Ante la presencia de familiares de las víctimas de las masacres ocurridas en las comisarías de Pergamino y Esteban Echeverría, integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria presentaron el informe anual titulado “El sistema de la crueldad XIII” sobre las políticas carcelarias y de encierro implementadas por el gobierno de María Eugenia Vidal.
Acorde a los datos presentados, la situación de las cárceles bonaerenses no da para más. Debido a las políticas en materia de seguridad, que puso tras las rejas a 12 mil personas en tres años, el hacinamiento en el sistema penitenciario llegó a niveles máximos: en 2018, hubo 20 mil plazas disponibles que alojaron a 42 mil internos.
En número porcentuales, los nuevos datos difundidos hablan de un índice de superpoblación de 133 por ciento, que significa un 22 por ciento más que en 2017.
La grave situación también se vive en las comisarías bonaerenses. En el último año, el índice de las personas allí detenidas creció un 33 por ciento. Además, más de la mitad de las 483 comisarías de la provincia de Buenos Aires están inhabilitadas para alojar presos. Sin embargo, 113 de las dependencias lo hicieron de todas formas.
Esta situación se puso de manifiesto en las masacres de las Comisarías de Pergamino, donde fallecieron 7 jóvenes, y de Esteban Echeverría, donde murieron 10 personas en una dependencia que había sido clausurada por la Justicia, pero que siguió funcionando por orden del Ministerio de Seguridad, a cargo de Cristian Ritondo.
“La justicia y el esclarecimiento de las masacres de Pergamino y de Esteban Echeverría son una deuda pendiente con nuestro pueblo. No vamos a recuperar la vida de nuestras víctimas, pero vamos a seguir reclamando para que no vuelvan a suceder Nunca Más” sostuvo el presidente de la CMP, Adolfo Pérez Esquivel, ante un auditorio lleno en el Senado bonaerense. Y completó: “Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan. Los Derechos Humanos no son un curro, son derechos que tenemos que defender”.
Además del hacinamiento en los espacios de encierro, el informe anual de la CPM da cuenta de los casos de torturas y vejaciones que suceden intramuros. En el último año, los hechos violentos (que engloba represión penitenciaria, agresión entre personas detenidas y autolesiones) informados “oficialmente” por el SPB ascendieron a 5.563 ocurridos en 61 centro de detención.
El riguroso estudio de la CPM tiene un apartado especial a la población femenina, que habla de un crecimiento de las mujeres alojadas en lugares de encierro. La cantidad de mujeres detenidas subió un 18% en 2018, mientras que la de varones un 11%. El correlato de esta situación es la superpoblación en las cárceles y dependencias destinadas a mujeres: pasó de 24 por ciento en 2017 a 51 por ciento en 2018.
El aumento de la detención de mujeres va de la mano de la prisión preventiva. En 2018 el 60% de las mujeres estaban detenidas en calidad de procesadas, mientras que el 49% de los varones estaban procesados.
En 2018 la CPM realizó 9 inspecciones a lugares de detención de mujeres, programadas en el marco del monitoreo de las condiciones de detención o como respuesta a situaciones de emergencia. A partir de eso, se hicieron 7 presentaciones judiciales colectivas (habeas corpus, informes y denuncias penales) por hechos de violencia, condiciones inhumanas de detención y los regímenes de vida gravosos que padecen. Por ello, la CPM denunció la ausencia de una perspectiva de género en las políticas penitenciarias.