Así lo afirmó la abogada de la familia, Verónica Heredia, al cruzar al juez por el operativo realizado en tierra mapuche. Consideró que el magistrado “es parte del problema” para poder saber qué pasó con Santiago. El CELS también pidió su apartamiento de la causa.

A 50 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, se niega a investigar la responsabilidad de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de su mano derecha, Pablo Noceti, señalado como quien comandó la represión donde el joven fue visto por última vez.

Tras el megaoperativo realizado ayer en la comunidad mapuche de Cushamen sin la presencia de la familia Maldonado, su abogada Verónica Heredia indicó que “nosotros pedimos intervenciones telefónicas, entrecruzamiento de llamadas” de los días 31 de julio y 1 de agosto.

“Es una de las razones por la que estamos recusando al juez porque dice que no tiene nada que ver”, sostuvo y denunció que Otranto “no quiere hacer entrecruzamiento de llamadas del celular de Noceti porque tiene llamadas con él”.

“Nosotros tenemos que informar porqué decimos que tiene que ser apartado y él tiene que decir porque está en condiciones de continuar en la causa donde él no cree en la única hipótesis que está comprobada que es la desaparición forzada”, agregó Heredia.

Este martes el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también pidió el apartamiento de Otranto ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que deberá resolverá el planteo similar presentado por la familia Maldonado.

La recusación del CELS se basa en que “las declaraciones del juez Otranto en los medios de comunicación afectan la garantía constitucional de imparcialidad y suponen el adelantamiento de opinión respecto de los hechos investigados y la enemistad manifiesta hacia la parte querellante”.

El planteo se conoció en simultáneo a la comunicación oficial emanada por el juzgado de Otranto, donde se informa el resultado del allanamiento y rastrillaje realizado de manera sorpresiva en el día de ayer con la intervención de 367 efectivos de diversas fuerzas federales y que redundó en un rotundo fracaso.

Según detalló el Centro de Información Judicial, en el megaoperativo se secuestraron dos mochilas, varias camperas de color negro y teléfonos celulares que “serán objeto de análisis científico para determinar si efectivamente pertenecen” al joven desaparecido el 1 de agosto pasado, durante el operativo de Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen.

La ex presidenta se mostró dispuesta a debatir con el resto de los candidatos a senadores nacionales si el evento es organizado por las universidades públicas de la provincia de Buenos Aires.

Durante una recorrida por la localidad bonaerense de Berazategui, Cristina Fernández de Kirchner afirmó que participaría de un debate público con los candidatos de otras fuerzas políticas “sobre ajuste, economía, tarifas, buen trabajo, industria nacional y apertura de importaciones”.

Lo dijo ante una pregunta durante la rueda de prensa que brindó tras el acto junto al intendente local Patricio Mussi. “Sí, por supuesto. Pero creo que ese debate se debe organizar en las universidades bonaerenses”, respondió la candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, y agregó: “No creo que empresas privadas puedan organizar debates públicos. Los debates deben darse en las universidades del territorio bonaerense y las deben organizar las carreras en comunicación”.

En este marco, la ex mandataria explicó que “Argentina merece un debate a fondo de la cuestión económica” de cara a las legislativas del 22 de octubre.

“El debate no puede ser una pelea entre políticos”, sino “lo que la gente ha votado en las PASO, y la gente ha votado contra el ajuste y contra el plan económico”, subrayó.

Cristina advirtió, además, sobre la reforma laboral que prepara Cambiemos. “Quieren que la gente cada vez trabaje más y gane menos”, dijo y consideró que “la precarización laboral es la mejor aliada del narcotráfico”.

Consultada sobre declaraciones de referentes del gobierno que vincularon las tomas de escuelas secundarias con el kirchnerismo, la ex mandataria contestó que “el oficialismo culpa al kirchnerismo de todo: si llueve, si hace frío”.

“Lo de las tomas de escuela tiene que ver con una reforma educativa con la que no están de acuerdo ni docentes ni alumnos”, completó.

Fue durante su discurso en el seminario “Financiamiento de la Agenda 2030”, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra en la ciudad de Nueva York.

La vicepresidenta Gabriela Michetti habló de la “Pobreza Cero” en la Argentina, la principal propuesta incumplida de Cambiemos, formulada tanto durante la campaña de 2015 como también ahora de cara a las elecciones legislativas.

Escoltada por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, la vicepresidenta redujo aquella promesa a un “aspiracional” para tener “en el horizonte”.

“(Mauricio Macri) destacó sobre todo en el horizonte el objetivo de Pobreza Cero que nos hemos puesto como aspiracional”, lanzó ayer en el seminario “Financiamiento de la Agenda 2030”, en el marco de la 72ª Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York.

Michetti ya había ensayado una definición similar en enero pasado, tratando de salir del paso durante una entrevista con la cadena internacional Aljazeera. “Nosotros lo que dijimos es ‘Pobreza Cero’ tiene que ser el objetivo y el aspiracional de nuestro gobierno y de los gobiernos que sigan”, dijo en esa oportunidad cuando le preguntaron por el crecimiento de la pobreza a un año de la gestión de Cambiemos.

Sin embargo, el propio Macri tiene un discurso diferente cuando le habla del tema a los argentinos. Hace apenas unas semanas, cuando retomó la campaña electoral en la provincia Buenos Aires -donde se impuso la ex presidenta Cristina Fernández de Kichner-, aseguró que “estamos acá para liberarlos de la pobreza”. Así lo dijo al inaugurar un centro comunitario en Florencio Varela, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal.

Michetti tiene previsto emitir su discurso ante la Asamblea General de la ONU este miércoles alrededor de las 15.20 (hora local). Habrá que ver si vuelve a hablar de “Pobreza Cero”.

Macri decidió enviar a su vice para poder dedicarse de lleno al último tramo de la campaña antes de las legislativas del 22 de octubre. Viajó a Estados Unidos acompañada por el canciller Jorge Faurie, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.

Decenas de efectivos de la fuerza especial DESPO irrumpieron en el Lof Fvta Xayen, en la zona de Vaca Muerta, y capturaron a la autoridad de la comunidad, Diego Rosales, y dos jóvenes. Denuncian que “plantaron” armas y drogas para justificar las detenciones.

La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) protestaba esta tarde frente a Comisaría N° 13 del Chañar en reclamo de la liberación del werken (vocero) Diego Rosales y dos jovenes kona del Lof Fvta Xayen.

Los tres integrantes de la comunidad, ubicada en la zona donde opera el yacimiento de Vaca Muerta, fueron detenidos por efectivos del Departamento Especial de Servicios Policiales (DESPO) que irrumpieron violentamente para desalojar el territorio.

Según la CMN, más de 60 agentes ingresaron fuertemente armados, destruyendo la tranquera y golpeando a quienes encontraban a su paso.

“Pero el aspecto más grave y urgente es que han plantado falsas ‘pruebas’ para ensuciar nuestra justa causa: junto con el operativo ha aparecido armas y drogas que servirán para un montaje repetido: el ‘maputerrorismo’”, denunció la organización.

El allanamiento fue ordenado por el fiscal Marcelo Silva en una causa por “usurpación” iniciada cuando la comunidad decidió cerrar el paso de sus territorios ancestrales para que no puedan operar allí las empresas petroleras.

“Hemos soportados desde años pero sobre todo en estos últimos meses la campaña de racismo institucional que busca legitimar la represión que hoy está ocurriendo. Vivimos asediados por la Policía y la Gendarmería”, explicó la CMN y consideró que se está llevando adelante una “nueva Campaña del Desierto”.

“La solución a este conflicto es dialogando políticamente, y asumiendo que es ilegal la manera en que instalan el extractivismo en nuestros territorios. Es urgente y necesario que los derechos que se han logrado con nuestra lucha se conviertan en realidad”, se exigió en un comunicado.

El dirigente es uno de los hombres del sindicalismo más críticos con el gobierno de Mauricio Macri. "Seguramente, vamos a llamar a los trabajadores a que voten al sector de la oposición y en la provincia hay tres alternativas. Ojalá les den el voto a Cristina Kirchner o Massa. Más allá de las diferencias que hemos tenido, son los que más fuerzas le pueden hacer al oficialismo", afirmó el secretario general adjunto del Sindicato de los Camioneros.

En una entrevista radial con Salvemos Kamchatka, Moyano aclaró: "Ojalá la gente reaccione y los trabajadores le demos el voto a Cristina o Massa". Igualmente, se distanció de la gestión kirchnerista aunque aclaró que podría reunirse con CFK.

En ese marco, elogió a Jorge Taiana, segundo candidato a senador por Unidad Ciudadana: "Taiana tiene una gran trayectoria y mucha experiencia. Ojalá que entre, pero siempre con el compromiso de defender los derechos de los trabajadores", pidió.

Además, el camionero sostuvo que "los trabajadores queremos saber cómo van a votar los diputados y senadores en caso de que el Gobierno quiera imponer la flexibilización laboral". En ese punto, cuestionó al senador peronista Miguel Ángel Pichetto: "Si un senador peronista se reúne en el Hotel Sheraton a hablar de la reforma laboral, creo que está todo dicho. Él, por ser peronista, tendría que defender a los trabajadores".

Rene Pérez, ex líder de Calle 13, se presentará el día jueves 21 de septiembre en Merlo para festejar el día de la primavera con un show solidario en el Paseo del Bicentenario.

El músico, que en 2015 inició su carrera como solista, se encuentra presentando su nuevo trabajo discográfico, “Residente” y viene de realizar dos shows con entradas agotadas en el Luna Park.

El Paseo del Bicentenario está ubicado en Av. del Bicentenario y Perú. Es importante destacar que la entrada es libre y gratuita pero se solicita un alimento no perecedero para colaborar con entidades sociales y las familias que más lo necesitan.

El festejo general por el Día de la Primavera comenzará a las 13 hs y contará con la presencia de bandas locales. Los conjuntos locales que animarán la tarde serán La Lombarda, El náufrago rock, Entre signos, Mil mentiras y Buen augurio. Valentina Etchegoyen será la encargada de anteceder el show principal de Residente que comenzará alrededor de las 19 hs.

Se trata de la empresa Extreme Gear que produce zapatillas para la multinacional alemana. La pyme echó a 112 trabajadores, y podría despedir a otros 300 si se confirma el cierre de la planta. Advierten sobre la apertura de las importaciones como responsable de la crisis en el sector textil.

"Ayer a la tarde fueron notificados 112 trabajadores de su despido. No se puede competir con una zapatilla que viene de Asia", describió en una entrevista radial Fernando Gay, intendente de Esteban Echeverría. La empresa ya alertó que cerrará sus puertas antes de fin de año de seguir en esta situación económica.

"El costo laboral y las condiciones laborales en Asia son distintos a las nuestras. Con esta apertura indiscriminada de importaciones en el día de ayer se han dado de baja 112 personas que hoy desgraciadamente están sin trabajo", siguió Gay. "En estos últimos tiempos han abierto las importaciones de zapatillas de China y no se puede competir con ese mercado", concluyó.

Adidas trabaja con tres empresas que ensamblan zaptillas: Extreme Gear, en Esteban Echeverría, Perchet, en Chivilcoy y Vulcabras, en Coronel Suárez. En todas se da una situación similar: baja en la actividad y suspensió o despidos de trabajadores. El caso de Extreme Gear es el peor, ya que podría incluir el cierre de la planta en los próximos meses.

En una sesión del Concejo Deliberante de la semana pasada se presentó documentación que prueba el pago de sobreprecios por parte de la gobernación. Además, se señaló a una empresa del padre de un candidato macrista a diputado provincial, Lucas Yacob.

El concejal del espacio Podemos Daniel García comparó lo que gasta Avellaneda en pavimentación y bacheo y lo comparó con lo que destina el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Según se presentación, la administración de María Eugenia Vidal gasta entre 39 y 45% más.

Según reseñó el portal Agencia Vigía, García fue más allá con la acusación: señaló a la empresa COVIY, como beneficiada por los sobreprecios. Esa sociedad pertenece a Osvaldo Yacob, padre de un candidato de Cambiemos por la tercera sección electoral.

En la sesión especial, el edil García se preguntó: "Dónde va esa plata que el gobierno de María Eugenia Vidal le paga de más a toda la familia Yacob". "Si tenemos en cuenta que el 16 de Febrero de 2016 es la fecha de constitución de la empresa C.O.V.Y.C. S.A., todo parece indicar que fue formada para recibir este pago de sobreprecios por parte de la Provincia", denunció García.

La segunda candidata a senadora por la Provincia tiene denuncias en la justicia por administración fraudulenta, malversación de fondos, usurpación de cargos y bienes, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, estafa procesal, falso testimonio, falsificación de instrumentos públicos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público entre otros delitos graves.

La protección mediática con la que cuentan los dirigentes del Cambiemos es impactante. Tanto es así que la segunda candidata del macrismo por la Provincia de Buenos Aires, Gladys Gonzalez, sindicata por algunos como "el clon de Vidal", mantiene un extenso prontuario que espantaría a todos de conocerse.

Y lo peor del caso es que las denuncias contra Gonzalez se incrementan a medida que aumenta su paso por cargos públicos.

Según la recopilación, extensísima, que hizo el portal El Disenso, la primera presentación contra la ahora candidata de Cambiemos, fue en 2006. En aquel momento se desempeñó como Directora del Banco Ciudad y fue denunciada por intento de soborno, malversación de fondos públicos e incumplimiento de funcionario público. Fue la Revista 23 la que dio a conocer que Gonzalez "ofreció pautas publicitarias de la entidad bancaria, en ese momento a cargo de Federico Sturzenegger, como canje para que la publicación realizara reportajes y notas que favorecieran a Horacio Rodríguez Larreta".

Entre 2007 a 2009 desembarcó como Subsecretaria de Atención Ciudadana porteña, lugar del que se llevó una denuncia por contrataciones irregulares y sobreprecios. Desde contratar a la propia mujer de Larreta para que decorase los Registro Civiles de los CGP a licitaciones escandalosas con sobreprecios que superaban el 260% (plantines a $353,33 cada uno y tachos de basura de U$s 300 fueron solo algunos de los elementos que le valieron denuncias de parte de la Defensoría del Pueblo).

En 2015 quiso ser intendenta de Avellaneda. Pero las denuncias llegaron de sus propios socios electorales de la UCR que la acusaron de falsear su domicilio para poder presentarse en un distrito en el que no cumplía los requisito.

Más tarde recaló como interventora oficialista del gremio de marineros SOMU. Y ahí vino una avalancha de irregularidades. Confirmada en su cargo por el Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral, cuyo cuñado fue designado como interventor en la Obra Social, Gladys acumuló denuncias penales por: administración fraudulenta, malversación de fondos, usurpación de cargos y bienes, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, estafa procesal, falso testimonio, falsificación de instrumentos públicos y “otros más dentro de una asociación ilícita”, según señala de manera textual la denuncia presentada por Felipe Brighina y afiliados del SOMU que tramita en el Juzgado Nº 2.

En esta oportunidad Gonzalez fue acusada de utilizar “toda la infraestructura del gremio, sus fondos y sus recursos políticos en una campaña partidaria personal de la interventora por la Provincia de Buenos Aires, solicitando aportes para las fundaciones de su partido“.

"Pero Gonzalez también fue denunciada por su propio partido, el concejal del PRO Daniel García, acusó a la candidata a Senadora por solicitarle a los funcionarios provinciales un 10% de su sueldo para ser donado a una “fundación”. García también denunció a Gonzalez por entender que al ser detenido Omar “el caballo” Suarez, la funcionaria garantizó la continuidad de los negociados existentes", consigna El Disenso.

Como si todo esto no fuera poco, ya como titular de la Acumar, fue denunciada por ONGs por permitir el vertido de sustancias contaminantes prohibidas en la cuenca Matanza-Riachuelo.

Para finalizar con el extenso prontuario, y casi como frutilla del postre, en agosto de este año fue denunciada, junto a su pareja, el también dirigente macrista Manuel Mosca, por no pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires.

Organizaciones indígenas de distintos puntos del país instalarán una carpa frente al Congreso, como parte de una campaña para lograr la prórroga de la ley 26160, que impide desalojos de comunidades indígenas originarias del país, a la vez que ordena el relevamiento y regularización dominial de las tierras que ocupan, en línea con el Convenio 169 de la OIT (sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes).

La carpa de comunidades de pueblos originarios, tal el nombre que los convocantes pusieron a la iniciativa, estará activa entre el 23 y el 27 de este mes, día en el que el Senado podría tratar la prórroga de esta norma, votada en 2006, destinada a la preservación de los territorios que ocupan las comunidades indígenas, unas 1500, en todo el país.

"Nos estamos juntando para hacer presión en la calle frente al Congreso. La verdad es que si los legisladores no prorrogan la ley sería gravísimo y por eso ponemos una carpa. El problema que vemos es que quieren desconocer carpetas técnicas que ya están hechas", dijo a Télam Benito Espíndola de la Organización de Comunidades y Pueblos Originarios (OrCoPo).

Entre las organizaciones convocantes están la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA), la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI) y la mencionada OrCoPo, entre otras.

Espíndola agregó que entre los legisladores más duros respecto del reclamo de las comunidades originarias están los senadores Federico Pinedo del Pro, el radical Angel Rozas y el justicialista Miguel Angel Piccheto.

"Ellos hablan de tratar la iniciativa después de las elecciones, pero eso no es nada bueno para nosotros" aseguró el referente diaguita, quien asimismo recordó la obligación del Estado argentino con el Convenio Internacional 169, que ampara derechos de los pueblos indígenas.

Por su parte, el mapuche de Los Toldos (provincia de Buenos Aires), Nilo Cayuqueo, hizo hincapié en lo que llamó "falta de interés de los políticos" en el tratamiento de un tema que, caso Santiago Maldonado de por medio, está al rojo vivo en el país en la lucha por las tierras.

Cayuqueo, de larga trayectoria en la lucha por los reclamos de los originarios precisó que desde el movimiento indígena cuentan con el apoyo de los senadores Magdalena Odarda y Pino Solanas, y de la diputada Alcira Argumedo.

En la Argentina, decenas de comunidades tienen juicio de desalojo con sentencia firme por lo que de caerse la prorroga de la ley automáticamente se generaría un estado de indefensión legal para esos pueblos indígenas que, añadió Espíndola, "actualmente estamos siendo estigmatizados, a los mapuche se los acusa de separatistas y eso es una mentira muy grande".

En tanto, desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) también avanzaban en la convocatoria a una movilización de pueblos indígenas para el próximo 27 de septiembre.

La ley 26.160, que contempla "la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país" y suspende "por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras" de las comunidades indígenas, vence el próximo 23 de noviembre.