Será el próximo 12 de octubre. Es para rechazar el posible ingreso de la cadena propiedad del Vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, a la provincia de Buenos Aires, cuestión que debe analizar el máximo tribunal. "En defensa de nuestra profesión" y "para motivar a los miembros de la Corte Suprema a sostener los fallos de la justicia bonaerense y no innovar", señalaron.

La convocatoria surge del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires quienes convocan a realizar el abrazo simbólico al edificio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Capital Federal para rechazar el posible ingreso de la cadena Farmacity al territorio bonaerense.

La acción se realizará el jueves 12 de octubre ,alrededor de las 11 horas en el edificio ubicado en Talcahuano 550, en coincidencia con el día del farmacéutico argentino. "Esta acción en defensa de nuestra profesión es de suma importancia, para motivar a los miembros de la Corte Suprema a sostener los fallos de la justicia bonaerense y no innovar en esta situación, a pesar de la queja elevada por la empresa Farmacity", explicó Isabel Reinoso, presidenta del Colegio.

La dirigente agregó que "una decisión contraria afectaría gravemente el modelo sanitario de nuestra provincia y cambiaría la norma que regula la cantidad de farmacias por habitante y la distancia que debe existir entre cada oficina de farmacia en toda la provincia de Buenos Aires”.

Vale recordar que la justicia bonaerense ya se expidió en todas las instancias e incluso un fallo unánime de la Suprema Corte de la provincia rechazó el planteo de la cadena del grupo inversor Pegasus y ratificó la constitucionalidad de la ley 10.606.Con el cambio de Gobierno y con la llegada de Mario Quintana, propietario de la cadena, al ejecutivo la justicia parece haber cambiado su valoración sobre el asunto junto a un empujoncito que le dio la Gobernadora María Eugenia Vidal.

Una investigación periodística demuestra que el Intendente de Santa Fe y Presidente de la UCR nacional, José Corral, destinó más de $210 millones en financiar punteros y asociaciones de funcionarios con el fin apuntalar la campaña política de Cambiemos. En tanto, los fondos municipales estarían siendo destinados a financiar amenazas, extorsiones, golpizas y vínculos con barras de Unión.

Uno de los datos más relevantes de la investigación surge nada menos que de las computadoras del Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Santa Fe, Carlos Medrano, y su equipo de trabajo. Allí, se aloja una de las pruebas que revela, de forma contundente, un hecho que está estrictamente prohibido por ordenanza: Empleados municipales y funcionarios integran entidades sin fines de lucro beneficiadas por el Programa de Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo.

El Programa Iniciativa Comunitaria es regulado por la Ordenanza Nº 10.100 que fue sancionada por el Concejo Municipal el 12 de septiembre de 1996 y modificada a mediados de 2010. Asimismo, la norma dispone que el municipio puede "celebrar convenios con Instituciones y Organizaciones no Gubernamentales", a quienes puede encomendarles "pequeñas obras y servicios que ocupen mano de obra de modo intensivo".

Por otra parte, los punteros financiados con dinero municipal cuentan con causas por narcotráfico y piratería del asfalto. Además, puede verse claramente en un video, que también fue divulgado, cómo son parte de la barrabrava de Unión de Santa Fe.

#CorralPapers La barra brava que desmaleza, limpia y pega en #StaFe pic.twitter.com/chka4C0mxY

— #CorralPapers (@CorralPapers) 2 de octubre de 2017

En este marco, Daniel Cantero, ex Jefe de la barra brava tatengue y quien preside la Asociación Civil "Por un futuro para todos, barrio Roma", una de las tantas asociaciones que se vieron beneficiadas con el Programa de Iniciativas Comunitarias durante la gestión Cambiemos en Santa Fe, recibió $986 mil. La mayoría de esos fondos fueron otorgados luego de golpear a inspectores de tránsito, hecho que fue denunciado, irónicamente, por la Municipalidad.

Por estas denuncias, que se entregan en parte y aún faltan publicaciones, ya hay acusaciones en la justicia,poniendo el foco en el desvío de fondos en estas cooperativas con el objetivo de financiar la campaña de Cambiemos en ciudad de Santa Fe, bastión de Corral, quien aspira a ser Gobernador en 2019 por el macrismo.

Tras la sorpresiva privatización de Vialidad Nacional, el Ministerio de Finanzas señaló que se llamará a licitación para los corredores viales, a través del régimen público privado. Alentó a los constructores a hacer negocios.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que se llamará a licitación para la realización de los corredores viales a través del sistema de Participación Público Privada (PPP), y exhortó a los empresarios del sector de la construcción a invertir en el programa.

El anuncio lo realizó en la 65ª Convención de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), que reúne a las grandes compañías que integran la llamada patria contratista.

El funcionario oficializó sus planes para los corredores viales un día después de publicar en el Boletín Oficial la creación de Corredores Viales SA, una empresa del Estado que se manejará bajo el derecho privado y que tendrá amplias facultades para construir, mejorar y administrar rutas nacionales. Según denunciaron los sindicatos del sector, es un paso hacia la privatización de la Dirección Nacional de Vialidad.

El Sindicato Unico de Trabajadores del Peaje (Sutpa) recordó que el estatuto social de Corredores Viales SA en su artículo cuarto, al igual que la ley de participación público privada, habilita el ingreso de socios privados al negocio. Y agregó que de esta manera el Estado "confiere facultades al privado y pierde la regulación sobre las mismas".

Ante los popes de la construcción, el titular de la Unidad PPP, José Luis Morea, manifestó su confianza en que los contratos para estos proyectos de corredores se firmen en el primer trimestre del año próximo. Adelantó que cada uno va a tener un fideicomiso al que van a dirigirse los flujos que se generen.

Por su parte, Quirno explicó que el PPP ya tiene "unos 60 proyectos" en carpeta "por u$s 26.000 millones". El primer proceso será de 14 corredores viales, que "incluirán 2.800 kilómetros de autopistas y otros 4.000 de rutas seguras".

Según el proyecto de presupuesto 2018, el Estado prevé destinar 253 mil millones de pesos en forma directa a financiar obras de infraestructura. En términos reales, es igual al nivel de 2017. Pero el gobierno aspira a duplicar este financiamiento con el PPP.

Con este negocio en la mano, el presidente Mauricio Macri desembarcó ayer con su gabinete en el hotel Sheraton, donde deliraron de gusto los grandes empresarios que, como la familia presidencial, hicieron fortunas con la obra pública.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, les aseguró que el año próximo se invertirá en la obra pública para el transporte 131 mil millones de pesos. Dijo que "gran parte de eso ya está licitado y se está haciendo". Puso como por ejemplo "el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y la autopista 19, entre Santa Fe y Córdoba". También dijo que se avanzará "en la construcción de los puentes de Resistencia-Corrientes y Santa Fe-Paraná, entre otras tantas obras".

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció que en marzo de 2018 el gobierno lanzará las licitaciones mediante el sistema de PPP para la construcción de ocho líneas de transmisión eléctrica.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoció que la construcción perdió casi 100 mil empleos en el primer año del gobierno de Mauricio Macri al pasar de 458 mil obreros en 2015 a 365 mil en 2016. Pero dijo que actualmente hay 410 mil trabajadores en el sector y prometió "superar su récord histórico" a fin de año.

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez, fue uno de los más entusiastas participantes del acto que encabezó Mauricio Macri. Felicitó al juez federal de Quilmes Luis Armella por la decisión de detener al desplazado jefe de la seccional de La Plata de ese sindicato, Juan Pablo Pata Medina, y celebró el rebote de la construcción.

El presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, consideró que responder al déficit habitacional demandará una inversión en créditos de 1,5 punto del PBI durante una década, lo que dará potencial para crear 330.000 nuevos puestos de trabajo.

El 22 de octubre será un antes y después. Y no sólo por el resultado electoral. Sino que comenzará a gestarse una nueva ola de aumentos que prometen disparar la inflación del último trimestre. La semana del 23 la nafta subirá entre 6 y 10%. Luego la luz y el gas. Más tarde el transporte.

Un día después de las elecciones legislativas del 22 de octubre empezarán a producirse aumentos en distintos servicios y precios. La primera suba será en los combustibles, en la semana del 23, y a partir del 1 de noviembre se daría vía libre a los incrementos ya previstos para Edenor y Edesur para la tarifa de luz y en diciembre será el turno de la del gas.

El gobierno nacional liberó el precio de los combustibles el pasado 1º de octubre. A raíz de esta decisión, las petroleras fueron autorizadas a establecer el precio que consideren por lo que comenzaron a aplicar aumentos en los precios mayoristas de nafta y gasoil que debería impactar en los precios al consumidor de bienes y servicios. La estatal YPF todavía no aplicó subas, pero lo haría el 23 de este mes, un día después de los comicios, cuando se aplicarán los aumentos en los surtidores.

Según fuentes sectoriales citadas por Todo Noticias, el precio aumentará entre un 6 y 10 por ciento, en línea con la devaluación del tipo de cambio y la inflación. Hasta ahora los precios de los combustibles locales venían atados a un acuerdo entre la industria y las provincias, con supervisión del Gobierno nacional.

La suba en la tarifa de luz se producirá en noviembre, dado que las distribuidoras piden una revisión de costos por el avance de la inflación. El Ejecutivo se propuso llamar a una nueva audiencia pública para definir los incrementos de la electricidad mayorista.

Finalmente, para el incremento del gas el Ministerio de Energía convocará a audiencia pública en la semana del 13 al 17 de noviembre. Los nuevos valores regirán desde el 1º de diciembre.

Según el cronograma original del Gobierno, el precio del gas, que tiene una incidencia del 60% en la factura sin impuestos, pasará desde u$s3,77 fijados en abril pasado, a u$s4,19, lo que significa un alza del 11,1% en dólares. A eso hay que añadirle la eventual, que podría llegar al orden del 15 por ciento. De ese modo, el precio base de fluido treparía casi 40 por ciento, sin contar actualizaciones en los segmentos de transporte y distribución, que suman alrededor del 20 por ciento de la factura final.

La titular de la OA, Laura Alonso, propinó un bizarro discurso ayer ante empresario en el que culpó a la inflación de la corrupción que existe en Argentina. Además, le pidió a los empresarios que "no manden regalos a los funcionarios nacionales".

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, disertó ante emprearios de la construcción y dio una bizarra explicación sobre el principal motivo de los actos ilegales entre el Estado y los privados.

Según la funcionaria cambista, "la inflación y la corrupción van de la mano" y habló de forma directa al empresariado presente: "Ustedes saben que cuando se sientan a negociar un contrato en una oficina oscura empieza a calcularse cuál será el impacto del aumento de los precios".

En el marco de la 65° Convención de la Cámara Argentina de la Construcción, Alonso le pidió a los presentes que "no envíen regalos a los funcionarios nacionales", y les sugirió que "manden solo una tarjetita".

Sobre esto, la titular de la OA prometió que quiénes denuncien actos de corrupción contarán con "total confidencialidad" que será garantizada por su oficina.

Alonso apeló al "compromiso" de los empresarios para "mejorar la reputación internacional" de la Argentina, en insistió en pedirles que "digan quiénes son" los corruptos.

En medio de la disputa por la fortuna del fallecido titular de la UATRE, María Eva dijo que Marcos “Cotoco” García, quien encabeza la lista macrista en el partido de La Costa, “tenía dinero de mi padre y como sabe que yo estoy reclamando, se la está gastando toda rápido, en autos y en la campaña”.

María Eva Venegas, la hija del “Momo”, acusó al actual concejal y principal candidato de Cambiemos para las elecciones de octubre en el partido de La Costa, Marcos “Cotoco” García, de ser uno de los testaferros del sindicalista fallecido en junio último.

“Estuvo en el velorio de mi padre y me dijo que me quedara tranquila, pero la verdad que no sé que habrá hecho con la plata que le dejó mi padre para la campaña porque se compró autos nuevos. Es un garca y un traidor, mi papá lo quería mucho”, señaló la mujer.

En las PASO del 13 de agosto, “Cotoco” García ganó la interna de Cambiemos en La Costa como representante de la lista “FE”. Tenía un vínculo muy estrecho con el ex titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), denunciado en varias oportunidades por casos de explotación laboral y trata de personas.

María Eva, que viene denunciando a los testaferros del “Momo” porque no le habilitan un peso de la fortuna que el sindicalista amasó a lo largo de su trayectoria gremial, sostuvo que “Marcos García tenía dinero de mi padre y como sabe que yo estoy reclamando, se la está gastando muy rápido, en autos y en la campaña”.

“Estos lo cagaron después de muerto. Me la van a pagar y van a terminar presos”, sentenció la mujer en diálogo con FM Encuentro de Las Toninas..