Con la idea fija del enemigo interno: el nuevo procurador crea una estructura contra “el extremismo violento” y “el terrorismo”
En medio de la represión y demonización sistemática de las comunidades indígenas, Eduardo Casal emitió una peligrosa resolución que había sido pedida por Estados Unidos. Advierten que “esto será un nuevo salto en la criminalización de la protesta”.
La resolución PGN 3544/17, conocida en las últimas horas, lleva la firma del procurador general interino Eduardo Casal, quien le encomienda al secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, que en un plazo de 90 días cree una estructura especial para combatir “el extremismo violento” y “el terrorismo”.
Los considerandos de la medida hablan de los atentados recientes en Europa y de los ataques a la Embajada de Israel, en 1992, y a la AMIA, en 1994.
Sin embargo, la decisión del reemplazante de Alejandra Gils Carbó surge en medio de las avanzadas represivas contra las comunidades indígenas, que ya le costaron la vida a los jóvenes Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, justificadas por el Gobierno de Macri en la supuesto accionar “violento” de la “Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)”.
“Hoy, cuando el ’terrorismo’ es la RAM. Un nuevo salto en la criminalización de la protesta”, advirtió la legisladora y abogada de derechos humanos Myriam Bregman (PTS-FIT) y denunció un intento de avanzar a tono con las “políticas antiterroristas” de Estados Unidos.
“Cuando en 2016 se trató ley de reforma del Ministerio Público Fiscal querían crear una subprocuración contra el terrorismo. Lo denunciamos como una orden de EE.UU. y su llamada ’política antiterrorista’. Aún no consiguieron la ley y avanzan con resolución del procurador interino”, explicó la legisladora.
