La propuesta anunciada por ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de modificar la edad a partir de la cual los menores pueden ser juzgados despertó el debate en buena parte de la sociedad. Un dato relevador es que la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es ínfima.

El Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. (Cepoc) publicó hoy un informe donde se detallan los motivos de repudio al proyecto impulsado por el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, de la intención del Presidente Mauricio Macri de bajar de dieseis a catorce años la edad de imputabilidad.

1- Porque sería regresivo. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y sólo se puede avanzar en dicha cobertura. El Código Penal, sancionado en 1921, establecía la edad de punibilidad en 14 años. Durante el gobierno peronista, en 1954, se estableció en 16, en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia (Ley 14.394). La Dictadura, en una de sus primeras medidas (Decreto Ley 21.338), derogó parcialmente esa norma, y fijó la edad de punibilidad en 14 años, decisión que mantuvo en el Régimen Penal de la Minoridad, creado en 1980 (Decreto Ley 22.278). En mayo de 1983, meses antes de la recuperación de la democracia, la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años. Regresar a la edad establecida por la Dictadura no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes.

2- Porque el único objetivo es el castigo. El mandato constitucional establece que el sentido de la privación de la libertad no debe ser el castigo, sino la adecuada preparación para la vida en libertad. Sin embargo, cada vez que se discute un proyecto de estas características, se hace luego de que sucede un hecho grave que involucra a un adolescente de 14 años (caso Capristo, 2009), o en un contexto preelectoral (elecciones legislativas 2013), revela que el único objetivo es establecer políticas de castigo sobre esta población, violentando ese mandato, y confundiendo a las personas que creen que esta reforma le será aplicada al joven que cometió el delito, lo que es falso, porque las leyes penales no son retroactivas; o que con la baja de edad se resolverá algún problema de inseguridad.

3- Porque no es cierto que sea el único modo de brindar garantías a los adolescentes de 14 y 15 años. Decir que el único modo en que una persona acceda a las garantías constitucionales es introducirlo en el sistema penal es por lo menos una falacia. Las garantías las tenemos todas las personas de todas las edades, el problema es que muchas veces no se cumplen ni se respetan. Es responsabilidad de los jueces aplicar las leyes, y velar porque todas las garantías de todas y todos los ciudadanos, se cumplan conforme la ley.

4- Porque no se trata de sancionar más leyes sino de cumplir las que ya existen. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) tienen plena vigencia, así como todos los tratados internacionales de derechos humanos que establecen todos los derechos a los que son acreedores cada niño y cada niña que vive en nuestro país. Sin embargo, millones de ellos carece de condiciones básicas de existencia: no tienen cloacas ni agua potable, ni vivienda, ni educación y salud de calidad, ni viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones, futuro. Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten.

5- Porque la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es ínfima. Diputados y diputadas, senadores y senadores deberían pensar si es justo sancionar una ley que, más allá de sus intenciones, será aplicada para el castigo, y que significará un retroceso en cuanto a las políticas dirigidas a la infancia, para atender, de modo punitivo, los hechos que cometen un puñado de adolescentes. Según una investigación realizada en 2007 por Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de Tres de Febrero sobre un total de 1800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 17 % son no punibles, es decir menores de 16 años: unos 300 adolescentes. Cuando se analizan los delitos que se les imputan a aquellos 1800 adolescentes privados de libertad, los datos indican que un 15% está imputado de homicidio (incluyendo la tentativa de homicidio, es decir, los casos en que no se produjo el resultado muerte): 270 casos. Si aplicáramos la proporción entre punibles y no punibles, tendríamos que, de esos 270 casos, solo 46 (el 17 % de 270) corresponderían a adolescentes de entre 14 y 15 años. Pero esa cifra es más baja aún si tomamos la cifra del total de homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país: unos 2000. De esa cantidad, en unos 200 participan menores de 18 años. Y de esos 200, según declaraciones del director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, en sólo 15 casos participan menores de 16 años . Ese análisis no supone quitar importancia a una sola muerte violenta producida por la intervención de un adolescente, pero una decisión de política criminal de la gravedad de la que se intenta, debe analizar a qué población está destinada, con qué objetivos, y a qué costos, antes de tomarse.

6- Porque si el Estado no es capaz de controlar las instituciones de encierro, mucho menos podrá controlar las que piensa crear. Todos los días hay noticias acerca de muertes en lugares de encierro (76 por causas violentas y/o dudosas durante 2008, según los registros del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos). La Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en noviembre de 2004, y el 28 de noviembre de 2012 se sancionó la ley de creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura (Ley 26.827) pero aún no implementa los mecanismos de visita a los lugares de detención para prevenir los abusos, los malos tratos y la tortura.

7- Porque el sistema penal es discriminatorio, selectivo y estigmatizante. Es decir: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos “esfuerzo” tienen que hacer para caer en sus redes. Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los etiqueta y los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes.

8- Porque los pibes son el eslabón más débil de los grupos delictivos y las empresas criminales. Casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta, es porque alguien con más edad y con más poder, lo ha utilizado. Un niño de 14 años difícilmente robe un auto para cometer otros delitos. Lo más seguro y lo que indican todas las investigaciones es que recibe un arma y una paga miserable por conseguir ese auto que luego irá a un desarmadero, para que muchos de los que reclaman la baja en la edad de la punibilidad compren más baratos los respuestos para sus autos.

9- Porque las penas previstas no son intocables. Se utiliza como un argumento a favor de la baja de edad de punibilidad, que se fijarán penas bajas. Pero, ya sabemos que frente a un hecho grave, la primera reacción es aumentar los montos de pena: basta que suceda algún hecho trágico, o lo suficientemente difundido por los medios, para que se dupliquen, o tripliquen, frente a un próximo clamor popular. Del mismo modo que sucedió con la presión del ex ingeniero Blumberg, en 2004, en que los máximos de pena aplicable a ciertos delitos subieron a los cincuenta años, obviamente sin ningún efecto en cuanto a la disminución de esos delitos.

10- Porque van a meter presos a las principales víctimas del neoliberalismo que la sociedad votó y aceptó durante una década. Los adultos tenemos la obligación de hacernos cargo de nuestras decisiones, no solo de las que tomamos individualmente, sino de lo que avalamos, aceptamos o consentimos como sociedad. Y ser consecuentes con lo mejor de nuestra historia, con la decisión, que alguna vez tomamos, de que los únicos privilegiados sean los niños.

Tras varias editoriales publicadas por uno de los “periodistas estrellas” de La Nación, en la que se menoscabar  los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y de esa manera se justifica las medidas antipopulares del gobierno de Cambiemos, el diputado bonaerense salió a responderle al famoso periodista.

Cuando el sábado pasado Morales Solá publicó en su columna que el Presidente Mauricio Macri es la gran “victima” de las  manifestaciones de unas “minorías opositoras fanáticas y violentas” y culpó a Cristina Fernandez, del supuesto ataque a su camioneta en Neuquén al escribir: “El fanatismo que creó la ex presidenta es, como todo fanatismo, violento y ciego”.

Por eso, el diputado de la provincia de Buenos Aires del frente Para la Victoria (FPV) Manuel Elías se canso de los agravios y escribió una carta donde le responde a Solá con validos argumentos, y explica porque Macri no es una “victima del Cristinismo”, como expresa ese “importante” diario.

Reproducimos la Respuesta a Joaquin Morales Solá publicada por Realidad Argentina:

Decía don Arturo Jauretche que “la falsificación como  política de la historia ha sido siempre un instrumento de dominación cultural por parte del orden conservador establecido” (de su libro “Política Nacional y Revisionismo Historico”), publicado en 1959.

Jauretche dedicó gran parte de su formidable obra intelectual a enseñarnos que lo que se nos presentaba como historia era en realidad una política de la historia, en la que ésta es una herramienta de colonización pedagógica destinaa a impedir que la Historia, el verdadero relato de lo ocurrido, contribuya a la formación de una conciencia histórica nacional.

Existe, entonces, una superestructura cultural organizada por la oligarquía, que crea élites falsas que cumplen la tarea de falsificar la historia y también falsificar las coyunturas para asi manipularnos y dominarnos.

El periodista Joaquín Morales Solá pertenece a esta falsa elite, que posa de analistas independientes cuando en realidad son privilegiados asalariados al servicio del poder económico concentrado.

Es en este contexto que debemos leer la columna de opinión de Morales Solá publicada en el diario La Nación del día sábado 31 de diciembre de 2016. Desde allí y con una escritura que destila odio de clase, resentimientos y mentiras, el periodista-estrella del diario de los Mitre ubica al presidente Mauricio Macri en el cómodo papel de víctima de un peronismo violento que habría intentado agredirlo físicamente en Villa Traful.

Pobre, el jefe de estado había abandonado transitoriamente su enésimo descanso vacacional en lo que iba de 2016 (country en villa La Angostura) para ir a inaugurar un centro turístico en Neuquen, pero sufrió un incidente cuando su vehículo se cruzó con manifestantes que marchaban a expresar su rechazo a las nefastas consecuencias de las decisiones de ajuste económico del Gobierno de Cambiemos.

El gobierno acusó a la dirigencia de ATE de Neuquén, quienes reconocieron que se movilizaban para abuchear a Macri pero desmintieron la agresión, asegurando que nunca arrojaron piedras al vehículo presidencial y denunciando que habían sido reprimidos por grupos especiales de la Policía Federal, que lo hicieron con balas de goma, sin mediar palabra alguna previamente y antes de que pudieran llegar los afiliados de ATE al acto.

¿El Presidente Macri “victima” de la violencia de la violencia del Peronismo?…¿El Presidente Macri “victima” del enojo del Pueblo Trabajador?…¿Los patos le tiran tiros a la escopeta???…

¿Puede ser víctima inocente un gobierno que persigue trabajadores por razones políticas y que los echa de sus empleos en la administración pública (para colocar en su lugar a militantes del Pro)?

¿Puede ser víctima inocente un gobierno que devaluó descontroladamente nuestra moneda, aplicó y sigue aplicando devastadores tarifazos en los servicios públicos, liberaron de controles al sistema financiero e iniciaron el desmantelamiento de la industria nacional con el consabido achicamiento del mercado interno y la masiva destrucción de puestos de trabajo?

¿Puede ser víctima inocente un gobierno que aceleradamente generó un proceso de endeudamiento externo que hipoteca nuevamente nuestro presente y el futuro de las generaciones futuras?

¿Puede ser inocente un gobierno que no vacila en reprimir violentamente cualquier voz opositora, llegando al colmo de agredir a una concentración de jubilados que unos meses atrás cortaban el Puente Pueyrredon en reclamo de aumento de haberes?…

Para Morales Solá sí, pues el sostiene que se trata de un gobierno democrático, republicano y sensible con los que menos tienen. Un gobierno que es “victima” de la violencia del Peronismo, al que también denomina Kirchnerismo o Cristinismo, según le convenga a su falso relato de la historia.

¿violencia del Peronismo?…

El Peronismo es un movimiento político que siempre llego a ejercer el gobierno por la voluntad de las mayorías populares y en elecciones absolutamente democráticas. El Peronismo, sin embargo, fue cruentamente derrocado por golpes de Estado Cívico-Militares, fue proscripto durante 18 años de la vida institucional argentina, su líder debió marchar a un largo exilio forzado y los peronistas han sido perseguidos, secuestrados, encarcelados, detenidos-desaparecidos y fusilados en nombre de “la democracia (del falso relato histórico)”, la libertad y la inteligencia.

¿Violencia del Peronismo durante doce años y seis meses de gobierno del Frente para la Victoria?…

Un gobierno legitimado por el 54 por ciento de los votos y que debió soportar toda clase de agravios, mentiras, operaciones político-judiciales y mediáticas, cortes de ruta de las patronales sojeras, corridas bancarias y manifestaciones destituyentes organizadas por los poderes corporativos que se propusieron terminar a cualquier precio con un proyecto de país que les cercenaba sus privilegios de clase para reconstruir una sociedad más justa, más libre y más igualitaria.

Un gobierno que no tomo una sola medida que pudiera perjudicar a la clase trabajadora y que nunca reprimió ningún intento desestabilizdor.

Joaquín Morales Solá es uno de los muchísimos periodistas argentinos cuestionados por los organismos defensores de los Derechos Humanos por su desempeño colaboracionista con la última dictadura cívico-militar.

Periodistas cuestionados porque defendieron explícita y entusiastamente no solo al gobierno de facto, sino muy especialmente defendieron su cruzada de exterminio de toda disidencia a través del terrorismo de Estado.

Mintieron en la información, escribieron a favor de la masacre y durante 33 años que llevamos de democracia recuperada, mantuvieron su rechazo militante por todas las medidas de memoria, verdad, reparación y justicia que los organismos impulsaron desde siempre y que los gobiernos de Néstor y de Cristina  hicieron propio y mantuvieron a pesar de todas las presiones recibidas.

Siempre nos asombra la vigencia de los análisis y las conclusiones de don Arturo Jauretche, parecieran tan recientes sus embates contra la mentira organizada por los mercaderes de la prensa dominante, que cuando volvemos a leer sus polémicas desenmascarando a los Bernardo Neustad de turno, también está poniendo en el lugar que corresponde a Morales Solá y a todos los voceros del viejo orden conservador que ha recuperado y ampliado privilegios durante este primer año de gobierno de Mauricio Macri y que pretende destruir las conquistas en el derecho laboral de décadas de lucha trabajadora.

Ocurrió hoy en el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Los gremialistas fueron amenazados de muerte mediante un mensaje dejado en una de sus oficinas en el edificio ministerial.

El mensaje mafioso fue encontrado por los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el local gremial dentro del edificio y en la sala de fotocopias del tercer piso, junto a una foto de los delegados. El texto decía, en letras mayúsculas: "Camporistas de mierda, desestabilizadores hijos de puta… Están muertos".

La amenaza fue impresa en computadora, abrochada junto a una foto de varios de los delegados y dejada en carpetas de cartón oficiales con el logotipo del Ministerio, material al que muy pocos tienen acceso.

El edificio continúa sitiado por la policía en la única puerta de acceso que la gestión dejó habilitada, por lo que el ingreso es restringido sólo a personal autorizado. La foto fue tomada de las redes sociales de los delegados, y es una clara muestra de hostigamiento psicológico y persecución política hacia los delegados de ATE, que vienen sosteniendo fuertes medidas de fuerza desde la semana pasada, cuando se supo que el gobierno preparaba 3000 nuevos despidos en el Ministerio.

"Sabemos que la nueva gestión revisa las redes sociales de los trabajadores constantemente, y hasta le han dicho irónicamente a varias trabajadoras: 'chicas, fíjense qué publican en el face'", denunció Carlos Ruiz, uno de los delegados amenazados.

El secretario general de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Educación, Rodrigo Recalde, señaló que "no van a amedrentarnos, vamos a seguir peleando por la renovación de los contratos, la continuidad de la formación docente y la calidad de la educación pública".

Ruiz expresó también: "Como no vamos a tomar en serio estas amenazas cuando hay trabajadores que sufrieron fisuras en sus vértebras después de la golpiza policial y están a la espera de una intervención quirúrgica".

Por su parte, Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, afirmó que "responsabilizamos a Mauricio Macri y a los ministros Esteban y Patricia Bullrich por la integridad física de los trabajadores y trabajadoras del ministerio".

Conflicto y antecedentes

Luego de una semana de conflicto por los 3 mil despidos que lanzó Esteban Bullrich en la cartera educativa, desde ATE afirman que todavía no se ha abierto una mesa de diálogo "seria" y que, mientras realizan un paro por tiempo indeterminado, evalúan otra medida de fuerza.

"Esperamos una mesa de diálogo seria y con la legitimidad para resolver este conflicto. No vamos a aceptar reuniones con segundas líneas de Bullrich que no tienen poder de decisión y lo único que pretenden es demorar la resolución", afirmó Recalde.

Además, sobre los 2600 puestos de trabajo del Programa Nuestra Escuela, Recalde agregó: "Mientras el gobierno incumpla los acuerdos paritarios que son la normativa de este programa, tanto ATE como la CTERA seguiremos con medidas de fuerza”. Catalano sostuvo: "No vamos a permitir que rifen la educación pública y desmantelen las herramientas que el Estado tiene para fortalecerla". Tras el abrazo simbólico al Palacio Pizzurno que convocó a miles de personas el último martes, desde ATE aseguran que el paro convocado en sintonía con UPCN cuenta con una adhesión superior al 80 por ciento en el Ministerio.

El abogado Daniel Igolnicov anunció por Radio 10 que denunció a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, por traición a la Patria. Es debido a que publicó un mapa del país sin las Malvinas.

"Voy a pedir el procesamiento de Stanley por traición a la Patria. En Twitter sigue el mapa sin las Malvinas. Es una barbaridad, un delito doloso", afirmó Igolnicov en Radio 10.

"Macri en el '97 dijo que defender las Malvinas es una pérdida de tiempo. Stanley debería haber renunciado. Se ríe de los muertos en Malvinas", agregó.

Escuchá el audio radial completo:

Mediante un comunicado,el bloque de senadores del Frente Para La Victoria y los bloques de diputados Frente Para la Victoria, FPV-PJ y Peronismo Para la Victoria – FPV cuestionaron el veto al artículo de la ley de Presupuesto que le permitía a la oposición realizar un control de la obra pública.

El bloque de senadores bonaerenses del Frente Para la Victoria (FpV) repudió el veto de la gobernadora María Eugenia Vidal al artículo de la ley de Presupuesto que establecía la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento del Fondo de Infraestructura con el objetivo de recomendar y orientar la obra pública en la Provincia.

A través de un comunicado, los legisladores consideraron que la decisión de vetar el inciso 1 del artículo 45 de la Ley de Presupuesto "nuevamente va en contra de las promesas realizadas por ella misma a los bonaerenses de mayor transparencia, consenso y diálogo democrático".

Así mismo los senadores manifestaron que "Con este nuevo veto, Vidal no sólo ignora que la creación de esta Comisión Bicameral propuesta en un principio por el Bloque Peronista fue consensuada por todos los bloques en ambas cámaras, incluido el oficialismo, sino además pone un nuevo manto de sospecha sobre la obra pública contratada en su gestión, ya que no existe ninguna explicación que pueda darse de cara a la sociedad sobre por qué la Gobernadora decide evitar que hayan mayores controles".

"El control y la posibilidad de opinar y asesorar desde esta Legislatura en las obras que tanto necesitan los bonaerenses es fundamental. Por eso avanzaremos junto a todos los sectores de la oposición que coincidan en lo desacertada que es la decisión de la Gobernadora en un trabajo de consenso para de ser posible promover una sesión durante el receso legislativo y rechazar desde la Legislatura elegida por el voto de todos los bonaerenses este nuevo veto de Vidal", finaliza el escrito difundido por el FpV.

De igual forma, los bloques de diputados Frente Para la Victoria, FPV-PJ y Peronismo Para la Victoria – FPV rechazaron el veto de Vidal y afirmaron a través de un comunicado en conjunto:  "No  encontramos argumentos jurídicos o políticos que fundamentan una decisión que va en contra de los intereses de los bonaerenses y de la transparencia en la asignación de recursos"

Leé el comunicado completo del bloque de Senadores del FpV:

Comunicado de los bloques de diputados Frente Para la Victoria, FPV-PJ y Peronismo Para la Victoria – FPV:

(por Andrés Fidanza) Si la filosofía kirchnerista era que la política es siempre sinónimo de pelea, la de Mauricio Macri se resume en el mensaje central de las técnicas de auto-ayuda: querer es poder. Se trata de una arenga optimista para que los argentinos, todos, juntos y unidos, tiremos para adelante. El Imagine macrista elimina retóricamente las diferencias de intereses, clases, religiones e ideologías, y omite dar más detalles sobre la propuesta: cómo, quiénes, cuánto tiempo y hacia dónde hay que empujar. No importa demasiado: gobernar un país específico, ubicado en sudamérica, se lleva puesto cualquier eslogan, por más que sea enunciado con énfasis, honestidad o inocencia. El día a día es otra cosa. Ni Cristina Kirchner daba todas las peleas que prometía, ni Macri confía del todo en su haiku de las buenas ondas.

En sus últimos tres o cuatro años de gobierno, al kirchnerismo le costó aplicar su teoría sobre el carácter político de los sucesos: esa convicción no le alcanzó para dominar la macroeconomía. Y su discurso cayó en un offside voluntarista, para regocijo eficaz de los grandes medios.

El catecismo macrista (pacifista, comparado con el cristinista) chocó contra la realidad más rápidamente. Néstor y Cristina Kirchner ganaron varias peleas antes de empezar a perderlas por puntos, knock out o desempate del vicepresidente radical. En su primer año de gobierno, a Macri le falló una buena parte de su apuesta: su mera presencia empresario-friendly no atrajo las inversiones esperadas, al punto de cumplir su expectativa: reemplazar incentivo a la inversión por aliento al consumo. Su confianza en abrirse al mundo también fracasó: un contexto de retraimiento general no ayudó al macrismo, dejando a la economía congelada durante un año largo.

Ahora, el gobierno intenta hacer equilibrio entre su convicción liberal y sus necesidades políticas, en un año electoral. "Ojalá ustedes las vean como menos graduales y del otro lado como más graduales", le respondió Macri a Marcelo Longobardi, quien le había consultado (con opinión tomadísima) sobre las políticas para el 2017. El sueño presidencial es ser visto como moderado o de shock, según quien mire.

En contra de su ideología pro baja de impuestos, el macrismo subió el IVA al eliminar la devolución por consumo con tarjeta de débito. Mientras tanto, le encomienda a Nicolás Dujovne rascar el fondo de la olla para bajar el déficit. A diferencia de los recortes y privatizaciones estructurales de los noventa, el nuevo ministro de Hacienda cuenta con un tijerita plegable e importada de China para concretar el ajuste.

"Tenemos un componente del gasto automático muy elevado. El gasto previsional es alto y va a seguir subiendo por los próximos años por la curva demográfica y por el impacto de la reparación histórica. Y por otro lado tenemos decisión política y económica de mejorar el gasto en infraestructura. Argentina tiene la infraestructura atrasada, colapsada: mejores trenes, rutas, puertos. Eso nos obliga a ser extremadamente prolijos, ser muy eficientes en los gastos de la administración. Y mirar si hay duplicaciones de Secretarías, por ejemplo", explicó Dujovne al diario El Cronista, pocos días después de asumir.

Obviando el dato de que el macrismo aumentó el número de secretarías nacionales (pasaron de 70 a 90), Dujovne planea construir puentes, trenes y puertos, con la (improbable) ayuda del ajuste minimalista como recurso.

La impotencia del primer año a la baja también parió una novedad en el estilo de conducción interno: Macri pasó del siga siga a la mano dura hacia su tropa. En su etapa de alcalde porteño, recién modificó el gabinete tras haber cumplido su segundo año en el cargo, pese a que existían internas feroces (larretistas vs. michettistas), ministros con ambiciones y agenda propia, y enormes dificultades para dar con el timing de la gestión porteña. Como presidente, ya corrió a dos funcionarios de peso, incluido el ministro de Economía. Y el secretario de Obras Públicas, Daniel Chain, también quedó al borde de la expulsión.

A diferencia de Alfonso Prat-Gay e Isela Costantini, Chain es un PRO puro. Ex ejecutivo de Socma (la histórica empresa del Grupo Macri), Chain fue ministro de Desarrollo Urbano porteño de punta a punta de la administración macrista. Sobre sus 12 ministros originales en la Capital, ocho tuvieron esa misma continuidad. Un récord que difícilmente se vaya a repetir en la Nación.

La propuesta anunciada por ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de modificar la edad a partir de la cual los menores pueden ser juzgados despertó el rechazo de varios sectores de la política y el ámbito penal. Referentes de diferentes signos políticos salieron al cruce del cuestionado cambio.

Tras el anuncio por parte el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, de la intención del Presidente Mauricio Macri de bajar de dieseis a catorce años la edad de imputabilidad por delitos, diversos referentes se manifestaron en contra de la polémica medida.

Los que hasta el momento alzaron sus voces contra el proyecto de encarcelar a preadolescentes de 14 años fueron figuras como Andrés Larroque, del Frente Para la Victoria (FPV); Margarita Stolbizer del GEN; el dirigente del Frente Renovador Daniel Arroyo y el ex diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Nicolás del Caño.

Uno de los primeros en oponerse al proyecto anunciado por  Garavano fue el referente nacional de La Cámpora y diputado nacional,Larroque, quien manifestó vía twitter que  “La respuesta a problemas de seguridad no pasa x bajar la edad de imputabilidad de niños/as y adolescentes", y luego detalló que “el problema no son los menores; los delitos cometidos por menores de edad son un 5%".

Las declaraciones de Larroque sobre el tema están justificadas y van en la misma dirección a lo afirmado por  Mario Juliano, juez del Tribunal en lo Criminal N° 1 de Necochea y director de la Asociación Pensamiento Penal, quien manifestó: “Está demostrado a través del tiempo que estas medidas no rinden los frutos ni los resultados que espera la sociedad. No contribuyen en absoluto a pacificar. Muy por el contrario, viendo experiencias de otros países, la baja de imputabilidad a edades aun menores no contribuyó nunca a la paz social”.

Para Stolbizer la idea de avanzar en una medida que apunte a “que un pibe de 14 años vaya preso” es “populista y demagógica” y luego aseguró:“Hubiera sido bueno que el presidente empezara el año con el propósito de mejorar la escuela secundaria y no el de meter más chicos presos” sostuvo la dirigente a través de su cuenta de Twitter, tras lo cual se preguntó: “¿y si prueban con educación igualitaria y de calidad, en lugar de seguir con las cárceles, que son la academia del delito?”.

Por su parte, Arroyo aseguró que es “un error abordar el problema de los jóvenes y el delito desde la baja de la imputabilidad” porque a su entender primero habría que destinar recursos “para mejorar los institutos de menores y crear centros de atención de las adicciones”.

Para el referente  del Frente Renovador es correcto “que el Gobierno convoque a especialistas para analizar el tema” pero advierte que eso debe suceder “desde una mirada integral y no solo desde un cambio de las leyes” y afirma que en aquellos países donde se aplicó la medida “no dio resultados”.

Al calor de la polémica baja en la imputabilidad de los menores, el ex legislador del FIT, sentenció: “Mientras despide y recorta en educación, el Gobierno pretende bajar la edad de imputabilidad para profundizar su política de criminalización y cárcel para la juventud”, dijo del Caño, quien consideró como “clarísimo que el Gobierno pacta con las cúpulas policiales que comandan el gran delito”.

Aunque todavía no fue publicado en el Boletín Oficial, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires dio de baja una iniciativa que estaba destinada a bajar los planes sanitarios a los diferentes territorios barrios y localidades bonaerenses.

La Ley de Promotor comunitario de Salud había sido sancionada por la Legislatura bonaerense, el 30 de noviembre pasado y dependería del Ministerio de Salud bonaerense. La misma buscaba promover la participación y organización popular, para alentar y divulgar los programas sanitarios gubernamentales en los territorios.

Los artículos 6 y 7 de la ley vetada por Vidal aseguraban un cargo en planta permanente al Promotor de salud, los cuales debían encuadrare en el Agrupamiento Personal Técnico; mientras que el artículo 13, establecía un plan progresivo de regularización de los Promotores de salud que actualmente se desempeñan en el sistema sanitario bonaerense y se extendería por cinco años.

En el texto del veto a la ley de Promotores comunitarios de salud, llegado a la redacción de Primereando, se destaca: “La dirección provincial de Economía Laboral del Sector Público del Ministerio de Economía ha destacado que la iniciativa no contiene previsión alguna que contemple cómo se atenderá el costo de la misma”, para luego puntualizar que “el elevado costo conllevaría el ingreso de 5000 agentes de la administración pública, que ascendería a 1465 millones de pesos, hace que los artículos 6,7, y 13 no puedan prosperar”.

Para darle punto final al proyecto de Ley, el vetó está firmado por el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires Federico Salvai, y por la gobernadora bonaerense.

Así lo revelaron datos arrojados por la propia Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) y publicados por el Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (OETEC). LUna radiografía energética del proceso de desindustrialización y pauperización del mercado interno.

La demanda eléctrica para los sectores industrial y de grandes comercios registró, según últimos datos publicados por CAMMESA y elaborados por OETEC, su peor registro desde 2013.

En base a datos de CAMMESA, el Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), encontró que la demanda de energía eléctrica para los sectores industrial y de grandes comercios en 2016 (enero-noviembre) fue el más bajo de los últimos tres años. Asimismo, la caída interanual para el período mencionado en relación al año pasado fue del 4,65%.

Al respecto, Federico Bernal, director general del OETEC manifestó: "No nos sorprende el último dato publicado por CAMMESA en 2016. Es la radiografía energética del proceso de desindustrialización y pauperización del mercado interno implementada por el macrismo desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha".

"Debemos recordar cuando Cambiemos -precisa Bernal- afirmaba desde su rol opositor que la industria y el comercio se veían afectados por la supuesta crisis energética, lo cual las llevaba a disminuir su producción por falta de electricidad. Lo cierto es que, no sólo que jamás faltó energía eléctrica, sino que la demanda aumentó desde 2013 de forma sostenida (año en el que CAMMESA comenzó a medir discriminadamente por tipo de usuario): entre 2013 y 2014 la variación fue positiva en 0,39%; mientras que entre 2014 y 2015 fue aún mejor, 0,91%. Si hubiera faltado electricidad, dichos aumentos habrían sido imposible".

El diputado nacional y principal referente del Partido Solidario denunció en una entrevista radial que los miembros del oficialismo con altos cargos de Estado se encuentran trabajando para beneficiarse económicamente. Cuestionó a los grandes medios de comunicación y advirtió acerca del desgaste de algunos ministros del la alianza gobernante.

“Está claro que para Nicolás Dujovne, más allá de sus esfuerzos dialécticos, el objetivo es profundizar el ajuste. En todas las declaraciones que hizo habló recurrentemente de bajar el costo laboral, y bajar el costo laboral desde su perspectiva es flexibilidad laboral”, sostuvo el diputado nacional Carlos Heller.

“Dujovne también dice ´son muy altos los impuestos al trabajo´, y me hace acordar a (Domingo) Cavallo cuando redujo los aportes patronales, porque es una manera de bajar el costo laboral, desde luego a costa de desfinanciar el sistema previsional, lo que luego terminó siendo la justificación para privatizarlo. Hay que prestarle mucha atención a este tema, yo creo que es un tema clave en esta etapa”, para luego asegurar que “Dujovne no deja de decir que su objetivo es la reducción del déficit fiscal. Eso supone un ajuste aún mayor al que se aprobó en el Presupuesto”, advirtió Heller.

“Los apologistas del ajuste brutal son como los Jinetes del Apocalipsis, vienen cabalgando siempre y no paran. Tienen espacios en los medios e insisten”, graficó el Presidente del Partido Solidario.

Heller también se refirió al tratamiento sesgado que se le dio a la noticia de la recaudación y al decreto que establece mayores descuentos en las retenciones a la soja: “Incluyendo los ingresos del blanqueo, la recaudación creció un 34,6%, con una inflación que nadie ubica en menos del 40%. Por lo tanto, ni el blanqueo, que es una medida excepcional y que este año no van a tener, puede resolver el problema. El problema es la menor actividad económica y las medidas que el gobierno toma de baja de impuestos a los sectores que efectivamente quiere privilegiar”, dijo el diputado, y sumó: “al respecto, es llamativo que el gobierno firme antes de fin de año un decreto que comenzará a tener efecto el 1 de enero de 2018, me refiero al decreto 1343/2016 firmado por Mauricio Macri, Marcos Peña, Alfonso Prat-Gay y Ricardo Buryaile, que establece una reducción mensual del 0,5% en las alícuotas de la soja, que llegarían al 24% en diciembre de 2018, y al 18% en diciembre de 2019”.

El legislador señaló además un detalle que tuvo casi nulo desarrollo en los medios masivos: “Nadie dice que estos datos que dan están referidos al poroto de soja, que es nada más que el 21% de los ingresos de exportación. El 55% es harina de soja y el resto, el 24%, es aceite de soja. Estos dos rubros ya están en el 27% ahora, no en el 30% como el poroto. Por lo que van a bajar al 21% en diciembre de 2018 y al 15% en diciembre de 2019. Es decir que desde el punto de vista fiscal, según nuestra estimación, este decreto que va a entrar en vigencia el año que viene implica entre US$ 900 millones y US$ 1.000 millones al año de beneficio al sector sojero. Habría que preguntarse cómo encaja eso en el marco del objetivo de reducción del déficit fiscal”, concluyó.

Ante la pregunta sobre si el gobierno cree que las medidas económicas que implementa van a traer buenas noticias para los indicadores de la economía, Heller respondió citando una nota que publica hoy Clarín, firmada por Paul Krugman, Premio Nobel de Economía: “Krugman sostiene que el gobierno de Estados Unidos ha sido tomado por un grupo de empresarios que busca acrecentar sus ganancias y que lo hacen desde el poder, dejando de lado a los políticos que tienen otro tipo de compromisos. Estoy convencido de que en Argentina está pasando exactamente eso mismo”.

En esa misma línea, el legislador sostuvo que los funcionarios de alto rango del gabinete no temen que sus figuras se desgasten: “Ni Mario Quintana ni Gustavo Lopetegui tienen proyecto político. Lo que quieren es fortalecer sus esquemas de negocios y los de los grupos económicos a los que están vinculados, cosa que están haciendo desde el primer día, desde la compra de dólar futuro hasta la firma del Memorándum con Qatar, que es una vergüenza”, remató.

Consultado sobre la no renovación del reintegro del 5% del IVA sobre las compras realizadas con tarjetas de débito, Heller opinó que es una medida que “afecta directamente a los trabajadores registrados, que fueron incorporando el uso de la tarjeta de débito sobre la base del beneficio de la devolución del 5% del IVA” y sostuvo que la decisión de Dujovne “de hecho significa que el costo real de lo que compraban con tarjeta de débito los trabajadores, que en general son los productos de consumo permanente -alimentos, artículos de limpieza, etcétera-, a partir del 1 de enero les cuestan más”.

“La otra cuestión que hay que tener en cuenta –agregó el legislador- es que es una pésima medida desde el punto de vista fiscal: van a perder plata. Al desincentivar el interés del uso del pago con tarjeta de débito van a aparecer otra vez, sobre todo en los comercios minoristas y en los boliches de barrio, los descuentos por pago en efectivo, lo que significa que esos comerciantes dejarán de tributar. El descuento en efectivo no es un acto graciable, sino que es la preparación del camino para la no tributación. Por eso digo que en el balance final el Estado va a perder plata. Es una mala medida desde todo punto de vista”, subrayó.