Tras los polémicos dichos de Bussi, la Ley Micaela rige en Tucumán y en todas las provincias
Con 39 votos a favor y 8 en contra, la legislatura tucumana aprobó la adhesión a la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y sensibilización ante lo que implican las violencias machistas para quienes desempeñan una función pública en cualquiera de los tres poderes del Estado.
Se trata de la última provincia en adherir a la norma, sancionada por el Congreso nacional en 2018 , que lleva el nombre de Micaela García, la joven que en 2016 fue violada y asesinada en Gualeguay, provincia de Entre Ríos.
El dictamen, que ya contaba con mayoría dentro del bloque oficialista que es mayoritario en Tucumán, presenta una modificación respecto a la Ley original: los encargados de la aplicación y control de la ley serán los titulares de cada poder del Estado y no el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
Días atrás, en declaraciones a Futuröck FM, el legislador Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Domingo Bussi, consultado sobre su postura sobre la Ley Micaela, había señalado que no conoce casos de "mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres".
"Queremos combatir la violencia contra la mujer, la familia y los niños, pero con una norma que no tenga tinte ideológico como la Ley Micaela, que está abordada desde un punto de vista feminista. Nosotros queremos que sea una ley séptica, que se trate la violencia sin ninguna ideología por detrás", lanzó Bussi.
En ese sentido, agregó: "No conozco casos de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer", al tiempo que afirmó que "el hombre y la mujer no son iguales", lo que le valió una denuncia del INADI, que conduce Victoria Donda.
"Los femicidios son las formas de violencia más extremas hacia las mujeres anclados en patrones culturales patriarcales y en una sociedad con desigualdades e inequidades de género que posibilitan la vulnerabilidad de las mujeres", sentenció Donda al respecto.