El gobierno de Italia anunció esta semana que no descarta hacer obligatoria la vacuna contra el coronavirus si "en los próximos meses" la inoculación no alcanza a los dos tercios de población necesarios para pensar en una inmunidad de masas.
España, por su parte, adelantó este lunes que llevará un registro de las personas que rechacen vacunarse, listado que podrá ser compartido con otros países de la Unión Europea.
Los anuncios llegaron un día después del inicio de la vacunación en Europa, donde este 27 de diciembre se comenzó a inmunizar a la población de los distintos países con la vacuna de Pfizer. El continente enfrenta un importante aumento de casos, acompañado por un endurecimiento en las restricciones para controlar la propagación de la nueva variante registrada en Reino Unido.
Según advirtió el viceministro de Salud de Italia, Pierpaolo Sileri, la vacunación "por ahora será voluntaria, pero sin una adhesión masiva a la vacuna, nos veremos obligados a imponerla". "Hay que llegar a dos tercios de los italianos en los próximos meses", sostuvo el funcionario en una entrevista publicada por el diario La Stampa.
La proyección que hizo en las últimas horas el ministro de Salud, Roberto Speranza, es que el país pueda vacunar a 13 millones de personas hacia fines de marzo.
Pero la llegada de la nueva variante del coronavirus podría abrir las puertas a una tercera ola, según temen los expertos, especialmente si no se siguen respetando las medidas de protección como distancias, barbijos y el respeto de las rígidas normas impuestas por el gobierno para la celebraciones de las fiestas de este fin de año.
Por su parte, el ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, informó que el gobierno llevará un registro de las personas que rechacen vacunarse contra el covid-19, que que será compartido con otros países de la Unión Europea.
"Lo que se va a hacer es un registro que, además, se va a compartir con otros socios europeos (…), con aquellas personas que se les ha ofrecido y, simplemente, lo han rechazado (…) por la razón que sea, en un uso de su legítima libertad”, explicó el funcionario en una entrevista televisiva, aunque aclaró que nadie estará obligado a ponerse la vacuna.
"No es un documento para hacer público y se va a hacer con el máximo respeto a la protección de datos, como se hace con otros tratamientos”, aseguró.
