Este lunes, al cierre de un acto en reclamo de la liberación de los presos políticos en la Casa de Jujuy, directivos de la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (FATICA) fueron seguidos e interceptados por cuatro móviles policiales y alrededor de doce efectivos.

El Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina (SOCRA) denunció a través de un comunicado que un grupo de trabajadores “fueron interrogados sobre su presencia en la Casa de Jujuy y demorados por averiguación de antecedentes" por parte de la Polícia de Horacio Rodriguez Larreta". Además, el texto agrega que, "un compañero que quiso fotografiar la situación fue puesto contra la pared con las manos en alto, y revisado por los policías”.

Desde el Sindicato que lidera Walter Correa, aseguraron que según la Policía, “fueron interceptados por estar presentes en la actividad por la liberación de los presos políticos en la Casa de Jujuy, hecho que les resultó sospechoso. Ya en esa instancia, directivos del sindicato habían observado la vigilancia de los efectivos sobre la actividad”. En consecuencia, denunciaron el hecho “como parte de la persecución policial, judicial y política instrumentada por el gobierno nacional en contra de las organizaciones que representan los intereses populares”.

Antes de finalizar el comunicado, SOCRA señala que el gobierno nacional bajo una “fachada” de supuesto "diálogo y consenso": “Avanza duramente contra todas las voces que se oponen a sus políticas”, al tiempo que reiteran el reclamo, “por la liberación de los presos políticos en Jujuy y todo el país, y el cese de la persecución a los dirigentes que se manifiestan contra las políticas del gobierno nacional”.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolas Maduro, contestó las críticas de los presidentes de Argentina, Brasil y Colombia. Mira el video. 

Luego de que los presidentes de Argentina, de Brasil y Colombia criticaran duramente durante la Cumbre de las Americas al Gobierno de Nicolas Maduro, el sucesor de Hugo Chavez Frías respondió a los ataques. “¿La comunidad internacional quién es? ¿Macri?¿ Santos? ¿Temer? Tres de los más desprestigiados e impopulares presidentes de America del Sur”, preguntó en tono irónico Maduro ante las consultas de la prensa que catalogaban de “comunidad internacional” a los presidentes Mauricio Macri, Michel Temer y Juan Manuel Santos. “La comunidad internacional son los pueblos. La inmensa mayoría de los gobiernos del mundo tienen excelente relaciones de respeto con Venezuela”, respondió Nicolas Maduro.

Días atrás,  el presidente Mauricio Macri durante su discurso en la Cumbre de las Américas critico las elecciones del próximo 20 de mayo en Venezuela: “No podemos mirar hacia otro lado cuando se atropella el derecho de los venezolanos a elegir en libertad, con presos políticos y sin garantías mínimas de transparencia”, pronunció. “La argentina va a desconocer cualquier elección que surja de un proceso de este tipo” aseguró Macri en contra del Gobierno de Nicolas Maduro.

Mira el video: 

El Juez Roberto Ponce fue retenido por la policía de Tigre cuando manejaba con tres gramos de alcohol en sangre. “¿Sabés cuánta gente proceso yo?”, preguntó desafiante. Mirá el video.

Según InfoVirales, luego de chocar con su camioneta en una rotonda de General Pacheco, partido de Tigre, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17 Roberto Ponce, fue retenido por la policía. A plena luz del día y en un estado de alcoholemia evidente, Ponce intentó imponerse sobre los oficiales con frases amenazantes. “¿Vos sabés cuánta gente proceso yo por día?”, dijo el Juez que intervino de manera interina en el caso del policía Luis Chocobar.

“La ley es pareja para todos”, respondió el policía durante el diálogo que mantuvieron al lado de la camioneta que conducía Ponce. El juez atinó a mover la cabeza y decirle: “No querido”. Mira el video.

La policía impidió el ingreso normal de los trabajadores. El delegado de ATE Pensiones, Walter Pignataro denunció el despido de más de 60 empleados. Mira el video.

Nuevas denuncias de trabajadores estatales develan que la ola de despidos que desató Cambiemos en 2016 sigue vaciando al Estado. Desde la mañana de hoy, el Gobierno nacional ejecutó nuevos despidos en la administración pública y más de 60 personas que cumplían diferentes tareas en el Servicio Nacional de Pensiones “se quedaron en la calle”.

En diálogo con AM750, Leonardo, trabajador despedido, aseguró al programa de Víctor Hugo Morales que “la Policía bloqueó el acceso en la sede de Hipólito Irigoyen 1447 y les negó el ingreso a los empleados y las empleadas que figuraban en la lista. En ese listado figuran 61 personas y dicen que van a ser más”. Además, agregó: “Jamás viene la policía y hoy los tenemos en la puerta. Los compañeros están muy mal porque el panorama no es nada bueno”.

Por su parte, el delegado de ATE Pensiones, Walter Pignataro, publicó un comunicado en el que denunció: “Durante la mañana, nos encontramos con un panorama triste y doloroso. Al llegar a nuestro lugar de trabajo, un enorme operativo policial, sin precedentes, y un listado, impedía el acceso de muchxs compañerxs”, al tiempo que asegura que la ex CNPA, “viene padeciendo el recorte de las políticas públicas desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, momento a partir del cual empezó el desguace y el deterioro del sistema no contributivo”.

EL COMUNICADO DE PRENSA COMPLETO

Lxs trabajadorxs de la ex Comisión Nacional de Pensiones denunciamos el despido injustificado de alrededor de 60 trabajadorxs de nuestro organismo.

Durante la mañana, nos encontramos con un panorama triste y doloroso. Al llegar a nuestro lugar de trabajo, un enorme operativo policial, sin precedentes, y un listado, impedía el acceso de muchxs compañerxs.

El ajuste nuevamente muestra su peor cara. Como ya venimos denunciando, nuestro organismo viene padeciendo el recorte de las políticas públicas desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, momento a partir del cual empezó el desguace y el deterioro del sistema no contributivo.

Desde la *Junta Interna de ATE Pensiones* acompañamos a todxs los compañerxs con la convicción de que el camino continúa siendo la "DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO y de TODXS LXS TRABAJADORES"

Denunciamos:

• La eliminación de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (creada año 1996) por DNU.

• Que las pensiones por vejez (Ley 13478) y madre de siete hijos (Ley 23746) fueron derivadas a la ANSES.

• Que existen un sin número de centros de atención con alquileres impagos

• Que han cerrado las oficinas de atención de Tigre, Lomas de Zamora, Moreno estratégicas en el Conurbano Bonaerense.

• Que desde la creación de la Agencia han terciarizado la liquidación de haberes de los trabajadores y abonaron cifras de hasta 5.000 pesos menos a los trabajadores.

• El aumento de personal con contratos nuevos, cuyos montos de los salarios superan ampliamente el haber de un trabajador del Convenio SINEP, dado que se asignan el cobro de horas extras que superan las 24 hs. del día y cobro de unidades retributivas(UR) que traducen en abultados sueldos.

• Que hasta Diciembre de 2015 se otorgaban 12000 beneficios por mes.

• En los cuatro meses que lleva el año aprobaron 8.869 pensiones de todo el país.

• Se estima un total de 100.000 tramites barados en el área de auditoria médica, esperando su resolución

• Violan el acceso a derecho según lo estable la Ley 18910

• Violan la Convención Internacional de los Derechos de Niños/as y Adolescentes al demorar y no aprobar trámites de pensiones.

• Violan la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, al no ser atendidas sus demandas y derechos.

• Violan los principios de la Seguridad Social,

Lo expuesto, es parte de la realidad que día a día padecen los trabajadores y las personas con discapacidad y/o sus familias, a las que las someten al cercenamiento de sus derechos y a la invisibilizacion de la problemática y la demanda.

*Apuestan al desgaste, al fin de las políticas públicas y al despido de TRABAJADORXS*

RESISTIR ES VENCER.

Walter Pignataro, Delegado General ATE PENSIONES.

Una diputada provincial de Unidad Ciudadana, presentó un proyecto para que el Ejecutivo Nacional “tome acciones judiciales con el fin de decomisar en favor del Estado el edificio destinado a un Centro de Transferencias de Pasajeros y usos afines, ubicado en el kilómetro 46 de la Panamericana Ramal Pilar y vías del Ferrocarril General Belgrano, de supuesto dominio de la sociedad Pilar Bicentenario S.A., cuya compra y demás negocios vinculados están sujetos a una investigación llevada adelante por la Procuración de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por presunto lavado de activos”.

Se trata de la diputada provincial Lucía Portos que propone, en el proyecto de declaración, que “Por la gravedad de los hechos, es importante que no se continúe promocionando ventas ni generar contratos comerciales con posibles interesados en el inmueble afectado”.

La edificación, que avanzó rápidamente, pero quedó paralizada luego que, en septiembre de 2017, el empresario Mateo Corvo Dolcet fuera detenido por sus supuestos nexos con cárteles del narcotráfico colombiano y para los cuales “lavaba” dinero.

En 2012 se realizó un convenio para desarrollar un Centro de Transferencia de Pasajeros, con un “tren VIP” y usos afines: Residencial comercial, hotelero, educativo, administrativo y recreativo. Este fue suscripto por el Ministerio de Interior y Transporte de la Nación, el municipio de Pilar, el Directorio de Ferrovías SAC y el presidente de la empresa Pilar Bicentenario S.A.

El desarrollo del proyecto quedó suspendido y, años después, en septiembre de 2017 el empresario fue detenido por presunto lavado de activos vinculado al narcotráfico en un operativo conjunto entre Argentina, Colombia y Estados Unidos. Actualmente la causa está siendo investigada por la Procuración de Narcocriminalidad (PROCUNAR) con la intervención de la UIF y la AFI.

En el expediente también figura la medida del Honorable Concejo Deliberante de Pilar de suspender la ordenanza que autorizaba la localización del proyecto comercial hasta que el Juzgado Federal de Morón resuelva su situación.

“A partir de la investigación de la causa se podrá determinar si el bien inmueble mencionado se utilizó como instrumento, producto, provecho o efectos vinculados con los ilícitos”, dice la diputada.

Además, cree que “Resultaría prudente y necesario que el Estado Nacional se presente como parte querellante en el caso e inicie acciones judiciales para la solicitar el decomiso del inmueble”.

El Código Penal argentino prevé en el artículo 305 especialmente el decomiso de los bienes vinculados al lavado de activos sin necesidad de condena penal, siempre y cuando se configuren ciertos recaudos mencionados en el artículo. En caso de no contar con medios probatorios para cumplir con los requisitos del artículo 305, puede recurrirse al decomiso a través del artículo 23 del Código Penal.

“Nos parece importante que se tomen estas medidas accesorias a la eventual condena, en caso de comprobarse los hechos delictivos, ya que el decomiso tiene como función principal neutralizar el incentivo de ánimo de lucro para cometer este tipo de delitos, por ello se busca recuperar el producto de los delitos o sus ganancias”, finalizó Portos.

Mientras que el gobierno de María Eugenia Vidal mantiene una fuerte disputa con los gremios bonaerenses y docentes por el techo del 15 por ciento en la discusión paritaria, un mandatario del oficialismo cerró un 9% de aumento para los trabajadores municipales.

Se trata del Jefe Comunal de Campana, Sebastián Abella, quien acordó un aumento del 9 por ciento en tres tramos: cuatro en marzo, tres en junio y dos en agosto. Es decir, 6 puntos por debajo del techo promovido por la gobernadora bonaerense.

El “aumento” acordado se cierra cuando se conocieron los datos de inflación del Indec del mes de marzo, que registró un incremento del 2,3 por ciento y acumula un 7 por ciento en los primeros tres meses del año.

Con la proyección inflacionaria para el resto del año, los trabajadores municipales de Campana perderán de manera notable en su poder adquisitivo.

Sigue el escándalo en torno a la empresa Farmacity, que está vinculada con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Primero, la firma recibió el visto bueno del gobierno de María Eugenia Vidal para que pueda operar en provincia de Buenos Aires, a pesar de la resistencia de los farmacéuticos. Ahora, procesaron a un ex funcionario macrista por proteger a la sociedad.

Así lo dispuso el juez federal Sebastián Ramos, quien procesó a Raúl Alejandro Ramos, ex secretario de Políticas, Regulación e Institutos del ministerio de Salud. Se lo acusa por una supuesta protección a Farmacity, al demorar y luego negarse a sancionar a la cadena.

"Se tiene por acreditado que en al menos tres expedientes Ramos resolvió tardíamente las sanciones que en cada caso correspondían, siendo la emisión del acto administrativo (resolución) su deber, en tanto cumplía funciones como autoridad de la Secretaría de Políticas Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación", sostuvo el juez en la resolución. El procesamiento es sin prisión preventiva, tras el requerimiento de la fiscal Paloma Ochoa.

No es el primer escándalo que rodea a Farmacity, que empieza a hacerse sentir al interior de la coalición Cambiemos, cada vez más complicada por casos de corrupción. La semana pasada, la Procuración General de la Nación, a cargo interinamente de Eduardo Casal, avaló el desembarco de Farmacity en la provincia de Buenos Aires, dos días después de que Quintana anunciara en una entrevista que venderá las acciones que le quedan en la compañía. Después del anuncio de Casal, las acciones de Quintana aumentaron su valor. Total normalidad.

Un rato después, los concejales radicales de Zárate, que responden al vicegobernador Daniel Salvador, salieron en defensa de las farmacias locales y chocaron con los concejales del PRO. Ocurre que en la provincia de Buenos Aires hay una verdadera rebelión de los farmacéuticos que se sienten perjudicados con la llegada de la cadena.

La Justicia investigará si una de las hermanas del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se vio favorecida por contratos públicos del Gobierno de la Ciudad. Lorena Triaca fue una de las familiares del ministro que terminaron trabajando en el gabinete nacional.

Por el momento, el fiscal Jorge Di Lello pidió documentación por dos contrato por casi 1 millón de pesos entre Unify Communications y el Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, esa empresa, de la que fue empleada jerárquica Lorena Triaca, obtuvo contratos estatales por 60 millones de pesos.

El insólito argumento de la defensa fue que Triaca no fue empleada pública cuando se firmaron los contratos, ya que fue directora de la Agencia de Inversiones. Para los abogados de Triaca, esa oficina "no dependía del Estado, sino que era autónoma". El propio presidente Mauricio Macri desmintió a los abogados, ya que Lorena fue alcanzada por el decreto que prohibió a los ministros tener parientes cercanos en el Estado. Lorena debió renunciar.

Por último, vale recordar que los negocios entre Unify y el Gobierno porteño comenzaron con Macri como intendente. La modalidad siguió con Horacio Rodríguez Larreta. En su mayoría, se trata de contratos millonarios realizados bajo la modalidad de contratación directa.

La jornada contra las políticas neoliberales del gobierno que afectan a la clase trabajadora será el próximo viernes 20 de abril en Florencio Varela.

Organizaciones sindicales, políticas y sociales llevarán a cabo este viernes 20 de abril, a las 18 horas, un encuentro de trabajadores en el distrito bonaerense de Florencio Varela para expresarse en contra de la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional, los despidos en las distintas ramas de la actividad económica y los tarifazos en los servicios que afectan al conjunto de la población.

La jornada se realizará en la Sociedad de Fomento Gob. Monteverde, ubicada en la intersección de la Avenida Senzabello y Famatina. Previamente, a las 17 horas, partirá una marcha desde diagonal Güemes hasta el lugar.

Participarán del encuentro el Secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano; Héctor Amichetti, de la Federación Gráfica Bonaerense; Vanesa Siley, diputada nacional de Unidad Ciudadana y secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) de CABA; Walter Correa, del Sindicato de Obreros Curtidores y diputado nacional; Coco Garfagnini de la organización Tupac Amaru, Cristian Miño de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT); Adrián Pérez de la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Quilmes y Hernán Escudero del gremio de docentes privados (SADOP).

El dirigente del Frente Renovador llevaba unas semanas en silencio, mientras su espacio se divide entre quienes pretenden acercarse al peronismo kirchnerista y aquellos que hablan "de límite" y apuestan a cortarse solos. Ahora, Sergio Massa aprovechó su participación en una conferencia en la Universidad de Chicago para hacer trascender sus opiniones sobre política nacional. Además, sorprendió con un elogio a Lula Da Silva.

“Cuando se salió del cepo, se generó un pico inflacionario por la devaluación, después vino el pico inflacionario por el aumento de tarifas, y así no hay bolsillo que aguante. El Gobierno no se da cuenta de que en el medio de los aumentos hay gente y que a esa gente la plata no le alcanza. No hay que ser economista, es un tema de sentido común”, aseguró el ex diputado nacional, que volvió a diferenciarse de la Casa Rosada.

En ese sentido, agregó: “es necesario reorientar el esquema de políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras, los jubilados y los desempleados. La inflación es sufrimiento, genera pobreza y desincentiva la inversión. Una de las principales medidas para mejorar la calidad de vida es bajar la inflación. Argentina debería tener una inflación baja”, indicó.

Además, Massa coincidió con otros sectores del peronismo que son muy críticos con el tarifazo: "Otro gran error del gobierno que también afecta la inflación son los aumentos de tarifas. Es cierto que había que hacer algo con los subsidios, pero podía hacerse de una forma gradual. Se le sacó el subsidio a 10 millones de personas, para darle esa plata a los 200 mil que tienen bonos y títulos”. “Le aumentaron las tarifas a 14 millones de personas sacándole del bolsillo a las familias argentinas y poniéndola en 10 familias dueñas de las empresas de luz y de gas”, agregó.

Por último, sorprendió con un elogio al expresidente Brasil, Lula da Silva, que se encuentra detenido de modo irregular en el país vecino. “Me parece que Lula es uno de los grandes símbolos del ascenso social en América Latina, tanto por su trayectoria personal como por lo que hizo por Brasil y su clase media. Mejoró la calidad de vida de millones de personas pobres y generó oportunidades de progreso para su pueblo. A mí Lula me emociona mucho. Respecto a la causa en su contra, no la conozco en detalle y desde luego es un tema para que resuelva la Justicia en Brasil”, aclaró.