El funcionario recientemente nombrado por Mauricio Macri al frente de la flamante cartera de Finanzas, tiene participación en una firma que usa topadoras y maniobras judiciales contra familias de trabajadores santiagueños que luchan por sus tierras.
El ex secretario y flamante ministro de Finanzas, Luis Caputo –ascendido a ese cargo a partir de la salida de Alfonso Prat Gay y la división de la cartera de Hacienda y Finanzas dispuesta por el presidente Mauricio Macri-, es accionista de las empresa Sacha Rupaska S.A y, al igual que Nicolás Dujovne, llega con escándalo.
Mientras que Dujovne era empleado del Senado, a pesar de pedir la reducción del empleo público, Caputo tiene participación accionaria de una firma dedicada desde 2007 a comprar terrenos en Santiago del Estero, donde habitan trabajadores campesinos desde hace más de un siglo y que, desde entonces, son víctimas de intentos de desalojo con topadoras y maniobras judiciales.
Según consignó el portal Letra P, Caputo tiene participación accionaria en la compañía desde el momento en que los empresarios Luis María Méndez Ezcurra e Iván Gándara le compraron 17.800 hectáreas a María Rosa Salomón, consorte del entonces ministro de Justicia santiagueño Ricardo Daives, integrante del gabinete del entonces gobernador Gerardo Zamora. El 12 de octubre de 2007, ese lote, conocido como "Piruaj Bajo", quedó en manos de esa empresa. Con la operación inmobiliaria también comenzó a cambiar el destino de las 80 familias de campesinos que habitan esa zona desde hace más de un siglo.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MOCASE – VC), denunció la operación de compra de ese lote vino acompañada por una subdivisión del terreno en el que viven las familias y fue vendida a un empresario tucumano que comenzó a ocupar el terreno con distintas obras para desalojar a la familias y entorpecer el trámite de posesión conocido como "usucapión".
Al año siguiente de la operación, las familias denunciaron la maniobra como un intento de usurpación. En respuesta, fueron acusados ante la justicia federal por entorpecer la posesión de la propiedad vendida. Aun así, en ningún momento la empresa detuvo el avance de las topadoras, hasta que fueron frenadas por una masiva movilización en 2010.
Desde entonces, las familias afectadas no dejaron de perder derechos de posesión y tuvieron que afrontar las maniobras de desalojo, hasta que, en abril de este año, las 80 familias de Piruaj Bajo comenzaron una nueva etapa de reclamos para recuperar sus derechos de posesión sobre las 17.800 hectáreas que controla Sacha Rupaska S.A. y el empresario tucumano Cesar Pablo Esteban Bellati.
Según la declaración jurada que presentó el flamante ministro de Finanzas un mes después de los nuevos reclamos de las familias, su posesión accionaria es de 7.200 pesos, aunque en el listado de "créditos en el país" Caputo aparece como acreedor de Sacha Rupaska S.A. por 3.800.150,54 pesos. El dato confirma que el peso accionario del funcionario en esa empresa fue variando con el correr del tiempo y era mucho mayor cuando se concretó la compra de terrenos que los campesinos denunciaron ante la Justicia y que ahora buscan anular.