El movimiento Barrios de Pie realizará mañana una jornada de ollas populares en distintos puntos del país, que incluirá cortes parciales en distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires, en los que recibirán donaciones de leche en polvo dado que, según denunció, "el 40 por ciento de los chicos" que asisten a sus comedores "tiene bajo peso y riesgo de malnutrición".

Barrios de Pie afirmó que en la ciudad de Buenos Aires, la primera protesta se realizará a partir de las 7 en el Obelisco y, a partir del mediodía, se realizarán cortes parciales en Puente Pueyredón, Puente La Noria, Panamericana y 197, Acceso Oeste, Autopista Buenos Aires-La Plata y en distintos puntos de todo el país.

“El gobierno debe reveer con urgencia su política económica. Entre otras problemáticas sociales, podemos afirmar que el consumo de leche está en los niveles más bajos desde la crisis del 2001, y esto repercute en los niveles nutricionales, perjudicando especialmente a los sectores más humildes”, aseguró Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, en el comunicado.

En la declaración, Barrios de Pie señaló que realizará "mil ollas populares en todo el país" y que la modalidad será "sacar a la calle" a los comedores comunitarios para, también ahí, recibir donaciones de leche en polvo con la consigna "Un alimento por una sonrisa".

Un relevamiento realizado por la organización sobre la situación nutricional en sus más de 2 mil comedores, de los 50 mil niños que asisten diariamente, el 40 por ciento "tiene bajo peso con riesgo de malnutrición", señala.

El Movimiento recordó además que, según datos oficiales de la subsecretaría de Lechería del Ministerio de Agroindustria de la Nación, la caída en el consumo de leche en el 2016 fue del 9 por ciento con respecto a 2015, y que se trata de "la más fuerte desde 2002".

"Estamos trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para que el Estado realice un relevamiento de niños, niñas y adolescentes con malnutrición o en riesgo de estarlo; y que se ofrezca una asistencia acorde", explicó Menéndez, quien informó que la jornada de protesta de mañana concluirá a las 19 frente al Congreso Nacional.

A la sombra del conflicto docente, los judiciales bonaerenses mantienen su propia batalla por paritarias con la gestión de María Eugenia Vidal. Les ofrecieron 18% en 4 tramos.

Los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires iniciarán mañana un paro de 48 horas "ante la falta de voluntad que el gobierno de María Eugenia Vidal mostró en la última reunión paritaria", donde se formuló una propuesta de aumento salarial del 18 por ciento en cuatro cuotas con ajuste trimestral por inflación, informaron autoridades la Asociación Judicial Bonaerense.

La medida de fuerza comenzará mañana y el jueves marcharán en caravana desde distintas ciudades a la ciudad de La Plata para reclamar al Poder Ejecutivo provincial "la reapertura de paritarias, el rechazo al tope del 18% al incremento salarial y contra la precarización laboral".

El titular de la AJB, Pablo Abramovich, expresó que "la reiteración de la misma propuesta que rechazamos en diciembre y el ofrecimiento de un pago a cuenta sin fecha cierta para continuar la discusión, reflejan que el Gobierno no tiene intención de sentarse seriamente a resolver el conflicto salarial con los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial".

Los trabajadores del sector piden entre un 36,2 y 40 por ciento de incremento salarial, la restitución del 3 por ciento de antigüedad y la incorporación de la licencia por violencia de género para todas las trabajadoras del Poder Judicial.

Además, reclaman la universalización del cargo de Jefe de Despacho, el ascenso al cargo inmediato superior a los 25 años de antigüedad, bloqueo de título para los Peritos y la eliminación del cargo de Auxiliar Tercero.

La fiscal Paloma Ochoa imputó al empresario Alfredo Coto y su hijo Germán por el arsenal encontrado en una de las sucursales de su cadena de supermercados, así como también a los funcionarios responsables de ANMAC (ex Renar) que tuvieron participación en el procedimiento llevado a cabo en el depósito del negocio familiar y son sospechados de haber ocultado el caso.

La causa 3552/16 se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2 a cargo del juez Sebastián Ramos e investiga la fiscal Paloma Ochoa. La inspección de parte de ANMAC, fue realizada el 30 de agosto de 2016 en la sede del supermercado de la calle Paysandú al 1800, en el barrio porteño de Caballito.

El arsenal encontrado es escandaloso: 227 granadas, ubicadas dentro de tachos, 41 proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, 2 de lanzamiento, 3886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin numeración, 9 escudos antitumulto, un gas pimienta y hasta un silenciador de armas.

Asimismo, resultó llamativo para los investigadores un revolver inscripto a nombre de Alfredo Coto con su número de serie adulterado, además de ocho escopetas que tenían pedido de captura desde el año 2003.

Luego de iniciada la investigación, se encuentra probado que Coto tenía en su poder explosivos y armas de fuego de manera ilegítima, a las que se les habían borrado los números de serie.

En lo que respecta a los directivos ANMAC fueron avisados en su momento sobre tamaño arsenal pero respondieron que "dejaran todo como está", ya que ellos se ocuparían. Por lo tanto la ANMAC no actuó y se ocultaron las pruebas hasta que la UFI-ARM, a cargo de Jorge Di Lello, recibió una denuncia anónima sobre el caso y actuó de oficio, donde constató la veracidad de la acusación y formuló la denuncia penal, que recayó en la fiscalía federal número 10, a cargo de Paloma Ochoa, y del juez Sebastián Ramos.

Gustavo Menéndez expuso, junto a Intendentes de la Provincia de Buenos Aires, en la 43º edición de la Feria del Libro llevada a cabo en La Rural. El tema fue el Pacto de San Antonio de Padua, que se enmarca en la encíclica “Laudato Si” realizada por el Papa Francisco.

La charla se realizó en la Sala Adolfo Bioy Casares, ubicada en el primer piso del complejo situado en la ciudad de Buenos Aires. Los disertantes fueron: Alejandro Vaccaro, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, Monseñor Fernando Maletti obispo de la diócesis Merlo-Moreno, Santiago Maggiotti de Navarro, Julio Zamora de Tigre, Gustavo Barrera de Villa Gesell y Nicolas Ducoté de Pilar.

“Tener este espacio en la feria del libro para nosotros ha sido un gran paso y una gran privilegio”, manifestó el Intendente de Merlo. Además aseguró que “se mostró que la unidad supera el conflicto y trabajarlo con compañeros intendentes de todos los partidos es lo que lo hace lindo”.

Respecto de la Disertación sobre el tema elegido afirmó “El pacto de San Antonio pretende ser la puesta en acto de un nudo que emerge del pensamiento del Papa Francisco y está por encima de los partidos políticos, tiene que ver con la humanidad misma y lo que estamos generando son prácticas de acuerdo a los diez puntos del pacto”.

El mismo es un compromiso firmado por más de 2000 intendentes y personalidades políticas de Argentina y de países de América Latina, que tiene que ver con 10 puntos que se basan en combatir el narcotráfico y las mafias, cuidar el medio ambiente y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

"Tanto él (por Cavallo) como Martínez de Hoz estarían orgullosos de este camino. Ellos creyeron en esto", afirmó el industrial y diputado nacional José Ignacio De Mendiguren.

El diputado del Frente Renovador José Ignacio De Mendiguren afirmó que el plan económico que implementa el Gobierno nacional es el mismo de Domingo Cavallo y José Martínez de Hoz.

"Tanto él (por Cavallo) como Martínez de Hoz estarían orgullosos de este camino. Ellos creyeron en esto", afirmó De Mendiguren.

En diálogo con Radio Rivadavia, el dirigente fabril afirmó que Cavallo realizó declaraciones a favor del actual programa económico porque "es coherente" ya que "este plan es el de él".

"Es coherente. Si este es el plan de él: atraso cambiario, suba de la tasa de interés, ingreso irrestricto de capitales, la famosa bicicleta financiera, creo que tanto él como Martínez de Hoz estarían orgullosos de este camino", señaló.

Además, señaló: "Me parece razonable que los que piensan así se junten".

De Mendiguren indicó que "el Gobierno dice que no" es similar su programa económico al de Cavallo, pero ironizó: "ladra, mueve la cola y tiene cuatro patas, parece perro".

La titular de Madres de Plaza de Mayo publicó un video en su página de Facebook, en el que sostuvo que el revés judicial que sufre es “el precio que tenemos que pagar por decir que” el presidente “era el enemigo”.

Hebe de Bonafini responsabilizó al presidente Mauricio Macri por su procesamiento en la causa "Sueños Compartidos". La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo consideró que la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgio es "el precio que tenemos que pagar por decir que Macri era el enemigo".

"Estoy honradísima de ser procesada por este poder (judicial) y este gobierno, gracias Macri por darme este honor de ser procesada", ironizó en un video publicado en la página de Facebook de Madres.

La militante por los derechos humanos argumentó que "las Madres hemos sido siempre muy perseguidas y no es casualidad que nosotras hayamos elegido la calle para darnos a conocer, para que aparecieran nuestros hijos, no es por casualidad, pero esa calle nos costó". En ese sentido, destacó que "nunca dejamos de pelear ni de luchar, sabemos el precio que tiene la libertad, sabemos que el poder judicial que tenemos hoy no son la Justicia".

"Vamos a seguir haciendo y denunciando a quienes en este gobierno son lo más sádico y lo más ladrón y lo peor que nos pudimos imaginar", anunció Hebe.

"Quiero que se fijen cómo creció el patrimonio de los que estamos en este proceso y que miren mi patrimonio, siempre en la misma casa y no tengo ni bicicleta, tengo la conciencia muy tranquila, revisen lo que quieran", desafió Bonafini, en referencia a los otros cuatro procesados en la causa. Se trata del exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender; su hermano Pablo; el exsecretario de Obras Públicas, José López; y su antiguo subordinado, Abel Fatala.

La titular de Madres dijo además que tiene "claro que es el precio que tenemos que pagar por haber dicho que Macri era el enemigo, por habernos quedado el 9 y 10 de diciembre en la Plaza de Mayo, por denunciar que son partícipes de la dictadura con sus empresas" y remató: "Sabemos cuál es el precio de la libertad, es un precio que estamos dispuestas a pagar".

Bonafini fue procesada en la causa denominada "Sueños Compartidos", por delitos cometidos a través de esa entidad con el Plan Federal de Construcción de Viviendas instrumentado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi también dictó la falta de mérito en los procesamientos de los exgobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Misiones, Maurice Closs; y el actual de Santa Fe, Miguel Lifschitz; y los exministros de Trabajo, Carlos Tomada, y de Planificación, Julio De Vido, entre otros. El magistrado entendió que no había mérito para procesarlos pero tampoco para sobreseerlos y dispuso nuevas medidas de prueba para seguir investigándolos.

El órgano interamericano de Derechos Humanos manifestó su preocupación por el 2×1 de la CSJ, al considerarlo “contrario a los estándares interamericanos de DD.HH”, y saludó la “importante labor” de organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo “para exigir el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación” de los crímenes de lesa humanidad.

Tras recibir varias presentaciones en contra del fallo de la Corte Suprema argentina, que favoreció con el 2×1 al represor Luis Muiña y abrió la puerta a la impunidad de cientos de genocidas de la última dictadura cívico militar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “consternación por la interpretación y aplicación” de ese beneficio.

De esta forma, apuntó contra los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco al aplicar, con sus votos, el artículo 7 de la Ley 24.390 a delitos de lesa humanidad y “fuera del marco de su vigencia (1994-2001), ya que la persona favorecida por esta decisión estuvo detenida preventivamente a partir del 1 de octubre de 2007”.

“La obligación conforme al derecho internacional de enjuiciar y castigar a los perpetradores de cometer graves violaciones a los derechos humanos se desprende de la obligación de garantía prevista en la Convención Americana. Los delitos de lesa humanidad tienen una serie de características diferenciadas del resto de los delitos por los fines y objetivos que persigue, que es el concepto de la humanidad como víctima”, señaló el órgano autónomo de la OEA.

Luego de recordar que la Argentina tiene “la obligación internacional de no dejar impunes estos crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena”, la CIDH explicó que “la aplicación del 2×1 u otros beneficios no deberían servir para desvirtuar la proporcionalidad de la pena para las personas responsables de crímenes de lesa humanidad”, algo que “es contrario a los estándares interamericanos de derechos humanos”.

No es el primer organismo internacional en pronunciarse en contra del fallo de la Corte. La semana pasada, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió que al aplicar la llamada “ley penal más benigna” los jueces no pueden desconocer “los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”.

Su titular, Amerigo Incalcaterra, subrayó entonces que “el Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no sólo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional”.

En el comunicado que emitió la CIDH este lunes también celebró que “la voz de las víctimas se ha hecho escuchar en la defensa de los importantes avances que se han hecho en la lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura”.

Además, saludó “a las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y defensores y defensoras de derechos humanos por su importante labor para exigir el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de estos graves crímenes del pasado, en el marco del estado de derecho y de una sociedad democrática vibrante”.

El miércoles pasado, más de 500 mil personas desbordaron la Plaza de Mayo y otras tantas salieron a las calles de todo el país para expresar el rechazo popular al fallo de la Corte y decirle “nunca más a la impunidad”. Ese mismo día, el Congreso sancionó una ley que excluye a los condenados por delitos de lesa humanidad del beneficio del 2×1.

Al mismo tiempo, Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco fueron imputados por prevaricato y varios bloques parlamentarios impulsan un pedido de juicio político en su contra por mal desempeño.

Highton de Nolasco solicitó licencia, Ricardo Lorenzetti está de viaje y se postergó la reunión de acuerdos de mañana, que iba a ser la primera luego de la masiva convocatoria de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en repudio al fallo PROgenocida.  Según fuentes judiciales, “en principio” la licencia será “por una semana”, pero no indicaron los motivos.

La Corte Suprema emitió un comunicado el viernes pasado en el que informó que unificará todos los pedidos pendientes de las defensas de los represores, bajo el mismo argumento que utilizó Muiña y los analizará dentro de diez días, cuando las partes se hayan expedido, a la luz de la norma sancionada por el Congreso.

El legislador que forma parte de la alianza de gobierno criticó con todo a propios y ajenos por negarle la candidatura a Martín Lousteau en la Ciudad para las elecciones de octubre, ya que el radicalismo "lleva un candidato que no les gusta, como si tuvieran el derecho a elegir el candidato de la UCR".

El diputado nacional de Cambiemos, el radical Ricardo Alfonsín, criticó con dureza al PRO que conduce Mauricio Macri por negarle la candidatura a Martín Lousteau en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones de octubre, al afirmar que "ponen el carro adelante del caballo porque quieren aumentar la base pero siempre y cuando no pongan en riesgo la hegemonía".

"Creo que en el fondo ponen el carro adelante del caballo, porque quieren aumentar la base pero siempre y cuando no pongan en riesgo la hegemonía, la preeminencia que tiene el PRO dentro de Cambiemos", disparó el hijo del expresidente Raúl Alfonsín en declaraciones a Futurock.

En la misma línea, el legislador radical continuó su fuerte descargo al considerar que la actitud del PRO porteño de Macri y Horacio Rodríguez Larreta "es cometer el error de quien, por mirar el árbol, no ve el bosque", aunque también expresó críticas hacia sus correligionarios que "quieren que crezca el PRO y no la UCR" a quienes entiende "menos".

El diputado se quejó por la relación de fuerzas que mantienen ambos partidos en la alianza Cambiemos y sostuvo que "preferiría que la UCR dispute con el PRO por las ideas, y que le diga de vez en cuando 'esto que estás haciendo no es lo mejor para el país'".

En esa línea, cuestionó que "en la provincia de Buenos Aires, entre otras, el PRO ha salido a invitar dirigentes de otras fuerzas porque dice que es necesario alimentar la base de sustentabilidad" y en la capital "no se usa el mismo criterio".

"¿Por qué no se usa el mismo criterio? Porque (el radicalismo) lleva un candidato que no les gusta, como si tuvieran el derecho a elegir el candidato de la UCR", remató.

Bajo la consigna “En defensa de la educación pública, la ciencia y la tecnología” se realizará mañana una movilización federal universitaria. Hoy se realizó una conferencia de prensa en el Pizzurno para anunciar la modalidad de la movilización, que partirá a las 17 del Congreso rumbo a Plaza de Mayo.

Los docentes universitarios nucleados en la  Conadu y Conadu Histórica realizaron una conferencia de prensa frente al Ministerio de Educación de la nación para convocar a la Marcha Federal Universitaria de mañana, que reunirá a toda la comunidad en defensa de la universidad pública, luego de una semana de paro nacional que contó con un acatamiento del 80 por ciento y una gran variedad de actividades en todas las unidades académicas del país.

El Secretario General de Conadu, Carlos De Feo, abrió las exposiciones: “Después de tres meses de una paritaria que no ha tenido por parte del gobierno ni del Ministerio de Educación más respuestas que el 18% inicial más un 2%, frente al reclamo del 35% de aumento que hicimos los docentes, las federaciones decidimos realizar una semana de paro con actividades para visibilizar el problema. El resultado fue un importante nivel de participación, lo que muestra un estado de ánimo muy contrario a las políticas que viene desarrollando el gobierno. Un enojo frente al desprecio por la situación del trabajador docente, que es el que sostiene la educación en las universidades”.

A su turno, fueron tomando la palabra dirigentes de Conadu Histórica, Fedun y Fagdut. También se hicieron presentes desde Científicos Autoconvocados, Jóvenes científicos precarizados y Becarios Empoderados, y representantes de las federaciones estudiantiles FUA, FUBA, FULP, Federación Universitaria de Córdoba, de Mar del Plata, de Avellaneda, de Río Cuarto, de Villa María, de Villa Mercedes y de la Universidad Tecnológica Nacional.

“Hay un objetivo disciplinador en este accionar del gobierno. Tienen la intención de entregar los estudios universitarios a la actividad privada e introducir, en lo que quede de la universidad pública, las lógicas de mercado. Que la universidad no siga trabajando en pos del bienestar de la población sino ponerla a conseguir fondos y así entregarla a las necesidades de los grandes capitales. Esta es la política que estamos disputando y la que el día de mañana vamos a enfrentar. Esperamos que el gobierno entienda esta señal y sea capaz de empezar a discutir de manera diferente. Sino seguiremos luchando”, cerró De Feo.

Los profesores universitarios exigen una recomposición salarial de 35 por ciento, la regularización de docentes contratados y ad honorem, la plena implementación plena del Convenio Colectivo de Trabajo, la continuidad de los programas de capacitación docente gratuitay un mayor presupuesto para la universidad, la ciencia y la tecnología.