Ingresó al Sanatorio de la Trinidad por un dolor de estómago, le realizaron una endoscopía, y versiones indican que falleció tras un paro cardíaco que tuvo por complicaciones con la anestesia.

Hace instantes falleció la diputada porteña y periodista Debora Pérez Volpin a los 50 años. El diario Clarín agregó que la diputada había comentado en su espacio político que el lunes fue a realizarse chequeos y le habían dado mal algunos indicadores del hígado, por lo que hoy se internó. Según dijeron, estuvo conectada a WhatsApp hasta casi las 5 de la tarde.

Luego de trabajar durante años para el Grupo Clarín, Pérez Volpin renunció a mitad de 2017 para postularse como candidata a diputada porteña por el frente Evolución de Martín Lousteau.

En diálogo con Primereando el ex director del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Federico Basualdo, analizó en profundidad quienes son los ganadores y perdedores de la política energética del gobierno de Cambiemos.

Después de dos años de sucesivos aumentos de tarifas, el presidente Macri ordenó vender al mejor postor las acciones del Estado en las empresas eléctricas. La gobernadora Vidal no se queda atrás, y al tiempo que convive alegremente con un virtual monopolio eléctrico en la provincia, estudia la venta de la principal empresa energética del estado local.

¿Cuáles son las prioridades de política energética para un proyecto neoliberal como el de Cambiemos?

Al igual que con otros sectores de la economía, la prioridad del gobierno de Cambiemos es garantizar una drástica distribución de ingresos desde los hogares a las empresas. En el caso particular del sector energético, esta transferencia se concreta a partir del descomunal ajuste tarifario, la desregulación de los precios y el virtual congelamiento de la acción de los organismos de regulación y control. La retirada del Estado redunda en crecientes ingresos para las empresas, y en el caso del sector eléctrico la yapa es la venta de la participación del Estado en las empresas del sector.

¿Porque el gobierno nacional dice que “es negocio para el Estado vender las acciones que tiene en las empresas de energía eléctrica”?

Planteado de esa manera, parecería que es una decisión improvisada del poder ejecutivo. Como si un día el presidente revisara el precio de las acciones, y como es elevado, decide vender. En realidad, la decisión de Macri de vender las acciones del Estado en las empresas eléctricas, es parte de un plan económico que ejecuta este paso luego de concretar un ajuste brutal de los precios de la energía que garantiza una transferencia de ingresos desde los hogares a las principales empresas del sector. Como consecuencia de esta política, el balance de las empresas mejoró notablemente. Y es en ese contexto que el presidente decide retirar al Estado y venderle las acciones a los privados. Un negocio redondo, al menos por algunos años.

¿El caso de TRANSENER parece particularmente polémico. Se puede hablar de que la venta de la participación del Estado en este empresa atenta contra la soberanía nacional?

Todo el Decreto 882/17 es, por lo menos, polémico. En algunos casos se están vendiendo las pocas participaciones que quedaron en manos del Estado luego de la ola privatizadora de los años noventa. En otros, como las centrales de ENARSA, se privatiza el enorme esfuerzo económico que hizo el Estado durante los últimos años. Parecería que este gobierno socializa la inversión y privatiza las ganancias.

El caso de TRANSENER es ciertamente crítico. Se trata de una empresa estratégica que garantiza el transporte de la energía eléctrica en todo el territorio nacional. Lo más llamativo es que la actual gestión incrementó hace algunos meses la participación del Estado en esta empresa, argumentando que era clave por la función que cumple. Ahora, parece que ganó el criterio empresario, cuyo único objetivo es garantizarle a las empresas del sector el máximo de rentabilidad posible, durante el tiempo que dure la actual política tarifaria.

TRANSENER tiene particular importancia para la provincia de Buenos Aires, dado que su controlada TRANSBA realiza el transporte de la energía eléctrica. ¿Cómo ve la situación de la distribución eléctrica en la provincia, teniendo en cuenta las últimas operaciones de compra y venta de empresas?

Con preocupación. Llama la atención la velocidad con que el grupo DESA se expandió en este segmento. Prácticamente, en menos de un año y medio este grupo se quedó con toda la distribución eléctrica de la provincia de Buenos Aires, sin contemplar a las cooperativas. Se trata de una situación monopólica que atenta contra los derechos de los usuarios y el espíritu de la normativa vigente. Me imagino que en el gobierno de la provincia de Buenos Aires estarán siguiendo el tema de cerca, sobre todo por las implicancias que tiene.

En los últimos días ha trascendido que la gobernadora Vidal planea vender la empresa provincial Centrales de la Costa Atlántica S.A. por su pésima situación financiera. ¿Cómo analiza esta situación?

No conozco los números de la empresa, pero me cuesta creer que se encuentre en una situación deficitaria, sobre todo después del feroz ajuste de tarifas que impulsó la gobernadora junto con el gobierno nacional. La intención de vender la empresa no me sorprende, es una política que se encuentra en plena sintonía con la implementada por el presidente Macri y que apunta a garantizar que los únicos beneficiarios de la actual política energética sean las empresas.

Federico Basualdo, ex director del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Mediante un amparo, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferreresi, demandó a Edesur y exigió la realización de obras y medidas para mejorar el servicio.

Tras los reiterados apagones que sufrió y sufre el municipio de Avellaneda, el Intendente Jorge Ferraresi presentó una acción de amparo ante el Juzgado Federal de Quilmes solicitando se ordene a la empresa EDESUR S.A. a realizar todas y cada una de las obras de infraestructura necesarias para regularizar de manera inmediata la prestación del servicio público de suministro de energía eléctrica, que brinda a la totalidad de los usuarios del Partido de Avellaneda.

En los fundamentos, la intendencia de Avellaneda sostiene que "el pedido también intima a cumplir con las normas de calidad, eficacia y eficiencia que aseguren a dichos usuarios del servicio, su continuidad, regularidad, igualdad y generalidad del mismo". Además, la medida cautelar también pide el restablecimiento inmediato del suministro en la totalidad del Partido “en forma adecuada, regular, técnicamente idónea, segura y suficiente”.

Al igual que Avellaneda, los municipios de Lomas de Zamora, Almirante Brown y Esteban Echeverria, también ejecutaron acciones legales contra la empresa de servicio eléctrico.

Mediante un comunicado, la diputada Elisa Carrió reveló una nueva interna que mantiene con el ministro de Justicia, Germán Garavano. “No formamos parte ni del amiguismo, ni del nepotismo, ni de encubrimiento judicial alguno”, sostuvo Carrió

En el marco de la causa de encubrimiento del atentado a la AMIA, la diputada Elisa Carrió instó a la doctora de su confianza, Mariana Stilman, a que renuncie a la Unidad AMIA en disconformidad con la posición del ministro de Justicia, German Garavano. “No formamos parte ni del amiguismo, ni del nepotismo, ni de encubrimiento judicial alguno”, sostuvo Carrió en un comunicado.

El escrito explica que la deserción de la letrada, "se produjo luego de la sorpresiva intervención del Ministro en el trabajo de la querella del Estado en la causa de encubrimiento del atentado a la AMIA". Y agrega: “El año pasado, la abogada de confianza de Carrió debió renunciar a la representación de la querella debido a las reiteradas intromisiones en su trabajo por parte de otro abogado que respondía a órdenes del Ministro y sus asesores, quienes impedían que Stilman desarrollara de manera adecuada su labor como apoderada en el juicio”.

Por su parte, el ministro de Justicia mantiene un enfrentamiento abierto con el jefe de la Unidad, Mario Cimadevilla, acerca de la posición que debe adoptar el Estado en el juicio en donde se investiga el encubrimiento de los autores del atentado a la AMIA, ocurrido en 1994. Para Cimadevilla, el Estado debe seguir acusando a los fiscales que investigaron el ataque, Müllen y Barbaccia, mientras que Garavano, que cuenta en esa posición con el apoyo de la AMIA, sostiene que no corresponde mantener ese proceso.

Al respecto, el comunicado acusa a Garavano de actuar a favor de eximir de toda responsabilidad a los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia: "La acusación que leyó el abogado Console en la audiencia del pasado jueves 1° de febrero, solicita la absolución total de los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, de todos los delitos por los que fueran acusados y los hechos atribuidos. De esta forma, se los exime de toda la responsabilidad por las graves irregularidades cometidas durante el trámite de la causa por el atentado a la AMIA. Esto se ve agravado debido a los numerosos rumores acerca de los vínculos de amistad entre los ex fiscales y los integrantes del ministerio de Garavano", señala Carrió en uno de sus párrafos más duros.

En otro fragmento, el escrito apunta contra Console, quien además ocupa el cargo de secretario del Tribunal de Disciplina de Boca Juniors, el club que preside Daniel Angelici, operador judicial del oficialismo y enemigo de Carrió. "El Ministro de Justicia dispuso que se revocara el poder del nuevo apoderado y que se presentara a alegar en el juicio el abogado Jose Console, integrante del Tribunal de Disciplina del Club Atlético Boca Juniors, quien había sido designado también para trabajar en la querella, pero no tenía poder para representar a la Unidad AMIA".

Por segunda vez en quince días la petrolera aumentó los precios en un 3,5% promedio. Ya había subido los precios en un 4,5% el 24 de enero último.

La petrolera aumentó por cuarta vez los precios de los combustibles desde que la cartera de Energía diera de baja los acuerdos gradualistas firmados a comienzos del año pasado, atando el precio de la nafta al funcionamiento pleno de las reglas del mercado. De esta forma, con un promedio de 3.5% de aumento, en Ciudad de Buenos Aires, los nuevos valores son los siguientes: Nafta Súper, $24.39 por litro; Nafta Infinia, $28,29; Diesel 500, $21.52 y Diesel Infinia, $25,07.

Por su parte, el presidente de la Confederación del Comercio de Hidrocarburos de la República Argentina, Oscar Díaz,  dijo estar "sorprendido" por este nuevo ajuste, y enfatizó: "Hace poco tiempo tuvimos un aumento de casi 5%, YPF había sido la última en incrementar los precios, pero esta vez tomó la iniciativa".

El 26 de septiembre pasado el ministro de Energía, Juan José Aranguren, comunicó la liberación del precio de los combustibles. Sostenido por el acuerdo entre Gobierno y petroleras de no aumentar hasta las elecciones, el 23 de octubre, apenas un día después de los comicios, se conoció el primer aumento. El 2 de diciembre de 2017, la petrolera con participación estatal volvió a subir sus precios en un 6% en promedio, que luego volvió a aumentar casi un 5% el 24 de enero, con lo que la nafta Súper pasó a $ 23,57 el litro, mientras que la Infinia llegó a $ 27,33.

"Fue muy corta la reunión. Fueron 80 días de desaparición y la reunión duró 45 minutos", describió Itatí Leguizamón, una de las familiares de los tripulantes que participaron la reunión en Casa Rosada con el presidente Mauricio Macri. "No hizo ninguna autocrítica", reclamaron. Participó además Oscar Aguad, ministro de Defensa, entre otros funcionarios nacionales.

El esperado encuentro se hizo esperar más de 30 días. Finalmente, el mandatario recibió en un breve encuentro a los familiares del submarino perdido hace más de dos meses. "Solo dijo que era un tema que le preocupa tanto a él como a todos nosotros y que no tiene nada que ocultarnos. Le preguntamos si había alguna información que no podíamos saber y dijo que no", aseguraron los parientes de los submarinistas.

En la reunión, Macri prometió ofrecer una recompensa de 4 millones de dólares para las empresas privadas que encuentren al Ara San Juan. Además, "garantizó" que el Estado seguirá buscando al buque.

Por su parte, los familiares exigieron que se continúe con la búsqueda y pidieron ampliar el espacio marítimo en dónde podría estar el submarino. Además, volvieron a criticar al Gobierno por las idas y vueltas desde el 15 de noviembre, cuando se informó por primera vez de la desaparición del buque.

Mientras, se supo que el ARA San Juan realizaba tareas de espionaje, al mismo tiempo que se conoció que se había cruzado más de una vez con buques de otros países. Todavía no se sabe qué paso con la nave que finalmente explotó en la profundidad del mar.

Los dirigentes del Frente Renovador participarán el jueves de un encuentro en la sede de la UMET, que responde a Víctor Santa María, del peronismo porteño. Además, participarán los kirchneristas Agustín Rossi y Jorge Taiana y los peronistas no K Alberto Fernández y Chino Navarro. Desde el massismo habían bajado la línea a su tropa de no participar.

En Radio 10, Alberto Fernández celebró el encuentro en tanto espacio de discusión "sobre la unidad del peronismo" de dirigentes que "no tenemos aspiración presidencial, por ahí puede empezar esta discusión", describió. "Hay que hacer un esfuerzo por la unidad, basta de partir el espacio, y ser funcionales a Macri”, insistió Fernández.

Sin embargo, dirigentes del massimo salieron con los tapones de punta contra el encuentro: “No participamos de ninguna confluencia partidaria de los oportunistas de siempre que privilegian sus situaciones personales por sobre el interés común”, aseguaron dirigentes del espacio en un comunicado. El texto no lleva la firma de Sergio Massa, líder del Frente Renovador.

De fondo, parece consolidarse una grieta entre dirigentes del massismo que ven con buenos ojos un acercamiento a otros sectores peronistas, incluyendo al kirchnerismo, y los que insisten con la construcción de una "tercera opción". Este último camino fracasó rotundamente en las elecciones del año pasado.

Mientras tanto, ¿qué opina el propio Massa? Corrido de los primeros planos el dirigente se ve obligado a repensar cuál será su estrategia en el corto plazo después del duro golpe que implicó el último resultado electoral.

El dólar subió 16 centavos y quedó en $ 19,95, al borde de la barrera de los $ 20. La divisa norteamericana no para de subir desde diciembre de 2017, cuando estaba en 17,50.

Según los medios especializados, la mini-devaluación de las últimas semanas tiene que ver con que los inversores están dolarizando sus portafolios, a partir de la baja de la tasa de interés determinada por el Banco Central y de expectativas sobre una mayor devaluación en el corto plazo.

Mientras, el dólar se fortalece a nivel mundial, en un contexto de caída de la bolsa en muchos países. A esa situación de inestabilidad se suma un problema para Argentina, muy endeudada en dólares en los últimos dos años. Estados Unidos decidió subir su propia tasa de interés, lo que encarecerá el endeudamiento.

"Esto lo que te avisa es que el financiamiento no dura para siempre. En el corto plazo esto genera un encarecimiento del financiamiento. De alguna forma te enciende señales de alerta", reconoció la consultora Marina Dal Pogetto en diálogo con Ámbito Financiera.

El consultor ecuatoriano preferido del Gobierno de Cambiemos reveló que el oficialismo realizó una encuesta sobre el caso del policía Luis Chocobar, que fue recibido por el presidente Mauricio Macri a pesar de estar procesado por asesinar por la espalda a un ladrón. "La gente pide que se reprima brutalmente a los delincuentes. Hemos hecho encuestas y la inmensa mayoría quiere la pena de muerte", describió.

Además, Jaime Durán Barba dejó otras definiciones sobre política nacional: "En América Latina la crisis es descomunal. Nunca hubo una situación de tanto descrédito de todos los presidentes, de todos los partidos, de los sindicatos, de las organizaciones religiosas, de la iglesia católica", describió.

Por otro lado, volvió a referirse caso Chocobar: "No me interesa el tema del policía que corrió un delincuente. Ver a Macri en Davos, ver que la bolsa cayó en todo el mundo menos en la Argentina, eso es importante", siguió.

En diálogo con FM Radio con Vos, Durán Barba aseguró que la caída de la imagen negativa de Macri "es normal y está dentro de lo previsto. Un gobierno responsable sabe que va a tomar medidas antipáticas y eso le va a provocar una caída de imagen pero sabe como subir después", analizó.

Por último, no descartó una candidatura de Cristina en 2019: "Cristina tiene fuerza todavía, va a tener fuerza algún tiempo más. No es disparatado pensar que pueda ganar en 2019. Si por alguna razón fracasa la política económica de Macri, eso es posible", señaló.

En una conferencia de prensa el bloque de diputados y senadores de esa fuerza política manifestaron que Cambiemos  está tratando de evitar el normal funcionamiento del Congreso de la Nación, y prometieron trabajar con toda la oposición para derogar la iniciativa del oficialismo  en el recinto.

El bloque de la Cámara Alta y Baja del Frente Para la Victoria (FPV) expresó hoy su profundo rechazo al megadecreto firmado por el presidente Mauricio Macri en el mes de enero, por considerar que no hay razones para el mismo, y estimarlo “inconstitucional”.

A través de una conferencia de prensa encabezada por el jefe del bloque de la Cámara baja, Agustín Rossi, detallaron que la amplitud del DNU la marca el hecho de que el mismo modifica 140 leyes, deroga otras 19, y consta de 192 artículos, divido en 22 capítulos. “Claramente no cumple con ninguno de los requisitos que la Constitución prevé para los decretos de necesidad y urgencia”, sostuvo Rossi, remarcando que el mismo “vulnera y se atribuye facultades que son del Congreso”.

“No hay ningún motivo que justifique la aplicación de ese DNU”, destacó el titular del bloque FpV, y recordó que hasta hubo funcionarios que “reconocieron que hacía 3 o 4 meses que venían trabajando en la elaboración del mismo, que aborda diferentes temáticas; algunas con las que no podemos estar en desacuerdo, como el trámite habilitante para conducir cuatriciclos, y otros temas fuertemente críticos, como la posibilidad de embargar las cuentas sueldo”.

Para Rossi, “este megadecreto que no tiene ningún sentido y es claramente inconstitucional, es además harto evidente que la herramienta del decreto” tiene otros motivos de justificación. Señaló que si en lugar de apelar a un megadecreto se hubiese presentado como ley, “hubiese sido un proyecto ómnibus”. Asimismo destacó el contrasentido oficial que enmarcó en que “por un lado el Gobierno emite este megadecreto y por otro no convoca a sesiones extraordinarias en febrero”.

Esa actitud marca “un claro intento de obviar los trámites ordinarios de sanción de leyes”, a través de “un decretazo”, que atribuyó a lo sucedido el año pasado en ocasión del debate por la reforma previsional, que para él le debe haber dejado al Gobierno “un gusto amargo, porque ganó en el recinto, pero perdió en el conjunto de la sociedad”, razón por la cual ahora “evita el funcionamiento normal y ordinario del Congreso”.

Luego apuntó a expresiones del diputado oficialista Pablo Tonelli, “que suele expresar en actos de sincericidio los actos del Ejecutivo”, y recordó que el legislador del PRO dijo que si se hubiera mandado como proyecto, “seguramente no pasarían por el Parlamento algunos artículos”.

Así las cosas, anticipó que los tres representantes del FPV en la Bicameral de DNU expresarían su opinión contraria, propiciando el rechazo del decreto. “Somos conscientes de que los DNU tienen validez hasta que sean rechazadas por ambas cámaras. Por eso vamos a seguir trabajando para que cuando estén dadas las condiciones podamos rechazar con las mayorías necesarias este decreto. Eso se logra con mayoría simple, y en el momento en que estén dadas las condiciones, en función de los acuerdos, vamos a proceder a rechazarlo”.

Sentado a la izquierda de Rossi, el diputado Marcos Cleri reiteró que a su juicio “no hay ningún tipo de necesidad y urgencia” de parte del Ejecutivo para este DNU, y consideró que estas actitudes “demuestran que están tratando de evitar el normal funcionamiento del Congreso de la Nación”.

Integrante de la bicameral, el diputado de La Cámpora anticipó que el kirchnerismo presentará un dictamen pidiendo la invalidez del decreto, argumentando que “no hay cuestión de necesidad y urgencia, y que atenta contra los derechos de los trabajadores”, citando específicamente la posibilidad de embargar las cuentas sueldo, como así también cuestionó la posibilidad de utilizar el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, y que se bajen los plazos para las licitaciones, entre otras coas.

Para Cleri, se busca “evitar el debate parlamentario”, a sabiendas de que hay “muchísimas cosas que no pasaban por este recinto”, y anticipó que “vamos a seguir trabajando para declarar la invalidez de este decreto que busca sacarle derechos a los trabajadores”.

Otra integrante de la Bicameral de DNU, Anabel Fernández Sagasti, ratificó el “firme rechazo para este mega DNU, que también es inconstitucional”, y recordó que por el mismo se presentó una demanda contra el presidente de la Nación por “usurpación de los poderes del Estado, tentativa de malversación de fondos públicos, incumplimiento de funcionario público y prevaricato”.

En el caso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, dijo que se lo ha “puesto a disposición de la timba financiera”, y afirmó: “No puede ser que con el trabajo de 2 o 3 en alguna oficina oscura de la Casa Rosada se hayan derogado más de 19 leyes”.

“Simplemente decimos que se ha hecho incendiar la Constitución argentina -disparó-. Llamamos a todos los legisladores de la oposición a tomar cartas en el asunto, a debatir , necesitamos un debate amplio y una denuncia a los poderes que tienen la Nación”.

Ante las preguntas de la prensa, Rossi afirmó que hay un “diálogo permanente” con todos los bloques opositores, y recordó que el Frente Renovador ha expresado su “mirada crítica” hacia el DNU, como así también lo hizo el bloque Argentina Federal, por lo que afirmó que “tenemos expectativa de tener los 129 votos que nos permitan convocar a la sesión y rechazar el megadecreto. Porque tendría que ser un decreto que sea rechazado por todos (…) Sería un muy mal antecedente que este megadecreto quede vigente. Nunca habíamos visto un DNU de estas características”.

A su turno, el titular del bloque, Marcelo Fuentes, ratificó lo manifestado por Agustín Rossi y atribuyó al oficialismo la intención de “paralizar el Congreso a lo largo del año”. Ellos van a tratar de “garantizar que el Congreso cumpla las funciones normales que la Constitución establece”, y con relación al diálogo que mantienen con otras bancadas, aclaró que “no vamos a adelantar nada hasta tener los números sobre la mesa”.