El Gobierno recalculó y ahora debatirá una reforma laboral “fragmentada”
Después de las elecciones del año pasado, el Gobierno de Cambiemos quiso avanzar con dos reformas que entendía como clave: la previsional y la laboral. La primera salió en medio de dos brutales represiones y del amplio rechazo social. Todas las encuestas muestran cuánto subió la imagen negativa del Ejecutivo, tal vez, en el nivel más alto desde que Mauricio Macri llegó a Casa Rosada.
A pesar de los contratiempos del ajuste previsional, se especuló con que el Gobierno mandara la reforma laboral al Congreso en sesiones extraordinarias. Nuevamente, a pesar del rechazo de todo el sindicalismo argentino.
Ahora, el Gobierno dio marcha atrás. ¿Qué pasó? Por un lado, tanto la CTA como la CGT se mantuvieron firmes en la oposición al proyecto oficial. Así las cosas, obligaron al peronismo más cercano a Cambiemos (que parece conducir el senador Miguel Pichetto) a tomar distancia de la iniciativa amarilla.
Por otro, las encuestas siguen mostrando que persiste el malhumor social con la gestión de Cambiemos. El macrismo se convenció, entonces, que no valía la pena avanzar con una ley que sería votada, como pasó con el ajuste previsional, con marchas opositoras en las calles y con críticas de heterogéneos sectores sociales.
En ese marco, decidieron recalcular y debatir un proyecto de reforma laboral fragmentado en muchos proyectos de ley que se discutirán por separado. El Gobierno decidió bajarse de un ring (¿por ahora?) que tenía a la CGT cada vez más dura. Peligrosamente, la reforma laboral está uniendo a todos los sectores de la central, incluyendo a Hugo Moyano, Sergio Palazzo, Omar Maturano, Juan Carlos Schmid y Luis Barrionuevo, entre otros.
Pero como toda jugada, tiene beneficios y posibles costos. El riesgo de fragmentar la discusión es que se extienda durante todo el 2018, y que además pueda terminar diluyéndose. Mientras, Cambiemos pagará el costo de una agenda que para muchos argentinos es "anti-trabajador".