Buscan debatir proyectos de ordenanza vinculados con las graves deficiencias en los servicios públicos que padecen los productores y usuarios. “El Municipio y EDELAP siguen sin escuchar el reclamo de miles vecinos; la situación es crítica”, advirtieron.

Los concejales platenses de los bloques del Frente para la Victoria  (FpV-PJ), Florencia Saintout, Guillermo Cara, Gastón Castagneto, Fabián Lugli, Pedro Borgini, Lorena Riesgo, Silvana Soria y Gabriel Bruera, solicitaron hoy una “sesión extraordinaria urgente” para hacer frente a las consecuencias del temporal de viento que afectó a la región el domingo pasado.

De manera conjunta, presentaron un proyecto de ordenanza con “el objetivo de velar por la correcta aplicación del estado de emergencia agropecuario”.

La iniciativa propone, en primer lugar, que la emergencia se extienda hasta que la situación se normalice y que en ese período se realicen todos los actos tendientes a sanear la condición actual, incluyendo subsidios directos a los afectados. Además, declara la importancia de efectuar una reducción del 50% en las tarifas por acarreo, carga y descarga en el Mercado Regional y eximir del pago de la Tasa por Servicios Urbanos Municipales a los predios rurales productivos.

Entre los proyectos presentados por los bloques del FpV-PJ, se solicitó al intendente Julio Garro que “arbitre los medios necesarios” para dejar sin efecto el último aumento de las tarifas de la distribuidora EDELAP, concesionaria del servicio en la región de la capital bonaerense.

Desde el Municipio se estableció que el 50% de las zonas cultivadas en La Plata se vieron afectadas y estiman que la pérdida material de los productores representa 320 millones de pesos. Sin embargo, según explicó el Intendente Julio Garro en la reunión con los presidentes de bloque del Concejo Deliberante, se destinarán 41 millones para la emergencia.

“Está a la vista que esta cifra, propuesta por el Poder Ejecutivo, está muy por debajo del monto total de pérdidas y eso nos convoca a atender de cerca el curso de las acciones que se tomen”, comentó Cara.

Los concejales también proponen que se apruebe un decreto para que el Municipio adopte medidas urgentes tendientes a instalar grupos electrógenos en aquellos barrios donde aún permanece interrumpido el servicio de energía eléctrica.

“Hay zonas de la ciudad que llevan más de 72 horas sin luz y sin agua. El municipio y Edelap siguen sin escuchar el reclamo de miles vecinos; la situación es crítica, sobre todo para el cordón frutihortícola, que sufrió pérdidas millonarias y necesita de nuestro apoyo para salir adelante”, subrayó Saintout.

Por su parte, el concejal Borgini explicó que “los cortes generan daños y perjuicios económicos, sociales y psicológicos en la comunidad”.

Los ediles solicitan, además, que se trate un proyecto reclamando al Gobierno provincial que la compañía estatal ABSA provea de agua corriente y potable a todos los vecinos afectados por el corte del servicio.

“En La Plata hay más de 30 mil usuarios que aún permanecen sin servicios esenciales, según las estimaciones de las propias empresas”, sostuvo Riesgo, mientras que Lugli agregó que “es una situación de emergencia, un episodio extraordinario que requiere la inmediata convocatoria a una sesión especial del Concejo Deliberante”.

“El órgano encargado de recepcionar los reclamos e inquietudes de los vecinos de nuestra ciudad no puede estar ausente en este momento tan difícil para los platenses”, concluyeron los concejales en un comunicado.

La famosa empresa de productos lácteos está prácticamente quebrada y no logra superar una crisis que en 2016 le generó pérdidas por 2.421 millones. Las acciones y búsquedas para evitar el fin de la cooperativa, mientras que el Gobierno apuesta al concurso de acreedores para negarle planes de salvataje.

La conjunción de un mercado interno recesivo y la pérdida de producción por inundaciones, entre otras, llevaron a la empresa a una desesperada búsqueda de un socio externo.

A fines de 2016 la empresa había cursado un comunicado a la Comisión Nacional de Valores explicando que "la difícil situación de la lechería afectó la capacidad productiva y desempeño económico" y había prometido comunicar en breve una serie de "resoluciones adoptadas para dar una solución definitiva" a su crisis.

Sin embargo, pasado el primer mes del nuevo año, y luego de haber cerrado en junio de 2016 un balance anual con pérdidas por $2.421 millones, con un crecimiento exponencial respecto de los quebrantos de $447 millones en 2015, y $263 millones en 2014, no se advierten señales que posibiliten advertir una solución inmediata a una crisis que no es nueva.

La “posible solución” que barajan los socios de SanCor apuestan a conseguir un socio que inyecte fondos para mantener las unidades de negocios y revertir el patrimonio neto negativo.

Desde el Gobierno, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, mantiene su postura de que la empresa vaya a concurso de acreedores y negarle planes de salvataje.

En rigor, el funcionario macrista considera que lo que hizo el kirchnerismo al facilitarle fenomenales negocios de exportación de leche en polvo con Venezuela -de 2007 a 2013- fueron simplemente parches que no sirvieron para nada.

Por tal motivo, ahora las esperanzas de los socios de SanCor están puestas en el nuevo presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, quien ya trabaja en diferentes líneas de financiamiento para la lechería (su especialidad).

Asimismo, en la empresa también confían que Macri pueda abrir las exportaciones de leche en polvo a Brasil en el marco de la gira comercial dado que actualmente rige un cupo que limita los envíos de este producto al principal socio del Mercosur.

Para tener una idea, el año pasado Brasil importó apenas 48.941 toneladas de leche en polvo argentina por un valor de u$s 124 millones, al tiempo que las compras a Uruguay fueron por un total de 101.693 toneladas por u$s 335 millones (más del doble).

En este contexto, este martes SanCor recibió duras críticas por parte de Confederaciones Rurales (CRA): la entidad acusó a la firma de ser complaciente ante el pedido del gremio de la industria láctea (ATILRA) que reclama un aumento salarial del 49%.

"ATILRA se empecina en exigir aumentos irracionales que terminarán afectando nuevamente al productor en uno de los peores años de la historia de la industria láctea con la complacencia de SanCor", apuntó la entidad que preside Dardo Chiesa.

A pesar que el padre del presidente de la nación calificó el primer año de gestión de su hijo con un 5, el mandatario nacional le condenó a su progenitor una deuda millonaria que mantenía con Correo Argentino desde la década de los noventa.

El jefe de Estado Mauricio Macri le perdonó a su propia familia más de 70.000 millones de pesos, correspondientes a la deuda de Correo Argentino con el Estado, que lleva más de 15 años varada en los tribunales a la espera de una resolución. Ahora se aceptó una quita casi total y con límite de pago hasta 2033. La fiscal general Gabriela Boquín, dictaminó que se debe rechazar esta propuesta, para evitar daños irreparables al Estado Nacional.

La información fue relevada por el Portal Nuestras Voces, quien detalló que anteriormente el Estado había rechazado las propuestas de pago del Grupo Macri por considerarlas abusivas, pero ahora fue el propio Macri quien condonó las deudas de su propia familia, aceptando como mandatario una quita del 98,82 por ciento de la deuda, es decir, casi todo, al tiempo que les adjudicó un tiempo de pago para el porcentaje restante excesivo: hasta 2033.

Según consigna el informe, este desfalco para el Estado Argentino, comenzó por una iniciativa propia del Gobierno, y no de la empresa. "Fue el Estado Nacional quien solicitó la audiencia el 19 de mayo de 2016 y “adelantó -según consta en el expediente- que podría prestar conformidad en caso de mejorarse la propuesta”, según aseguró la fiscal Gabriela Boquín.

En esa pseudo negociación, el Estado Nacional aceptó de forma irregular la propuesta de pago de la enorme deuda, con lo cual se perjudicó el patrimonio del Estado Nacional.

Según los cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, la propuesta significa lo siguiente: una quita en la deuda de 70.163 millones de pesos, un 98,82 por ciento sobre el total de la deuda. Es decir, que los Macri sólo pagarán el 1,18 por ciento de la deuda que tenían con el Estado.

La presentación penal contra el máximo jefe de la Policía de la Provincia la hizo el ex titular de la Superintendencia de Seguridad Mar del Plata, Marcelo Di Pasqua, quien lo vinculó con una banda que operaba en la zona sur del Conurbano.Su relación con el crimen organizado viene siendo señalada desde que Vidal y Ritondo lo pusieron al frente de la Bonaerense.

El comisario Marcelo Di Pascua denunció hoy al máximo jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Pablo Bressi, de los delitos de encubrimiento, omisión funcional de perseguir una organización vinculada con el narcotráfico, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Según la presentación penal radicada en la Fiscalía 6 de La Plata, a cargo de Marcelo Romero, Bressi protegió a una organización que vendía estupefacientes en la villa “El Pantano”, en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría.

Di Pascua, ex titular de la Departamental Mar del Plata, fue pasado a retiro luego de que la gobernadora María Eugenia Vidal lo vinculara con el narcotráfico, pero un fallo judicial de diciembre pasado ordenó su reincorporación al considerar que la decisión de separarlo de la fuerza no tuvo fundamentos.

En su denuncia, sostuvo que Bressi instauró desde que asumió como jefe de la Bonaerense “una política de persecución y de hostigamiento funcional a todos los policías que teníamos cabal y concreto conocimiento de las maniobras delictivas que, en su momento, había desplegado para encubrir la red de narcotraficantes que actuaba en la zona de Lomas de Zamora”.

El policía indicó a medios marplatenses que presentó copias de la denuncia ante la Dirección de Asuntos Internos y la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la Provincia, y pidió que la instrucción sea llevada a cabo por la  Procuración General de la Suprema Corte. .

Bressi fue recomendado a Vidal y a su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que en América Latina actúa como punta de lanza para la desestabilización de gobiernos que no se subordinan a Washington y, lejos de combatir el narcotráfico, se queda con el monopolio de la producción, venta y distribución de la droga.

Desde que asumió al frente de la Bonaerense, las acusaciones por sus vínculos con el crimen organizado fueron creciendo no sólo desde sectores de la oposición, sino también entre los propios aliados del macrismo, como Elisa Carrió, quien señaló a Bressi como uno de los principales cómplices del narcotráfico.

“Trasladó una forma de trabajo que ya venía implementando desde su época como superintendente de Drogas Ilícitas, que consistía en arreglar con grandes narcos para liberar zonas a cambio de una suma de dinero estipulada y que, de vez en cuando, entregasen un ‘laburo armado’, es decir un lugar con mucha droga, con una persona dentro para responsabilizar”, disparó la diputada nacional de Cambiemos a mediados del año pasado.

El absurdo hecho sucedió el lunes pasado en Ayacucho, cuando el joven se dirigía en su bicicleta para ayudar en un barrio afectado tras el fuerte temporal que azotó el fin de semana pasado en esa localidad bonaerense. Hoy se realizó una conferencia de prensa y se denunció el “accionar” policial. Piden a Vidal y Ritondo "que tomen cartas en el asunto".

A horas de la mañana de hoy, se realizó una conferencia de prensa donde Ivan di Sábatto, acompañado por concejales, el diputado provincial José Rossi y por el Presidente del Partido Justicialista de Ayacucho, Darío David. Denunció que fue detenido por un efectivo de la Policía Bonaerense por pedirle que no usara el teléfono celular mientras manejaba un patrullero

"Ahora parece que andar con una remera de una organización política y decirle a un policía que no hable por celular mientras maneja es un delito", denunció el joven militante.

Di Sábatto contó ante los medios locales que "el lunes, iba por avenida Solanet yendo al barrio El Embarcadero para ayudar a los vecinos que sufrieron las consecuencias del temporal con la remera de La Cámpora, cuando por la calle Yrigoyen pasé un patrullero policial que no tenía balizas ni patente y adentro el personal que lo manejaba iba hablando con su teléfono celular".

"Allí, con la única mano que tenía libre porque llevaba en la otra la pala y la escoba, le hice la seña de que no manejara con el teléfono porque era peligroso. A los pocos metros, el patrullero me detiene, me preguntó prepotentemente qué me sucedía, si tenía algún problema a lo que le dije calmamente que dejara el celular al manejar ya que era una efectivo de Policía. Ante eso, me respondió que hacía lo que quería con el teléfono y que no molestara".

"Después me pidió que me identifique, le di mi nombre y apellido y cuando me pidió la documentación, como no la tenía ya que iba a una jornada solidaria a trabajar en zanjas y cunetas, agarraron la bici, la escoba, la pala, me cargaron al patrullero y me llevaron al Hospital” contó Di Sábatto.

Además, el joven detalló: “En el camino (el oficial) me venía insultando y amenazando que me iba a dar una paliza si no me callaba y después del hospital me llevaron a la comisaría donde me siguió insultando y cuando me sentaron en una butaca, ante todo el personal policial, me gritó que si me hacía ‘el loquito’ me iba a poner los ganchos”.

“(Después) me llevaron a la oficina de la oficial a cargo donde ya tenía redactado de lo que se me acusaba, de haber desafiado a la Policía, de haber sido yo el prepotente y que me había negado a identificarme, lo que nada de eso pasó. Lo único que hacía era ayudar con una pala y una escoba y pareciera que andar con una remera de una organización política era el delito. No pude llamar a mis familiares y me sacaron el teléfono", dijo Di Sábatto.

En este marco, tras informarse que se realizará la denuncia pertinente donde se darán a conocer los nombres de los oficiales que participaron en la ilegal detención del joven, el diputado José “Cote” Rossi señaló que aún “estamos esperando que el Intendente (Pablo Zubiaurre) haga público su repudio”.

Asimismo, informó que se dirigirán hacia la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y al ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo para que tomen cartas en el asunto

“No queremos pensar que hay una bajada de línea política que lo ocurrido en Ayacucho como en otros lados con situaciones parecidas y más graves, donde ha habido agresiones físicas. Queremos que separen del cargo a los oficiales que estamos denunciando como el Comisario tendrá que dar explicaciones”, manifestó el legislador provincial.

Por su parte, el presidente del PJ local, Darío David, aseguró que "esto no es casual y acá hay un Intendente que es el principal responsable, como lo fui yo cuando fui Intendente. Yo lo hago único responsable porque la Policía no toma ninguna determinación sino es con la orden del Intendente”.

Se trata del juez Ernesto Marinelli, quien  impugnó una medida cautelar que había solicitado Felipe Solá, para suspender la aplicación del cuestionado decreto.

“Acceder al dictado de la cautelar intentada, importaría anticipar juicio de mérito y, además, se estaría dejando vacío de contenido al proceso, al satisfacerse por medio de la cautelar aquello que es el objeto del amparo”, declaró el magistrado en su resolución.

El fallo puede ser apelado por Solá para que sea revisado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. El dirigente del Frente Renovador habái presentado a fin de año un amparo contra el decreto 1206/2012 que le permitió a familiares de funcionarios públicos acceder al blanqueo de capitales.

El diputado había pedido la inconstitucionalidad de la norma porque argumentó que viola la ley 27.260 de blanqueo aprobada en mayo por el Congreso, en la que se excluye a “los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados” de quienes entre el 1 de enero de 2010 a la actualidad hayan sido “Presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal” o personal de organismos de inteligencia.

El diputado del Bloque Justicialista informó que no tiene ningún tipo de vínculo con La Cámpora y dijo que “el peronismo está buscando algo superador” a la figura de la ex mandataria nacional.

Entrevistado por la revista Noticias, el ex titular de la ANSES reveló que “con algunos compañeros” kirchneristas aún mantiene relación y que “hay respeto y hasta quizás comunión de muchas ideas”.

A un año de haber pegado el portazo, provocando la primera ruptura del bloque del Frente Para la Victoria (FPV) en la Cámara de Diputados, Diego Bossio aseguró que no se considera “un traidor”.

“Con otros, como con La Cámpora, no tengo ningún tipo de vínculo ni quiero. No comparto su metodología, su agresión, su práctica política”, expresó el legislador nacional.

Consultado por el hecho de que fue electo diputado en representación del FPV, el diputado dijo que “las representaciones en la Cámara son del pueblo y no de las estructuras partidarias”.

“Tampoco soy sólo yo, somos muchos diputados, intendentes, senadores, gobernadores. Incluso integrantes del FpV han votado en contra de algunas medidas de La Cámpora. Hasta el 10 de diciembre formé parte de un Gobierno al que defendí. Con todo el apoyo de la presidenta dejé el alma para que funcione bien la gestión y la ANSES. Ojalá otros compañeros hubieran hecho lo mismo: el resultado electoral hubiera sido distinto”, agregó.

Refiriéndose al fracaso en las urnas en 2015 afirmó que el “jugó” para que Daniel Scioli “gane la campaña”. “Quisiera saber si todos jugaron de la misma manera”, expresó y continuó: “igual las peleas entre dirigentes no aportan nada, le importa sólo a un grupo muy chiquito y quizás a algunos sectores de la prensa. No me siento un traidor”.

Sobre una eventual candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, manifestó que “si se quiere presentar que lo haga”, pero disparó: “nosotros estamos buscando una alternativa distinta”.

“El peronismo necesita renovarse. Es claro lo que digo. Perdimos las elecciones, cometimos errores, y no supimos hacer autocrítica. Perdimos porque nos votó menos gente que a la otra opción. Igual, Crisitina ha sido uno de los cuadros políticos más importantes que ha tenido el peronismo. ¿Nunca escuchaste a algún dirigente hablar bien de Menem? ¿A Macri hablar bien de Menem? Hablar bien de un dirigente político, en un contexto, no significa que no cambien los contextos y que frente a nuevas circunstancias se encuentren nuevos desafíos”, señaló.

Los legisladores bonaerenses del Frente para la Victoria José Ignacio "Cote" Rossi y César Valicenti presentaron un pedido de informe dirigido a la Gobernadora María Eugenia Vidal solicitándole que aclare la situación del servicio de ferrocarril de la provincia de Buenos Aires y explique los motivos por los cuales no se ha reactivado este servicio que es tan importante para millones de bonaerenses.

Los legisladores insisten con que ya se han cumplido los plazos que el mismo gobierno provincial había estipulado para reactivar el servicio y es por ello que presentaron ante la Cámara de Diputados un pedido de informe dirigido al Ejecutivo para que aclare de manera urgente la situación.

En este sentido, Valicenti transmitió: “El plazo para efectivizar el traspaso de los trenes bonaerenses a la órbita nacional fue de 180 días, este tiempo ya se cumplió a fines de enero, sin embargo el servicio de trenes bonaerenses sigue en el olvido de la gestión provincial y millones de usuarios se encuentran sin respuesta ni solución”.

Por último Valicenti indicó: “Es momento que Vidal comience a gobernar y se haga cargo de cómo sus decisiones y la de su gabinete están afectando de manera crucial la vida de los bonaerenses”.

Por su parte el Diputado Rossi dijo: “Nunca estuvimos de acuerdo con que se suspendan los servicios en la provincia. Vidal se manejó de manera absolutamente apresurada y con medidas autoritarias. Ni siquiera respetó sus propios anuncios”.

Entre los ramales suspendidos se encuentra el del Roca que conecta Olavarría con Bahía Blanca así como San Martin: Retiro – Junín – Alberdi. Ramal Sarmiento: Once – Bragado – Pehuajó. Ramal Roca: Constitución – Tandil. Ramal Roca: Constitución –Olavarría – Bahía Blanca. Ramal Roca: Constitución – 25 de Mayo. Tren Turístico Tandil – Gardey – Vela.

Desde su suspensión en el mes de julio de 2016, más de un millón de usuarios se vieron privados del servicio de transporte, viéndose afectados una gran mayoría que en muchos casos es el único medio.

Un informe de CEPA sobre la evolución del salario mínimo y de la canasta básica argentina en 2016, comparada con el poder adquisitivo de otros países, revela el fuerte aumento de los precios en Argentina.

El país sufrió un fuerte aumento de los precios de la canasta básica, del orden de 5,83% en dólares (de u$21,80 a U$23,07), lo que ha provocado que la Argentina en 2016 pase de la 5° a la 4° posición en relación a los costos de la misma canasta para el resto de los países seleccionados.

Este proceso es posible distinguirlo también al analizar la evolución del IPA-FAO, que para el período noviembre-2015-octubre 2016, presenta un incremento de sólo 10,82%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria calculada por IndEP-CEPA para la región metropolitana lo hizo en 52%.7.

Asimismo, en dicho periodo, nuestro país disminuyó sensiblemente el poder adquisitivo del salario mínimo, pasando esto de un poder de compra de 7,61 canastas a sólo 4,38 canastas, siendo la mayor caída de las economías consideradas, del orden del 29% en poder adquisitivo relativo a alimentos.

El impacto en los precios de la devaluación ha sido el principal factor de la dinámica mencionada. Junto con ello, la quita de retenciones, especialmente a los granos (destinados a alimentación y como insumo fundamental de las cadenas cárnicas, porcina y aviar) incrementó dramáticamente los al acoplar el precio doméstico del precio internacional.

Otro factor ha sido el desmantelamiento del programa de “Precios Cuidados”, y su reemplazo por “Precios Claros”, este último con un impacto nulo sobre la evolución de los precios.

El gobierno llama a Sesiones Extraordinarias para tratar la reforma del sistema de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), Macri ya la había modificado a través de un decreto de necesidad y urgencia.

Según el Boletín Oficial “El Poder Ejecutivo Nacional llama a Sesiones Extraordinarias desde el 10 hasta el 28 de febrero de 2017 teniendo como eje de la convocatoria el Proyecto de Ley complementario del Régimen sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557”.

Este llamado a extraordinarias se debe a que el gobierno busca evitar que el kirchnerismo, con mayoría en la Comisión Bicameral, haga caer el polémico DNU que se leería como una derrota política. Por este motivo el gobierno dio marcha atrás al decreto y comenzó a buscar aliados dentro de la oposición para que la reforma de las ART se convierta en ley.

La negociación para convocar a extraordinarias se terminó de sellar ayer por la noche en una reunión en la que participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el jefe de la bancada del FpV del Senado, Miguel Ángel Pichetto.