El mandatario nacional oficializó el DNU que endurece los controles de ingreso y facilita la expulsión de extranjeros. Autoridades paraguayas y bolivianas expresaron su malestar, mientras que organizaciones de refugiados y migrantes denunciaron el carácter persecutorio de la medida.

De manera unilateral, el gobierno de Mauricio Macri reformó la Ley de Migraciones 25.871, una decisión que se venía anunciando con un discurso xenófobo, racista y discriminatorio, e incluso tratando de justificarlo con datos falsos, como hizo días atrás la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuando apuntó contra paraguayos, peruanos y bolivianos.

El decreto de necesidad y urgencia 70/2017 firmado por el mandatario y publicado en el Boletín Oficial habilita a las autoridades migratorias a impedir el ingreso al país de personas condenadas, aunque su sentencia no esté firme, o a los que sólo tengan antecedentes penales o integren organizaciones que puedan ser consideradas terroristas.

Asimismo, endurece los criterios para echar extranjeros del territorio nacional, tras considerar que “en los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas”.

El decreto se suma a otras medidas de controles migratorios puestas en marcha la semana última, como la aplicación del sistema Información Anticipada de Pasajero, que obliga a las líneas áreas a brindar datos sobre los pasajeros antes de que arriben o egresen del país.

Macri también creó la Comisión Nacional de Fronteras, como ente regulador y coordinador del funcionamiento de los Pasos Internacionales y Centros de Frontera, y la Dirección de Extranjeros Judicializados, que tendrá, entre otros objetivos, supervisar la materialización de las expulsiones.

El director de Migraciones de Paraguay, Jorge Kronawetter, cuestionó hoy el decreto del presidente argentino al sostener que “no condice con el espíritu de la comunidad internacional”.

“Nosotros siempre hemos luchado por el libre tránsito… queremos descomprimir la situación, que la tecnología haga su trabajo y que todos nuestros ciudadanos puedan tener la posibilidad de libre tránsito en el país y en los países vecinos”, subrayó el funcionario.

Bolivia, en tanto, ya había convocado al embajador argentino tras los dichos xenófobos de la ministra Bulrrich, quien aseguró que son extranjeros “el 33 por ciento” de los presos “por delitos federales”, omitiendo que menos del 6 por ciento de la población carcelaria total es extranjera y que sobre dos millones de inmigrantes que viven en la Argentina apenas 1420 (0,07%) están presos por delitos vinculados al narcotráfico.

“Lamentamos la estigmatización a los ciudadanos bolivianos en Argentina, que coincide con el discurso de (Donald) Trump”, dijo en esa oportunidad Carlos Romero, ministro de Gobierno de Evo Morales.

El embajador de Bolivia en Argentina, Santos Tito, salió hoy a criticar el decreto de Macri y explicó que lo más efectivo para enfrentar el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos es impulsar “acciones conjuntas” a nivel regional.

“No se puede estigmatizar a los bolivianos ya que el conjunto de los bolivianos en Argentina contribuye al desarrollo de ese país”, remarcó.

Desde la Cámara de Diputados de la Nación, el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Guillermo Carmona, sostuvo que “estamos ante un gobierno que en su política exterior adopta medidas y posiciones que generan tensión en la región”, y reclamó que el tema pueda ser tratado en el Congreso porque es “delicadísimo”.

“El Gobierno perfectamente pueda avanzar en mejoras tecnológicas que permitan contar con perfiles de antecedentes, en estrecha colaboración con los países vecinos. Ahora, si se tensionan y ofenden los países vecinos, es muy difícil luego trabajar en la cooperación necesaria a los efectos de que los antecedentes penales se encuentren disponibles”, explicó el diputado al afirmar que Macri eligió “un camino que en su forma y su contenido no es adecuado”.

Tras la publicación del decreto contra los extranjeros en el Boletín Oficial, organizaciones de migrantes han denunciado su temor a que se inicie una ola de persecuciones hacia las personas sin papeles o con documentación en trámite.

“Dicen que es para combatir el delito, pero van por el que no tiene su situación regularizada”, denunció la Red Argentina de Migrantes.

En el mismo sentido, la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref) indicó que “se invirtió la dinámica de políticas migratorias”, ya que ahora “el Estado no facilita” la regularización de los trámites, sino que “aumenta los controles de permanencia, con lógica de perseguir”.

El partido de Escobar fue el escenario escogido para que diferentes figuras centrales de la vida política de la provincia de Buenos Aires y organismos de Derechos Humanos ratificaran su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia. Mirá el video.

Diferentes intendentes del Conurbano bonaerense junto con diputados nacionales y provinciales del Frente Para la Victoria (FPV) manifestaron hoy su repudió del manejo de la movilidad de los feriados del aniversario del golpe de Estado cívico-militar y de la Guerra de Malvinas.

El gobierno nacional  anunciaba en la noche del sábado que “para evitar división” y “en pos de la unidad de los argentinos” dictará un nuevo decreto de necesidad y urgencia que restablecerá como inamovibles el Día de la Memoria, por la Verdad y a Justicia; el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y también el 20 de junio, Día de la Bandera. Sólo el aniversario de la muerte de Martín Miguel de Güemes, el 17 de junio, quedó afuera de la modificación que intentó Cambiemos.

En el acto participaron el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk; el de Merlo, Gustavo Menéndez; Juan Patricio Mussi de Berazategui; Leonardo Nardini por Malvinas Argentinas; Juan Ignacio Ustarroz  de Mercedes y el intendente Walter Festa de Moreno.

Además, estuvieron presentes la diputada nacional Mayra Mendoza, su par Juan Cabandié, Wado De Pedro, Carlos Castagneto, Rodolfo Tahilade y Luana Volnovich; los legisladores provinciales Lauro Grande, Miguel Funes y Patricia Cubría, además de representantes de organismos de derechos humanos e integrantes del Centro de Veteranos de Malvinas de Escobar.

En declaraciones ofrecidas a PRIMEREANDO, el Intendente de Moreno, Walter Festa aseguró: “Es importante remarcar la fecha, darle un párate a la iniciativa que ha tenido el presidente Macri de olvidar una fecha tan importante como el 24 de marzo y el 2 de abril, que hoy tiene mucho que ver con lo que será este año, en el cual se profundizarán las medidas de ajuste”.

Por su parte el jefe comunal de de Escobar, Ariel Sujarchuk en declaraciones a este sitio, sentenció: “No te podés meter con 30.000 desaparecidos, pero principalmente con 40 millones de argentinos que no queremos más que genocidas caminen por las calles”.

Además Sujarchuk criticó: “Se preocupan mucho que van a combatir la delincuencia, cuando en realidad están favoreciendo a terribles delincuentes. Me parece que esta fecha es tan sagrada, como es por ejemplo el día del Holocausto. La conmemoración de memoria, verdad y justicia se decretan feriado para que todos, desde los chiquitos que van al jardín hasta los más grandes, sepan que ese día no es un día más. Es un día especial, que tiene que ver con nuestra historia, que es la manera con la que forjamos el presente, y que nosotros estamos muy preocupados por el futuro de todos los argentinos.

Otro de los intendentes que brindaron declaraciones a PRIMEREANDO fue Patricio Mussi, quien comparó: “En estos momento se están viviendo otro tipo de genocidios, mucho más silencioso, pero cuando aumentas las tarifas, los peajes, el gas, es otra especie de hacer un genocidio que paulatinamente va dejando a mucha gente invisible, con hambre, sin acceso y lo van matando de a poquito”.

Por su parte la diputada nacional del FPV, Mayra Mendoza declaró: “Es repudiable la decisión del Gobierno nacional de Mauricio macri de querer borrar por decreto lo que significa un hecho simbólico pero fundamentalmente para la construcción de nuestra democracia”.

Por último, el legislador provincial Carlos Castagneto, manifestó: “El Gobierno Nacional sigue tomando medidas incorrectas, más allá que después se quiera corregir. Es una metodología que ellos sienten así; el 24 de marzo y el 2 de abril no tendrían que ser feriados, no reconocen que sus funcionarios, como lo hizo José Gómez Centurión ayer, es una falta de respeto a la historia de Argentina, a la memoria, la verdad y la justicia”.

La medida de fuerza adoptada por el gremio gráfico de retrasar por dos horas la salida de los periódicos de la edición dominical de ese Grupo mediático, contó con el respaldo del ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Mientras el conflicto por los 380 despidos en la imprenta Artes Gráficas Rioplatenses (AGR)-Clarín continúa en pie, ayer los trabajadores en lucha decidieron bloquear la salida de los diarios Clarín por dos horas y de esa manera evitar que los periódicos llegasen hasta los kioskos de revistas. La acción de protesta tuvo el gesto solidario del Indio Solari.

Según detalle el sitio Infogremiales, la acción planeada por los trabajadores gráficos comenzó por la tarde del sábado en la planta Zepita de AGR y duró hasta las 7 am del domingo. Horario en que con un operativo de Gendarmería Nacional, comenzaron a salir algunos camiones con los diarios mencionados.

Tal medida de fuerza, contó con el respaldo del Indio Solari, quien a través de su cuenta personal de Facebook publicó un video donde se ve a los trabajadores expresando la situación que atraviesan. “No podemos mirar para otro lado, seamos solidarios poniéndonos en el lugar de quienes lo están pasando mal”, escribió el músico.

La idea de afectar la distribución contó, además, con una fuerte campaña a través de las redes sociales que llamó a no comprar ninguna de las publicaciones del Grupo que se imprimían en AGR y que ahora se tercerizan, en lo que es un proceso de destrucción de fuentes laborales y derechos adquiridos por los obreros, publicó Infogremiales.

El conflicto en la planta gráfica de Clarín tiene dos semanas de vida y comenzó cuando desde el multimedio anunciaron el despido de 380 trabajadores. A forma de respuesta, los operarios tomaron la planta Zepita en el barrio de Barracas y organizaron un plan de lucho para conservar sus fuentes laborales.

A 48 horas de la toma, efectivos de infantería de la Policia Federal Argentina (PFA) y de Gendarmería reprimieron a los operarios que se encontraban en la Planta. Luego se organizaron movilizaciones al Ministerio de Trabajo y diferentes acciones para la reincorporación de los 380 obreros gráficos despedidos.

La ex Presidenta de la Nación se refirió a las polémicas declaraciones del titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión, quien cuestionó el número de desaparecidos, entre otras cuestiones; y responsabilizó al jefe de Estado por las declaraciones del titular de la Aduana.

A través de sus diferentes redes sociales, la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, consideró que “Gómez Centurión cometió apología del delito” y enfatizó que “las condenas judiciales probaron y definieron genocidio y plan sistemático de desaparición” de personas durante el último golpe de Estado.

“Río Gallegos. Leo las declaraciones de Gómez Centurión y pienso, es un espanto pero de verdad, ¿se sorprenden?”, escribió, y continuó con una serie de tuits en los que repudió las declaraciones del funcionario que anoche negó que la desaparición de personas del “gobierno de facto haya sido un plan sistemático” y que “no es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras”.

Así lo aseguró la edil del FPV junto a los organismos de Derechos Humanos que se concentraron en la Municipalidad de La Plata para ratificar el compromiso con la verdad, la memoria y la justicia.

La concejala del Frente Para la Victoria (FpV) Nacional y Popular, Florencia Saintout, junto a sus compañeros del bloque y a organismos de derechos humanos, se concentraron este lunes en las inmediaciones del Palacio Municipal bajo la consigna “La Plata tiene memoria”, ratificando su compromiso innegociable con la verdad, la memoria y la justicia. Durante el encuentro se hizo lectura de un documento crítico sobre la política de derechos humanos del gobierno, elaborado por organizaciones locales.

Ante la presión ejercida por los organismos de derechos humanos, acompañados por un pueblo organizado y con memoria, el gobierno nacional anunció la marcha atrás del Decreto nº 52/17, que establece la movilidad de los feriados del 24 de marzo – Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia-, del 2 de abril -Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas- y del 20 de junio -Día de la Bandera-.

Durante la concentración en La Plata se hizo lectura de un documento elaborado en conjunto por  Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. Regional La Plata, Asociación Nacional de Ex Presos Políticos, Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas, Hermanos de Detenidos Desaparecidos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Plata, Mesa por los Derechos Humanos de La Plata, y el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata. La actividad contó con el acompañamiento de organizaciones político-sindicales.

En ese marco, la concejala Florencia Saintout sostuvo: “La dictadura necesitó del olvido y del silencio como este gobierno necesita del silencio y del olvido para continuar su programa de miseria planificada. Por eso, además de juntarnos para repudiar, nos juntamos para celebrar los movimientos de derechos humanos que tenemos; la sociedad que tenemos; que lo paran a Macri, una vez más”.

Los organismos de derechos humanos calificaron la marcha atrás del gobierno como “el triunfo de todo el pueblo unido”, y sostuvieron en su documento que “hace más de 40 años que venimos teniendo una política impostergable para construir procesos populares de memoria, verdad y justicia […] y hoy volvemos a decir fuertemente que estaremos en la calle con el pueblo cada vez que se intente avasallar los derechos conquistados”. A la vez que convocaron a marchar masivamente el próximo 24 de Marzo “para que nunca más se interrumpa la democracia, para defender la memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos y tomar su ejemplo en la búsqueda de un país con justicia social”.

En esta línea, Saintout concluyó: “En La Plata no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos; seguimos peleando por justicia, por memoria, por verdad y por libertad y lo vamos a demostrar el 24 de marzo, movilizándonos desde La Plata, todos juntos, como tantas otras veces lo hicimos”.

El rabino licitó 50 buses por US$ 35 millones. Se desató una brutal confrontación entre firmas locales y chinas y todo terminó en funcionarios desplazados, por estar disconforme con un dictamen. Puso al hijo de Rousselot, que falló a favor de otra firma. Hay denuncias cruzadas.

Un negocio de US$ 35 millones desató una pelea entre empresarios locales y chinos, y el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman. El episodio, rodeado de suspicacias que derivó en denuncias cruzadas, dejó expuesta la relación entre los funcionarios y las empresas y la intervención directa de Mauricio Macri para definir a los adjudicatarios.

Todo comenzó con una licitación para adquirir cincuenta buses eléctricos. Según consignó Perfil, "el negocio ecológico huele tan mal que ya suma dos impugnaciones; un reclamo al jefe de Gabinete, Marcos Peña; el desplazamiento de tres funcionarios; el coletazo de un escándalo de corrupción en China; el ascenso estrepitoso del funcionario que prestó su firma para darle el contrato a una de las empresas; y al menos dos denuncias judiciales que se concretarán en los próximos días".

Claro que el negocio tiene un condimento extra: habría sido una orden del presidente Mauricio Macri para supuestamente favorecer la relación con inversores chinos. Pero en lugar de “facilitar” el vínculo, terminará en un cruce de sospechas de corrupción.

En 2016, cinco oferentes locales se presentaron a la licitación asociadas a distintas fábricas chinas de buses que funcionan con baterías que se cargan en terminales eléctricas.

El 23 de diciembre, la comisión técnica dictaminó que había tres empresas en condiciones de cumplir con el pliego: Newsan, CTS Auto SA y Vía Bariloche. Pero los técnicos se inclinaron más por Vía Bariloche, una empresa de la familia Trappa, vinculada al kirchnerismo, y asociada en esta licitación con la china Higer, acusada de defraudar al Estado chino con subsidios que recibió de manera indebida.

Ese mismo 23, la abogada que integraba la comisión evaluadora, Leticia Pereyra, analizó la propuesta de los técnicos y elevó su informe legal. La funcionaria sostuvo que la oferta más favorable era la de CTS. Pero agregó que si las otras finalistas –Newsan y Vía Bariloche– subsanaban una serie de faltas con el pliego, estaban en condiciones de acceder al contrato.

Sin embargo, tres días después, el Ministerio decidió que no había lugar para “subsanar” faltas y que el negocio debía ser adjudicado a CTS, asociada a la china BYD. Pedro Orbaiz, el jefe técnico que habían favorecido en su dictamen a Vía Bariloche, se negó a firmar. Bergman no se echó para atrás. Decidió removerlo a él y sus suplentes de la comisión.

Por ello el 26 de diciembre, el Rabino conformó a las apuradas una nueva comisión que emitió otro dictamen otorgando el negocio a CTS. Para lograr las firmas necesarias, Bergman autorizó a Julián Rousselot, jefe de Informática del Ministerio, a sustituir al técnico especializado en buses eléctricos.

Tres semanas más tarde, Bergman ascendió a Rousellot a subsecretario de Coordinación Administrativa, el área encargada de la revisión legal de las licitaciones públicas. Rousselot es ingeniero en informática, titular de uno de los gremios de informática que busca insertarse en el mundo gremial e hijo del denunciado ex intendente de Morón Juan Carlos Rousselot.

¿Cómo hizo Rousselot, un ingeniero informático, para evaluar en tan sólo cuatro días un expediente de 10 mil fojas sobre un tema que no es de su expertise?

El 6 de enero, Vía Bariloche presentó una carta a Marcos Peña denunciando supuestas irregularidades en la licitación. “La Comisión Evaluadora recomienda adjudicar la compra y el servicio técnico por 5 años a la empresa CTS, la cual no registra actividad económica alguna desde su creación, no posee empleados ni instalaciones, y cuyo patrimonio neto asciende a $ 20 mil”, sostuvo.

Vía Bariloche y Newsan impugnaron la decisión de entregar el negocio a CTS, pero Vía Bariloche irá por más y presentará una denuncia ante la Justicia, según informó la firma.

El fuerte aumento de los peajes, se suma al ya anunciado de los cospeles de estacionamiento y la nafta. El gasto será desde febrero 40% mayor con respecto al último mes de 2016.

A pesar de las previsiones oficiales del 17 por ciento, la presión inflacionaria y la suba de precios no ceden en este 2017. Al inminente tarifazo, ya se le suman los aumentos de los costos de todos aquellos que utilicen el auto como medio de transporte para trasladarse a su trabajo.

En el último mes se cristalizaron aumentos de naftas, peajes, parquímetros y seguros que impactarán fuerte en los presupuestos de aquellos que llegan desde el conurbano a Capital Federal.

Según un trabajo realizado por El Cronista, el gasto será 40% mayor comparado con el último mes de 2016. Los peajes serán los que más pesen en ese cóctel. Además de ser los últimos en ser tenidos en cuenta ya que los nuevos valores comenzarán a regir a partir del miércoles.

Aunque dependiendo del vehículo y la zona desde donde se cruce la General Paz, el gasto diario tendrá variaciones. Es que además de ‘hora pico‘ y ‘no pico‘, se sumará el ‘horario congestión’, de 7 a 9 mano a Capital; y de 17 a 19 a Provincia. En esos horarios, en el Acceso Oeste se pasará de $ 25 a $ 55 en efectivo; y $ 33 por telepeaje.

En el caso del Acceso Norte, quienes circulen en la hora pico (de 6 a 7 y de 9 a 10 mano a Capital, y de 16 a 17 y 19 a 21 mano a Provincia) pagarán en efectivo $ 60, y con Telepeaje $ 36.

También las autopistas de Capital Federal sufrirán un importante reajuste. Mano a Capital, la hora pico aumentará una hora y será de 7 a 11. Mano a Provincia, hasta ahora era de 17 a 20, pero será de 16 a 20 los días hábiles. La suba tarifaria será de 52,3 % en efectivo y 15 % por telepraje. Estos incrementos alcanzarán a las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno e Illia.

Con semejantes niveles de subas, los peajes son uno de los gastos que más impacta en los bolsillos de los conductores. Sus valores subieron hasta 83% en los últimos dos años. Así, para un conductor que ingresa a Capital desde Morón (en el Oeste del Conurbano bonaerense) y paga peaje en Acceso Oeste y las autopistas de AUSA en hora pico, su gasto diario llega a $ 220. Quienes acceden desde zona norte por Acceso Norte y la autopista Illia, deberán pagar un monto apenas menor, de $ 170 diarios. En este marco, utilizar TelePASE (el sistema electrónico de pago en autopistas) o la tarjeta SUBE con la que se viaja en transporte público generará un gasto menor. En el Acceso Oeste por caso, no pagará $ 55 sino $ 33.

Pero el peaje no es el único, ‘costo’ de usar el auto como medio de transporte que evidenció subas desde principios de año. Por ejemplo, la nafta subió 8% y el litro de super ya cuesta $19,04. Llenar un tanque de un auto chico oscila los $ 1100 y puede consumirse en una semana de ida y vuelta, de casa al trabajo. El gasoil tiene mayor autonomía pero también es más caro. La opción más barata, el GNC, ya ronda $ 9,90 el m3. Pero si el auto aún no tiene el equipo necesario, la inversión en colocarlo hace que por los primeros dos años la diferencia en el gasto no sea tan relevante.

Estacionar también es más oneroso. La hora en un parquímetro se duplicó y vale $ 8, con la dificultad que además presentan las máquinas que entregan los tickets que solo aceptan monedas de hasta $ 1 y hay muy pocos lugares donde comprar los cospeles. El máximo permitido son cuatro horas, por lo que un oficinista que trabaja 8 horas diarias y con suerte consiguió un espacio donde estacionar, debe tener 64 monedas de $1 cada día. Si, en cambio, se opta por un garaje, el gasto es ampliamente mayor. Los precios por hora van desde los $ 30 a los $ 70. Esto significa que un día de trabajo tradicional consumiría entre $ 240 y $ 560 solo por estacionar.

Las cocheras rentadas mensualmente son un poco más accesibles y hoy promedian los $ 1600. Esto equivale a alrededor de $80 diarios.

A estos gastos se le deben sumar otros que ya pesan en la cuenta mensual de un automovilista como el pago de las patentes; los costos de mantenimiento y las eventuales multas que puedan recibir. Todas erogaciones que subieron entre 10% y 45% en los últimos meses.

El extitular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, le enrostró al Diego Bossio su cambio abrupto, haber abandonado el FpV y su acercamiento al gobierno de Macri. "Vos cambiás de banderas por conveniencia y de principios con una rapidez que asusta", disparó Recalde.

El diputado nacional Diego Bossio protagonizó ayer un duro cruce con Gabriel Mariotto y Mariano Recalde, que criticaron al exdirector de ANSES por abandonar el FpV y apoyar ciertas medidas del gobierno de Mauricio Macri.

Fue el expresidente de Aerolíneas Argentinas quien responsabilizó a Bossio por haber votado la mayoría de las leyes importantes para el Ejecutivo. "Macri ganó las elecciones y había una necesidad de darle gobernabilidad", justificó Bossio.

"Vos cambiás de banderas por conveniencia y de principios con una rapidez que asusta", le dijo Recalde a Bossio.

El ahora referente del Bloque Justicialista criticó la falta de militancia de La Cámpora por la candidatura de Daniel Scioli en 2015. "Los que supuestamente no acompañábamos a Scioli, ahora que perdió, seguimos estando junto a Scioli", se defendió Recalde en el programa Mauro, la pura verdad.

Por otro lado, Mariotto también criticó duramente a Bossio por ser funcional al gobierno y también le recordó la votación por la deuda con los holdouts, donde el bloque Justicialista de Diego Bossio votó a favor de la propuesta del gobierno para salir del default. "Había cosas que había que resolver, yo voté en contra de los artículos de negociación de Macri", justificó el diputado.

En otro de los cruces que protagonizaron, Bossio buscó correrse del centro del ring y afirmar que había que "empezar a encontrar puntos en común y resolver problemas de la Argentina". La sola mención fue capitalizada por Mariotto, quien rápido de reflejos, le retrucó: "Vos encontraste puntos en comun con Macri", lanzó desatando la bronca de Bossio: "No me chicaneés".

Por último, quien iba a ser ministro de Daniel Scioli si ganaba en 2015 explicó: "El atajo y la chicana no conduce a nada. No quiero participar de un espacio político que tenga determinadas improntas, no me siento cómodo", indicó justificando su salida del Frente para la Victoria. Recalde, enseguida, lo cruzó con ironía al afirmar que mientras formaba parte del Gobierno de CFK "estaba cómodo".

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo hoy que “mandaría a la escuela” a Juan José Gómez Centurión, titular de la Aduana, “para que aprenda lo que está probado” en relación al terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura. La Rosada salió con un comunicado a descalificar a su funcionario y señaló que sus afirmaciones son "a título personal" que "no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del Gobierno".

“Lo mandaría a la escuela para que aprenda lo que está dicho, escrito, probado, y que no invente," afirmó hoy en declaraciones a Radio del Plata la presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto..

No obstante, manifestó su sorpresa por los dichos del funcionario -veterano de la guerra de Malvinas y ex carapintada- al considerar que “es parte de la gestión del gobierno, tuvo espacio para decirlo, y por las barbaridades que dijo lo mandaría a la escuela para que aprenda lo que está dicho, escrito, probado, y que no invente".

“Está agraviando a la historia y a todos los argentinos. Es una persona peligrosa para estar en un lugar público, teniendo poder en el sector que sea y vaya a saber qué decisiones toma con estos criterios”, sostuvo Carlotto esta mañana.

Gómez Centurión realizó sus polémicas declaraciones anoche en el programa televisivo Debo Decir, que se emite en América TV, donde afirmó no compartir la “visión de la historia” que da cuenta de un “plan genocida” implementado tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

En este contexto, Carlotto calificó hoy como “un triunfo" que el Gobierno nacional haya decidido mantener como "inamovibles" los días feriados del 24 de marzo, el 2 de abril y el 20 de junio.

"Lamentablemente, lo hace a destiempo, no tendría que haberlo hecho antes, son fechas intocables", consideró Estela de Carlotto, a la vez que anunció que “nuestra marcha (el 24 de marzo) va a ser igual a la que pensábamos hacer”.

Al finalizar, insistió en que "cada año la marcha será mayor en razón de que hay una toma de conciencia sobre la necesidad de no olvidar lo que pasó, dadas las contradicciones de algunos funcionarios que se han atrevido a ofendernos con el número de desaparecidos”.

Por su parte y conscientes del repudio generalizado por la gravedad de las palabras de su funcionario, la Casa Rosada tomó distancia hoy de las afirmaciones realizadas por el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, en relación a la última dictadura, al afirmar que se trata de opiniones vertidas por el funcionario "a título personal" que "no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del Gobierno".

Así lo expresó a través de un comunicado de prensa difundido esta mañana por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, en el que remarcó que el régimen militar instaurado tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 puso en marcha "un plan sistemático de desaparición de personas, robos de bebés, asesinatos, expoliaciones y detenciones arbitrarias".

"El 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de la peor dictadura que soportó nuestro país y, tal como quedó demostrado por la acción de la Conadep, los juicios a las juntas y los juicios posteriores que aún se siguen desplegando, el Terrorismo de Estado instalado desde las cúpulas militares se sostuvo en un plan sistemático de desaparición de personas, robos de bebés, asesinatos, expoliaciones y detenciones arbitrarias", indicó la dependencia encabezada por Claudio Avruj.

De esta forma, buscó dejar en claro la posición del Gobierno en relación a la última dictadura y a despegarlo así de las afirmaciones realizadas anoche en un programa televisivo por el titular de la Aduana.

El gobierno nacional oficializó hoy a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), y evitando su tratamiento legislativo, modificaciones a la Ley de Migraciones. Buscan acelerar los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos, ante lo que señala como "una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes".

En este sentido, lo que la norma reglamenta es "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio".

“Ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a siete años de tramitación”, señalan los considerandos.

Así lo establece el Decreto 70/2017 publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial, con la firma del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y del todos los ministros del gabinete nacional. 

En el inicio de su texto, la norma remarca que los principios establecidos por la Constitución Nacional en relación a los derechos que gozan los extranjeros en el país pero, a su vez, subraya que "cada Estado Nacional tiene la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales" y que el ejercicio de esa potestad "debe hacerse con pleno respeto de los derechos de las personas extranjeras y en forma compatible con las normas de protección de los Derechos Humanos".

En este sentido, el DNU señala que, "en los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas".

No obstante, afirma que "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35 por ciento de la población carcelaria total".

Además, destaca que, "en relación a los delitos vinculados a la narcocriminalidad, se observa que el 33 por ciento de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros" y argumenta que eso demuestra que "la población extranjera está altamente representada entre los detenidos, teniendo en cuenta que, conforme el último censo nacional, la participación de la población extranjera como porcentaje de la población total es del 4,5 por ciento".

Por otro lado, el DNU indica que, "como consecuencia de los controles implementados por la actual gestión de la Dirección Nacional de Migraciones se ha detectado en el último año una nueva modalidad de fraude a la ley migratoria, consistente en un uso abusivo y contrario a los fines de la ley del instituto de la residencia precaria".

"Lo hasta aquí expuesto configura una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes", concluyen los considerandos de la norma publicada hoy en el Boletín Oficial.

En este sentido, el decreto señala que, "el análisis efectuado de diversos regímenes vigentes en el Derecho Comparado permite concluir que los procedimientos de expulsión de personas de nacionalidad extranjera se sustancian por regla general de manera expedita, pues la cuestión a resolver en ellos queda circunscripta a determinar si a un extranjero le asiste o no el derecho de permanecer en el territorio del Estado respectivo".

Con este argumento, esgrime que "la razonabilidad del plazo de duración de un proceso reviste gran importancia para el efectivo respeto del derecho al debido proceso legal garantizado en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país".

Por ese motivo, la norma entiende que esa situación "justifica la regulación inmediata de un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio".

Además, remarca que el "procedimiento sumarísimo" que establece el decreto es "respetuoso del artículo 22 inciso tercero de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto se orienta a la protección de la seguridad y el orden público".