Se trata del jefe comunal de Chacabuco, quien rechaza al decreto anunciado por el Presidente de prohibir a familiares de funcionarios realizar funciones de Gobierno. Otro alto funcionario de la Provincia que impugna la decisión de la Casa Rosada respecto al nepotismo.

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, se opone al decreto presidencial, al que suscribieron distintos intendentes de esa fuerza política y la misma gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, al asegurar que hay que evaluar cada caso en particular y que “si alguien está en un cargo, tiene la idoneidad y las cualidades específicas para ocuparlo, me parece perfecto que esté".

Así, Aiola se sumó al puñado de intendentes de Cambiemos que rechazaron la iniciativa de Casa Rosada. En este sentido, su par de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, había dicho que los cargos públicos ocupados por familiares "se deben resolver por idoneidad".

De esta forma, Aiola hizo referencia al caso de su esposa, Romina Sclavi, actual directora asociada de la Región Sanitaria III y dijo “claro que no es municipal, pero nosotros somos militantes desde hace años, entonces, si mi hija y mi señora militan, y quieren ser candidatas, ¿cómo hacemos? Me parece que no pasa por ahí, a veces somos más papistas que el Papa y somos ingenuos con algunas cosas”.

"Lo que veo mal, y estoy de acuerdo con Macri, es lo que pasaba antes, cuando se ponía a familiares de funcionarios en planta permanente o los nombraban antes de entregar la gestión; ahora, funcionarios no, porque incluso es algo transitorio: cuando vos te vas, se van con vos", justificó el alcalde de Chacabuco, según dio cuenta el portal Chacabuquero.

Las declaraciones de Aiola abrieron la polémica en el terreno local. Es que el titular del PRO y presidente del Concejo Deliberante, Jorge Muela, salió a diferenciarse y respaldó la propuesta de Nación: "No es lógico que los familiares directos ocupen cargos en la función pública, no es ético que familias enteras hagan negocio con la política".

"Habrá que ver que reacción va a tener el intendente. Tenemos que redoblar el esfuerzo los políticos y dar el ejemplo, para que la gente no piense mal e intérprete que estamos realizando cosas raras con la política local", precisó Muela.

Los gremios docentes reclaman que se llame a la convocatoria a paritarias y anticiparon que no aceptarán una propuesta del 15por ciento. Además, exigirán cláusula gatillo.

A menos de un mes del inicio de las clases, el comienzo del ciclo lectivo peligra en ocho provincias a raíz de los reclamos salariales se encuentra en veremos. La situación más preocupante se presenta en la provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% de la matrícula escolar -unos 4,5 millones de alumnos-, y el conflicto también está latente en Santa Cruz, donde el año pasado se perdieron 115 días de clases. La amenaza pesa, además, sobre Entre Ríos, Neuquén, Misiones, Tucumán, Tierra del Fuego y Chubut.

Los gremios ya anticiparon que no aceptarán la pauta del 15% que impulsa el Gobierno. Las negociaciones aparecen este año marcadas por dos particularidades: la eliminación de la paritaria nacional docente y el pacto fiscal que todas las provincias, salvo San Luis, firmaron con la Nación. Ese acuerdo impone fuertes restricciones al gasto provincial y acota el margen de los gobernadores para ofrecer subas.

Al margen del reclamo salarial de este año, la provincia de Buenos Aires arrastra antecedentes de comienzos de clases conflictivos.

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, todavía no convocó a los sindicatos docentes, pero en su entorno dejaron trascender que la oferta de aumento salarial no se moverá de lo que espera la Casa Rosada: una suba del 15 por ciento, probablemente sin cláusula gatillo.

Los gremios docentes bonaerenses ya advirtieron que, si esa es efectivamente la propuesta, irán al paro en las 16.000 escuelas bonaerenses. Se quejaron, además, de la falta de señales. La última reunión a la que fueron citados para discutir salarios fue en diciembre último. Los dirigentes sindicales creen que la demora es intencional y busca llevar la negociación al límite temporal para "demonizar" a los sindicatos.

En el gobierno de Vidal, por el contrario, aseguran que la falta de apuro tiene que ver con "cambiar la lógica" de la negociación con los maestros y "dejar de correr" detrás de "las amenazas" de Roberto Baradel, el dirigente sindical con mayor protagonismo en la provincia. El año pasado, los alumnos bonaerenses perdieron 16 días de clases por paros.

Cerca de Vidal no tienen dudas de que el jefe del Suteba va a agitar el paro, y probablemente concretarlo, más allá de cuál sea la oferta de aumento que finalmente transmita el gobierno de Vidal.

"Cuando vos hablás de parar desde diciembre del año pasado sin que te hayan ofrecido nada es porque querés ir al choque pase lo que pase", razonan en La Plata. Niegan, además, que el comienzo de clases, previsto para el lunes 5 de marzo, esté hoy en duda.

El Observatorio de Violencia de Género que depende de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires presentó un informe estadístico para contabilizar los casos de violencia de género y familiar en todo el territorio provincial durante los períodos de 2014, 2015 y 2016.

El informe basó sus números en información de las Comisarías de la Mujer y de la Familia en el territorio, así como las causas judiciales iniciadas por protección contra violencia familiar en Juzgados de Familia y causas penales remitidas por la Suprema Corte. El informe apuntó, por ejemplo, más de 95 mil causas en el Registro Penal de Violencia de Género de la Procuración para el año 2016 y más de 215 mil personas denunciadas de acuerdo a la Superintendencia de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad. El Ministerio a cargo de Cristian Ritondo, por otra parte, también aportó información sobre los suyos. Así consignó este fin de semana el sitio InfoGEI.

La Auditoría General de Asuntos Internos entregó información sobre los más de 95 mil efectivos que componían la Policía Bonaerense hasta enero de 2017, 55 mil de ellos de sexo masculino. De acuerdo al informe, “2252 agentes de la fuerza se encontraban bajo investigaciones administrativas” con 1835 sumarios que fueron iniciados entre 2015 y 2016. En el 13% de los hechos se utilizó el arma reglamentaria que la fuerza provee a sus efectivos. Hasta el momento de la entrega de los datos, unos 1815 sumarios seguían sin sanción. Apenas 20 si la tenían.

De una muestra de 1286 casos, el 42 por ciento de los denunciantes fueron las parejas de los efectivos quienes elevaron el reclamo, las ex parejas en un 28 por ciento, con solo siete casos de colegas dentro de la fuerza. El principal tipo de violencia ejercido es el psicológico, que figura en un 57 por ciento, con un 38 por ciento de hechos denunciados que incluyen violencia física.

La violencia física, por su parte, es ejercida en un 95 por ciento en el ámbito familiar. Un 32 por ciento de los casos en que se reportó violencia sexual, una minoría, involucraron al lugar de trabajo de la víctima. De ocho femicidios presuntamente cometidos por policías y registrados por Asuntos Internos en el período analizado solo una víctima era esposa del acusado y solo una su ex pareja, una cifra que contrasta fuertemente con el resto de las estadísticas que ubican a las parejas como denunciantes.

El secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, volvió a cuestionar al Gobierno de Mauricio Macri y se refirió a las causas judiciales en su contra. "Prefiero ir en 'cana' antes que traicionar a los trabajadores", dijo.

"Este es un Gobierno que mezcla todo para lograr acallar a la gente, extorsionándola. Lo está logrando en laguna medida con algunos dirigentes gremiales, pero con nosotros no va a poder", señaló el sindicalista en declaraciones a Crónica TV.

"Quieren callarnos, doblegarnos. Pero con nosotros no van a poder", advirtió Moyano. El camionero agregó: "El Gobierno está demostrando que ha fracasado en su economía. Por eso quiere callarnos. No vamos a permitir que vayan por los derechos de los trabajadores, siguió.

El 22 de febrero el gremio Camioneros volverá a salir a la calle para cuestionar la política económica del oficialismo. Será acompañado por sectores de la CGT y la CTA. Se espera una movilización masiva.