Tras casi medio año de desidia de la gestión Vidal, hoy asumirá Javier Tizado como titular de la cartera que dejó vacante Joaquín De la Torre en diciembre de 2016.

Finalmente Javier Tizado asumirá hoy como nuevo ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires. Será en el Salón Dorado de la Gobernación y de esta manera le pondrá fin a la novela que se hizo eterna desde que el actual ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre, dejara aquel cargo en diciembre de 2016. Es el tercer hombre que ocupa el ministerio desde que Cambiemos gobierna.

Entonces, después de más de cinco meses la gobernadora María Eugenia Vidal contará con ministro de Producción. La elección del indicado fue la semana pasada, luego de un desfile de candidatos que fueron entrevistándose con los hombres más cercanos a la mandataria provincial.

El elegido fue Tizado, quien venía desempeñándose como subsecretario de Comercio Interior de la Nación, además de ocupar la vicepresidencia del club Chacarita Juniors -luego de derrotar con la lista que encabezó Horacio Fernández al candidato apoyado por el gastronómico Luis Barrionuevo, Daniel Tujsnaider-, se trata de un empresario que comenzó trabajando como abogado jr en Techint y desde diciembre de 2015 es funcionario en el Gobierno nacional.

La novela de esta designación data desde hace varios meses. A principos de mayo de este año, cuando todo parecía encaminarse a un final feliz, todo volvió a quedar en la nada porque se cayó la posibilidad de que Diego Cifarelli -titular de la Federación de Molineros (FAIM)-, se quede con el puesto.

A partir de la baja de Cifarelli, en la ronda de nombres había uno muy concreto que parecía picar en punta: Carolina Castro, un cuadro del que hablaban tanto en el vidalismo como en el entorno de De la torre. Castro es una alumna ejemplar de la Unión Industrial Argentina (UIA), que cuando Mauricio Macri ascendió a la Presidencia de la Nación se fue a trabajar con el ministro de la Producción nacional, Francisco Cabrera.

El establecimiento Nueva Escuela Argentina, de La Plata, deberá dar marcha atrás con la suba de 50% que comunicó a los padres de los alumnos.

La Justicia falló a favor de un grupo de padres de La Plata que denunció el "tarifazo” que un colegio privado aplicó sobre la cuota: 50% de aumento con respecto a la última factura, de noviembre pasado.

De este modo, el juez de Faltas, Dante Rusconi, ordenó a Nueva Escuela Argentina (NEA) suspender la suba, argumentando que el establecimiento no cumplió con uno de los requisitos para hacerlo: la conformidad de los padres y la notificación previa del cambio de arancel.

El colegio hace 35 años que está emplazado en la capital bonaerense, cuenta con varios edificios y una matrícula de casi 1.000 alumnos en los niveles inicial, primaria y secundaria.

Al no estar subsidiado por el Estado provincial, tiene arancel libre, que no está regido por los límites que impone la Dirección General de Escuelas provincial.

El establecimiento cobraba una cuota mensual promedio de $3.300 y envió una nota a los padres para firmar su conformidad sobre el aumento, pero sin aclarar el porcentaje.

Por lo tanto, incumplieron el decreto 2417 de 1993, que rige el sistema de arancelamiento de las escuelas privadas.

La norma establece que la aplicación de aumentos en los valores de las cuotas debe obtener la mayoría de los avales de forma “individual y expresa” de los padres o responsables de los alumnos.

Ya para la cuota de junio, que se pagará en dos semanas, el monto deberá ser el mismo que en 2016, según indicó Clarín.

A ese monto llegará el salario del presidente de la Nación, luego de que se aplique un aumento del 20 por ciento tanto para él, como para todo su gabinete.

El jefe de Estado, Mauricio Macri cobrará desde agosto próximo un sueldo de $ 208.000 pesos brutos por mes, después de que se aplique un aumento del 20%. El incremento está atado a la suba preacordada el lunes con los empleados estatales, un entendimiento que está en línea con las pretensiones del Gobierno para controlar la inflación.

Macri recibirá el aumento en tres cuotas: un 5% en junio, otro 5% más en julio y, finalmente, el 10% en agosto. La cuenta llega hasta $208.000 si se les aplican esas cuotas a los $ 173.000 que el Presidente percibió este mes. Con los descuentos correspondientes, entonces, Macri cobrará cerca de $ 130.000 en mano desde agosto. La mayor parte de las deducciones se las lleva el impuesto a las ganancias.

Como fuerte gesto político, el Gobierno preacordó el lunes con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio estatal mayoritario, que el aumento de los estatales este año sería del 20%, en tres cuotas. El preacuerdo, festejado en la Casa Rosada, se produjo en medio de la pelea de distintos sindicatos para lograr mayores incrementos a pesar de las resistencias del oficialismo, que intenta sostener la pauta del 20% para controlar la inflación. Si bien ATE rechaza el acuerdo, desde el Gobierno confían en poder oficializar esa cifra mañana.

"Los salarios de las autoridades del Poder Ejecutivo tendrán el mismo aumento que el conjunto de los estatales", indicaron fuentes oficiales, que aclararon que "la alta dirección pública no entrará al régimen de bonos por presentismo o desempeño" que se les ofreció a los gremios.

El salario del Presidente también estará atado a lo que suceda con la economía, ya que, al igual que el resto de los estatales, su sueldo quedará sujeto a una cláusula gatillo ante la posibilidad de que la inflación supere el 20% anual. De todas maneras, el aumento salarial de Macri será menor este año en comparación con 2016, cuando su salario registró una suba del 31%.

Apenas asumió, el Presidente informó que una parte de su sueldo sería donada al comedor Los Piletones, que conduce Margarita Barrientos. LA NACION consultó a Presidencia sobre la donación, pero no dieron precisiones sobre el tema.

El incremento salarial del resto del gabinete seguirá, entonces, el mismo patrón. La vicepresidenta Gabriela Michetti (que percibe $ 160.000 mensuales) pasará a cobrar unos $ 192.000 sin considerar descuentos, y los ministros (que en mayo percibieron $ 152.908) saltarán a unos $ 183.000, también en bruto.

De acuerdo con la información del sitio de datos abiertos del Estado, las excepciones las constituyen los ministros de Agroindustria, Ricardo Buryaile; de Comunicaciones, Oscar Aguad, y de Turismo, José Gustavo Santos (que en mayo percibieron unos $ 163.000), así como también el titular de Defensa, Julio Martínez (que este mes recibió $ 172.683). Todos ellos cobran un plus por desarraigo.

Las comparaciones salariales ubican a Macri a mitad de camino. En el ámbito local, el Presidente no es el funcionario que más cobra, pero tampoco es el dirigente que menos gana. Los senadores, por ejemplo, pueden percibir más de $ 140.000 en bruto si al sueldo se le suman el canje de los tramos aéreos y el plus por desarraigo.

En el Poder Judicial, donde aún no se paga Ganancias, un juez de primera instancia con 15 años de antigüedad percibe unos $ 150.000 en bruto, estimaron fuentes especializadas en el tema. Un camarista con edad promedio, en cambio, ya iguala el nivel salarial del Presidente. Y un ministro de la Corte Suprema supera ampliamente ese número. El sueldo de los jueces del máximo tribunal, en promedio, oscila entre $ 260.000 y $ 270.000 en bruto, según pudo saber LA NACION.

La comparación con sus pares también es desigual. En la conversión a dólares, el sueldo de Macri supera ahora los US$ 13.000, una cifra que se ubica por encima del brasileño Michel Temer, que no alcanza los US$ 10.000. Más alto es el sueldo de su par chilena, Michelle Bachelet, que percibe casi US$ 15.000 mensuales. Muy por encima se ubica el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que cobra más de US$ 33.000 por mes, según informó The New York Times. Como Macri, Trump también anticipó que donará su salario.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) retiró ayer el título de profesora honoraria a la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, por haber otorgado el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad.

La decisión contra la resolución 444/14 que otorgó en 2014 el título honorario a la ministra de la Corte Suprema fue tomada a partir de la aprobación de un proyecto que ingresó sobre tablas y tuvo un rápido tratamiento, en la reunión ordinaria del Consejo Superior que se desarrolló en la Universidad.

Highton de Nolasco integró la mayoría constituida también por los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz que declaró aplicable el cómputo del 2×1 para el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el hospital Posadas, en el oeste del Gran Buenos Aires.

En disidencia, votaron en minoría los jueces Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, y Juan Carlos Maqueda, quienes argumentaron que ese beneficio no es aplicable a lo condenados por delitos de lesa humanidad. La mayoría consideró que el beneficio de la ley penal más benigna resulta extensivo y se aplica "siempre" a todos los delitos, sin distinción alguna.

Por otro lado, el Consejo Superior aprobó la presentación de la Universidad como “Amigo del Tribunal” en la audiencia convocada por la Corte Suprema para el 14 de junio, en el marco de la causa iniciada por la provincia de La Pampa contra Mendoza por el corte del río Atuel.

El director de la AFI, involucrado en el escándalo de coimas de Odebrecht, no asistió a la invitación que le habían cursado para hoy al Congreso y ahora será citado formalmente.

El Congreso decidió este miércoles citar formalmente al director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, luego de que declinara la invitación que se le había cursado para este miércoles, mientras que la oposición reclamó que se aparte del cargo mientras dure la investigación sobre el presunto cobro de coimas de parte de la firma brasileña Odebrecht.

La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia se reunió a pesar de que Arribas faltó al encuentro y resolvió "por unanimidad" citarlo "en un tiempo prudencial, con un temario que lo va a decidir la comisión", informó el presidente del cuerpo, el senador oficialista Juan Carlos Marino.

"Ya no es una invitación, es una citación", aclaró Marino tras el encuentro a puertas cerradas en el edificio anexo del Senado, donde los diputados y senadores de la oposición, además, pidieron que el director de Inteligencia se aparte de su cargo mientras dure la investigación.

A pedido de la diputada kirchnerista Teresa García, la Comisión Bicameral había invitado al funcionario a explicar su situación luego de que Leonardo Meirelles, un operador financiero de Odebrecht, declarara ante la Justicia argentina que en 2013 realizó diez transferencias por un total de 850 mil dólares a una cuenta de Arribas.

Sin embargo, el funcionario notificó este martes por escrito a la comisión sobre su ausencia en el encuentro y envío una copia de la denuncia que le hizo a Meirelles por "falso testimonio" y respuestas a una serie de preguntas que le había hecho llegar la diputada García.

Según indicó Marino en declaraciones a la prensa luego de la reunión, a la que calificó como "excelente, con posiciones diferentes", las respuestas enviadas por Arribas "algunos las creyeron suficientes y otros no", aunque señaló que todos los legisladores coincidieron en que "se ha equivocado en no venir".

El senador radical fue el único integrante de la comisión que salió a hablar y destacó el "nivel de responsabilidad de todos los miembros" del cuerpo al poner de relieve la necesidad de "tratar de que no sea vulnerable el sistema de Inteligencia".

No obstante, según confirmó la agencia de noticias NA, durante el encuentro la oposición pidió que Arribas dé un paso al costado mientras dure la investigación, como hizo el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión.

El oficialismo argumentó que eran casos distintos, porque cuando Gómez Centurión fue denunciado se encontraba en su cargo mientras que los hechos que se le imputan a Arribas tuvieron lugar antes de que fuera director de la AFI.

Marino insistió en que el tema sobre el que gira la polémica "lo tiene que resolver la Justicia" y recomendó al funcionario "que se ponga inmediatamente a disposición de la Justicia, como ya lo ha hecho antes, con toda la documentación que crea pertinente".

Posteriormente, la diputada del Frente Renovador Marcela Passo, que integra la comisión, remarcó que "no se trata de un hecho de su vida privada", ya que "Arribas ocupa hoy un cargo desde el cual puede tapar lo que hizo tiempo atrás" y, por lo tanto, "no debería seguir en su cargo mientras dure la investigación".

(por Ignacio Cantala) Macri impulsaría por decreto la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria. El proyecto oficial cuenta con el apoyo de los sindicatos y las empresas de medicina prepaga y supone una reducción de derechos a la población, vulnera el sistema público y pone en riesgo las arcas provinciales. El rol de los gobernadores y algunos senadores para detener el impulso privatizador en la Salud.

La nueva oleada de reformas que el gobierno de Macri impulsa en el ámbito de la Salud implica una serie de graves riesgos para las provincias y una enorme pérdida de derechos para los ciudadanos, según advierten los especialistas.

Las dos medidas principales del gobierno nacional que estructuran su política de salud se encuentran en el Decreto de creación de la Cobertura Universal de Salud (CUS) y el proyecto de ley enviado al Senado para la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria (AGNET). Otro otro elemento fundamental de la política sanitaria macrista lo constituye el desmantelamiento de las principales políticas nacionales de carácter territorial, preventivo y de atención primaria destinadas principalmente a los sectores de menores recursos. En este aspecto, puede observarse la desarticulación de programas como REMEDIAR, promotores territoriales de salud, prevención del dengue, la demora y falta en la entrega de medicamentos o el escaso interés en impulsar los hospitales SAMIC. A esta lista debe sumarse el convenio de patentes express firmado con los EEUU que pone en riesgo a la industria y laboratorios nacionales.

Respondiendo a la lógica liberal, el gobierno de Cambiemos ha asumido la Salud desde el paradigma de los negocios. Por ello, su principal preocupación es como reducir el “gasto” público y al mismo tiempo como aumentar la rentabilidad de los otros actores del sistema: las obras sociales sindicales y la medicina prepaga.

La CUS está impregnada de neoliberalismo. En primer término, porque la propuesta viene impulsada por el Banco Mundial y la OMS (Organización Munduial de la Salud) cuya autonomía es casi inexistente respecto de los principales Estados que conforman el Banco y debido al rol financiador de la industria farmacéutica.

Las derrotas de los gobiernos de corte nacional y popular en América Latina detuvieron el impulso que desde la OPS (Organización Panamericana de la Salud) construía una alternativa al esquema de la CUS. En verdad, la alternativa es oponer al negocio la noción de derechos. Traducido a política pública ello supone garantizar el acceso y la atención en detrimento de la privatización de prestaciones y la reducción del gasto.

La trama sindical. Negocios y paritarias como ejes de la política sanitaria

La CUS fue puesta en marcha con el reparto de 30.000 millones de pesos correspondientes al Fondo Solidario de Redistribución. Según el decreto, el Estado aporta 8.000 millones de pesos por única vez para la puesta en funcionamiento de la CUS. Otra suma importante, cerca de 3.000 millones de pesos fue asignada a las Obras Sociales sindicales. Otros 4.500 millones de pesos se asignarán mediante un mecanismo aún no conocido y el 50% del total del Fondo se destinó a la compra de bonos de la deuda mediante un fideicomiso.

Desde la asunción del nuevo Gobierno Nacional la relación con los Sindicatos está determinada por el flujo de fondos. Las suntuosas cantidades que recibirán las obras sociales debido al CUS pusieron a los sindicatos como un actor de peso para impulsar la aplicación de este nuevo esquema de salud.

El cuadro de reformas se completa con el proyecto de ley de creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET). Entre otras facultades, el proyecto propone que la agencia determinará la canasta de prestaciones cubiertas (reduciendo acceso a derechos vigentes), será la única autorizada para incorporar cuestiones al PMO –Programa Médico Obligatorio-, además establece que sus resoluciones respecto de tratamientos y prestaciones serán de carácter vinculante para la justicia. Ya se escucharon voces respecto de la inconstitucionalidad de ese punto.

Las Provincias las grandes perdedoras

El tratamiento de la AGNET en el Senado dejó al desnudo los factores de poder que están detrás de la aprobación de la norma. Por un lado, el gobierno nacional con su impulso privatizador junto a los sindicatos y prepagas, pues la agencia supondrá una reducción de sus costos y por lo tanto un incremento de sus rentabilidades. Del otro lado, los gobernadores y los sectores que defienden el rol del Estado como garantía del ejercicio efectivo de acceder a la Salud.

Fueron estos sectores, quienes pusieron en alerta a los gobernadores, al recordarles que no estando previsto el modo en que se sustentará la CUS quienes deberán aportar los recursos para afrontar el pago de las prestaciones serán las arcas provinciales. Gráficamente la operación supone mangueras que derivan recursos del sistema público al sector privado.

Muchos gobernadores, algunos protagonistas de la década del 90 y conocedores del impulso neoliberal por descentalizar funciones a las provincias pero no los recursos, comenzaron a apoyar una propuesta alternativa en la cual la Agencia asume un carácter federal y sus funciones están asociadas a la investigación, la innovación y el control, pero fundamentalmente destinada a fomentar el derecho y acceso a la salud.

Los intereses contradictorios entre gobernadores y sindicatos explican, en parte, porqué la AGNET no avanzó en el tratamiento en el Senado.

Sin ley, hay Decreto

La discusión paritaria con el intento oficialista de imponer un techo del 20% a los convenios para cumplir sus metas de inflación y reducir el “costo” laboral también se introdujo en la negociación de la política sanitaria.

En los últimos días ha crecido el rumor de que el Gobierno Nacional impulsará la creación de la Agencia por la vía del Decreto. El republicanismo y el respeto a la división de poderes constituyen un ideario declamado por el gobierno nacional, pero no creído por los integrantes de su mesa chica. La concreción de un negocio no puede subsumirse al respeto institucional.

La AGNET se incorporó al combo de seducción y cooptación de voluntades para cerrar paritarias no superiores al 20%. Operadores de la Casa Rosada muestran gráficos a los sindicalistas destacando como impactaría en la reducción de su “gasto” en la obra social la tarea que desarrollará la Agencia.

Por su parte, Senadores de todos los bloques ya han expresado su preocupación, pues se estaría avasallando las facultares legislativas. “Se trata de un proyecto que está siendo discutido en el seno del parlamento y el Poder Ejecutivo no puede imponernos su mirada con un decreto” afirmó un Senador a este cronista. En off confirmó que voltearán el decreto cuando llegue a la Comisión Bicameral si la intentona se concreta.

Para Cambiemos, la AGNET es fundamental para consolidar las reformas en Salud. Sin la Agencia, la CUS estaría incompleta. Es la Agencia la que se encargará de quitar derechos, reducir el gasto público e incrementar la rentabilidad de los otros subsectores del sistema de salud.

La ruta del dinero ya definió el rumbo del sindicalismo en este asunto. Además, el proyecto oficialista les reserva dos asientos en el Directorio de la Agencia. A esta altura ya no resulta paradójico que la fórmula de cómodos sillones y garantía de rentabilidad resulte más atractiva a los sindicatos que la defensa de los derechos de los trabajadores en su acceso a la salud.