El Gobierno de Javier Milei presentó sus proyecciones para el dólar, la inflación y la actividad económica en el Presupuesto 2027. Sin embargo, en el mismo proyecto incluyó recortes drásticos en las áreas de Discapacidad y Educación que afectarían, principalmente, a las personas que reciben pensiones no contributivas por discapacidad y a las universidades nacionales, que quedarían con una partida inferior a la que solicitaron para el próximo año. El ajuste es imparable.
En materia de discapacidad, el proyecto modifica la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793 y establece que la pensión no contributiva por discapacidad laboral equivaldrá al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, plantea que el beneficio sea incompatible con un empleo formal o con la inscripción en el régimen general o simplificado.
El Presupuesto también propone modificar el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. El nomenclador dejaría de establecer valores universales y cada entidad obligada determinaría sus propios montos, mientras que la Nación debería actualizarlos trimestralmente; si no lo hiciera, se aplicaría el índice de inflación del INDEC.
Por último en este sentido, deroga varios artículos de la Ley 27.793. Entre ellos se encuentran disposiciones vinculadas con la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, la cobertura de salud, la conversión de oficio de pensiones y la actualización de los aranceles de las prestaciones.
En Educación es todavía más grande y se calcula en el 20% (que se suma al ajuste más grande desde 1983 en educación y ciencia). En el caso de la universidad, el gobierno mileista decidió no cumplir la ley de financiamiento universitario y fue por más: siguió con el recorte de partidas. Un dato brutal: desde que gobierna Milei más de 400 docentes universitarios renunciaron a sus cargos.