Proponen decomisar el “Elefante Narco” de Pilar
Una diputada provincial de Unidad Ciudadana, presentó un proyecto para que el Ejecutivo Nacional “tome acciones judiciales con el fin de decomisar en favor del Estado el edificio destinado a un Centro de Transferencias de Pasajeros y usos afines, ubicado en el kilómetro 46 de la Panamericana Ramal Pilar y vías del Ferrocarril General Belgrano, de supuesto dominio de la sociedad Pilar Bicentenario S.A., cuya compra y demás negocios vinculados están sujetos a una investigación llevada adelante por la Procuración de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por presunto lavado de activos”.
Se trata de la diputada provincial Lucía Portos que propone, en el proyecto de declaración, que “Por la gravedad de los hechos, es importante que no se continúe promocionando ventas ni generar contratos comerciales con posibles interesados en el inmueble afectado”.
La edificación, que avanzó rápidamente, pero quedó paralizada luego que, en septiembre de 2017, el empresario Mateo Corvo Dolcet fuera detenido por sus supuestos nexos con cárteles del narcotráfico colombiano y para los cuales “lavaba” dinero.
En 2012 se realizó un convenio para desarrollar un Centro de Transferencia de Pasajeros, con un “tren VIP” y usos afines: Residencial comercial, hotelero, educativo, administrativo y recreativo. Este fue suscripto por el Ministerio de Interior y Transporte de la Nación, el municipio de Pilar, el Directorio de Ferrovías SAC y el presidente de la empresa Pilar Bicentenario S.A.
El desarrollo del proyecto quedó suspendido y, años después, en septiembre de 2017 el empresario fue detenido por presunto lavado de activos vinculado al narcotráfico en un operativo conjunto entre Argentina, Colombia y Estados Unidos. Actualmente la causa está siendo investigada por la Procuración de Narcocriminalidad (PROCUNAR) con la intervención de la UIF y la AFI.
En el expediente también figura la medida del Honorable Concejo Deliberante de Pilar de suspender la ordenanza que autorizaba la localización del proyecto comercial hasta que el Juzgado Federal de Morón resuelva su situación.
“A partir de la investigación de la causa se podrá determinar si el bien inmueble mencionado se utilizó como instrumento, producto, provecho o efectos vinculados con los ilícitos”, dice la diputada.
Además, cree que “Resultaría prudente y necesario que el Estado Nacional se presente como parte querellante en el caso e inicie acciones judiciales para la solicitar el decomiso del inmueble”.
El Código Penal argentino prevé en el artículo 305 especialmente el decomiso de los bienes vinculados al lavado de activos sin necesidad de condena penal, siempre y cuando se configuren ciertos recaudos mencionados en el artículo. En caso de no contar con medios probatorios para cumplir con los requisitos del artículo 305, puede recurrirse al decomiso a través del artículo 23 del Código Penal.
“Nos parece importante que se tomen estas medidas accesorias a la eventual condena, en caso de comprobarse los hechos delictivos, ya que el decomiso tiene como función principal neutralizar el incentivo de ánimo de lucro para cometer este tipo de delitos, por ello se busca recuperar el producto de los delitos o sus ganancias”, finalizó Portos.