El hecho ocurrió en la localidad de San Pedro, de esa provincia del Noroeste. Por la agresión a los alumnos hay una adolescente internada. Los estudiantes quisieron visibilizar las lamentables condiciones edilicias de su establecimiento y fueron salvajemente golpeados por seguidores del Gobernador Morales, quienes se dirigián a un acto de campaña. Mirá el video.

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Los alumnos de la Escuela Normal Gral. José de San Martín, de San Pedro de Jujuy, fueron agredidos y amenazados ayer por militantes de la Unión Cívica Radical (UCR) de Jujuy que si dirigían al cierre de campaña que realizaba el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

La violencia por parte de los seguidores de Morales empezó cuando el Centro de Estudiantes realizaba un reclamo por  mejoras edilicias y se cruzó con una  caravana de campaña de la Unión Cívica Radical (UCR) que atacó a los alumnos.

Producto de las agresiones desatada contra los adolescentes, una estudiante terminó internada con una crisis nerviosa. Los padres hicieron una denuncia policial.

En declaraciones ofrecidas a Submarino Jujuy, la profesora Lucrecia Tejeda relató que el Centro de Estudiantes venía haciendo medidas de protesta, como sentadas y toma del edificio, para reclamar por los graves problemas edilicios que tiene el establecimiento.

Hay que arreglar los techos, las paredes tienen humedad y están electrificadas, y la cocina no es adecuada para preparar el desayuno y la merienda que se sirve a los alumnos. Además, advierten que la construcción que no es antisísmica y que corre peligro de derrumbe, sobre todo en el sector donde los chicos hacen educación física.

“Antes de las vacaciones nos reunimos con las autoridades, y ellos se comprometieron en un acta que se firmó el 6 de julio a hacer las reparaciones durante el receso de vacaciones”, refirió la profesora. Pero al volver a clases se encontraron con que lo único que se había hecho era pintar las aulas, “cuando la comunidad educativa había dicho que la pintura era lo último que se tenía que hacer”, comentó.

Así es como los alumnos comenzaron a protestar, acompañados por los profesores. “Como docentes no podemos desconocer el problema. Es un reclamo que surge del seno del Centro de Estudiantes, apolítico, entonces no podemos dejar de apoyar a los alumnos en su reclamo justo”, explicó Tejeda, y agregó que se mantuvieron cercanos a los alumnos porque ya habían sufrido amenazas y agresiones. Luego se sumaron los padres.

Los chicos estaban reunidos en la escuela a punto de levantar la medida de protesta, cuando se enteraron de que iba a pasar por allí la caravana de candidatos de la UCR, en el marco de la campaña electoral para las PASO.

“Entonces salieron corriendo para ser escuchados por las autoridades. Fueron con carteles y pancartas, todo en el marco del respeto, y se pusieron en la caravana”, relató la profesora, y aclaró que son varias las escuelas que tienen problemas edilicios similares.

“En ese momento, cuando llegan a la altura de la Calle Miguel Aráoz, fueron agredidos por personal de seguridad de la caravana, un señor bastante grande que ya tienen identificado, con remera rojas y negra”, continuó.

Ese hombre arremetió contra los jóvenes, les rompió las banderas y los afiches, mientras otros les pegaban en el pecho y en la espalda a los chicos. Una alumna terminó internada con una crisis nerviosa.

“Yo quería protegerlos, trataba de traerlos nuevamente a la escuela y lo logré, y ahí hablamos sobre lo que había pasado. Varios padres dijeron que iban a hacer la denuncia”, agregó la profesora Tejeda, quien también fue objeto de amenazas por parte de “un funcionario que iba arriba de la camioneta” que le dijo que iba a perder su trabajo por haber instigado a los alumnos a protestar.

Algunos padres hicieron la denuncia en la Unidad Regional 2. “Ellos están muy enojados y molestos; esperaban otra actitud por parte de las autoridades, que bajaran un minuto y se enteraran de los problemas que estaban viviendo los alumnos”, señaló la profesora, y agregó: “Yo lo que espero es que mínimamente los alumnos agredidos reciban las disculpas del caso, porque sus corazones han quedado lastimados, han quedado nerviosos, empezaron a aprender mal el derecho de peticionar a las autoridades y me preocupa ese mal ejemplo que puede estar dando desde el gobierno”.

Otra profesora, Silvia Cabezas, describió: “Fue un momento muy violento, muy difícil y muy doloroso para la comunidad, porque los chicos estaban acompañados por los papás, y fueron avasallados, atropellados en sus derechos, cuando la ley de educación justamente pregona por la creación de centros de estudiantes y que los alumnos sean críticos, reflexivos, participativos. Pero con esta forma de prepotencia, los chicos se sintieron mal, dolidos, no escuchados”.

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Los principales partidos de la variopinta oposición venezolana vienen anunciado su eventual participación en los procesos electorales regionales previstos para diciembre de este año, luego de participar activamente en violentos actos desestabilizadores y terroristas por cuatro meses, una vez se produjeran discretas conversaciones de su dirigencia y representantes del gobierno.

El anuncio más llamativo vino de la mano de Freddy Guevara, dirigente del partido Voluntad Popular, integrante de la cúpula que activamente ha promovido la violencia en los meses recientes. Ha señalado al “camino electoral” como la alternativa para consagrar los objetivos del antichavismo en Venezuela. No obstante, hay que revisar estos anuncios desde una perspectiva más amplia, pero no por eso menos detallada.

Es evidente la incrongruencia de la narrativa de la oposición. Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista , Acción Democrática e incluso Voluntad Popular transitarán ahora los caminos electorales, después de desconocer el gobierno de Nicolás Maduro, lo que no garantiza que abandonen los caminos de la violencia. El partido Vente Venezuela de María Corina Machado y Alianza Bravo Pueblo de Antonio Ledezma, han sido tajantes en no participar.

Pero el pragmatismo es evidente: la posibilidad de conquistar gobernaciones y alcadías le daría a la oposición no solo presencia y poder territorial sino acceso a presupuestos. Y hoy no hay forma de predecir cuáles –o cuántas- gobernaciones o alcaldías quedarán en manos de la oposición.

Los dirigentes de la oposición –quizá por estar sobreexpuestos a la información de la prensa internacional- sobrestimaron su propia fuerza y credibilidad, subestimaron la conciencia del pueblo chavista y leyeron en inglés qué significa ser combativo (o sea el estado de ánimo de la gente). Y eso trae primero pase de facturas, cambios, huídas y cambios de posiciones, dentro de una dirigencia de clase alta lejana (siempre) a la realidad y con directivas emanadas desde el exterior.

Y quedaron atrapados en sus propias redes (las sociales), confundiendo la posverdad (las mentiras que ellos lanzaban sobre la radicalización de la población) con la realidad y la verdad, y en la especulación del derrame de los cuadros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero héte aquí que ésta se mantuvo firme.

La oposición desconoció el resultado, la realidad-real, pero igual debió asumir el golpe, lo que obligó a un cambio de táctica –incuso poner en duda el tan cacareado “empate” entre oficialistas y opositores- y de estrategias sobre la marcha: ahora participarán en las elecciones regionales comandadas por el mismo Consejo Electoral al que acusaron de ilegítimo, ilegal, fraudulento, manipulador…

Travestidos de demócratas

Acuden a elecciones tras el fracaso estrepitoso de su estrategia abierta del desplazamiento violento del gobierno, a través de movilizaciones, trancas, paros, plantones, guarimbas y violencia articulada y paramilitarizada, que dejaron más de un centenar de muertos y más de 1.500 heridos en cuatro meses, que tratarán de barrer debajo de la alfombra ante el electorado. Tampoco puede descartarse que la violencia –reducida- continúe, pero ya sin responsables políticos visibles…

Las inscripciones de candidaturas a gobernaciones expirará el 17 de agosto. No se sabe si las candidaturas de la oposición serán unitarias o si los partidos de la MUD irán separados desmembrándose electoralmente. Las pugnas internas son entre los partidos que promovieron activamente la violencia (Voluntad Popular y Primero Justicia) y los que no (Acción Democrática, Avanzada Progresista y Un Nuevo Tiempo), considerados como ala moderada de la oposición.

Henry Ramos Allup, dirigente de Acción Democrática (AD), criticó a aquellos sectores que pretenden salir del gobierno, pero “obstaculizan los mecanismos de participación” o los que se escudan en los “caídos durante las manifestaciones”, para no participar en el proceso electoral. “Si no inscribimos un candidato, más rápido que inmediatamente, el gobierno hace esas elecciones y se llevan las 23 gobernaciones y nos quedamos sin oposición”.

AD es el agrupamiento socialdemócrata histórico, que acompañó la escalada de violencia, pero que apuesta al desgaste del gobierno, sobre todo por el efecto de los ataques económicos. Tiene representatividad en casi todos los estados y intenta ganar gobernaciones y alcaldías acumulando en votos el descontento popular.

En el otro extremo están los grupos alineados en la “resistencia” que rechaza la traición de los dirigentes que aceptaron ir a las elecciones, junto a la reivindicación de las acciones de violencia, Se mueve a través de redes sociales, muchas de ellas manejadas desde Miami. Algunos analistas señalan que no es más que otro nombre de partidos como Primero Justicia y Voluntad Popular, que los habilita a transitar por ambos caminos: el del terror y el de la democracia a la vez..

Episodios similares al ataque al fuerte Paramacay y/o el bombardeo del helicóptero robado a instituciones públicas, pueden repetiré, pero ya estaríamos hablando de hechos más profesionales y paramilitarizados. Incluso en este escenario electoral, la violencia beneficia a la MUD, pero sobre todo a aquellos que financian la desestabilización que lleve a una intervención extranjera en busca de las riquezas nacionales.

Y quedaron descolocados al consolidarse la Asamblea Nacional Constituyente sin participación de la oposición, por decisión propia. Es más, la MUD ya había anunciado que no participaría de las elecciones regionales y la revocatoria de esa decisión que pone nuevamente en el camino civilizado a una masa opositora que fue convencida de que la aventura violenta sería exitosa.

La narrativa sigue siendo incoherente y difícil de rearmar. Gastaron tiempo, esfuerzo, presiones, desestabilización para deslegitimar a nivel nacional –pero sobre internacional- tanto al Consejo Nacional Electoral como al proceso electoral constituyente, sin lograrlo. Es más, legitimando a ambos, algo bastante difícil de explicar a la masa opositora, que no entiende tanta consigna contradictoria. Los medios han sobrepasado ampliamente la canalización de la información, para extenderse a la misma producción de acontecimientos políticos, hasta convertirse en los principales movilizadores y operadores políticos.

Los ataques económicos e internacionales

De todas formas, este análisis quedaría cojo si no se tienen en cuenta otras dos “fuerzas” de la derecha, la desestabilización económica y el frente internacional-diplomático. Pero la desestabilización sigue y desde el exterior el primer frente de ataque sigue siendo el económico, inflando desproporcionadamente el valor del dólar, tratando de recrudecer el ciclo de malestar popular. Junto al frente económico, el internacional -con Donald Trump como comandante en jefe- no logra sumar triunfos, pese a la ferviente coordinación de de México y Colombia de los gobiernos subordinados de la región.

La nueva ofensiva del Dolar Today, precedida por un acoso particularmente agresivo por el establishment estadounidense y sus repetidores locales, piensa cosechar en diciembre los resultados de una hiperinflación en puertas, de no producirse un cambio en la política financiera, en medio de un creciente intento de aislamiento internacional, comandado por Donald Trump desde Washington y Juan Manuel Santos desde Bogotá, y bloqueo financiero que afectan las fuentes de abastecimiento. En estas circunstancias, en Caracas sorprende el cambio de canciller, pese a los buenos resultados de Samuel Moncada.

Tras declarar que la convocatoria constituyente agravaría el cuadro de crisis política en Venezuela, varios gobiernos optaron por medidas unilaterales, concertadas o no con otros países. Declaraciones, congelación de haberes y prohibición comercial para altos funcionarios (como hizo Estados Unidos), retiro de embajadores y anuncios de preocupación o de condena por la realización de la constituyente. Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú y un nutrido grupo de naciones europeas condenaron el proceso y anunciaron que no reconocen esa asamblea constituyente. Perú convocó a una nueva reunión de gobiernos americanos sobre el tema Venezuela, y fue un nuevo fracaso.

La mayoría de las críticas del exterior se centraron en el “carácter corporativista” de la elección, pues los nuevos asambleístas fueron electos sobre una base territorial (364 asambleístas), con un representante por municipio, lo que implicó una sobrerrepresentación de zonas poco pobladas donde el oficialismo es fuerte, y sobre la base de listas de grupos sociales escogidos en la convocatoria (181): trabajadores, pensionados, campesinos, estudiantes, consejos comunales, empresarios, personas con discapacidad e indígenas.

El proceso regional

Los partidos autorizados para participar en los próximos comicios son Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Independientes Por el Progreso (IPP), Unidad Política Popular 89 (UPP 89), Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Partido Unión y Entendimiento (Puente), Nueva Visión para mi País (Nuvipa), Partido Comunista de Venezuela (PCV), Tendencias Unificadas para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaros), Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo Contigo (UNTC) y Movimiento Primero Justicia (MPJ).

A ellos hay que sumar Avanzada Progresista (AP), Voluntad Popular (VP), Movimiento Al Socialismo (MAS), Por la Democracia Social (Podemos), Organización Renovadora Auténtica (ORA), Patria Para Todos (PPT), Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Nuevo Camino Revolucionario (NCR), Copei, Movimiento Político Alianza Para el Cambio (MPAPC) y Unidad Popular Venezolana (UPV).

En las elecciones del 10 de diciembre están convocados a participar un total de 18 millones 094.065 venezolanos. En estos comicios no estarán incluidos los votantes de Distrito Capital, por poseer un régimen especial de gobierno que no prevé la elección de gobernador o de consejo legislativo, ni los venezolanos residenciados en el exterior. Por ello, la data de votantes es menor al total de inscritos en el Registro Electoral, que son 19 millones 854.437 personas.

Rehacer la cultura democrática

Hoy, con una votación de 8 millones, el chavismo es nuevamente la mayoría electoral del país, pero los resultados del 30 de julio derrotaron la violencia y la lógica de confrontación permanente. Desde el mismo días siguiente se abrieron las compuertas del diálogo, tímido aún, entre gobierno y oposición, par atender los problemas urgentes de la sociedad. Hoy por hoy no hay convicción –me atrevería a decir en ninguno de los lados- de la necesidad del entendimiento político.

Antes se debiera avanzar en el respeto mutuo y en la construcción de consensos mínimos y de una agenda común; que reencauce una cultura política para el fortalecimiento de la democracia. Difícil lograrlo mientras desde Washington se insiste en derrocar al gobierno (ya sin preguntarle a los opositores) e imponer sanciones a funcionarios, ahora por el delito de apoyar la Constituyente.

Detrás de esa desesperación están los fondos de inversión, la banca trasnacional, y las corporaciones trasnacionales mineras y petroleras como ExxonMobil, representada por el secretario de Estado estadounidense. Los intereses en el suelo y subsuelo venezolanos están plenamente expresados en la política del senador Marco Rubio y del presidente Trump contra Venezuela. Ellos siguen apostando por la continuidad de la violencia para desestabilizar el panorama político venezolano.

(*) Periodista uruguayo, magister en Integración, fundador de Telesur, codirector del Observatorio de Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE), y presidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana (Fila). Autor de Vernos con nuestros propios ojos y La internacional del terror mediático, entre otros textos.

En medio de la desaparición de Santiago Maldonado, dos jóvenes del Centro Cultural “El Andén” de Cipolletti fueron maltratados por varios efectivos policiales y luego encerrados en una comisaría porque no tenían el DNI. Simultáneamente, la fuerza provincial irrumpió en otro espacio cultural de la ciudad de Allen, según denunciaron.

“Basta de reprimir y perseguir a quienes luchamos”, expresaron desde Centro Cultural “El Andén” luego de la detención arbitraria de dos de sus integrantes, y advirtieron que “en el sur la situación represiva es cada vez más grave, coincidiendo con la desaparición de Santiago Maldonado”.

Las detenciones ocurrieron anoche cuando los jóvenes ensayaban “la cuerda de candombe” frente al centro cultural de Cipolletti, provincia de Río Negro. En eso se acerca una policía y les pide sus DNI. Como no los tenían encima, llegaron más uniformados en “cinco patrulleros y tres motos”.

“Fueron maltratados y llevados a la Comisaria 4ta de Cipolletti”, indicaron familiares, amigos y miembros de organizaciones sociales mientras se trasladaban hacia la seccional para exigir su liberación inmediata.

Durante la manifestación se vivieron momentos de tensión cuando el comisario a cargo, Daniel Uribe, salió a amenazarlos con reprimir si no despejaban el lugar.

“En plena lucha por la aparición de Santiago Maldonado, secuestrado por la Gendarmería, acá llevan pibes para averiguación de antecedentes”, destacaron las organizaciones al señalar el abuso policial.

Una abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) intercedió para lograr la liberación de los jóvenes pasada la medianoche.

“Al mismo tiempo que estaban haciendo al requisa en “El Andén”, entraron a “La Casita” que está a unos kilómetros, en Allen, siendo más grave porque ese centro cultural está en el predio de la UnTER (Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro). Tenemos fuerzas policiales metiéndose en los predios gremiales, llevándose gente detenida, desapareciendo personas. Todo esto coincide con la presencia de la gente de Patricia Bullrich, del Ministerio de Inseguridad y Desaparición Forzada de Personas”, denunció otro manifestante.

(Por Ignacio Cantala) La necesidad de una victoria para profundizar el modelo. Las presiones del Gobierno a INDRA. El voto electrónico y el caso de Lousteau

El triunfo de Macri supuso una novedad en la política argentina. Por primera vez, la derecha accedía al poder mediante el voto popular. La derecha atendida por sus propios dueños, con un exponente de su propia clase. A lo largo de la historia su influencia política fue determinante, imponiendo presidentes, dictando las políticas económicas y también provocando salidas anticipadas.

Pero un sinfín de factores generó que la derecha acceda a la Casa Rosada mediante  el voto popular. Desde allí, se plantearon eliminar todas las regulaciones e impulsar un ajuste en base a la transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía. Las dificultades económicas, sociales y políticas consecuencias de su propio plan impusieron algunas demoras al proceso de reestructuración de la nueva matriz de acumulación pretendida por Macri. Su condición de dueños de la Argentina y su alianza con el círculo rojo no son suficientes para imponer sus deseos. La democracia posee mecanismos institucionales que operan como frenos a los avasallamientos.

Si bien en el Congreso superaron el carácter minoritario de su bloque a través del acuerdo con Massa y Bossio,  “opositores responsables” y cómplices dadores de “gobernabilidad”, que permitieron la aprobación de sus leyes más importantes, la dinámica de la negociación permanente y la oposición constante del Frente para la Victoria y sectores de izquierda obturaron la capacidad de imponer la estructura jurídica del actual modelo de acumulación con la velocidad y premura que desean.

Necesitan reforzar sus bloques parlamentarios y detener el fantasma “populista” de un país para todos que personifican en Cristina Fernández de Kirchner. En este punto radica la necesidad del triunfo en las próximas elecciones.

Suele existir una relación inversamente proporcional entre el republicanismo discursivo y el ejercicio republicano. El atentado a INDRA y las supuestas vinculaciones con sectores del gobierno, indicarían que el republicanismo no resulta un valor relevante para la administración Macri.

En el paradigma empresarial, la rentabilidad es un objetivo cuyo logro no admite matices. La mirada política de los CEOs establece que garantizar una victoria electoral tampoco.

El atentado a la empresa INDRA, que desde 1997 es el responsable del escrutinio provisorio en nuestro país, arrojó un manto de sospechas sobre los reiterados comentarios del posible fraude en las próximas elecciones.

Una versión que gana fuerza en medios judiciales y periodísticos refiere a la supuesta presión del gobierno nacional sobre la empresa para obtener el control del escrutinio y la publicación de los datos. Según esta versión, sectores del aparato de inteligencia estatal  estarían detrás del atentado, que  sería la respuesta a la negativa o reticencia de la empresa española a permitir esa intromisión.

Desde el gobierno le recordaron a la empresa que ellos habían cumplido parte del trato con la adjudicación del contrato por 25 millones de dólares (9 millones más respecto del contrato del 2015) a través de una licitación a medida del Correo Argentino, que se completó con la demora en la convocatoria con el objetivo de que sólo INDRA pueda cumplir las exigencias.

La empresa afirma haber cumplido todos los pasos legales correspondientes e intimó a los negociadores del gobierno a realizar las denuncias  que considere. “A una amenaza se le responde con otra amenaza”, repiten en la empresa cuya trayectoria acumula varias denuncias en el terreno internacional.

Si el gobierno no obtiene el acceso y control total, el segundo objetivo sería ingresar para “proteger” los datos. Esto es, controlar su publicación.

Aún no se conocen detalles de la investigación a cargo del fiscal Marijuan, tampoco se ha escuchado de las autoridades del Ministerio de Seguridad que se hayan tomado las medidas de seguridad para brindar todas las garantías necesarias a los empleados del Correo y de la empresa INDRA en el desarrollo de la jornada electoral.

La boleta electrónica, deseo postergado y el rol de Martín Lousteau

Quienes afirman que se trata lisa y llanamente de una operación de presión del gobierno a la empresa INDRA, recuerdan que desde el momento que asumió Macri han intentado instalar el voto electrónico a nivel nacional.

El proyecto de ley del gobierno pretendía imponer a nivel nacional el sistema de boleta electrónica utilizado en CABA.

Las críticas durante su tratamiento en las Cámaras de Diputados y Senadores fueron contundentes. Se mencionaron los antecedentes internacionales (Alemania, Holanda, Reino Unidos, etc.) que demuestran que los países vienen abandonando este sistema en retroceso a nivel mundial. Además, apoyados en especialistas, apuntaron contra la Boleta Electrónica por garantiza la seguridad del secreto del sufragio.

Con el propio Presidente a la cabeza, la implementación del voto electrónico fue la prioridad del gobierno durante el 2016, hasta que los límites legislativos y de aplicación temporal los obligaron a abandonar la intentona. Al menos por ahora.

Martín Lousteau es un protagonista relevante en esta historia. Tras el atentado a la empresa INDRA, le confirmó a su círculo íntimo que “mi principal error político fue no haber denunciado el fraude electoral” en la elección por la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Horacio Rodríguez Larreta. Luego de la derrota, encargó una auditoría que reveló numerosas vulnerabilidades e irregularidades en el sistema de boleta electrónica. Sin embargo, decidió no denunciarlo y el PRO le otorgó el mejor premio al exiliado político asignándole la Embajada argentina en EEUU.

Aun cuando le fuera negada su participación en el frente Cambiemos, el economista aspira ingenuamente a sostener vínculos con el PRO. Éste es el sentido de sus visitas a las oficinas que la Gobernadora Vidal posee en la sede del Banco Provincia en el centro porteño. Para el PRO se trata de sostener el control de un personaje que si realiza una buena elección podría convertirse en una piedra en el zapato, mientras Lousteau trata de mantener latente la opción del abrigo oficialista, pues su idea de generar una contradicción en el PRO resulta inverosímil. Vidal y Macri son una misma persona.

La necesidad del Gobierno por dominar las elecciones del domingo es botón de muestra de su convicción por modificar y controlar el sistema electoral. “Tenemos que corregir esta idea de una persona-un voto, y promover medidas que califiquen y ponderen el peso del voto según quien lo emite”, afirmó en broma un diputado porteño del PRO en ocasión del debate sobre la boleta electrónica. En la psicología es muy conocida la relación entre el sentido del humor y cierta dimensión de la verdad.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires realizó una serie de convenios con diferentes empresas afectadas económicamente por los tarifazos realizados por el Gobierno de Cambiemos y salió a cubrir las deudas de la empresa apropiada por Magnetto.

El Gobierno de María Eugenia Vidal, a través del Ministro de Producción, Javier Tizado, firmó un convenio en el cual desembolsó 394.000 pesos para ayudar económicamente a empresas afectadas los tarifazos realizados por la administración de Mauricio Macri, con el objetivo de rescatar a firmas como Papel Prensa, SanCor, Frigorifico La Esperanza y a algunas Cooperativas, entre otras.

El monto del salvataje,  se inició hace dos semas y ya supera los 25 millones de pesos, gracias a un acuerdo realizado con las distribuidoras eléctricas para que el Gobierno de la Provincia se haga cargo de las tarifas de diferentes empresas.

A través de su publicación en el Boletín Oficial, el ministerio de Producción firmó el 28 de julio último, similares convenios con distribuidoras eléctricas por la suma de 25 millones de pesos

Las empresas beneficiadas por la disposición del Ministerio de Producción son: la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos Públicos y Sociales San Pedro Ltda que recibirá 224.610,76 dividido entre cuatro empresas. Papel Prensa S con $50.000; Frigorífico La Esperanza S.R.L con 43.561,85; Coop de Trabajo Plásticos “El Gringo” con $58.431,68; y Artesanales Facundo SRL con $72.617,23.

También son beneficiadas, la Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Servicios Públicos, Consumo y Vivienda de Lezama Ltda con 57.634,67 para cubrir gastos de la empresa SCLU S.A; la Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Charlone con150.000 que beneficiarán a SanCor.

Para finalizar, otra de las empresas favorecidas es la Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Servicios Públicos, de Crédito y Vivienda de Coronel Dorrego con7.545,59 para la empresa Gutiérrez Casiano Manuel (destinado a recuperación de materiales y deshechos).

A través de su publicación en el Boletín Oficial, el ministerio de Producción firmó el 28 de julio último, similares convenios con distribuidoras eléctricas por la suma de 25 millones de pesos, por las cuales distribuidoras eléctricas debieron entregar los subsidios a diferentes compañías bonaerenses que se encuentran en estado “crítico” a raíz del “sinceramiento de tarifas”, informó el sitio La Tecla.

“El aporte de los fondos comprometidos (…) tiene como finalidad solventar el nuevo esquema tarifario del servicio público de electricidad, cuyo vencimiento operó entre el 1º de julio y el 3 de diciembre de 2016, aplicables al consumo energético registrado por parte de las empresas productivas listadas”, se expresa en la resolución.

Y como si estos salvatajes fueran pocos, el Ministerio de Producción realizó un convenio con las distribuidoras eléctrica Edenor, Empresa Distribuidora La Plata Sociedad Anónima (Edelap) y Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) que ronda los cinco millones de pesos.

Indignantes declaraciones de Sergio Ongarato: dijo estar "preocupado" porque el caso del joven desaparecido hace 10 días puede impactar "negativamente" sobre el turismo en la ciudad. "Nos complica desde el punto de vista turístico porque aparecemos con esta mala noticia, que es conocida ya en todo el país", aseguró.

En una entrevista con Splendid, Ongarato siguió con sus controversiales afirmaciones: "Todo esto esconde una cuestión de fondo como son los cortes de ruta de un grupo de encapuchados. Y ahora se desvía la atención por este señor que no aparece", describió.

Además, se montó sobre el rumor falso que ubica a Maldonado en Entre Ríos. "Y aparece esta versión de un camionero que lo llevó en Entre Ríos. Esperamos encontrar a esta persona por allá", concluyó.

Santiago Maldonado lleva desaparecido 10 días: según testigos fue visto por última vez a metros de agentes de la Gendarmería, en el marco de una brutal represión a la comunidad mapuche de Esquel, Chubut. Organismos de Derechos Humanos locales e internacionales exigieron al Estado argentino su pronta aparición.

El presidente dijo que el Gobierno está buscando al joven desaparecido hace 10 días: "Hay búsquedas por distintos lugares sin mucha colaboración de esta organización que se declara con lineamientos bastante poco democráticos y bastante violentos”. Por su parte, Bullrich cuestionó a los mapuches y también a la familia de Maldonado y a los organismos de derechos humanos que según la funcionaria "instalaron la idea de una desaparición forzada de persona".

Mauricio Macri prefirió hablar poco sobre el tema en una entrevista radial. No hizo alusión a la represión de Gendarmería y mucho menos a la hipótesis que vincula a esa fuerza federal con la desaparición del joven de 28 años. Prefirió tildar de "antidemocráticos" a los mapuches.

En la misma línea se expresó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa en la que aseguró que "Gendarmería no detuvo a Maldonado". Hoy, en un allanamiento ordenado por un juez federal se encontraron restos de sangre y cabellos en una camioneta de esa fuerza. En cambio, la funcionaria defendió a Gendarmería y cargó contra la familia del joven y contra los organismos de Derechos Humanos: "Esto no ha sido una desaparición forzosa, eso es una construcción de un sector".

Esta tarde, una multitud se convocará en Plaza de Mayo para reclamar la "aparición con vida" de Santiago Maldonado.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, aseguró que la Provincia paga más cara que su distrito la pavimentación de calles y que Grindetti, en Lanús, gasta casi el doble que Avellaneda en alumbrado público.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, jugó fuerte contra las gestiones emblemáticas del PRO. El intedente denunció que el gobierno de María Eugenia Vidal y la gestión de de Lanús, a cargo de Néstor Grindetti, pagan sobreprecios en obras públicas y de infraestructura.

En una entrevista televisiva, el alcalde afirmó que en Avellaneda y en Lanús la administración provincial "paga las obras de pavimentación entre 39 y 47 por ciento más caras de lo que paga la comuna".

En Avellaneda-Lanús el gobierno provincial paga las obras de pavimentación entre 39 y 47 % más caras de lo que paga la Comuna#Sobreprecios pic.twitter.com/6jnoh9SfBK

— Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) 11 de agosto de 2017

Asimismo, advirtió que en Lanús el macrista Grindetti "paga las obras de alumbrado público un 44 por ciento más caras que lo que cuestan en Avellaneda".

En Lanús, el municipio paga las obras de alumbrado público un 44% más caras que lo que nos cuestan en Avellaneda.#Sobreprecios pic.twitter.com/rq9urEs4d5

— Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) 11 de agosto de 2017

Por otra parte, durante su intervención en el programa televisivo El Destape, Ferraresi alertó sobre la falta de efectivos policiales y de dinero para los comedores en el territorio bonaerense.

Según denunció, en la Provincia "hay 300 policías por cada 100.000 habitantes" mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "hay 800 policías" para la misma cantidad de pobladores.

Con respecto a la situación de los comedores, precisó que en el territorio provincial "la cuota para comedores es de 16 pesos por cada alumno", en tanto que en Capital Federal el monto asciende a 41 pesos.

Referentes del Observatorio Electoral de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) serán veedores en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo e informarán sobre el desarrollo de los comicios.

Si bien el Observatorio no es una autoridad electoral, actúa desde 2012 con la certificación de la Cámara Nacional Electoral y de la Junta Provincial en la materia, para los que son organismo de referencia y consulta.

El director del Observatorio, Sebastián López Calendino, aseguró en declaraciones a Télam que "en esta elección, por sexta vez, desplegaremos 65 observadores en las escuelas de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires (La Plata, Azul, Carlos Casares, Punta Indio, Berisso, Ensenada), Santa Fé, Capital y Tucumán”.

“Los observadores se presentan desde las 7 de la mañana a observar, tal como lo hace la Organización de Estados Americanos (OEA), con un formulario y toman nota de la capacitación que tiene el presidente de mesa y los fiscales, ven si se respeta el orden de las boletas en el cuarto oscuro, si le da prioridad a las embarazadas o discapacitados, si las mesas de votación se conformaron en tiempo y forma", dijo.

Detalló que los observadores permanecen en el establecimiento de votación "todo el día hasta el cierre del escrutinio completando los formularios" y cuando cae la noche, envían la información a una base de datos para luego confeccionar un informe con cuadros estadísticos en el que se describen tanto los problemas como las buenas prácticas detectados.

"Ese informe va dirigido a la Cámara Nacional Electoral y a la Junta Electoral bonaerense, con recomendaciones que muchas veces ya fueron tenidas en cuenta y se ha mejorado", describió López Calendino.

Explicó que el día del comicio, "si los observadores detectan hurto de boletas, toman nota en qué mesas fue, qué hizo el presidente de mesa ante ello, qué les dijo a los votantes y cómo los ayudó" y añadió que "dan cuenta también de las anomalías que detecten, si el presidente de mesa deja su función por la mitad, la actuación de los fiscales generales y el comportamiento del electorado".

No obstante, aclaró que los veedores "tenemos la obligación de no interferir en ningún tipo de conflicto porque para eso están las autoridades judiciales, por lo que no podemos resolver conflictos. Nosotros luego volcamos eso en el informe final".

Sostuvo que los observadores son voluntarios, por lo que trabajan ad honorem; no pueden ser afiliados a ningún partido; ni trabajar en organismos del Estado "para evitar que un municipio, por ejemplo, ponga a sus empleados a observar".

"Se trata de tomar observadores con la mayor objetividad posible y con el mayor nivel de compromiso ciudadano. Principalmente son estudiantes universitarios, pero esto no es condición excluyente", dijo.

El titular del Observatorio relató que generalmente, ante la presencia de observadores de la Universidad, “suelen bajar las tensiones entre los fiscales y los partidos políticos que pensaban en hacer alguna picardía lo piensan más de una vez porque saben que están siendo observados”.

A través del Observatorio de Estudios Electorales la UNLP es la única universidad pública del país que desarrolla la actividad de observación electoral en Argentina, y también cuenta con experiencias en otros países como Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Reino Unido, EEUU y Francia.

Los símbolos utilizados por el nazismo estaban marcados sobre las ruinas que permanecen resguardadas como testimonio de las detenciones ilegales, torturas y desapariciones ocurridas durante la última dictadura militar en el centro clandestino de Castelar.

El titular de Derechos Humanos de Morón, Francisco Mones Ruiz, repudió la vandalización que sufrieron ayer los cimientos de la ex Mansión Seré, el centro clandestino de detención, tortura y desaparición que funcionó en Castelar durante la última dictadura militar y que es conservado como patrimonio histórico.

Según relató el portal El1Digital, el funcionario dio a conocer una fotografía que muestra las marcas de símbolos utilizados por el nazismo en el área protegida del excentro de detención y expresó: “Repudio fuertemente la esvástica que nos pintaron hace un rato en Mansión Seré. Sin dudas, hay sectores que les molesta el trabajo de memoria y vida, el trabajo que realicé junto a mi equipo”.

Mones Ruiz señaló destacó que el centro clandestino de detención reconvertido en Casa de la Memoria y la Vida es visitado todos los años por “más de 2.500 jóvenes del Conurbano”, y que es “un trabajo que logró descubrir el paso del Plan Cóndor por Morón”.

El titular del espacio para la memoria puntualizó que el predio “es un trabajo que logró recuperar y señalizar la exRIBA y sumar siete desaparecidos al listado local. Un trabajo realizado junto a ONGs, sobrevivientes y víctimas. Un trabajo de revalorización de la democracia. Un trabajo de memoria plural, sin dueños”.

“Hay sectores que no quieren el trabajo que realizamos, y realicé, en Seré. No cuenten con nuestro odio, seguiremos trabajando por más y mejor democracia, aunque quieran enrarecer el clima. Mi repudio. Funcionarios del Municipio están realizando la denuncia y esperemos que se llegue a los responsables. No más intolerancia. Por una democracia con pluralismo. Repudio al odio y la violencia”, proclamó.

Por su parte, desde el Gobierno de Morón repudiaron “enérgicamente” los hechos de vandalismo ocurridos en el predio de la exMansión Seré y confirmaron que la denuncia correspondiente se asentó en la comisaría de Castelar Sur, “para avanzar con una profunda investigación y dar con los responsables de semejante expresión de odio y violencia”.