Un informe del Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires (IDESBA), perteneciente a la CTA, denunció que los intereses de la deuda estipulados en el proyecto de presupuesto 2018 de María Eugenia Vidal superan a los presupuestos de salud y desarrollo social.

La gobernadora de Cambiemos tiene todo acordado para aprobar el próximo martes la ley que ordena los gastos del Estado. Se espera un trámite exprés con el apoyo del sector de Sergio Massa.

¿Qué dice el presupuesto propuesto por el macrismo bonaerense? “Propone ajuste, techo a las paritarias estatales, precarización del trabajo y más deuda para pagar deuda”, sintetizó IDESBA. Que aseguró que los intereses de deuda “pasaron del 2,9% del gasto provincial en 2015 al 4,5% en 2018”, lo que equivale a $30.357 millones de pesos.

Además, IDESBA es lapidario acerca de las políticas de Cambiemos que proponen “deuda para pagar deuda”: “En 2018 Vidal propone más deuda para pagar deuda: un 82,6% de la deuda se destinará a amortizaciones e intereses. Son $64.553 millones que superan lo presupuestado en Salud y Desarrollo Social juntos ($56.100)”, sentencia el instituto.

En lo referido a Salud, el instituto explicó que sólo en 2015, los intereses de la deuda equivalían al 46,0% del presupuesto de Salud. Sin embargo, el informe muestra que en 2018 los fondos destinados al pago de intereses de deuda seguirán creciendo y se estipula que alcancen el “70,7% del presupuesto de salud”.

Para la cartera de Desarrollo Social el ajuste es mayor. Según el informe los intereses de la deuda equivalentes al Presupuesto 2018, muestran un aumento exponencial de 2015 a la fecha: mientras que “en 2015 los intereses de la deuda equivalían al 109,7% del presupuesto en Desarrollo Social, en 2018 Vidal propone que alcancen el 174,0%”, sentenció el informe.

Tenía cuatro condenas a prisión perpetua por su rol en la represión ilegal en Santiago del Estero. Cometió más de 60 delitos de lesa humanidad. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal integrado con la firma los jueces Domingo Batule y Abel Fleming, y la disidencia de Carlos Lascano, resolvió otorgarle el beneficio. Repudio de los organismos de derechos humanos.

Antonio Musa Azar fue jefe de inteligencia en Santiago del Estero y figura emblemática de la represión de Estado en esa provincia durante y después de la última dictadura militar.

De las cuatro condenas que tiene, tres son por secuestros, torturas y tormentos durante el período oscuro que va de 1976 a 1983. La cuarta es por su responsabilidad en el recordado doble crimen de La Dársena de 2003, que generó una crisis social y política que terminó con la caída del hasta entonces caudillo provincial Carlos Juárez y la intervención provincial.

Los organismos de derechos humanos repudiaron la decisión. De cualquier modo, el fallo se ubica en un cambio de época en torno a la política en relación a los crímenes ocurridos durante el genocidio militar. El año pasado, la propia Corte Suprema emitió un fallo otorgando el beneficio del 2×1 a un represor. Además, funcionarios y dirigentes de Cambiemos vienen pidiendo hace rato que se otorgue la prisión domiciliaria a genocidas.

El ex jugador Diego Maradona brindó una extensa entrevista al canal Telesur en el que aseguró: "No es Mauricio Macri el que nos está robando. Viene de familia de ladrones", dijo. El astro contó además que comentará para esa cadena el Mundial de Rusia 2018.

"Lo que no puedo entender es que los argentinos lo sigan votando y nos siga hundiendo”, describió el 10 sobre las recientes elecciones en Argentina. “Macri no conoce el barro. Fue a La Boca y dijo 'fango'. Qué fango, eso es barro, ¡hijo de mamá! Acá llovió y se hizo barro", ironizó con su estilo habitual.

Además, Maradona defendió al gobierno de Nicolás Maduro: “Creo que es el artífice de muchas cosas. El no debería sentirse solo, somos muchos los que estamos con él. Quería venir a darle un abrazo a Nicolás (Maduro)", reconoció. Y agregó: "Yo soy un soldado de Maduro. Y esto no es una frase. Es la verdad. Porque si no nos defendemos entre nosotros, no nos defiende nadie”.

Por último, el 10 se refirió al presidente de los Estados Unidos: "Donald Trump, y el presidente de facto de Brasil, Michel Temer, podrían hacer mucho por la gente, pero les interesa más salir en televisión, y ese no es el trabajo”.

Mirá la entrevista completa: 

La planta porteña de Freddo, heladería ligada al vicejefe de Gabinete de Mauricio Macri, fue tomada por sus trabajadores luego de una serie de despidos y un proceso de precarización que incluye un “irrisorio” aumento paritario de entre el 5 y el 10 por ciento.

“Acá ya se está aplicando la reforma laboral, la plata no nos alcanza”, dijo Viviana Godoy, delegada de los empleados de Freddo, heladería perteneciente al fondo de inversión Pegasus, del vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana.

Más de 350 trabajadores decidieron parar y tomar hoy la planta productora de la empresa en Capital Federal para denunciar 25 despidos que se ejecutaron en las últimas semanas y para rechazar un aumento paritario de entre el 5% y el 10%, que calificaron como “irrisorio”.

“De una manera extorsiva, la empresa quiere cambiar los puntos del convenio y se niega a darnos un aumento coherente”, sostuvo Godoy a AM 750 y explicó que esto “es la punta de una flexibilización” para “contratar gente que va a hacer nuestro mismo trabajo por menos plata”.

También repudió las medidas intimidatorias de la empresa, que descontó “el premio de presentismo” a los empleados que participaron de las asambleas en las que se decidió la medida de fuerza.

La Policía bonaerense arremetió con palos, balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes, entre los que había embarazadas, niños, ancianos y discapacitados. Dos personas fueron detenidas. Reclamaban al intendente macrista Carlos Arroyo alimentos y el pago de trabajos adeudados.

Cooperativistas y militantes de organizaciones sociales fueron violentamente reprimidos esta mañana en la Secretaría de Desarrollo Social, que se encontraba ocupada desde el lunes.

La Infantería de la Policía bonaerense irrumpió en el edificio municipal y utilizó palos, balas de goma y gases lacrimógenos para desalojar a los manifestantes, sin discriminar a embarazas, niños, ancianos y discapacitados.

“Estábamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a exigir que se cumpla desde el Estado con necesidades básicas y con el pago de los trabajos hechos, con trabajo genuino para todos los precarizados y desocupados, pero la única respuesta que da el gobierno de Carlos Arroyo es la represión. Esta es la respuesta de Cambiemos al hambre y a los más de 30.000 desocupados que hay en la ciudad. Vergüenza les tedría que dar, es una barbarie”, señalaron los cooperativistas.

Según denunciaron desde ATE, “dos compañeros fueron detenidos”, luego de golpear en el suelo y apuntarle una pistola 9 milímetros en la cabeza a uno de ellos.

Las organizaciones se manifestaban ahora frente a la Comisaría 4ta, en la esquina de Chile y Alberti, para exigir la libertad de los detenidos.

Salvaje represión de Gendarmería, ordenada por el intendente de Cambiemos de Mar del plata, @arroyocf, a un grupo de trabajadores y organizaciones sociales que reclamaban un bono de fin de año en el Ministerio de Desarrollo local. En el lugar habían niños y niñas.. pic.twitter.com/x7TpmpnhNx

— Martín Suárez (@MDSuarez) 10 de noviembre de 2017

La carrera dirigida por Elsa Llenderrozas dio de baja una materia cuyo profesor titular fue candidato en las listas opositoras al espacio gobernante. Cambiemos no sólo conduce los destinos del país, sino también los de Ciencia Política de la UBA.

(Por Tomás Crespo* y Juan Manuel Facorro **) El pasado martes 31 de octubre la Junta de la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA tuvo su primera sesión con la composición que la misma adquirió tras los comicios que se llevaron adelante en esa casa de estudios hace dos años atrás.

En el orden del día dispuesto –al margen de algunas cuestiones de menor relevancia- se destacaba la aprobación de la grilla de materias optativas que los estudiantes podrán cursar a lo largo del año 2018.

En el proceso electoral acaecido en el mes de septiembre de este año, surgieron numerosos rumores que hacían mención al modo en que se otorgarías las materias para el próximo ciclo lectivo. Sin embargo, como miembros de la comunidad académica de Sociales -la que transitamos y habitamos desde hace tantos años- elegimos creer que primaría en la dirección de la Carrera el espíritu de camaradería y compañerismo que, al margen de las coyunturas electorales, ve en el adversario político un otro necesario en la tarea colectiva que implica la construcción de conocimiento.

Pero no fue así. Pese a que la materia Marxismo e Historia Argentina a cargo del profesor Pablo López Fiorito figuraba en la planilla que circuló el día previo a la votación, al llegar a la sesión de la Junta advertimos que la misma había sido excluida de la oferta que se ponía a consideración. La misma suerte corrieron las propuestas de los profesores Fabián Lavallén Ranea y Pablo Javier Salinas, con quienes nos solidarizamos plenamente.

Los motivos por los que esto sucedió pueden ser varios y de distinta índole. Sin pretender ser exhaustivos en la enumeración, podríamos mencionar entre los plausibles: mero cálculo electoral (para que el espacio que conduce la carrera de Ciencia Política pueda contar con un voto más en el claustro docente); revancha política (debido a la posición asumida tanto por el titular de la materia como por muchos de sus integrantes a favor de la Lista 10, opositora a la que finalmente resultó triunfante); o hasta la propia temática de la materia.

Sin embargo, ninguna de esas razones –algunas más nobles que otras- resulta plausible. Lo que ocurrió es mucho más grave. La alianza electoral CAMBIEMOS –a través de la Unión Cívica Radical- no sólo conduce los destinos del país, sino también los de la carrera de Ciencia Política de la UBA. Y al igual que sus pares en el Estado nacional, bajo un manto institucionalista y pretendidamente democrático ejercen en realidad un gobierno profundamente autoritario y excluyente.

No hay en la decisión de excluirnos otra motivación que demostrarle a la comunidad de Sociales y de Ciencia Política que no importa cuán legitimada esté una asignatura entre los estudiantes, cuán original sea su propuesta educativa y cuál sea el posicionamiento adoptado por sus integrantes en la política interna de la Facultad. Lo que debe quedar claro es que el espacio gobernante aspira a quedarse con todo lo que esté a su alcance y no dudará en marginar a quien sea necesario con ese objetivo. Hoy nos tocó a nosotros y mañana será el turno de otros compañeros y compañeras.

Mientras tanto, el armado que fuimos construyendo al calor de la Universidad continuará trabajando a pesar de no contar con un lugar institucional y seguiremos dando las peleas que haya que dar para tenerlo de vuelta.

Claro que esa batalla no será llevada adelante sólo por el profesor titular o por el cuerpo docente. Durante 5 años presentamos nuestra materia en la carrera de Ciencia Política y somos plenamente conscientes de que si no hubiéramos contado con la ayuda inestimable de los compañeros y compañeras del Frente de Graduados y demás organizaciones de estudiantes, no hubiéramos logrado nada. Se trata entonces de una lucha colectiva, que es el único modo en que concebimos el accionar político en cualquiera de sus formas.

Creemos en lo que hacemos y sabemos que nuestra labor aporta en cantidad y calidad a los contenidos que la Facultad brinda. No cejaremos en nuestros objetivos, sino que seguimos construyendo con el fin de que la Universidad pueda acompañar a nuestro pueblo en este momento tan complejo para el país y ser parte junto a él del proceso que supere la actual restauración liberal-conservadora.

Finalmente queremos convocar a todos los compañeros y compañeras que integran las distintas fuerzas de la izquierda y del movimiento nacional y popular a que nos acompañen tanto para lograr que se mantenga la asignatura como para mejorar el programa y los contenidos de la misma.

Por lo pronto, no es una buena señal lo que ha sucedido. Concretamente, se dio de baja una asignatura cuyo titular había sido candidato tanto en Ciencia Política (como profesor) y Sociología (como graduado) en las listas opositoras al oficialismo en mbas carreras, sumado al hecho de haber manifestado su apoyo a la Lista 10 en lo atinente al gobierno de la Facultad, que finalmente fue derrotada por el espacio que encabeza la decana electa.

Y si bien las consideraciones estrictamente académicas siempre deben ser tenidas en cuenta, lo ocurrido no deja de despertar cierta suspicacia.

Nuestra materia fue pensada para desentramar los muros evitables que en la realidad latinoamericana se han construido entre la izquierda y el movimiento nacional y que impidieron el establecimiento de cualquier dialogo fraterno, tan necesario para ambas tradiciones teórico-políticas.

Nosotros hemos demostrado, cuatrimestre tras cuatrimestre, que ese puente no solo es posible sino imprescindible y fecundo.

Esperamos que las autoridades de la Carrera y de la Facultad también puedan advertir lo necesario de este debate.

(*) Graduado de Ciencias de la Comunicación, docente de la Cátedra Marxismo e Historia Argentina.

(**) Graduado de Ciencia Política, docente de la Cátedra Marxismo e Historia Argentina.

Tras conocerse la denuncia que el Colegio de Abogados de la Ciudad y la asociación Será Justicia en el Consejo de la Magistratura contra el juez por el supuesto "cajoneo" de causas, en el día de hoy la ex esposa de su hermano, Alfredo Lijo, presentó información de una cuenta bancaria por la que habrían pasado 1,7 millón de dólares.

Según la denuncia de Carla Lago, ex esposa del hermano del juez federal Ariel Lijo, la millonaria cuenta suiza del Royal Bank of Canadá está a nombre de “The Settimo Trust”, un fideicomiso con domicilio en Auckland, Nueva Zelanda. Todos los bienes incluidos fueron cedidos a sus hijos.

Sin embargo, Alfredo Lijo aclaró que no tiene ninguna cuenta en Suiza y que todos sus bienes están declarados.

"Si yo, Alfredo Lijo, estuviera legalmente incapacitado, y durante el lapso de mi incapacidad el fiduciario autorizara la transferencia de fondos necesarios para cubrir mi mantenimiento mensual, dicha transferencia no será inferior a US$ 5000 por mes", escribió en una "carta de deseos" firmada en enero de 2015.

De acuerdo al diario La Nación, el hermano del juez fijó en esa carta las reglas para transferir los activos de The Settimo Trust a través de Investa Trustee Ltd, otro fideicomiso, en caso de enfermedad o muerte.

Las presiones sobre el magistrado que se encargó de detener al ex vicepresidente Amado Boudou sin juicio ni condena –tras la denuncia del Colegio de Abogados de la calle Montevideo y la asociación macrista Será Justicia- recién comienzan.

Cabe destacar que Alfredo Lijo está siendo investigado por el vínculo con dos sociedades del camarista Eduardo Freiler, quien procesó a Mauricio Macri por las escuchas ilegales y hoy es sometido a juicio político. Además, su ex mujer, dijo que fue nombrada en la financiera Minning Pride a pedido de él, al tiempo que presentaron ante el Consejo de la Magistratura unos mails que involucrarían al hermano de Ariel Lijo como dueño de balnearios en Necochea, también como socio de Freiler.

Tras la rotunda posición de las dos CTA y la Corriente Federal de Trabajadores, la CGT también rechazó en términos generales el proyecto de la Casa Rosada. Sindicatos bonaerenses decidieron movilizarse a Gobernación el próximo 23 de noviembre y desde la carpa de los trabajadores de PepsiCo llamaron a una marcha “unitaria” en todo el país.

El titular de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), el bancario Sergio Palazzo, dijo hoy que “el Consejo Directivo de la CGT hace bien en rechazar esta reforma”, porque “es tremendamente negativa, le pegan en la espina al derecho laboral”.

Al igual que las CTA lideradas por Hugo Yasky y Pablo Micheli, la corriente que conduce Palazzo manifestó desde un primer momento su oposición total y absoluta al proyecto de Mauricio Macri que destruye derechos conquistados por los trabajadores.

“Es mucho más que una serie de modificaciones a las leyes laborales. Estamos frente a un verdadero intento de fijar las bases para un cambio de paradigma en las relaciones laborales que, en el largo plazo, constituye una profundización de la ofensiva ininterrumpida del capital sobre el trabajo iniciada en nuestro país a mediados de los años ’70”, subrayó el coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos.

Mientras tanto, los triunviros de la CGT, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña dijeron ayer no estar de acuerdo con la reforma de Macri, “sobre todo en las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, que son cambios fundamentales como lo es el cambio de la filosofía del derecho laboral argentino, que es un derecho consolidado como un derecho tutelar que protege al trabajador y trata de nivelar las asimetrías que existen con el empresario”.

No obstante, reconocieron que el diálogo con el Gobierno no está cerrado y que la negativa del consejo directivo no incluye algunos ítems conversados con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, como el blanqueo laboral, capacitación permanente y agencia de salud.

En tanto, los gremios bonaerenses nucleados en ATE, CTA y ATSA decidieron movilizarse el próximo 23 de noviembre a la Gobernación provincial para manifestar su rechazo a la reforma laboral de Macri y al ajuste de María Eugenia Vidal.

Por su parte, convocados por los trabajadores de PepsiCo, se reunieron delegados, dirigentes sindicales y referentes de la izquierda en la carpa montada frente al Congreso de la Nación para discutir medidas de acción contra la reforma.

Exigieron a la CGT que “abandone la tregua que sostiene con el Gobierno, que no negocie nada contra los intereses de los trabajadores y que convoque a un paro y plan de lucha contra el Gobierno y las patronales que insisten en implementar total o parcialmente esta reforma que nos conduciría al siglo XIX”.

Al mismo tiempo, se debatió sobre la necesidad de “hacer un llamado a las CTA y a todos los que se oponen a la reforma, para salir a enfrentarla de forma urgente mediante una gran movilización unitaria”.

Carlos Melconian volvió a criticar la falta de políticas de ajuste que lleva adelante Cambiemos, "Se perdieron dos años en los que hubo inacción, no gradualismo", se quejo el economista durante la presentación una revista. "Hubo shock monetario con la devaluación con inacción fiscal. Ayer el presidente dio el puntapié inicial para el gradualismo fiscal", dijo acerca de la gira del presidente Macri por EEUU.

Acompañado de Miguel Bein, Melconian se refirió acerca de lo mal asesorado que estuvo Macri a la hora de llevar adelante la reparación historica: "El presidente fue muy mal asesorado al hacer la reparación histórica. Si yo hubiera sido el ministro de Economía, esa propuesta quedaba en mi despacho y no le llegaba nunca al Presidente", analizó. En la misma línea, continuó: "Ahora para solucionar ese problema hubo que crear un paquete de reformas previsionales que viene a reparar la reparación histórica. La reparación histórica es un caso de mala praxis".

Al ser consultado sobre la emisión de deuda, Carlos Melconian dijo en todo irónico, "si el coreano (el presidente coreano Kim Jong-un) aprieta el botón, Caputo se viene con los bolsillos vacíos", adelanto.

Casación confirmó el juicio oral para el extitular de la UIF a instancias de Clarín. Una reacción por la causa de la millonaria estafa del grupo monopólico a los jubilados, que hoy “duerme” en los cajones de los tribunales.

(Por Fernando M. López *) La persecución a los exfuncionarios kirchneristas que figuran en la “lista negra” del presidente Mauricio Macri y del Grupo Clarín no cesa. Tras las arbitrarias detenciones de Julio de Vido y Amado Boudou, el embate judicial se centró en el expresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella.

El multimedia celebró ayer la decisión de Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó dos recursos de nulidad del juicio oral en contra del extitular de la UIF por presunta violación de las normas de confidencialidad del organismo, uno presentado por el propio Sbatella y el otro por la fiscal Paloma Ochoa.

Se trata de un proceso excepcional, ya que ningún fiscal tomó la función acusatoria. Sólo se sustenta en el pedido de Clarín, que se constituyó como querella. De hecho, de los tres integrantes de la Sala IV, Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Hernán Borinsky, este último votó en disidencia al entender que “se encuentra en juego la posible violación al principio ‘ne procedat iudex ex officio’ y la exigencia de acusación como componente de una de las formas sustanciales del juicio”.

“Esto forma parte de un apriete generalizado, de una política de intimidación al conjunto de los que de alguna manera tuvimos responsabilidades públicas, pero más que todo es un escarmiento para el futuro”, dijo Sbatella en diálogo con el diario Contexto, y abundó: “Están queriendo demostrar que si uno se mete con ellos hay revancha; es un mensaje a las nuevas generaciones”.

Clarín inició la causa contra el extitular de la UIF en 2010, luego de una denuncia penal del funcionario por la millonaria estafa del grupo monopólico a jubilados y pensionados. La maniobra, de la que también participaron el Banco Patagonia, la empresa Consultatio y el JP Morgan, consistió en la venta de acciones por encima de su valor de mercado a las AFJP en 2007, que poco después de la transacción cayeron en un 74,3%.

La operatoria fue advertida por el arrepentido exvicepresidente del JP Morgan, Hernán Arbizu, y dada a conocer originalmente en el diario Crítica de la Argentina, que dirigía Jorge Lanata, hoy operador periodístico de Héctor Magnetto.

“Al impulsar la denuncia desde la UIF, aparecí en algunos medios explicando que, gracias a esa maniobra, los dueños de Clarín habían duplicado su patrimonio, algo que se sabía desde 2008 por Lanata y Arbizu. Pero para Clarín esas expresiones mías significaron una violación del secreto”, señaló Sbatella.

El juez federal Luis Rodríguez recién procesó al extitular de la UIF por presunto “abuso de autoridad y violación de secretos” en 2016, medida que fue apelada hasta llegar a Casación. Se trata del mismo magistrado que pidió en octubre pasado el desafuero de De Vido y ordenó su detención.

Ahora Sbatella recurrirá a la Corte Suprema de Justicia, la última instancia que le queda para evitar el juicio oral en su contra.

En el máximo tribunal se encuentra parte de la causa contra Clarín por la millonaria estafa a los jubilados, la que promovió Alejandra Gils Carbó cuando era fiscal de la Cámara Comercial. Hasta ahora “duerme” en un cajón. La que impulsó Sbatella por “estafa y asociación ilícita” también está frenada desde hace mucho tiempo. “Seguramente irá a la prescripción porque nadie la mueve”, estimó el exfuncionario.