La reforma judicial logró dictamen y se votará la semana que viene
El Frente de Todos le dio dictamen este miércoles en el Senado al proyecto de Reforma Judicial impulsado por el Gobierno, y la semana que viene podría ser aprobado en el recinto, pese a la oposición de Juntos por el Cambio.
La iniciativa fue respaldada por los legisladores del Frente de Todos que integran las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio se opuso, como ya había adelantado.
En el encuentro de ayer el oficialismo aplicó algunos cambios de importancia a la iniciativa del Ejecutivo: por caso, no se unificarán fueros Civil y Comercial y el Contencioso Administrativo, sino que se creará un Tribunal de Resolución de Conflictos de Competencia. Sin embargo, Juntos por el Cambio calificó de “maquillaje” estas modificaciones e insistió en su rechazo.
En cambio, la senadora Anabel Fernández Sagaste indicó que “es una excelente decisión. Fuimos muy receptivos y hubieron varios expositores que cuestionaron ese punto. La sala que se crea para dirimir conflictos es buena para ahorrar gastos de Justicia y tiempos, que es una de las metas que tenemos con este proyecto de ley”.
Sin embargo, la senadora de Juntos por el Cambio Silvia Giacoppoa aseguró que el oficialismo no tiene “voluntad de escuchar”, y calificó de “maquillaje” los cambios. Su par Silvia Elías de Pérez, en tanto, acusó al Gobierno de promover “un proyecto de intervención de la Justicia”.
Con el dictamen firmado, el oficialismo está habilitado para llevarlo al recinto la próxima semana y aprobarlo con mayoría simple, un número que tiene asegurado. En Diputados, sin embargo, el escenario es diferente, y el Frente de Todos necesita una decena de manos para asegurarse el quórum y el tratamiento de la iniciativa.
El rechazo de la reforma judicial fue una de las principales banderas de la marcha del lunes pasado contra el Gobierno, y es lo que más buscó capitalizar Juntos por el Cambio el día después. En caso de aprobarse, al Ejecutivo le espera un seguro frente judicial, con pedidos de inconstitucionalidad que frenarán al menos un tiempo el avance del proyecto.