuevo escándalo se cierne sobre los Neuss, empresarios cercanos al gobierno de Javier Milei. Recientemente se conoció que el grupo ejecutó una vieja artimaña de las privatizaciones argentinas al pagar más de dos tercios de la compra de Transener con fondos que la propia transportadora de energía eléctrica tenía en su haber. En la década de 1990 pasó con muchas empresas públicas que pasaron al sector privado. Lindo negocio…

El pase desde manos del Estado al conglomerado privado se llevó a cabo en mayo cuando Economía se desprendió de la participación que Energía Argentina S.A. (ENARSA) poseía en Citelec, controlante de Transener, a cambio de u$s356,1 millones aportados por Edison Transmisión, del Grupo Edison que conforman Juan y Patricio Neuss, y Genneia.

¿De donde salió esa plata? En principio, de los nuevos empresarios. Pero recuperaron ese pago con fondos que salieron de la propia Transener, que los había acumulado durante su etapa estatal. Es decir, la empresa pública pagó su propia privatización. Para los empresarios cercanos a Milei, un negocio redondo.