En el marco de la investigación por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en las obras del soterramiento del tren Sarmiento, por parte del consorcio de empresas lideradas por Odebrecht, el fiscal Franco Picardi ordenó un embargo de $ 54.350.000 al ex titular de la firma IECSA y primo del presidente Mauricio Macri,  Angelo Calcaterra.

A su vez, la Fiscalía solicito el embargo por $ 4.350.000 al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, al ex secretario de Obras Públicas José López, a Jorge "Corcho" Rodríguez, y a los directivos de Odebrecht. Además, el fiscal Picardi solicitó al juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, designar a un veedor para inspeccionar las obras del soterramiento del tren Sarmiento.

Para el fiscal Franco Picardi hubo un "direccionamiento" y "modificaciones" en las licitaciones y contratos a favor del consorcio Odebrecht. Para la fiscalía, los sobornos se pagaron por medio de de la empresa CAESA de Manuel Váquez, ex asesor de Jaime en la Secretaría de Transporte. El total de los ilícitos rondaría los 600 mil pesos provenientes de empresas offshore radicadas en el exterior. Entre 2005 y 2009, tanto COMSA como IECSA SA pagaron unos 600 mil pesos a la empresa CAESA por trabajos de consultoría no existieron: "Nunca ha habido prestación alguna y la registración ha sido un mero montaje utilizado por los intermediarios y testaferros del ex funcionario Ricardo Jaime para recibir el pago de coimas", señaló la fiscalía.

La información fue brindada por el Ministerio Público Fiscal brasileño en el marco del "Lava Jato", la causa que involucra al primo del Presidente por anotaciones registradas en la computadora de Mauricio Couri Ribeiro, histórico ejecutivo de Odebrecht en la Argentina.

Tras la represión en la Lof Lafken Winkul Mapu y el asesinato del joven Rafael Nahuel, el diario de Héctor Magnetto publicó una nota asegurando que Abdullah Öcalan fue visto en varios puntos del país, incluso en “Chubut durante el juicio a Jones Huala”. La autora del artículo tuvo que admitir que el dato era falso cuando otro periodista le remarcó que Öcalan se encuentra confinado en la isla de Imrali.

¿Si pasa, pasa? En su proceso de criminalización de las comunidades indígenas, Clarín intentó vincular hoy a los mapuches argentinos con “kurdos de origen turco ligados a la guerrilla que lucha por la creación del Kurdistán”.

El artículo fue firmado por Natasha Niebieskikwiat, quien dijo tener “acceso a un informe oficial y reservado de policía e inteligencia que confirma indicios” en ese sentido.

La periodista de Clarín mencionó nada menos que a Abdullah "Apo" Öcalan, líder del Movimiento Kurdo de Liberación (PKK), asegurando que “se lo ubicó con domicilios en Palermo y el centro porteño”.

“Según se le informó a este diario, fue visto en Neuquén, Río Negro y Chubut durante el juicio a (Facundo) Jones Huala”, agregó Niebieskikwiat.

Pero esta vez la mentira no pasó. Otro periodista, Fabricio Dietrich, le señaló por Twitter: “Si gugleas ‘Abdullah Öcalan’ los 10 primeros resultados te muestran que está preso desde el 15 de febrero de 1999. Un mínimo chequeo no hubiera venido mal”.

Niebieskikwiat debió admitir que, efectivamente, el dato era falso y el diario de Héctor Magnetto borró de inmediato el nombre del líder kurdo.

Öcalan fue secuestrado por los servicios de inteligencia turcos, la CIA y el Mossad israelí en 1999, cuando se encontraba en la embajada griega en Kenia, camino hacia Sudáfrica, donde el gobierno de Nelson Mandela le había ofrecido refugio. En Turquía lo condenaron a muerte, pero las masivas movilizaciones del pueblo kurdo y la presión internacional permitieron revertir esa condena. No obstante, lo confinaron a cadena perpetua en la isla-prisión de Imrali, donde actualmente es el único prisionero bajo la custodia de unos 5 mil oficiales turcos.

Luego de conocerse que Tamara Florín, la productora ejecutiva del programa Periodismo Para Todos que conduce Jorge Lanata, es funcionaria del Gobierno de Mauricio Macri, se supo que el productor ejecutivo de Marcelo Longobardi en Radio Mitre integra el organismo a cargo de Claudio Avruj.

Rompiendo con todos los códigos éticos del periodismo, Marcelo Longobardi tiene como productor ejecutivo a un funcionario de  Cambiemos. Se trata de Hernán "Bubu" Anbinder, Director Nacional de Prensa de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.

El sitio El Destape, agrega que Anbinder asumió en diciembre de 2015 con como vocero del secretario Claudio Avruj cuando llegó Mauricio Macri al poder y que siguió desempeñando su función en un programa oficialista privado del Grupo Clarín.

A su vez, “Bubu” Anbinder es el director del sitio www.marcelolongobardi.com, que funciona dentro de la plataforma web de Radio Mitre, y que tiene auspiciantes públicos y privados, como Edesur y Coca Cola, entre otros.

Bajo la consigna “Unidad contra el ajuste y el saqueo” acompañarán este miércoles a las organizaciones sindicales, gremiales, sociales y políticas que rechazan los proyectos regresivos en materia laboral, previsional y tributaria.

“Desde La Cámpora convocamos a toda la ciudadanía a sumarse al Frente Sindical y Social que busca ponerle un freno a un Gobierno que pretende hacernos retroceder en materia de ampliación de derechos, y llevar al país a los tiempos políticos e institucionales del pre peronismo”.

Así lo planteó la organización kirchnerista de cara a la multitudinaria marcha que se realizará este miércoles al Congreso para rechazar las reformas del Gobierno de Mauricio Macri que intentan “consolidar el saqueo a los jubilados, perjudicar a los trabajadores y desfinanciar el sistema de seguridad social”.

“Este intento de retornar a una época de pauperización en materia de derechos sociales y laborales se da además en medio de un clima de hostigamiento y persecución contra opositores políticos, como nunca antes había ocurrido desde la recuperación democrática”, remarcaron desde La Cámpora y repudiaron “la temeraria afirmación de la ministra (Patricia) Bullrich”, luego del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, al sostener que “el Gobierno ‘no tiene que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad’”.

“Quienes hace dos años se presentaron a elecciones como una ‘nueva’ derecha, ‘democrática y moderna’, hoy muestran su verdadero rostro, el mismo que ya han exhibido en otros momentos de nuestra historia, haciéndonos saber que el ajuste y el saqueo no pueden ser implementados sin reprimir a quienes se les oponen. La única manera de frenar eso, es con unidad, lucha y organización. Por eso el miércoles marchamos”, concluyeron en un comunicado.

El máximo organismo de derechos humanos de la OEA dictó una medida provisional en la que insta al Gobierno de Mauricio Macri a sustituir la prisión preventiva de la diputada del Mercosur por el arresto domiciliario o alguna medida menos restrictiva para sus derechos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado argentino “garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala”, quien se encuentra en riesgo desde que la Justicia de Jujuy, a las órdenes del gobernador Gerardo Morales, la privó del arresto domiciliario y la regresó al penal de Alto Comedero.

En este marco, dictó una medida provisional en la que insta al Gobierno de Mauricio Macri a que adopte “de manera inmediata” medidas de protección en favor de la dirigente social y diputada del Mercosur, como la restitución de la domiciliaria o algún régimen menos restrictivo para sus derechos.

No obstante, el máximo organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos consideró que “debe prevalecer el principio de la libertad del procesado mientras se resuelve sobre su responsabilidad penal”, algo que en el caso de Sala ha sido violado sistemáticamente desde el 16 de enero de 2016.

La medida tiene “un carácter no sólo cautelar”, sino “fundamentalmente tutelar” porque protege derechos humanos y busca evitar daños irreparables a las personas. El artículo 63.2 de la Convención Americana “obliga a los Estados a adoptar las medidas provisionales” que ordene el tribunal. Ahora Macri tiene hasta el 15 de diciembre para informar cómo cumplirá la resolución.

La decisión de la Corte IDH llegó tras una presentación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que consideró que las autoridades argentinas no cumplieron con la resolución en la que dispuso que se cumpla al menos el arresto domiciliario de Sala.

La líder de la Tupac Amaru fue trasladada el 31 de agosto al domicilio de La Ciénaga, que no era su vivienda y no se encontraba en condiciones para ser habitada, pero fue el sitio dispuesto por los jueces como el lugar para su arresto domiciliario. Allí permaneció durante un mes y medio: el 29 de septiembre la Cámara de Apelaciones y Control de Jujuy revocó las decisiones de primera instancia que ordenaron la domiciliaria y el 14 de octubre agentes de la policía jujeña volvieron a llevar a Sala a la cárcel.

Con la consigna "Unite para frenar el Saqueo", Unidad Ciudadana lanzó hoy una campaña contra el ajuste jubilatorio y la flexibilización laboral que intenta imponer el Gobierno de Mauricio Macri.

El frente que conduce Cristina Kirchner, lanzó la campaña UNITE por la cual buscan informar sobre "los cambios en la legislación que intenta imponer de forma exprés y sin el debate necesario el gobierno nacional, al tiempo que incentiva a la defensa genuina de los ciudadanos y ciudadanas a partir de su participación en las redes sociales sumando ideas y propuestas".

En el sitio web https://unidadciudadana.org/unite se realizarán distintas acciones de difusión, convocatorias y se pondrán en circulación diferentes materiales informativos sobre como impactarán en el caso de aprobarse en el Parlamento las distintas reformas de este ajuste para los trabajadores y los jubilados.

En este sentido, se destaca que "el saqueo que intenta realizar el gobierno nacional a trabajadores y jubilados no es sólo económico sino tiene que ver también con la pérdida de derechos adquiridos por los trabajadores y jubilados de nuestro país".

"En el caso de los cambios y ajustes propuestos para el sistema jubilatorio, por ejemplo, de aprobarse la propuesta de Cambiemos cada jubilado que cobre la mínima en el mes de marzo, cuando debería realizarse su próxima actualización, perderá $566 pesos. Es decir, casi el 8% de su actual haber, ya que con la fórmula propuesta por Macri pasaría de cobrar $7.246 a tan sólo $7.660, en vez de los $8.226 que cobraría con la fórmula vigente", advierten desde Unidad Ciudadana.

Asimismo, expresan que "en el caso de aprobarse el proyecto de flexibilización laboral enviado por el oficialismo, no sólo los trabajadores y trabajadoras deberán pagar su propia indemnización, sino además las condiciones de empleo podrán ser modificadas sin previa consulta y se fomentará el trabajo informal incentivando al trabajo no registrado", puntualizan.

El ministro de Defensa visitó la base Naval de Puerto Belgrano para asegurar que la prioridad del Gobierno “es encontrar el submarino” y llevar “una respuesta a quienes sufren las pérdidas o las supuestas pérdidas”.

Con un comunicado oficial, Oscar “El Milico” Aguad anunció que esta mañana estuvo en la principal unidad operativa de la Armada, ubicada a 30 kilómetros de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, para “supervisar la marcha del operativo de búsqueda del submarino ARA San Juan”.

El ministro de Defensa, que cosechó numerosas críticas por su silencio de once días sobre el caso, dijo desde la base Naval de Puerto Belgrano que el “único interés” del Gobierno nacional “es encontrar el submarino” y llevar “una respuesta a quienes sufren las pérdidas o las supuestas pérdidas”.

También negó las explícitas diferencias con la Armada y sugirió a quienes tienen dudas sobre el “gran trabajo de búsqueda” del ARA San Juan a hablar con “los americanos o con los ingleses”.

"Nunca las potencias hicieron un operativo como éste, imagínense que ahora se suma Rusia con una tecnología extraordinaria, es decir hemos hecho y vamos a seguir haciendo lo imposible por encontrar este submarino”, completó.

El funcionario aclaró que “estamos informando la verdad” y señaló cuál es el manejo de las novedades sobre la búsqueda: “Primero se enteran las familias y el presidente (Mauricio Macri), que está informado además hora y hora junto con el jefe de Gabinete y después le damos información a la prensa a través de la Armada, que es la que está en la operación militar de búsqueda del submarino”.

El viernes pasado, distintos bloques opositores de la Cámara de Diputados pidieron la interpelación de Aguad para que explique sobre la desaparición de ARA San Juan y sus tripulantes. “Estamos pidiendo la interpelación del ministro de Defensa porque entendemos que hay una responsabilidad política”, dijo el presidente del bloque del Frente para la Victoria (FpV), Héctor Recalde.

La movilización será este miércoles al Congreso impulsada por las dos la CTA, la Corriente Federal de Trabajadores, Camioneros y otros gremios distanciados de la cúpula de la CGT, que negoció 14 puntos del proyecto flexibilizador de Macri.

El titular de la CTA de los Trabajadores y diputado electo por Unidad Ciudadana, Hugo Yasky ,  planteó hoy la necesidad de dejar atrás “la inmovilidad” del movimiento obrero ante las políticas de ajuste del Gobierno de Cambiemos.

“Quienes consientan la quita de los derechos que logramos con el primer peronismo después que no vayan al cementerio los 17 de octubre a mostrar lágrimas de cocodrilo”, advirtió Yasky al llamar a los sindicatos de la CGT a “no quedar en la banquina de la historia”.

De esta forma, pidió no convalidar el acuerdo entre el Gobierno y los triunviros de la central obrera, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, que avalaron la reforma laboral del presidente Mauricio Macri.

Las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores que lidera Sergio Palazzo, Camioneros y otros gremios distanciados de la cúpula cegetista marcharán este miércoles al Congreso para rechazar el proyecto flexibilizador, así como los cambios en materia previsional y tributaria.

Yasky adelantó que será una movilización “multitudinaria”, como puntapié de “una lucha sostenida para evitar que nos quiten los derechos adquiridos” y frenar el “avance sobre los jubilados, que son los más indefensos”.

“Hay una paradoja que genera indignación: el sector donde saca más votos Mauricio Macri es sobre el que descarga las peores medidas”, lamentó el gremialista.

Así lo dijo Cristina Marín, abogada del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro, al referirse al asesinato de Rafael Nahuel durante la represión de Prefectura. Criticó al juez Gustavo Villanueva y aseguró que “los detenidos fueron golpeados y torturados”.

Integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu acordaron con el juez Gustavo Villanueva frenar el desalojo de la comunidad en Villa Mascardi, al menos por cuatro días, para iniciar un proceso de diálogo luego del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel a manos de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

En diálogo con FM Alas de El Bolsón, la abogada Cristina Marín, del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro, explicó que “la intención del diálogo es para que cese la represión a nuestras comunidades”.

“No queremos más muertos. Deseamos poder llevar adelante, en conjunto con el Estado, políticas públicas que tengan que ver con la restitución de tierras de los pueblos originarios. Lo cual es bastante difícil con un Gobierno que tira más para los empresarios y para los ricos”, sostuvo.

Marín recordó que ya había habido una instancia de diálogo previa pero que “las fuerzas policiales la rompieron” cuando desataron la represión del día jueves, cuando detuvieron a mujeres y niños, y la del sábado, que terminó con el asesinato de Nahuel.

“El juez dijo que se tendría que haber cumplido con eso. No sé quién tiene la culpa de esta situación, pero el Estado se va a tener que hacer cargo. Estamos hablando de una muerte", denunció la abogada.

Con respecto a los detenidos, Marín informó que “son Fausto Jones Huala y Lautaro González”, quienes socorrieron a Nahuel al ser baleado por la espalda: “Ellos creían que estaba vivo, y su intención fue llevarlo hasta la ruta para que lo atendiera un médico. Y ahí es a donde a ellos los detienen. En un principio estaban incomunicados y les estaban haciendo pericias a ellos, para ver si ellos no tenían que ver con la muerte. Pero acá lo que hay que investigar es ver quién disparó el arma; y las armas son disparadas por la policía. Los chicos, con lo único que se defendían, eran con piedras, no había otra herramienta”.

También criticó al juez Villanueva, que “estuvo negando que había detenidos, cuando nosotros -internamente- ya sabíamos que había. Lo que no sabíamos era cuántos”.

“Mientras estuvieron detenidos fueron golpeados y torturados para que dijeran quiénes más estaban arriba. Fueron torturados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería”, detalló Marín.

La vicepresidenta defendió la actuación de la fuerza al sostener que deben tener siempre “el beneficio de la duda” ya que ejercen la violencia “para cuidarnos a todos”. Rafael Nahuel, de 21 años, murió de un balazo por la espalda

En sintonía con las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Germán Garavano, la vicepresidenta Gabriela Michetti justificó la represión del Grupo Albatros de la Prefectura en la comunidad mapuche de Lafken Wuinkuñ Mapu, en Villa Mascardi, que el sábado terminó con un joven asesinado.

La autopsia realizada al cuerpo de Rafael Nahuel, de 21 años, estableció que la víctima recibió un balazo de una pistola 9 mm ascendente en un glúteo, que alcanzó a afectar sus órganos vitales.

Sin embargo, Michetti aseguró que el grupo de la comunidad mapuche era “realmente atacante, no era gente que estaba resistiendo, todo lo contrario”.

“El beneficio de la duda siempre lo tienen que tener las fuerzas de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza del Estado para cuidarnos a todos y a los que viven en esa zona”, remarcó la vicepresidenta en declaraciones al canal América, pese a que el calibre de la bala con la que asesinaron al joven mapuche es el que usan todas las fuerzas de seguridad.

“Ante la violencia, la agresión y el ataque, una fuerza de seguridad tiene que defender a los ciudadanos y tiene que detener o generar la reacción de rechazo a ese ataque para frenarlo”, insistió.