Con críticas al juez Fabián Silvano Lorenzini, interviniente en el concurso de acreedores de Vicentin, el presidente Alberto Fernández anunció en twitter que anuló el DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días.
"El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía", detalló el mandatario en un hilo, donde además señala que el juez Lorenzini, "Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019".
En otro twit, el jefe de Estado apuntó contra los directivos de la cerealera, y afirmó que "el Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo".
Con esta decisión, queda sin efecto la "intervención" y a partir de esto será el propio Lorenzini, que dejó en manos de los hermanos Gustavo y Sergio Nardelli y Alberto Padoán la administración de la empresa, quien será el encargado de llevar adelante un proceso que podría derivar en la quiebra de grupo, en la medida que no haya aportes de nuevos capitales ni se llegue a un acuerdo con los acreedores, que reclaman más de 800 millones de dólares, entre ellos el Banco Nación y bancos extranjeros, además de corredores, acopiadores, cooperativas y proveedores.
En este sentido, el jefe de Estado agregó que el Gobierno no está "dispuesto a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores", afirmó.
Por último Alberto Fernández señaló que dio "instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado".