La mandataria bonaerense se encuentra a la espera que los gobernadores de las otras provincias adhieran al Pacto Fiscal, de lo contrario la demanda en la Corte Suprema seguirá en pie.

La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, retirará la demanda que tramita en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la restitución del Fondo del Conurbano con la condición que el resto de las provincias comuniquen al máximo tribunal si sancionaron las leyes que avalan las respectivas firmas de cada gobernador al pacto fiscal acordado con el Gobierno nacional en noviembre último.

El encargado de realizar el anuncio fue el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, quien en declaraciones formuladas ayer a la prensa, indicó: “Las demás provincias tienen que manifestar si sancionaron las leyes provinciales que autorizan a los gobernadores a firmar el consenso que ya firmaron”, para luego agregar que “una vez que aprueben y las provincias comuniquen que se sancionaron las leyes, la provincia de Buenos Aires estaría en condiciones de desistir del juicio”.

“Cuando ello ocurra, Buenos Aires presentará formalmente el escrito desistiendo del proceso”, afirmó Gómez, sobre la estrategia que coordina Vidal por la Provincia, y que mantiene una sintonía con Rogelio Frigerio y el presidente Mauricio Macri.

El 16 de noviembre del año pasado, el Gobierno celebró un pacto fiscal con los gobernadores, al que no adhirió sólo la provincia de San Luis. Ese convenio definió que la provincia de Buenos Aires recibiera 20 mil millones de pesos el año pasado y que le giren 40 mil millones de pesos este año.

Con esas inyecciones de fondos derivadas del acuerdo fiscal con las restantes provincias, el gobierno bonaerense, comunicó que desistiría de la demanda contra el Estado nacional para recuperar los recursos del Fondo del Conurbano. Pero primero esperará la adhesión del resto de las provincias.

El centro médico universitario y de alta complejidad de Florencio Varela, es víctima más de una política de desfinanciamiento que viene aplicando la administración de Cambiemos en toda la provincia de Buenos Aires.

El Hospital “El Cruce-Néstor Kirchner” y centro médico universitario y de alta complejidad, que es referencia para toda la Provincia y para la región, se verá afectado por la falta de inversión en el área de renovación tecnológica.

La decisión la relató este jueves el sitio Real Politik, quien informó que el director ejecutivo del Hospital El Cruce, Ricardo Campodónico y el presidente del Consejo de Administración, Héctor Sainz, anunciaron ayer, en la reunión de jefes de servicios del hospital, que una partida importante de la institución ya no existe. Se referían a la llamada partida 4, que estaba destinada a la renovación tecnológica pero era utilizada para “tapar” los baches que fue dejando el siempre escaso aporte del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Además en la última reunión de jefes de servicio, donde se anunció la eliminación de la mencionada partida, les “sugirieron” a los jefes de servicios que “ahorren” para no generar gastos adicionales. Lo complejo de la sugerencia, es que este ahorro, si es llevado a cabo por los jefes de servicio, lo que implica que no pueden atender más pacientes que hoy no tienen otra institución sanitaria donde resolver sus dolencias, como transplantes, colocación de prótesis ortopédicas y vasculares de alto costo.

Son muchos los trabajadores del hospital que creen que este podría ser el inicio del fin de una de las mejores instituciones del país; la cual fue inaugurada en octubre de 2007 como respuesta a la necesidad de los habitantes de Florencio Varela, Berazategui, Almirante Brown y Quilmes, y en la actualidad, a pesar de todo,  es uno de los centros de referencia nacional de la Red Federal de Infraestructura y Servicios para la Salud (CiberSalud), destinada a las interconsultas médicas y la capacitación de profesionales, entre otras finalidades.

En 2014, el Hospital “El Cruce-Néstor Kirchner” se ubicó entre los cuatro mejores hospitales públicos de alta complejidad en América Latina, según el ranking elaborado por la revista América Economía.

La movilización está prevista para la semana próxima, cuando cerca de mil obreros azucareros del norte del país marcharán hasta las puertas de la Casa Rosada como parte de un plan de lucha contra los despidos registrados en ese sector.

“Nos movilizamos por los despidos desplegados en los ingenios del país, dando respuesta a los trabajadores, delegados y comisiones directivas de los gremios de bases”, explicó la Federación Azucarera Regional (FAR) en un comunicado.

Ddsde las FAR aseguraron que el plan de lucha continuará con una marcha que tendrá lugar durante la semana en la Ciudad de Buenos Aires y concluirá con un paro nacional de la actividad, cuya fecha aún no fue definida.

Además precisaron que el lunes próximo se presentará en la capital de Salta un proyecto de expropiación del Ingenio San Isidro, fundado en 1760, que cerró este año, dejando a 730 trabajadores en la calle.

En tanto, “desde el 19 al 23 de marzo se realizará la marcha y una estadía pacífica azucarera en la Ciudad de Buenos Aires con el acompañamiento de la CTA Autónoma y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep)”.

El ingenio está ubicado en la localidad salteña de Campo Santo, y sus obreros representan el 10 por ciento de esa población. El cronograma del plan de lucha continuará con manifestaciones de protesta coordinadas en cada ingenio.

“Todas estas acciones configuran la antesala de las luchas planteadas en los ingenios Ledesma, Tabacal, La Esperanza, San Isidro y Río Grande contra las políticas de ajuste, apriete y persecución de la patronal y los gobiernos de Salta y Jujuy”, denunció la FAR en el comunicado

Por último, anticipó que la Federación prepara la realización de un paro nacional azucarero como corolario del plan de lucha, pero cuya fecha “está en análisis” de los organizadores.

Tras quince años de ausencias, la jefe de ese organismo internacional llegará al país . Mantendrá reuniones con el Presidente e importantes ministros y con funcionarios de los países del G20.

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, visitará Argentina la semana que viene. La jefa del organismo internacional estará en el país en el marco de la primera reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G- 20, que se realizará en Buenos Aires desde el 19 al 20 de marzo.

Está previsto que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, tenga una agenda bastante completa que incluirá reuniones con el ministro de Finanzas y presidentes de los Bancos Centrales de los países del G20. Además, disertará con ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne.

Asimismo, se espera que Lagarde sea recibida por el presidente, Mauricio Macri, y sus funcionarios. El lunes y martes participará en la primera reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20 en Buenos Aires, el primer encuentro de alto nivel desde que Argentina asumió el 1 de diciembre la presidencia del Grupo.

Cabe señalar que el último jefe del FMI que visitó la Argentina fue el alemán Horst Köhler en 2003. Luego, en medio de un clima de tensión, el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007) decidió saldar de una vez toda la deuda con el organismo multilateral, de casi unos 10.000 millones de dólares, y cortó relaciones para evitar la influencia del Fondo en su política económica. También se suspendieron las revisiones de acuerdo al artículo IV del FMI, que sólo se reanudaron en 2016, tras comenzar la era Cambiemos.

En el marco de una reunión en la Cámara de Diputados bonaerense, organizaciones del colectivo Trans y Travesti reclamaron la plena implementación de la ley 14.783 que establece para la provincia de Buenos Aires la obligatoriedad de ocupar, en una proporción no inferior al 1% de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero.

Durante el encuentro, organizado por la presidenta del bloque de Unidad Ciudadana Florencia Saintout, se trazó un diagnóstico de la difícil situación que atraviesa el colectivo Trans ante la “ausencia de políticas públicas que permitan la inclusión del sector”. Además, las organizaciones presentes denunciaron el incremento de casos de transvecidios y transfemicidios, como así también el recrudecimiento de la violencia institucional por medio de la persecución de las fuerzas públicas.

“Esta ley que se logró con la militancia y lucha de todas ustedes no se aplica por la falta de voluntad política de la gobernadora” afirmó Saintout, y agregó que “es importante que nos juntemos para plantear una estrategia hacia adelante que nos permita torcer esa falta de voluntad política”.

En su alocución, la diputada también recordó que el bloque que preside presentó en enero de este año una solicitud de informes para que el Ejecutivo dé cuenta del estado de la implementación de la ley aprobada el 17 de septiembre de 2015 y que lleva el nombre de la militante por los derechos del colectivo trans e impulsora del proyecto: “Diana Sacayán”. Un mes después de la aprobación de la iniciativa, Diana fue brutalmente asesinada.

Por su parte, la presidenta de la organización Otrans, Claudia Vázquez, sostuvo que “desde que asumió este gobierno no solo han aumentado las detenciones arbitrarias de nuestras compañeras sino también vemos cómo afectan sus políticas neoliberales con un sistema que excluye”. Al tiempo que explicó que “la idea de esta ley es que el Estado repare la vulnerabilidad a la que fuimos confinadas y que para muchas compañeras la prostitución ha sido un destino. Por eso peleamos por tener otras oportunidades que nos permita tener un proyecto de vida”.

En tanto, la titular de la ONG “Infancias Libres”, Gabriela Mansilla, planteó la necesidad de una nueva ley de educación sexual integral que tenga en cuenta los derechos y la identidad de los niños y niñas trans. “Hoy hay un sistema que expulsa a nuestros niños y niñas. En la escuela como en otras instituciones públicas y privadas predomina un concepto binario de los cuerpos” relató.

Otra de las propuestas que surgió de la jornada es exigir que los intendentes de todos los partidos políticos implementen en sus municipios el cupo trans laboral para ampliar los ámbitos en los cuales las personas trans puedan acceder a un trabajo formal.

Participaron de la reunión la organización Otrans Argentina; la Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina (CFTTA); la Asociación Civil “Infancias Libres”; la agrupación “La Doctrina de Evita”; “Diversidad Popular” y la agrupación nacional “Putos Peronistas”.