A través de la colocación de bonos y Letras del Tesoro, la administración de Mauricio Macri sigue financiándose con más endeudamiento. Un círculo vicioso que perjudica a los que menos tienen.

El Gobierno avanzó en el proceso de endeudamiento que tiene por objeto resolver el déficit fiscal que inició con las políticas económicas de su gestión y tiene entre sus causas la caída de la producción y del consumo. Por eso, este miércoles colocó 75.000 millones de pesos en bonos a tasa de política monetaria y vencimiento en 2020, con ayuda del Banco de la Nación Argentina, y 1.428 millones de dólares en Letras del Tesoro (Letes) en tres tramos a siete, doce y 17 meses.

La información la proporcionó el Ministerio de Finanzas, del total de 75.000 millones emitidos del nuevo Bono del Tesoro a Tasa de Política Monetaria, 57.255 millones fueron adjudicados en el mercado financiero, mientras que el Banco Nación suscribió en forma directa 17.745 millones.

Por el nuevo bono atado a la tasa de referencia del BCRA se recibieron 823 órdenes por un valor nominal total de 65.246 millones de pesos (de los cuáles se aceptaron los 57.255 millones).

El precio de corte fue de 1.010 millones de pesos por cada 1.000 millones de valor nominal (o sea se pagó más por el bono que su valor nominal), lo cual representa un rendimiento de Tasa de Política Monetaria de -48 puntos básicos (equivalente a 25,75 por ciento).

En tanto, las Letes fueron colocadas en tres tramos: 500 millones de dólares a 224 días (26 de enero de 2018), 500 millones a 364 días (15 de junio de 2018) y 428 millones a 532 días (30 de noviembre de 2018).

Para estos instrumentos se recibieron 6.968 órdenes de compra y el monto total alcanzó un valor nominal de 3.351 millones de dólares. Sobre ese monto, 2.362 millones de dólares fueron para la Letra a 224 días, 561 millones para la Letra a 364 días, y 428 millones para la Letra a 532 días.

Diferentes concejales de ese distrito bonaerense denunciaron que la Administración del intendente de Cambiemos realizó tareas de espionaje a un grupo de ciudadanos autoconvocados cuando organizaban una movilización para exigir más medidas de seguridad.

Las operaciones de inteligencia dirigida por el Secretario de Seguridad de San Isidro, Federico Suñer,  ocurrieron el 2 de junio último, cuando vecinos de esa localidad organizaban una marcha al mástil de 9 de Julio y Belgrano de esa ciudad para pedir más seguridad.

La concejal del Frente Renovador, Marcela Durrieu, condenó las tareas de espionaje y manifestó: “En plena democracia es inaceptable que San Isidro tenga un Subsecretario de Seguridad que hace inteligencia con los vecinos para intimidarlos en lugar de hacer inteligencia con narcos y ladrones”,

La polémica invadió todo el plano político local y apuntó toda las miradas hacia el jefe comunal, Gustavo Posse, de Cambiemos, sostuvo hoy el sitio Infocielo.

A su vez, desde el bloque massista salieron a cruzar las declaraciones de Suñer, quién expresó después de que se conociera el hecho, que la concejal Durrieu y su par por el espacio Con Vocación fomentaban una “campaña del miedo” y ser los instigadores de la campaña de seguridad que habían encabezado los vecinos.

"Los vecinos  denuncian la inseguridad, algo que existe y es una de las principales preocupaciones. ¿Por qué se interpela a un vecino que está denunciando lo que pasa? ¿En San Isidro se denuncia al que denuncia? El gobierno está para escuchar a los vecinos e intentar solucionar los problemas, no para denunciarlos por pedir mejores servicios para una mejor calidad de vida", reclamó el concejal Juan Medina.

Por su parte, el presidente del Bloque de ConVocación por San Isidro, Manuel Abella afirmó "en lugar de fomentar la participación, el municipio persigue a los vecinos, y en lugar de denunciar a delincuentes, quieren denunciar a una vecina que pide seguridad para su familia. Es inaceptable que los vecinos seamos censurados, cuando queremos participar y tener la oportunidad de vivir como nos merecemos.”

Alumnos y docentes realizan desde anoche una “permanencia pacífica” en el edificio donde funciona la casa de estudios. Las Madres de Plaza de Mayo fueron notificadas de la intervención del IUNMa mientras mantenían un encuentro con autoridades de universidades nacionales. Hebe llamó a respaldar a los estudiantes a través de un video, mirálo.

Con una toma del quinto piso del edificio ubicado en 25 de Mayo 544, de la Ciudad de Buenos Aires, la comunidad educativa del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (IUNMa) rechaza el desplazamiento del rector Germán Ibañez y resiste la entrada del interventor Javier Buján, designado por el gobierno de Mauricio Macri.

La titular de Madres, Hebe de Bonafini, felicito hoy “a los estudiantes que tomaron en sus manos la defensa de la Universidad” y pidió “a toda la población que acompañe la lucha” sumándose a la “permanencia pacífica” en las puertas de la casa de estudio.

“Alguna vez les dije que ahora ustedes tienen que ser nuestras piernas y nuestras más, porque nosotras sólo podemos poner la cabeza. Les estoy pidiendo piernas, manos y cuerpo. No estamos defendiendo más que la Universidad de las Madres, que se llama siempre Universidad Popular por más que le cambien el nombre. Si nos vencen a nosotros, van a vencer a las demás universidades populares que tenemos en el conurbano y en todo el país. A defender la educación”, subrayó.

Las Madres fueron notificadas de la intervención del IUNMa anoche, mientras se reunían con autoridades de universidades nacionales para definir estrategias en defensa de la educación pública.

En la notificación, firmada por los ministros de Justicia y de Educación, Germán Garavano y Esteba Bullrich, se oficializa que “a partir del 14 de junio” Buján reemplazará a Ibañez.

Buján, un hombre ligado al presidente de Boca, Daniel Angelici, “viene de una intervención desastrosa en el INADI y antes estuvo con los controladores de tránsito de la ciudad, haciendo negocios para él y los suyos, con despidos y persecuciones”, señaló Martin Forcciniti, uno de los docentes del IUNMa que participa de la toma.

“La intervención es la última de una serie de ataques a la Universidad de las Madres”, dijo Forcciniti y recordó que los profesores llevan diecisiete meses sin cobrar: “Nosotros llevamos esta lucha con todo el compromiso y la fuerza porque no vamos a abandonar este proyecto de ninguna manera. Más allá de lo terrible de la situación, vamos a seguir resistiendo y defendiendo el derecho a la educación y al trabajo, como lo venimos haciendo desde diciembre de 2015”.

Por su parte, la presidenta del Centro de Estudiantes, Belén Sarubbi, confirmó que mantendrán la toma “hasta tanto se dé marcha atrás con la medida”.

“No hay fundamentación para la intervención”, sostuvo Sarubbi y denunció un “vaciamiento” del IUNMa desde la llegada del gobierno de Cambiemos: “Hace un año y medio que no tenemos edificio, no firmaron nunca la contratación de los docentes y hubo un recorte presupuestario del 75 por ciento”.

Así lo publicó hoy el INDEC. Estos nuevos índices representan una fuerte suba con relación al último trimestre del año pasado. Así 1.656.000 personas estaban sin trabajo en los primeros meses del año.

La tasa de desempleo se disparó al 9,2 por ciento en el primer trimestre del corriente año y se ubicó 1,6 puntos por encima de la del último trimestre del año pasado, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Ese índice representa un alza del 1,6 por ciento respecto al último trimestre del año pasado, cuando el macrismo anunciaba con bombos y platillos la creación de nuevos empleos… Además refleja que cerca de 290 mil personas perdieron su empleo entre enero y marzo últimos.

El mayor deterioro se observó en el conurbano bonaerense, donde el desempleo subió a 11,8 por ciento y se transformó en la región del país con peor situación laboral.

Con este resultado, alrededor de 1.656.000 personas estaban sin trabajo al cierre del primer trimestre del corriente año.

La ex presidenta de la Nación publicó un documento con los ejes centrales del nuevo espacio político. Recuperar lo perdido, parar la bola de nieve del endeudamiento externo y la bicicleta financiera, son apenas algunos de las propuestas firmadas en ese manifiesto, son algunos de los principales ítems.

La ex mandataria Cristina Fernández publicó en sus cuentas oficiales de Facebook, Twitter y Telegram, entre otros, un  documento en el que se  presenta el nuevo espacio, que reúne una serie de propuestas para el país y la provincia de Buenos Aires.

El documento, titulado: “Contra la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria” advierte las consecuencias de aquellos elegidos que no cumplen sus promesas electorales: "No sólo engaña a quienes lo votaron sino que rompe el contrato electoral entre gobernante y votante, punto de apoyo de todo el sistema democrático".

Además las firmas son acompañadas por el Partido Compromiso Federal del Gobernador de San Luis Alberto Rodriguez Saa, al Partido Frente Grande del Intendente Mario Secco, al Partido Kolina del Diputado Nacional Carlos Castagneto, al Partido Nuevo Encuentro de Martín Sabatella y al Partido de la Victoria de Aldo San Pedro.

"Construir una nueva relación de fuerzas políticas y sociales que exprese la unidad ciudadana para frenar el ajuste permanente, la desindustrialización endémica, el endeudamiento serial y la especulación financiera que la Alianza Cambiemos tiene como únicas metas de gobierno", apunta este texto como uno de los desafíos del Congreso.

Recuperar lo perdido: empleo, trabajo y condiciones de salario, frenar el aumento de precios de los consumos populares, proteger la industria nacional, poner fin al saqueo tarifario y defender a las empresas públicas nacionales, defensa del sistema de seguridad social y devolución de derechos a jubilados y pensionados, parar la bola de nieve del endeudamiento externo y la “bicicleta financiera, son apenas algunos de las propuestas firmadas en este documento.

El responsable de la Comisión para las Personas con Discapacidad del arzobispado de Buenos Aires, el sacerdote Pablo Molero, afirmó hoy que “es necesario restituir inmediatamente” las pensiones no contributivas por discapacidad que fueron suspendidas por el Ministerio de Desarrollo Social ya que esos beneficios “han generado la posibilidad de vida digna y desarrollo a mucha gente”.

“Es necesario restituir inmediatamente la pensión no contributiva a quien se le suspendió o dio de baja”, dijo a Télam Molero, quien es también coordinador del Foro para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Querer aplicar hoy un decreto que responde a otra época del país es un grave error porque es olvidar lo que sucedió en el 2001 y la pobreza estructural de años, así como no se puede desde dicha normativa cuestionar el criterio que un gobierno usó para reconocer el derecho a esa pensión a personas con una discapacidad y no ya con una invalidez laboral y con una situación socioeconómica vulnerable”, dijo el sacerdote.

En ese marco, Molero señaló que “nuestro país cuenta con familias que no pueden dar respuesta a las necesidades de sus miembros” y que “si lo tuvieran que hacer solamente con sus ingresos tendrían que decidir si comer o atender al miembro con discapacidad”.

“Estas pensiones han generado posibilidad de vida digna y desarrollo a mucha gente, que de otra manera no lo tendría, y ya no estarían algunos entre nosotros”, concluyó.

Ayer, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se comprometió ante la vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, la socialista Gabriela Troiano, a que "se iban revisar los errores" que pudiera haber en la norma y "dar marcha atrás en la quita de pensiones”, según dijo la legisladora.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, descartó que su cartera “trabaja con el mismo criterio de siempre”, al tiempo que reclamó que “no se utilice este tema de manera política para generar miedo”. Dijo que le dejarán la pensión a quienes "realmente la necesiten".

“Quiero llevarle tranquilidad a las familias, al más de un millón de pensionados, que seguimos trabajando como siempre, con el mismo sistema, como todos los meses y con iguales criterios. Trabajamos con distintos cruces administrativos, de ninguna manera políticos”, señaló Stanley.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Desarrollo Social, Stanley afirmó que le “enoja que traten de usar este tema políticamente para generar miedo”.

“Hay familias que realmente necesitan la pensión y a quienes les quiero llevar la tranquilidad de que la van a seguir teniendo. En 2015, cuando no gobernábamos, se dieron de baja 168.000 pensiones, con los mismos criterios de hoy. En esos años, hubo una utilización política de las pensiones, generando clientelismo", agregó.

La funcionaria destacó además que en aquellos casos en que la gente considere que se le dio de baja la pensión erróneamente, se puede llamar al 0800-222-3294, para que sea chequeado. También se puede asistir a los Centros de Atención Local de las diferentes provincias.

"Somos un ministerio de puertas abiertas, dispuesto a rever todos esos casos en los que se cometió un error. Los vamos a corregir", comentó.

Según confirmaron a Tèlam fuentes de la cartera de Desarrollo Social, Stanley se comunicó con la diputada nacional por el socialismo y vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad, Gabriela Troiano, para comunicarle que "se iban revisar los errores" que pudiera haber en la norma.

"Se comprometió a dar marcha atrás en la quita de pensiones a personas con discapacidad y a analizar el tema de la aplicación del decreto, aunque no especificó en qué momento se hará pública esa decisión por parte del Gobierno", agregó la diputada.

La diputada también presentará un listado de personas que fueron afectadas por la medida a Desarrollo Social y a la Defensoría del Pueblo de la Nación.

El Gobierno canceló pensiones a personas con discapacidad apelando a un decreto de 1997 que reglamenta el artículo 9 de la ley 13.478 de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad.

Esa norma dice que la designación de apoderados a los efectos del cobro de los haberes se hará mediante poder o carta poder extendida ante la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación y organismo que ésta autorice.

El presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), Guillermo Badino -que depende del Ministerio de Desarrollo Social- denunció hoy el "manejo clientelar y corrupto" que el kirchnerismo hizo de las pensiones de discapacitados durante 12 años y explicó que el organismo a su cargo está buscando una "administración transparente" para evitar la "discrecionalidad" en el otorgamiento de los beneficios.

Según explicó, "no se trata de bajas sino de suspensiones preventivas que están todo el tiempo en revisión, ya que es algo dinámico y, si hay errores, se reparan inmediatamente".

El funcionario agregó que el tema "ha sido totalmente desvirtuado" y que "alguien quiso instalar esto" como una medida polémica.

En tanto, senadores nacionales del Frente para la Victoria-PJ presentaron un proyecto de ley para derogar incisos del decreto 432/1997, aplicados por el ministerio de Desarrollo Social de la Nación para disponer la suspensión de pensiones por discapacidad.

"En los últimos meses ha sido alarmante la cantidad de argentinos que cobraban pensiones no contributivas cuyos beneficios han sido dados de baja, debido a una interpretación exagerada del Ministerio de Desarrollo Social", expresó María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) que presentó la iniciativa con otros legisladores.

Por su parte, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que preside Alberto Ciampini (FPV-Neuquén), presentó un proyecto de declaración impulsado por la legisladora socialista Troiano, en el que se pide la derogación del decreto de 1997 y pide el "urgente tratamiento" del tema en el recinto.

Asimismo, los diputados del bloque Justicialista pidieron por iniciativa del salteño Pablo Kosiner que se cite a Stanley a presentarse ante la comisión de Discapacidad, "para informar sobre la cantidad de pensiones no contributivas correspondientes a personas con discapacidad dadas de baja desde el 10 de diciembre de 2015, discriminadas por mes".

En una nota dirigida a Ciampini los legisladores pidieron además que la ministra informe si están aplicando desde este mes el decreto 432 de Carlos Menem en 1997 para disminuir las pensiones graciables otorgadas a personas con invalidez.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires envió un pedido de informes a la Anses para que explique a qué se debe esta decisión, si existen nuevos requisitos para acceder a este beneficio y en qué normativa se fundamentan las bajas de pensiones por discapacidad.

En tanto, desde La Rioja, el gobernador Sergio Casas dijo que “vamos a luchar para que se restituyan esos beneficios tan necesarios de nuestra gente”, aunque reconoció que ninguna medida había sido oficialmente comunicada por el Gobierno Nacional.

Casas aseguró que "es un atropello que espero que sea revisado y sean restituidas. Esta es una medida más de las que viene realizando la Nación y que el Gobierno de la Provincia viene reclamando ya que afectan directamente a la población”.

Se trata de Yanina Martínez, rosarina. Integró la selección nacional de atletas con parálisis cerebral que representó al país en Río 2016. Subió al podio tras ganar la prueba final de 100 metros.

La campeona paralímpica Yanina Martínez fue una de las personas afectadas por la suspensión de pensiones por parte del Ministerio de Desarrollo Social, confirmó este miércoles la madre de la atleta, Claudia Chávez.

"Yanina tiene suspendida la pensión", afirmó Chávez, al tiempo que precisó que "le cortaron" el beneficio porque la atleta, medalla de oro en los últimos Juegos Paralímpicos de Río "tiene un sponsor".

La madre de la joven indicó en declaraciones a Radio 2 que "ella tiene un contrato por un año y se anotó en el monotributo", al tiempo que precisó: "al sponsor lo repartimos, por lo que queda menos o igual que la pensión".

"Quizás cortaron a ciegas. Yani no tiene casa ni nada", dijo la madre de la joven, al evaluar la situación de la campeona paralímpica.

Martínez se convirtió en la primera atleta argentina en 20 años en conseguir una medalla dorada en un Juego Paralímpico.

La rosarina, quien integró la selección nacional de atletas con parálisis cerebral que representó al país en Río 2016, logró subirse al podio tras ganar la prueba final de 100 metros.

El Intendente Gustavo Menéndez junto a representantes del Gobierno Provincial entregó casi un centenar escrituras a vecinos de Merlo, después de muchos años de espera y cumpliendo con el sueño de tener su vivienda propia.

Es la tercera entrega en lo que va de este año, en cumplimiento a la ley 23.374 de regularización dominial. Estuvieron presentes la Secretaría de Desarrollo e Integración Social Karina Menéndez, el Subsecretario de Tierras Edgardo Coronel y en representación de la Provincia, Juan Ignacio Beaudoin, Director Provincial de Tierras.

Respecto a la entrega, Menéndez expresó “para nosotros son momentos importantes, tenemos un gran porcentaje en nuestra población que no es titular del lugar que ocupa, más del 60%, y todos sabemos que cuando una familia tiene la posibilidad de apoyar la cabeza en la almohada y saber que todo lo que está encima le pertenece, se genera un sentimiento de arraigo y se genera progreso”.

Por otra parte, afirmó, “Estamos trabajando para intentar sistematizar el proceso de regularización para que esto sea mucho más ágil, fácil, rápido, y muchas veces la gente al ignorar que tiene un derecho no lo ejerce, entonces también es importante de la labor de un municipio brindar las herramientas, el conocimiento para que los vecinos puedan ejercer esos derechos que naturalmente ya tiene”.

El Director Provincial de Tierras aseguró, “Nuestro objetivo es implementar nuevos procesos y tecnologías para poder regularizar todos los casos. Acá hay un trabajo en conjunto muy importante, y es una felicidad inmensa poder entregarle el techo a estas personas y cumplirle el sueño”. Además, declaró “Cuando se habla de destinatarios no tiene que haber banderas políticas, el camino es trabajar para la gente”.

Tras conocerse la cifra de 70 mil pensiones eliminadas por discapacidad, en las redes sociales se recuperó un mensaje que Mauricio Macri compartió hablando de la discriminación a personas con diversas limitaciones. Mirá lo que dice.

El mensaje fue publicado el pasado 11 de mayo en la cuenta oficial de Facebook del presidente Mauricio Macri. Se trata de un video con un manifiesto titulado "Ustedes & Nosotros", que contiene un texto escrito desde el punto de vista de una persona con discapacidad.

En el video, hablan de la igualdad como seres humanos y del error de "confundir limitaciones con capacidades". "Aquellos de ustedes que no nos dan trabajo, que no dejan estudiar a nuestros hijos, los taxis que no paran cuando nos ven distintos, los que nos esquivan en la calle, los que no nos quieren alquilar un departamento, los que miran para otro lado cuando pasamos cerca de ellos, no están en nuestra contra: están en contra de toda la humanidad", señala el mensaje.

La publicación habría quedado en el olvido hasta que se conoció la noticia del recorte de 70 mil pensiones a personas con discapacidad en el Ministerio de Desarrollo Social que dirige Carolina Stanley, y el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del ministerio, Guillermo Badino, lo justificara con el argumento de que "una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión (ya que) puede trabajar si lo deseara".

Tras esto, miles de usuarios en las redes sociales recuperaron este mensaje de hace poco más de un mes y lo compartieron haciendo referencia a la contradicción entre el mensaje solidario que manifiesta en presidente en las redes, y las consecuencias del recorte en las pensiones.