Los gremios de la administración pública bonaerense convocaron a una asamblea general en la puerta de la obra social IOMA para este miércoles por la mañana en la ciudad de La Plata. Lo hacen al advertir que “la falta de liquidez de la Provincia que fue vaciada por el gobierno alcanza a organismos autárquicos como IOMA”, una obra social que cuenta con fondos propios.
“La gobernadora María Eugenia Vidal viene intentando avanzar sobre los fondos de nuestra obra social, que es financiada por los trabajadores del Estado sin que tengamos capacidad de decisión” sostuvo al respecto el secretario general de ATE, Oscar de Isasi.
Como antecedente, los gremios advirtieron que en los últimos presupuestos de IOMA se observó una importante subejecución de recursos, especialmente en los años 2016 y 2017, de más de 1.900 millones y 1.147 millones respectivamente. Tal como sostienen, la suma asciende a los 3 mil millones de pesos.
“Este excedente financiero no tiene explicación alguna en una institución con más de 2 millones de aliados donde se multiplican las denuncias por falta de cobertura en servicios y pago a prestadores. Han transformado nuestros aportes, que son destinados a un fondo común con el objeto de ayudarnos solidariamente a solventar gastos producidos por nuestras enfermedades, en meros impuestos como los que van a rentas generales” denunciaron en un comunicado las organizaciones.
Por otro lado, el Frente Gremial rechazó el “negociado del gobierno provincial” mediante el convenio que firmó el directorio del IOMA con Provincia NET, el holding que depende del Banco Provincia, cuyo presidente es Jorge Macri.
“Por medio de ese convenio se pretende gerenciar la obra social y avanzar sobre la información de 2 millones de afiliados, intervenir en la autorización de afiliaciones, entre otras reformas que afectan a los afiliados”, detalló.
De Isasi consideró que “este gerenciamiento lo hacen antes de apagar la luz, porque aceleraron medidas tras los resultados de las PASO cuando los bonaerenses rechazamos las políticas de ajuste y de vaciamiento del Estado”.
Un antecedente de este tipo de convenio lo utilizó el gobierno de María Eugenia Vidal con la Línea 144 de “atención a víctimas de violencia de género”. El modus operandis fue perverso. Luego de despedir a trabajadoras que se habían capacitado para recibir los llamados y abordar los distintos casos de problemáticas, se avanzó en una contratación tercerizada con empleadas de Call Center (sin ningún tipo de perspectiva de género) que se desempeñaban en Provincia Bapro, una de las áreas comerciales del holding.
