Diputados convirtió en ley la capacitación ambiental obligatoria en la Provincia
En la primera sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley, por unanimidad, la iniciativa que establece una capacitación obligatoria en materia ambientes para funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado.
El proyecto, impulsado por el senador del Frente de Todos Emmanuel González Santalla, y que obtuve media sanción en el Senado en noviembre del año pasado, es similar a la Ley Micaela y busca que quienes desempeñen funcionen en el Estado provincial tengan una perspectiva ambiental en el desarrollo de las políticas públicas.
La autoridad de aplicación será el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y busca generar hábitos que preserven los bienes naturales, la diversidad biológica y el acceso a la información y educación ambiental.
Por su parte, la diputada del Frente de Todos Fernanda Díaz, dijo que “esta pandemia dejó expuesta una crisis ambiental de la que tenemos que hacernos cargo y empezar a visibilizar y en esta nueva normalidad tenemos que salir con una mirada ambiental”.
“Quienes formamos parte de este proyecto popular entendemos la función del Estado para mermar esas desigualdades, por eso somos parte de un Gobierno que se hace cargo y crea políticas públicas para abordar estos temas” resaltó Díaz.
Los contenidos mínimos que la capacitación deberá abordar serán: objetivos de desarrollo sostenible, cambio climático, eficiencia energética, energías renovables, residuos sólidos urbanos, economía circular, problemáticas ambientales urbanas, bioeconomía, normativa ambiental vigente y derecho ambiental.
El año pasado, la iniciativa fue presentada por el bloque del Frente de Todos con el respaldo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. También estuvo la diputada nacional, Daniela Vilar, impulsora en el Congreso Nacional de la ley “Yolanda”, que busca el mismo objetivo a nivel nacional con el compromiso del medio ambiente por parte de funcionarios públicos.
A la espera de la promulgación de la ley por parte del Poder Ejecutivo, los municipios podrán adherir a la norma e implementar formaciones en sus distritos.