Alberto Fernández derogó el decreto promulgado por Macri para crear la Agencia Nacional de Testigos Protegidos días antes del 10 de diciembre. Esta normativa fue muy usada en causas contra opositores kirchneristas investigados por corrupción política o narcotráfico como el caso del chofer Centeno o Leonardo Fariña.
El decreto 795/2019, publicado a fines del mes de noviembre en el Boletín Oficial, impulsó modificaciones a la Ley n° 25.764, sancionada en 2003, que le otorgan una mayor autonomía, además de crear un Consejo Consultivo presidido por la Cámara Federal de Casación Penal.
La medida creaba la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados como un ente autárquico dotado de autonomía funcional, aunque iba a actuar en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además, la Cámara Federal de Casación Penal iba a proponer un nombre para el cargo de Director Nacional de la agencia, el cual luego pasaría al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para, finalmente, ser aprobado por el Poder Ejecutivo.
Este jueves, el Gobierno derogó ese decreto, con uno nuevo (168/2020), ya que "que no se observan elementos objetivos que fundamenten las razones de necesidad y urgencia que conllevan el dictado de dicha herramienta constitucional, máxime cuando el funcionamiento del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados se mantuvo sin variación durante más de 16 años, hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior".
"Que ante tales circunstancias, corresponde derogar el Decreto N° 795/19 y restablecer el diseño institucional del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados", detalla la nueva medida.
Fuente: Política Argentina