La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, consideró hoy que "ningún docente debe estar debajo de la línea de pobreza", al fundamentar el rechazo de los gremios al ofrecimiento del gobierno bonaerense realizado ayer de una suba salarial del 18 por ciento a pagarse en cuatro cuotas.

El round paritario docente va subiendo la temperatura. La primer discrepancia surgió al momento de evaluar lo sucedido en 2016. Allí Petrocini reafirmó el reclamo de "solucionar lo perdido" en el poder adquisitivo del salario "en el último semestre del 2016" e insistió con que "los especialistas están hablando de un 24 por ciento de inflación" para este año, con lo cual "en pocos días" la cifra propuesta por la gestión provincial, quedará "pulverizada".

"Ningún docente debe estar debajo de la línea de pobreza, por eso queremos sentarnos a una mesa de negociación y solucionar lo que perdimos el último semestre de 2016", planteó hoy la dirigente sindical en declaraciones a Radio Belgrano.

En este marco, afirmó que "el salario promedio de un docente es de 9 mil pesos por una jornada de cuatro horas y el 60 por ciento tiene menos de dos cargos", y volvió a plantear que los sindicatos reclaman un básico de 13 mil pesos.

En este contexto, la titular de la FEB recordó que "el año pasado terminamos percibiendo en agosto un 34,6 por ciento de aumento y la inflación fue del 40, por lo que hubo una pérdida del poder adquisitivo considerable".

"Los docentes tienen que conseguir más cargos, cursos y horas para poder llegar a fin de mes", advirtió la presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses.

Por su parte, el secretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), Miguel Ángel Díaz, sostuvo hoy que "si el gobierno (bonaerense) no se mueve del 18 por ciento es un capricho" al afirmar que "recursos hay".

"Nos aseguraron que nuestro salario iba a cambiar, mejorar y, sin embargo, estamos peor," evaluó hoy el titular de la Udocba en declaraciones a Radio Splendid.

Por último, el dirigente del gremio alineado con la CGT que los sindicatos van "a luchar para que este panorama cambie" y advirtió que peligra el inicio de clases.

De acuerdo con la bajada de línea de Vidal, Martiniano Molina busca cerrar las paritarias municipales con el incremento salarial modelo del 18% y cláusulas gatillo. Los empleados rechazaron de plano la iniciativa, se le plantaron y le ocuparon el municipio. Además denuncian 100 despidos.

El plan oficial de paritarias del 18% para todos sigue generando múltiples problemas. Es que además del inminente conflicto con los docentes, los intendentes tendrán que lidiar con la furia de los municipales que se resisten a ese porcentaje.

Y uno de los primeros en pagar los platos rotos fue el intendente de Quilmes, Martiniano Molina. Es que afiliados de ATE desde la mañana ocupan el segundo piso de la Municipalidad, con el reclamo de ser incluidos en la negociación paritaria.

El "Cocinero", de acuerdo a la bajada de línea platense de María Eugenia Vidal, quiere cerrar en un 18 por ciento en cuatro cuotas.

Los manifestantes piden, además, por la reincorporación de unos 100 trabajadores despedidos y denuncian que sólo convocan a la mesa paritaria al "gremio amigo", ya que está previsto que el miércoles el gobierno municipal comience la discusión con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Quilmes (STMQ) encabezado por Raúl "El Ronco" Méndez, asesor Clase A de la Secretaría Legal y Técnica.

Desde la gestión de Martiniano recordaron que el año pasado tampoco fueron convocados los empleados afiliados a ATE a discutir salarios. "Como cerraron en 30 no se quejaron tanto, ahora cierran en 18 y saben que la gente no va a estar contenta", protestan más fuerte, señalaron,

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, sostuvo hoy que a pesar de haber sido crítico con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner quiere “unirse” a la ex presidenta, aunque aclaró que la definición de candidaturas para las próximas elecciones legislativas “es otra cosa”. Además apuntó contra el macrismo por tratar de trasladar el conflcito docente a las provincias.

“Por supuesto que quiero unirme (a Cristina). Quien es el candidato es otra cosa” afirmó en una entrevista con radio Cooperativa en la que abogó por la unidad del peronismo en torno a un "programa".

Rodríguez Saa apuntó que en una elección legislativa, como la de octubre próximo, los candidatos serán “distritales”, lo que aleja la discusión por la conducción del partido, pero que, aun así, aspira a que sean “de unidad”.

“La unidad implica un programa, para el peronismo es fácil. Yo anhelo que los candidatos sean de unidad”, señaló.

Sobre la filtración de escuchas judiciales, el mandatario provincial sostuvo que “en un año electoral en el que hay bastantes problemas sociales, hay que darle a la prensa motivos para hablar” y calificó la situación como “humo” para “distraer”.

Además dijo que el gobierno “se está lavando las manos” con las paritarias docentes y “pasando el conflicto a las provincias”.

Al ser consultado por la postulación del abogado Carlos de Casas para ocupar un cargo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rodríguez Saa dijo desconocer el caso, pero destacó la importancia del cargo ante casos como el de Milagro Sala.

En ese sentido, y para finalizar, el gobernador de San Luis criticó a su colega jujeño, Gerardo Morales a quien señaló como “el gran inquisidor” por sus posturas en el caso de Sala.

(por Andrés Fidanza) En julio de 2016, el juez Ariel Lijo ordena que se hagan pinchaduras telefónicas online. La causa está centrada en la supuesta complicidad de Oscar Parrilli en la fuga de un narco. El juez Lijo a su vez permite que Agencia Federal de Inteligencia tenga acceso y participe de las escuchas. Vía Oscar Parrilli, gran parte de los audios alcanzan a Cristina Kirchner. En el expediente de la causa se incluye un resumen con transcripciones de las conversaciones. Así, desde octubre, tanto la AFI, como el juez Lijo, el fiscal Guillermo Marijuán y el propio Parrilli manejan esa información.

Por decisión de Lijo, los agentes de la AFI captaron online las pinchaduras telefónicas a Parrilli (con Cristina Fernández). Lijo podría haber delegado el trabajo en alguna otra fuerza de seguridad, pero optó por la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. A pesar de que las escuchas dependen de la Corte Suprema (y ya no de la AFI), Lijo pidió en junio pasado la colaboración de los agentes y se inclinó por la modalidad urgente del vivo y en directo, en general usada en casos de secuestros extorsivos.

El juez justificó esa decisión por el protagonismo que había tenido la ex SIDE en el inicio de la investigación contra Parrilli y otros tres ex espías (uno de ellos fue el Director de Asuntos Judiciales de la AFI en la gestión kirchnerista, Emiliano Rodríguez). Según la versión de la actual conducción de la Agencia, los jefes macristas dieron con una carpeta que muestra la complicidad de Parrilli con el narco Ibar Pérez Corradi.

Casi seis meses más tarde, se filtran a la prensa un parte de las escuchas: una edición de los tramos en los que habla la ex presidenta. Nadie se hace cargo de la difusión: ni el juez, ni el fiscal, ni la AFI, ni la Corte Suprema. Si bien los audios no tienen relación con la investigación por las que fueron autorizadas, generan ruido político y mediático, y hasta denuncias judiciales paralelas contra Parrilli y CFK.

Al momento, el contenido de las charlas no parece demostrar delitos flagrantes por parte de los pinchados. Y en concreto, no tiene conexión alguna con la investigación original: supuesta ayuda de Parrilli, el último jefe kirchnerista de la ex SIDE, al narco Ibar Pérez Corradi, ex prófugo por el triple crimen de General Rodríguez.

El modus operandi de esta trama muestra un link demasiado estrecho y al borde de lo ilegal entre el poder judicial y la Agencia Federal de Inteligencia. Con la asistencia, por lo menos acrítica, de algunos medios de comunicación. En resumen, se trata del mismo combo por el que, años atrás, se acusaba al kirchnerismo. O más específicamente: se señalaba a un sector de la ex SIDE, más ciertos jueces y fiscales, por su funcionalidad con el gobierno anterior. A fines de 2014, cuando Cristina Kirchner intuyó deslealtad por parte de la vieja guardia de espías, con Jaime Stiuso a la cabeza, empezó el descabezamiento general de “la Casa”. En ese momento se rompió el stato quo sostenido por años dentro de la ex Secretaría de Inteligencia.

Ahora, el sainete de las escuchas es síntoma de un regreso: el de aquella zona oscura. Un espacio de convivencia admitida, normalizada e histórica entre los servicios de inteligencia y la justicia federal. La víctima, en este caso, como siempre, es una circunstancia. Le toca a Cristina Kirchner, pero ya llegarán otros, de distinto signo político. Y aunque el kirchnerismo haya mantenido inercialmente ese esquema durante años, nada justifica que se repliquen las peores prácticas del apriete y la extorsión.

La vuelta de aquella máquina en bambalinas, en general puesta al servicio de algún sector de la política, tiene más de un nombre propio: el actual director de finanzas de la AFI, Juan José Gallea, ocupó ese mismo puesto en el gobierno de la Alianza. Tras la caída de Fernando de la Rúa, Gallea fue señalado e investigado por su rol en el pago de coimas para aprobar una ley de flexibilización laboral: la famosa Ley Banelco. Según una pista que nunca se pudo comprobar, la plata para los sobornos habría salido de los gastos reservados de la ex SIDE.

La promesa institucionalista del macrismo, en este punto, sigue pendiente. En realidad, a la fecha no parece existir la menor intención de empezar con un cambio.

No conforme con el cuestionado encierro de Milagro Sala, el gobernador de Jujuy ahora quiere presa a CFK. Además descalificó a los organismo internacionales que pidieron la liberación de la dirigente social.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró anoche que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner debe estar "presa, al igual que Milagro Sala y José López, porque encabezó una matriz de corrupción que tuvo como punta del iceberg a Jujuy".

En declaraciones al programa "Desde el Llano", que se emite por la señal TN, Morales defendió la prisión preventiva a la que la justicia de esa provincia sometió a la dirigente social y reclamó a los organismos internacionales, como la CIDH y la ONU que "consideren" todas las posiciones, ya que "hay denuncias de amenazas a testigos de las causas" que involucran a Sala y a su organización, la Tupac Amaru.

En ese sentido agregó que Cristina Kirchner debe "estar presa al igual que Sala y José López (ex secretario de Obras Públicas) porque encabezó una matriz de corrupción que tuvo como punta del iceberg a Jujuy".

Además, resaltó el rechazo del parlamento europeo "a la petición planteada por los abogados de Sala", ya que "no se entrometen en cuestiones internas de la República Argentina".

"Me llama la atención que quienes no conocen Jujuy, ni la lógica fascista de la Tupac Amaru, digan que no están dadas las condiciones (para la preventiva de Sala). Si el juez dice que hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa, hay que respetar la decisión del juez", concluyó Morales.

Mientras el retorno del fútbol todavía es una incógnita, se conocieron audios de Daniel Angelici en los que el presidente de Boca le pide a la máxima autoridad del Tribunal de Dicsciplina que no le dé más de tres fechas a dos jugadores del club. Además busca condicionar los arbitrajes. El "Tano" siempre estuvo en el ojo de la tormenta por ser señalado como el operador judicial de Cambiemos.

Una serie de reveladores audios telefónicos demostró la influencia que el presidente de Boca, Daniel Angelici, tiene sobre el Tribunal de Disciplina y la política interna de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), lo que suma más ruido a un alicaído fútbol que todavía no se sabe con certeza cuando regresará.

El primero de ellos vinculó a Angelici con el presidente del Tribunal de Disciplina, Fernando Mitjans, que demuestra años de rumores sobre cómo se manejan las sanciones disciplinarias en AFA.

El diálogo se dio en el marco de los torneos de Verano 2015, cuando Leandro Marín y Cristian "Pichi" Erbes fueron expulsados en un encuentro ante Racing.

Marín, por una violenta infracción sobre Ricardo Centurión, debía ser sancionado con más de cinco fechas, lo que iba a imposibilitar que dispute un partido definitorio contra Vélez, por la clasificación a la Copa Libertadores de ese año, que finalmente ganó en Mar del Plata.

"Necesito que jueguen contra Vélez", le pide Angelici a Mitjans, en el audio que dio a conocer el programa "No Todo Pasa", de TyC Sports.

En el fallo, que Mitjans le recomienda que salga "el jueves a la noche para calmar a los boludos de la prensa", finalmente Erbes y Marín fueron sancionados con dos y tres fechas, respectivamente, por lo que pudieron estar disponibles.

Incluso, Mitjans aconseja sobre los pasos a seguir para poder "justificar" ante sus pares el fallo posterior. "Yo les escribo la declaración, pero sale el jueves a la noche para que la prensa no rompa las pelotas", cierra Mitjans.

En ese contexto, otro audio revelado por el mismo programa, Angelici llamó a Luis Segura, presidente de AFA, para pedirle que hable "directamente" con Germán Delfino, quien iba a ser designado como árbitro para ese encuentro.

"Fijate de hablar vos directamente con este pibe Delfino, que trate de equivocarse lo menos posible, porque Boca se está jugando mucho", asegura, en forma textual, Angelici.

"Daniel, quedate tranquilo que tengo una reunión con Scime y que, para el desempate con Vélez, el hincha número uno de Boca soy yo", le respondió Segura, que llegó como titular de Argentinos Juniors al frente de AFA, luego del fallecimiento de Julio Humberto Grondona.

No es novedoso tener a Angelici inmerso en una disputa por tráfico de influencias. El presidente de Boca fue señalado en numerosas oportunidades, incluso por "Lilita" Carrió una integrante de la coalición de gobierno, como un operador de la justicia al servicio del PRO.

Los fiscales de Delitos Económicos de la ciudad de Mar del Plata Javier Pizzo y David Bruna pidieron la elevación a juicio oral y público de la causa que investiga al ex intendente del partido de General Pueyrredón Gustavo Pulti por el presunto delito de malversación de caudales públicos por más de 35 millones de pesos durante su gestión.

Pizzo y Bruna solicitaron la elevación a juicio al juez de Garantías N° 2, Saúl Errandonea, para determinar además si Pulti, del partido vecinalista Acción Marplatense, cometió el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.

El ex intendente condujo la comuna entre 2007 y 2015, y según la requisitoria presentada por los agentes del Ministerio Público, durante su administración se "dispusieron los fondos de terceros percibidos por el municipio en carácter de depositario, dándoles un destino diferente al que aquellos legalmente tenían".

Según el escrito de 145 páginas presentado por los fiscales, 35.208.344 pesos fueron "desviados de su destino real" para "hacer frente con ellos -indebidamente- a compromisos públicos asumidos durante su gestión".

En la causa se investiga también la responsabilidad en estos hechos de los ex secretarios de Economía y Hacienda de Pulti, Daniel Pérez, y de Desarrollo Productivo, Mariano Pérez Rojas.

Tras conocer el pedido de Pizzo y Bruna, el ex intendente adelantó que pedirá "el sobreseimiento total y definitivo en todas las cuestiones que nacieron por una denuncia de mala fe”.

“Sin un solo hecho de corrupción que se investigue, sin una sola acusación por la que se pueda inferir que hayamos actuado en contra del interés de los marplatenses o de Mar del Plata, como queda dicho, solicitaremos a la justicia, en la que confiamos, el sobreseimiento que consideramos corresponde”, señaló el ex jefe comunal en un comunicado.

Pulti y los otros funcionarios imputados tendrán 15 días para apelar el pedido de los fiscales.