El gobernador de Mendoza, el radical Rodolfo Suárez, tuvo que ceder ante una verdadera pueblada que le exigió la suspensión de la reglamentación de la ley que habilitaba la minería con sustancias contaminantes en esa provincia. Hoy, Suárez aceptó el pedido de la sociedad.
A pesar de que en las últimas horas los funcionarios de Suárez habían asegurado que continuarían con el plan para el desarrollo de la minería, el rechazo social (empujado por agrupaciones ambientalistas y la Iglesia) le torció el brazo al mandatario radical.
"Voy a suspender la reglamentación de la ley", anunció el recientemente electo gobernador en una sorpresiva conferencia de prensa. "No se va a aplicar hasta finalizar la ronda de diálogo", agregó. A ese diálogo, sobre el que no dio mayores precisiones, dijo que convocará a todos los sectores que rechazaron la modificación de la ley.
Entre esos mencionó a grupos ambientalistas, universidades y también a la Iglesia local, que adoptó una postura muy dura y tuvo un apoyo importante de la Conferencia Episcopal Argentina que difundió varios comunicados contra la ley minera. "El arzobispado esta haciendo una defensa del agua sin ningún fundamento", había ironizado Suárez hace unas semanas. Ahora dio marcha atrás, tras detectar que las movilizaciones sociales sumaban a cada vez más personas.
