El abastecimiento destinado al consumo doméstico cayó 11,5% interanual durante el primer semestre, afectado tanto por la menor disponibilidad de carne como por el encarecimiento relativo del producto frente a los ingresos de las familias. La carne es clave para que los argentinos puedan consumir proteínas, tan necesarias para el desarrollo de una persona.

Según información oficial, el consumo aparente se ubicó en 1,02 millones de toneladas res con hueso, unas 131.830 toneladas menos que en igual período del año pasado.

Medido por habitante, el consumo anualizado descendió hasta 47 kilos por persona, el nivel promedio registrado en los últimos doce meses. La cifra representa una caída del 8,2% respecto de junio de 2025, equivalente a 4,2 kilos menos por habitante al año, consolidando la tendencia de retracción del consumo interno en un escenario donde la demanda externa continúa ganando protagonismo.

Mientras el ajuste recorta derechos y servicios esenciales, Milei vuelve a aumentar el presupuesto de la SIDE y le asigna $7.500 millones en gastos reservados.

El Gobierno de Javier Milei volvió a mostrar que la austeridad y el ajuste no alcanza a todos por igual. Mientras el discurso oficial insiste en que “no hay plata” para jubilaciones, universidades, salud, ciencia o políticas sociales, el Ejecutivo decidió reforzar nuevamente el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), incluso con miles de millones de pesos en fondos reservados que no deben rendir cuentas.

La medida quedó plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 594/26, que introduce una serie de modificaciones presupuestarias bajo el argumento de que, de no realizarse de manera inmediata, “peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales”. Entre esas prioridades, el Gobierno volvió a incluir al aparato de inteligencia.

El decreto incrementa en $49.261.489.000 el presupuesto anual de la SIDE. De ese monto, casi $7.500 millones corresponden a la partida de Gastos Reservados, recursos cuyo destino permanece fuera del control y del escrutinio público. Además, el organismo recibió otros más de $9.400 millones para la compra de equipamiento informático.

La decisión reafirma un patrón que se repite desde el comienzo de la gestión libertaria. En medio del fuerte ajuste sobre distintas áreas del Estado, la SIDE ha sido una de las grandes beneficiadas por las ampliaciones presupuestarias. En julio de 2024, el Gobierno ya había intentado otorgarle $100.000 millones mediante un decreto con partidas de carácter reservado. Un año después, otro DNU le sumó $1.625 millones adicionales. Ahora, vuelve a ampliar sus recursos con otra inyección de fondos.

El gesto, que fue celebrado por millones de argentinos, despertó el rechazo del expresidente Mauricio Macri, quien volvió a exhibir una postura distante del reclamo de soberanía al sostener que “no era el momento” y que “no hay que mezclar política con fútbol”.

Las declaraciones de Macri reavivaron las críticas por su histórico posicionamiento sobre la cuestión Malvinas. Durante su presidencia llegó a calificar el reclamo como “un déficit adicional” para la Argentina y reconoció públicamente que no entendía “los temas de soberanía”, además de impulsar una vergonzosa política de acercamiento con el Reino Unido materializada en el escandaloso acuerdo Foradori-Duncan que fue cuestionada por excombatientes y especialistas en Política Exterior.

Según publicó La Nación, el exmandatario sostuvo que “con lo de Malvinas hicieron una de más”, en referencia a la bandera que fue sostenida por Giovani Lo Celso y luego acompañada por Lisandro Martínez y Cristian Romero. Sus dichos contrastaron con el sentir expresado por los propios futbolistas, quienes reivindicaron el homenaje.

Leandro Paredes fue contundente: “Y serán siempre argentinas”, mientras que Lautaro Martínez aseguró que “no era un partido más” y que la carga simbólica del encuentro frente a Inglaterra hacía imposible desligarlo de la causa Malvinas.

El Reino Unido pidió una investigación a la FIFA

En paralelo, el Reino Unido solicitó a la FIFA que investigue el episodio al considerar que la exhibición de la bandera constituyó una manifestación política prohibida por el reglamento del organismo aunque al mismo tiempo el Reino Unido busca censurar la participación de países como Rusia en los Juegos Olímpicos poniendo en evidencia una doble vara.

La polémica también dejó al descubierto diferencias dentro del gobierno de Javier Milei. Mientras Macri cuestionaba el gesto de los jugadores, la vicepresidenta Victoria Villarruel salió a respaldarlos con un mensaje en redes sociales: “¡Las Malvinas son argentinas! Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón”.

El episodio volvió a poner en evidencia dos miradas contrapuestas sobre la causa Malvinas. Por un lado, la de Macri, que insistió en separar el reclamo de soberanía del ámbito deportivo, en línea con una postura que ha sostenido durante años. Por el otro, la de quienes consideran que la reivindicación de las islas forma parte de la identidad nacional y trasciende cualquier escenario, incluso una cancha de fútbol. Ahora será la FIFA la que deba resolver si adopta alguna medida contra los jugadores o la AFA.

El plantel de la Scaloneta pidió repetir el ritual del Mundial de Qatar para el próximo partido clave. Sin embargo, el veto ideológico de la Casa Rosada traba la negociación y desata un inesperado conflicto entre el vestuario y el Presidente.

Un inesperado frente de tormenta combina la mística futbolera con la grieta política más profunda. En las últimas horas trascendió que el plantel de la Selección Argentina de fútbol le solicitó formalmente a la dirigencia de la AFA la convocatoria de Lali Espósito para interpretar el Himno Nacional Argentino en la antesala del próximo cruce trascendental del equipo. El pedido, fundamentado estrictamente en una cuestión de “cábala” tras la recordada final en el Mundial de Qatar, chocó de frente con una feroz resistencia por parte del presidente Javier Milei.

El cortocircuito expone la persistencia del fuerte enfrentamiento público e ideológico que el mandatario mantiene con la artista pop, a quien llegó a apodar despectivamente en reiteradas oportunidades. Mientras que los referentes del vestuario albiceleste priorizan los rituales que consideran protectores y exitosos para el grupo, desde las oficinas de Balcarce 50 bajaron una orden taxativa de no validar ni financiar ninguna centralidad institucional para la cantante en eventos que involucren al Estado o a las marcas oficiales.

Las claves del conflicto entre la Scaloneta y la Casa Rosada:

• El peso de la cábala mundialista: Los jugadores de la Selección son conocidos por respetar a rajatabla sus costumbres y rituales de la suerte. La interpretación de Lali en Qatar es vista por el grupo como un amuleto histórico que quieren repetir en territorio nacional para revalidar la comunión con el público.
• El veto ideológico del Ejecutivo: Desde el entorno presidencial dejaron en claro que la figura de la artista sigue estando “bloqueada” para cualquier tipo de acto oficial, lo que genera una fuerte tensión administrativa con las autoridades de la AFA, atrapadas en el medio del tironeo entre los futbolistas y el poder político.
• Incertidumbre en la organización: La negativa oficial obliga a los armadores del evento a dilatar la confirmación del show previo, buscando alternativas que conformen al plantel sin desatar la furia de las redes libertarias y de la propia jefatura de Estado.

El fútbol vs. la rosca de Gobierno

La disputa vuelve a poner sobre la mesa los límites del control oficial sobre los íconos populares. Para la mesa chica de Javier Milei, ceder ante el pedido de los campeones del mundo significaría una “derrota cultural” en su cruzada contra los artistas que cuestionaron públicamente el rumbo socioeconómico del país.

Por el lado de la Scaloneta, el fastidio empieza a hacerse notar: los futbolistas consideran que el vestuario y sus cábalas están por encima de cualquier interna partidaria y que la Casa Rosada no debería intervenir en las decisiones que hacen a la mística y el folclore del equipo nacional.

El organismo advirtió graves deficiencias en la administración de un préstamo internacional de u$s 500 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y reclamó explicaciones al Ministerio de Economía por el destino de u$s 200 millones ya desembolsados para financiar subsidios energéticos.

La auditoría, aprobada recientemente por el pleno de la Auditoria General de la Nación (AGN), detectó que la cartera encabezada por Luis Caputo no presentó documentación clave para acreditar cómo se utilizaron esos fondos ni qué controles se implementaron para garantizar que el dinero llegara efectivamente a los usuarios beneficiarios.

El crédito, ejecutado por la Secretaría de Energía, tiene como objetivo mejorar el sistema de subsidios eléctricos y focalizar la asistencia en los hogares más vulnerables. Sin embargo, la AGN concluyó que la ejecución del programa presenta importantes falencias administrativas y contables que impiden verificar el uso de los recursos públicos.

Falta de documentación y controles

Uno de los principales cuestionamientos del organismo es que, al cierre del período auditado, ni siquiera estaba aprobado el Manual Operativo del Programa, un requisito previsto en el propio contrato de préstamo con el Banco Mundial.

Además, la AGN advirtió que no se encontraba disponible documentación fundamental para respaldar el desembolso de los u$s 200 millones ingresados a la Tesorería General de la Nación en diciembre de 2024. Entre los faltantes mencionó el Manual Operativo con la conformidad del BIRF, el Plan Operativo Anual, el Plan de Adquisiciones y la documentación vinculada a las cuentas bancarias habilitadas para administrar los recursos.

Pero las observaciones fueron aún más profundas. El informe señala la “falta de documentación donde consten los criterios usados para justificar el desembolso de USD 200 millones”, así como la ausencia de respaldos que acrediten el procesamiento de la información utilizada para determinar los subsidios otorgados a usuarios de EDENOR y EDESUR.

Ante estos cuestionamientos, el Ministerio de Economía buscó desligar responsabilidades y sostuvo que la información estaba en poder de las empresas distribuidoras. La explicación no convenció a la AGN, que insistió en que toda solicitud de desembolso debe estar acompañada por la documentación completa que permita verificar el destino de los fondos.

Dificultades para verificar los subsidios

Otro de los puntos más delicados del informe apunta directamente a la falta de mecanismos de control sobre la aplicación de los subsidios.

La AGN advirtió que la Secretaría de Energía carece de un procedimiento que permita comprobar si los subsidios financiados con el préstamo efectivamente se reflejan en las facturas que reciben los usuarios. Es decir, el organismo concluyó que el Estado no cuenta con herramientas suficientes para verificar que los recursos públicos cumplan el objetivo para el que fueron asignados.

A esto se suma la detección de problemas en la administración del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), donde se constató una deficiente coordinación entre las áreas responsables y la inexistencia de un entorno adecuado para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos vinculados al registro.

Observaciones que ponen en duda la transparencia

La auditoría también señaló que no pudo verificar la existencia de normas, procedimientos ni circuitos administrativos claros para las adquisiciones, contrataciones, pagos y registros contables vinculados al programa. Frente a esa observación, Economía respondió que dichos mecanismos se encontraban “en proceso de ajuste”.

Aunque la AGN aclaró que su trabajo no tuvo como objetivo realizar una auditoría integral sobre todos los controles administrativos, remarcó que las irregularidades detectadas deben ser corregidas para garantizar una administración transparente de un crédito internacional que, además, incrementa el endeudamiento del país.

Con apenas el 41% del préstamo ejecutado, el informe deja abiertas múltiples dudas sobre el manejo de los recursos y vuelve a poner bajo cuestionamiento la capacidad del Gobierno para rendir cuentas sobre fondos públicos destinados a una política tan sensible como los subsidios energéticos.

Un informe técnico incorporado a la causa que investiga al ex jefe de Gabinete y ex vocero presidencial, Manuel Adorni, detectó inconsistencias entre los ingresos declarados, los gastos realizados y la evolución de su patrimonio, un hallazgo que podría marcar un punto de inflexión en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita.

El peritaje fue elaborado por especialistas de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo del Ministerio Público Fiscal encargado de realizar análisis patrimoniales complejos. El estudio reconstruyó año por año la evolución patrimonial de Adorni y contrastó sus declaraciones juradas con información bancaria, registral, tributaria y financiera.

Según fuentes vinculadas a la investigación, los peritos detectaron diferencias que deberán ser justificadas antes de que la fiscalía defina nuevas medidas procesales, entre ellas una posible imputación formal. El informe, considerado una pieza clave del expediente, fue confeccionado siguiendo los lineamientos solicitados por Pollicita.

La causa se originó a partir de investigaciones periodísticas que pusieron bajo la lupa operaciones inmobiliarias, viajes y gastos que no parecían guardar relación con los ingresos declarados por el entonces funcionario. Además de Adorni, la pesquisa también alcanza a su esposa, Betina Angeletti, quien figura como responsable de parte de los gastos familiares analizados por los investigadores.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, declaraciones de testigos, registros de operaciones inmobiliarias, facturas y datos aportados por agencias de viajes revelan erogaciones que, a criterio de los investigadores, no se condicen con los ingresos conocidos del exfuncionario.

Siempre según la investigación, desde su ingreso a la función pública Adorni habría registrado movimientos patrimoniales equivalentes a unos 743.000 dólares, de los cuales alrededor de 408.000 dólares corresponderían a gastos y 335.000 dólares a presuntas deudas contraídas con cinco personas distintas. Esos números son uno de los principales focos del análisis realizado por la DAFI.

La investigación también tomó impulso luego de que el propio Adorni admitiera haber omitido declarar parte de sus ahorros ante la Oficina Anticorrupción. El exfuncionario sostuvo que esos fondos provenían de inversiones realizadas antes de asumir un cargo público y aseguró haber regularizado la situación mediante declaraciones rectificativas y presentaciones impositivas.

Con el informe técnico ya incorporado al expediente, en Comodoro Py consideran que la causa ingresó en una etapa decisiva. El próximo paso sería citar a Adorni para que explique las inconsistencias detectadas y aporte documentación que permita justificar el origen de los fondos y la evolución de su patrimonio.

En paralelo, el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, reclamó públicamente que el exjefe de Gabinete presente su declaración jurada. “La tiene que presentar”, sostuvo, al recordar que el propio presidente Javier Milei había anunciado esa medida. Aunque el plazo legal vence el 31 de julio, Ritondo consideró que “cuanto antes la presente, mejor”, en medio del creciente avance de la investigación judicial.

La senadora libertaria Patricia Bullrich tuvo que pedir un cuarto intermedio en la sesión de este jueves porque al gobierno le faltaban los votos para darle media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, por su problemático capítulo de extranjerización de tierras. El gobierno de Javier Milei quiere que se puedan vender tierras a extranjeros sin ningún control. Por ahora, fracasó.

El oficialismo por tercera vez no pudo aprobar la iniciativa del ministro de Modernización y Desregulación, Federico Sturzenegger. No existe ningún argumento que explique por qué el gobierno está desesperado para permitir que todas tierras puedan venderse a propietarios extranjeros.

La jefa de bloque libertario solicitó cerca de las 15 esa moción a la Vicepresidenta, con quien mantuvo un altercado por WhatsApp antes de la sesión, y el peronismo reaccionó con tímidos aplausos. El aplazamiento fue aprobado con 63 votos positivos, la negativa de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano y la fueguina Cándida Cristina López y la abstención del entrerriano Adán Bahl. El debate pasó a agosto. El gobierno quería aprovechar la distracción del mundial para avanzar con su iniciativa a favor de manos extranjeras.

Tras el histórico triunfo ante Inglaterra en la semifinal del Mundial, Lionel Messi dijo que “la gente no llega a fin de mes”, “no tiene trabajo” y “la pasa mal”, en otro duro golpe simbólico contra Javier Milei que se suma a la bandera de “Las Malvinas son Argentinas”.

“Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente, sabemos que los mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar. Que hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando”, afirmó un Messi explosivo en una nota con TyC Sports. ¿Algo se rompió entre la scaloneta y los libertarios?

Fastidioso, el presidente Milei aseguró que no había que hacer “gestos populistas y demagogos” como mostrar banderas sobre Malvinas y retuiteó a un usuario que insultó a un jugador de la selección. Luego, fue el turno del vocero presidencial que salió a cruzar nada menos que a Messi y a “desmentir” que la gente no llega a fin de mes, a pesar de lo que dicen todas las encuestas y lo ve cualquiera que camine la calle.

Minutos después del histórico triunfo de la scaloneta frente a Inglaterra, Javier Milei salió con un escueto posteo celebratorio que generó una ola de memes que le recordaron su admiración por Margaret Thatchet. Todos los usuarios le recordaron la admiración de Milei por la líder inglesa que decidió hundir al General Belgrano.

“VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!! LRPMQLRCRMP”, escribió en X el presidente y de inmediato provocó una andanada de reacciones de rechazo.

Incluso, antes del partido, el Centro de Ex Combatientes de La Plata hizo un cántico contra las expresiones de Alejandra Monteoliva que impulsó que los hinchas argentinos no lleven banderas de Malvinas a la cancha: “acordamos que no se ingrese con mensajes de odio”, había señalado la ministra de Seguridad de Milei.

Otros usuarios escribieron: “Qué festejás vos, chanta, que hinchás por Margaret Thatcher”, ironizaron. El presidente estuvo incómodo con el partido que Argentina venció a Inglaterra por su simpatía con la ex primer ministra inglesa, a quien él siempre defendió y admiró.

Javier Milei quedó envuelto en un nuevo escándalo ético luego de que un profesor de la Universidad de Pensilvania denunciara que un artículo académico firmado junto a su exasesor en temas nucleares, Demián Reidel, habría sido elaborado con inteligencia artificial y presentado como una producción original.

El trabajo, titulado “Minimum Viable Scale: Extinction and Escape under Increasing Returns” (“Escala Mínima Viable: Extinción y Escape bajo Rendimientos Crecientes”), fue cuestionado por el economista Jesús Fernández Villaverde, quien relató que encontró el texto en redes sociales y, al leerlo, tuvo “la clara sensación” de que había sido escrito por un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial (LLM).

Según explicó el académico, el formato, el estilo de redacción, las derivaciones matemáticas y hasta la bibliografía citada le resultaron característicos de un texto generado por IA. Para comprobar su sospecha, sometió el documento a Pangram, una herramienta de detección de contenido generado artificialmente.

“En los cinco casos devolvió una probabilidad del 100% de generación por IA”, aseguró Fernández Villaverde, quien aclaró que no cuestiona el uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo, pero sí consideró inadmisible presentar como propio un trabajo elaborado por un modelo automatizado. “Hay una diferencia entre usar IA para ayudar a investigar y pedirle a un LLM que escriba un artículo y luego poner mi nombre en él”, sostuvo.

La denuncia fue amplificada por el periodista Sebastián Lacunza, quien directamente acusó a Milei y Reidel de plagio, alimentando una nueva polémica sobre la integridad académica del Presidente.

Yesterday I came across a paper, “Minimum Viable Scale: Extinction and Escape under Increasing Returns,” by Javier Milei (@JMilei) and Demian Reidel (@dreidel1):https://t.co/rJ5TuGcah7

I downloaded it because it sits close to something I am working on (and I am actually… pic.twitter.com/UlCgZWE63J

— Jesús Fernández-Villaverde (@JesusFerna7026) July 9, 2026

La defensa de Reidel

Ante las acusaciones, Demián Reidel salió a responder con un extenso descargo. Negó cualquier plagio y sostuvo que el trabajo contiene “resultados novedosos” sobre un problema complejo de economía, desarrollados mediante herramientas matemáticas poco habituales en esa disciplina.

Además, afirmó que Pangram “no detecta plagio sino estilo de escritura” y reconoció únicamente que, una vez terminado el manuscrito, utilizó inteligencia artificial para “corregir la redacción y mejorar la calidad del texto”.

Reidel también aclaró que el documento aún es un working paper, es decir, un borrador de investigación que todavía no fue publicado en una revista científica, y aseguró que el objetivo es enviarlo próximamente para su evaluación académica.

El episodio vuelve a colocar a Milei en el centro de una controversia por cuestiones éticas, esta vez vinculada con la autoría y la transparencia en un trabajo académico firmado junto a quien fue uno de sus principales asesores en materia nuclear.