El fiscal Ramiro González, imputó a Luis Miguel Etchevehere, ministro de Agroindustria de Macri, por haber recibido 500 mil pesos de la Rural, al tiempo que solicitó que se lo investigue por la posible comisión de varios delitos. 

Luego de devolver el medio millón de pesos que recibió de parte de la Rural como compensación por haber pasado a la función pública y “en calidad de indemnización por haber sido Presidente de aquella entidad”, la justicia imputó al ministro de Agroindustria y ex presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, en la causa recayó en el juez Marcelo Martínez de Giorgi en diciembre de 2017, tras la denuncia de Leonardo Martínez Herrero.

La semana pasada, en el marco de la nueva estrategia del Gobierno de salir a limpiar la imagen de Cambiemos, el funcionario decidió devolver la plata. “Dicha operación corresponde a la devolución de igual importe que me fuera otorgado como reconocimiento extraordinario en su oportunidad por la entidad", agregó Etchevehere.

De todas formas, ante la posible comisión de varios delitos, entre los que se señala un potencial cohecho, el fiscal Ramiro González consideró que las denuncias por dádivas, negocios incompatibles con la función en el Estado, y administración fraudulenta, merecen ser investigadas.

En el marco de la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado, el Estado argentino fue denunciado ante la CIDH por “persecución” y “criminalización” de testigos y abogados, a los que el Ministerio de Seguridad y la Gendarmería acusan de falso testimonio y señalan como integrantes de una presunta asociación ilícita.

Ante la denuncia que Gendarmería realizara contra los testigos que habían responsabilizado a la Gendarmería Nacional, que comandan Mauricio Macri y Patricia Bullrich, por la desaparición de Santiago Maldonado, el Estado es nuevamente denunciado ante la CIDH por “perseguir” y “criminalizar”. La presentación ante el organismo de Naciones Unidas fue realizada por los abogados Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana, de la organización Naturaleza de Derechos. Son los mismo que meses atrás promovieron la primer medida cautelar contra el Estado en el marco de la desaparición del joven. En aquella ocasión, el Gobierno fue acusado de plantar hipótesis falsas, como que Maldonado estaba en Chile, o que había sido herido por un puestero de Benetton. Ambas hipótesis fueron desmentidas durante el proceso, que culminó con la instalación de que Maldonado se ahogó y la fuerza de seguridad que lo perseguía junto a un grupo mapuche no es responsable de nada, aún cuando la causa seguía caratulada como desaparición forzada.

Además, los abogados de Naturaleza de Derechos indican en su presentación que la CIDH ya había exigido al Gobierno de Macri que investigara "de manera exhaustiva las circunstancias que dieron lugar a la muerte del propuesto beneficiario", orden que la Argentina ha incumplido. "El Estado ha hecho no solo caso omiso a ese pedido de la CIDH, sino todo lo contrario, ha perseguido penalmente a los testigos con imputaciones vagas por hechos que refieren a protestas reclamando sus derechos de pueblos originarios y la detención arbitraria del Lonko Jones Huala y el de falso testimonio, en plena investigación penal sobre la muerte de Santiago Andrés Maldonado. Es más, ha profundizado su proceder persiguiendo a los defensores de derechos humanos y es lo que motiva nuestra denuncia urgente ", señalaron.

Más adelante, los abogados advierten que “la denuncia penal del Estado Argentino a través de una de sus fuerzas, Gendarmería Nacional (miembros de la cual aún sigue siendo investigados), es claramente persecutoria y pretende criminalizar un obrar absolutamente legítimo que representa el ejercicio de un derecho humano reconocido en la Constitución Nacional y Convenios internacionales de Derechos Humanos, como el de peticionar y denunciar la violación de derechos humanos”.

Además, Cabaleiro y González Quintana señalan que ante las denuncias, desde Cambiemos se trata de dar a los abogados defensores de derechos humanos el carácter de “enemigos del Estado”. Se intenta, así, desde el propio Gobierno invertir las responsabilidades. Es una “estigmatización a través de la manipulación de los procesos penales”, advierten. Los abogados piden una intervención urgente, porque ven en peligro su libertad de “ejercer plenamente el derecho de abogar como abogados defensores de derechos humanos” y su “libertad personal, a partir de los delitos que se les atribuyen y en un país donde está en boga una dura doctrina.

En rechazo del 9% de aumento propuesto para este año, los trabajadores bancarios realizaron un paro nacional. Hace instantes, a través de un comunicado desde La Bancaria informaron que “los niveles de paro de todo el país alcanzan a más del 96%”.

Este viernes los trabajadores bancarios marcharon en el centro porteño y acataron en un 96% el paro nacional convocado tanto para empleados públicos como privados. El motivo de la protesta y la movilización, es el 9% de aumento planteado por los empresarios a los trabajadores: “Cuando los propios relevamientos del Banco Central y de las entidades financieras dan un promedio del 19,4% del índice inflacionario para 2018, e inclusive consultoras vinculadas estrechamente a miembros del gabinete dan cifras para la evolución del Índice de Precios muy superiores”, explicó en un comunicado el gremio La Bancaria que conduce Sergio Palazzo.

Además, el texto apunta contra el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, denunció: “Que está incumpliendo con sus deberes de funcionario público al haber determinado el Ministerio a su cargo la suspensión de las reuniones paritarias, con el fin de imponer el citado porcentaje”. En la misma línea, acusó: “Algunos empresarios del sector han denunciado que de las presiones participa activamente el Vice Jefe de Gabinete Mario Quintana. Ambos se alinean con las posiciones extremas de la banca extranjera”, puntualizó La Bancaria.

Días atrás, mediante un comunicado titulado "No somos tontos", firmado por los secretarios generales y de Prensa del sindicato, Palazzo y Eduardo Berrozpe, respectivamente, el gremio informó: "La diferencia entre el 9 por ciento y las cuotas ofrecidas por las patronales y la hipótesis basada en el REM implica que un trabajador pierda en total 63.070 pesos. No somos tontos y la propuesta es por lo mismo inaceptable", concluyeron los dirigentes.

A semanas del comienzo de clases en la Provincia, María Eugenia Vidal llamó a los gremios docentes para acordar la paritaria el jueves 15, a las 17, en el Ministerio de Economía en La Plata.

Las paritarias docentes tienen su primer fecha de negociación. Ante las advertencias del gremio SUTEBA, cuyo titular, Roberto Baradel, dias atrás sostuvo: “Si no se reactiva la Paritaria Nacional Docente, no arrancan las clases el 5 de marzo”, la Gobernadora María Eugenia Vidal citó a los docentes para el próximo 15 de  febrero.

Casualmente, se especula que el Gobierno propondrá un 15 por ciento de aumento, con una cláusula de revisión de la inflación en reemplazo de la cláusula gatillo que reajusta los salarios automáticamente cada tres meses. Según el medio Página 12,  para los gremios, esta última actualización automática es “fundamental”.

Por su parte, este martes el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, convocó a representantes de cuatro gremios nacionales a una reunión sin incluir en el temario la discusión paritaria. Desde Ctera impugnaron el encuentro y denunciaron que con esa reunión simbólica el Gobierno pretende “anular la negociación colectiva para el sector y reemplazarla por una mesa que no tiene facultades”.

El titular de Agroindustrias de la Nación y ex presidente de la SRA se encuentra imputado por corrupción. La causa está a cargo del Juzgado federal N° 5 a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

El fiscal federal Ramiro González requirió investigar la comisión de un delito e imputó al ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere,  por el bono de 500 mil pesos que le entregó la Sociedad Rural Argentina (SRA), y que luego, escándalo de por medio, tuvo que devolver.

El 28 de diciembre último, el juez Marcelo Martínez de Giorgi abrió una causa contra el funcionario luego de que Leonardo Martínez Herrero lo acusara del delito de acción pública en que “habría incurrido tras recibir un bono por la suma de 500.000 pesos abonados por la SRA, entidad que presidía al momento de su designación en dicha cartera ministerial”, advierte el dictamen.

La suma habría sido cobrada en calidad de “indemnización” tras haber sido presidente de aquella entidad cuando de acuerdo a lo establecido por el Estatuto de la Sociedad Rural, los cargos directivos son “no rentados”. A su vez, calificó de “llamativo” la aceptación por parte de Etchevere del bono cuando su “tarea como ministro” es, entre otras, “regular y controlar el sector agrícola e industrial”, indicó Clarín este viernes.

El fiscal federal  González, quien lo imputó esta mañana, aclaró en el dictamen presentado que no figura en las actas del directorio de la SRA cuántos de sus integrantes estuvieron a favor y en contra del pago de medio millón de pesos al titular de la cartera agroindustrial cuando este dejó su cargo y asociación a la entidad, la medida regular y controlar el sector agrícola e industrial”.

Para el letrado, tales partes del directorio “habrían enviado una nota al nuevo presidente de la entidad –Daniel Pelegrina –cuestionando el pago de tal bono puesto que el ministro ha renunciado a su cargo y condición de socio, considerando que lo sucedido afecta el espíritu, buen nombre y honor de la misma, solicitando la devolución de tal pago”.

La nota agrega: “Es un pésimo ejemplo, un pésimo antecedente, que no sólo afecta el buen nombre y honor de la Sociedad Rural Argentina, sino que afecta al sector Campo. La persona de campo es austera, y esta conducta es profundamente contraria a la filosofía que caracteriza al productor. En consecuencia, solicitamos que la suma pagada a. Etchevehere le sea devuelta a la Sociedad Rural a la brevedad”.

Se trata de Fabián Exequiel Enrique, a quien encontraron muerto en Quilmes Oeste, en la entrada de Villa Los Eucaliptos, con tres balazos: dos en la espalda y uno en la pierna. El efectivo no fue detenido. “Lo mató como a un perro”, dijo el padre del chico.

El martes pasado Enrique fue fusilado por la espalda, alrededor de las 7.30, por un policía del Grupo Halcón. Al momento de disparar, el efectivo estaba de uniforme y se dirigía a trabajar, mientras que el joven se encontraba desarmado.

El oficial se presentó un día después en la Comisaría 3 de Quilmes acompañado por su jefe. Allí declaró que estaba parado ante un semáforo cuando dos jóvenes se le abalanzaron para sacarle el teléfono. Según su testimonio, bajó del auto y disparó al aire y ellos escaparon corriendo.

Pero la aparición del cuerpo de la víctima, en la entrada de Villa Los Eucaliptos, con dos impactos de bala en la espalda y uno en la pierna, así como las vainas encontradas en la zona, contrastan con su testimonio.

“Lo que pasó con mi hijo fue que un policía lo mató por la espalda, sin piedad. Lo mató como a un perro”, dijo a la prensa Claudio Enrique, el padre del chico asesinado.

El policía está siendo investigado por homicidio, pero no fue detenido. La justicia le secuestró el arma para hacer pericias y quedó desafectado de la Policía Bonaerense mientras dure la instrucción de la causa.

Días atrás, la ministra de seguridad Patricia Bullrich defendió al policía Luis Chocobar, investigado por matar por la espalda a un joven de 18 años que perseguía en La Boca. El efectivo fue recibido por el presidente Mauricio Macri y tratado como un héroe. “Siguió todos los protocolos de la nueva doctrina que hemos elaborado”, dijo la funcionaria al incluir en esa nueva doctrina el fusilamiento del joven mapuche Rafael Nahuel, asesinado también por la espalda a manos de la Prefectura el 25 de noviembre del año pasado en la comunidad Lafken Winkul Mapu, de Villa Mascardi, cerca Bariloche.

Los casos de este tipo van en aumento desde la asunción de Macri. La titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, recordó en esta semana que el Informe 2017 del organismo “demuestra que el gobierno de Cambiemos alcanzó, en apenas 23 meses, el escalofriante índice de más de una persona asesinada a diario, por el aparato represivo estatal”.

“La cuenta es simple: 725 casos relevados, en 721 días de gobierno”, señaló Verdú y agregó que desde “hace varios meses que denunciamos la vigencia de hecho de un ‘estado de excepción’, que incluye ahora la legitimación de la pena de muerte por vía del arma reglamentaria –u otra-, en cualquier circunstancia”.

Así lo expresó el jefe comunal de Gualeguay, quien se opone al decreto presidencial que prohíbe a los familiares de los funcionarios públicos asumir cargos de Gobierno. ¿El inicio de una interna en el oficialismo?

El intendente de la localidad entrerriana de Gualeguay, Federico Bodgan, hizo oídos sordos al decreto emitido por el Presidente de la Nación y ratificó a su hermana como secretaria de Gobierno tras una reunión de Gabinete.

Al explicar la sublevación al jefe de Estado, Bodgan criticó: "El tema del decreto presidencial se tocó en la reunión; es una decisión voluntaria y todos tienen su equipo armado. Lo hablé con los Secretarios, acá somos un equipo de trabajo, acá no se va nadie; no hay justificativos para romper un equipo armado como el que tenemos".

Pero la rebelión en Entre Ríos por el decreto de Macri nació apenas el mandatario firmó la orden. A los pocos días, el gobernador Gustavo Bordet, ignoró la decisión presidencial y nombró a su hija en el Estado hasta el 2040.

En algunos sitios de la provincia de Buenos Aires también ocurrió lo mismo, cuando el intendente oficialista de General Rodríguez, Darío Kubar, quien posee un nutrido número de parientes como funcionarios y con allegados en empresas contratadas por el Municipio, defendió a los suyos.

El largo listado está integrado su hermano Lucas, que se desempeña como secretario de Servicios Públicos; su cuñada, Miriam Conforti, asignada a la sede local de IOMA; mientras que su otra cuñada, Florencia Ruiz; y su sobrina, Wanda Lucero, formar parte de la Secretaría Privada. Primos, ahijados, sobrinos de su hermano y otras personas vinculadas al entorno familiar figuran en la nómina de empleados públicos.

Es por la quita a 6.000 beneficiarios del Programa de Empleo por parte del Secretario de Empleo de la cartera de Trabajo de la Nación. Las medidas de fuerza continuarán hasta no recibir una respuesta favorable a la problemática desatada por el Gobierno. También solicitan que la Ministra de Desarrollo Social interceda para encontrar una solución.

Distintas gerencias de empleo del Ministerio de Trabajo de la nación fueron el lugar elegido para que los beneficiarios del programa social realicen tomas pacíficas o se movilicen hasta sus puertas, en el marco de una jornada nacional de lucha impulsado por el Frente Barrial 19 de diciembre.

El conflicto comenzó hace quince días, cuando el Secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Miguel Ángel Ponte, anunció la baja de 50.000 programas sociales. El argumento esbozado por el Secretario del ministerio que dirige Jorge Triaca fue el recorte en el presupuesto y que estos programas pasarían a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social cerrando todo tipo de diálogo.

A través de un comunicado emitido este viernes por el Frente Barrial 19 de Diciembre se exige a “que éste canal de diálogo sea retomado” y responsabilizan al Ministro Triaca y su Secretario porque “tomaron esta decisión de la situación en la que se encuentran nuestros compañeros”.

“Solicitamos a la Ministra Carolina Stanley que interceda en la búsqueda de una solución ya que de no ser así nos veremos obligados a tomar medidas en su Ministerio”, asegura el comunicado.

Para finalizar, la mesa Nacional del Frente Barrial 19 de Diciembre, indica que de no tener solución alguna seguirán “las medidas de fuerza hasta no recibir una respuesta favorable a la problemática desatada por funcionarios de éste Gobierno”.

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Tras la adquisición de un avión presidencial, el mandatario de la Nación comprará una cuarta camioneta, en esta oportunidad es blindada y costará 2 millones de dólares.

La seguridad presidencial de Mauricio Macri, no estima en recursos. Ahora se está por cerrar una operación de 2 millones de dólares para la compra de una camioneta blindada para el traslado del Jefe de Estado, Mauricio Macri.

En la actualidad para movilizarse por tierra el mandatario tiene tres vehículos a su disposición. Una Volkswagen Touareg blindada, una Kia Carnival antivandálica (ambas en comodato) y una Chrysler Town and Country blindada que pertenece al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Macri busca ahora una Van ejecutiva 0 kilómetro a nafta o gasoil, con un tanque de 70 litros, una cilindrada mínima de 1900 centímetros cúbicos, 180 caballos, cuatro cilindros, con caja manual o automática y al menos seis velocidades.

Puede ser de tracción trasera o delantera, pero sí exige Presidencia que tanga al menos seis plazas, que sea de color negro y tenga como mínimo una puerta corrediza. En materia de seguridad, la VAN debe contar con el sistema de freno ABS, airbags para el conductor y el acompañante, cinturones inerciales, kit reglamentario y matafuegos, rueda de auxilio tipo no temporal y control de estabilidad.

La divisa norteamericana sigue subiendo, imparable. Ayer, creció 20 centavos en un día. Hoy, otros 30 más. Los bancos lo están vendiendo a $ 20,50 y nadie sabe dónde puede detenerse. En los últimos dos meses, la devaluación del peso llega al 13%.

De esta manera, el dólar alcanzó otro nuevo récord histórico. Algunas analistas creen que la moneda extranjera podrá llegar a 22 pesos antes de que termine marzo. Hay que ver cómo repercute la devaluación sobre los precios, en alta desde noviembre de 2017.