El cerebro detrás de la mano dura de Bullrich
Soto es el autor intelectual del reglamento sobre el uso de armas de fuego. Es el director de Ordenamiento y Adecuación Normativa de las Fuerzas Policiales y de Seguridad. Como abogado penalista, según reveló Perfil, representó a Norberto Oyarbide, a María Kodama y a las víctimas de Cromañón, hasta que lo convocó su jefa actual: la ministra Patricia Bullrich.
“Los chorros no tienen que cumplir con ninguna norma de la ONU ni con ningún tratado de Derechos Humanos. Pero, para algunos, esos Derechos son solamente para ellos, y no para las víctimas”, se quejó días atrás en twitter.
En las redes sociales, Soto defiende la gestión de Bullrich y a las fuerzas de seguridad; nuestra admiración por el FBI y simpatía por la masonería.
“Esta es la bala abollada y con incrustaciones de sílice que Chocobar disparó contra el piso y rebotó matando al ladrón que casi mata al turista americano. No hay dolo de homicidio, sino cumplimiento del Deber”, escribió en noviembre. Se refería al policía Luis Chocobar, procesado por aquella actuación en La Boca.
Si bien Bullrich y Soto ya tenían la redacción del protocolo en agenda, el caso Chocobar la aceleró. Una frase del artículo 5 parece escrita a medida: justifica el uso de armas “cuando (el delincuente) se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves”.
Como penalista, tuvo relación con dos casos que marcaron a fuego la gestión de Bullrich. El de Santiago Maldonado y el de Rafael Nahuel. El ministerio lo designó querellante frente a “falsas acusaciones contra esta cartera”. Tras la confirmación de que Maldonado se había ahogado en el río Chubut, Soto acusó por falso testimonio a militantes de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) y a los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Durante la primera etapa de la investigación por el asesinato de Nahuel, en una comunidad mapuche cercana a Bariloche, defendió a un ex funcionario de Bullrich: el ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales Gonzalo Cané. También fue abogado del prefecto Javier Pintos, quien fue procesado por el “homicidio agravado” de Nahuel, “con exceso en la legítima defensa”.
Soto cumple otra función en paralelo, según publicó el diario Perfil: la aplicación del Codis Software, un sistema creado por el FBI para sistematizar y comparar el ADN de imputados y condenados por delitos sexuales. Con apoyo de Bullrich, Soto va por más: pretende ampliar el registro genético a todo tipo de delitos.