La Justicia falló a favor de una mujer que denunció a una estación de servicio por obligarla a trabajar en calzas
La Corte de la provincia de Mendoza ordenó que el dueño de una estación de servicio de Guaymallén, Mendoza, debe indemnizar a una empleada por daño moral y pagar la suma de 150 mil pesos, por obligarla a usar, a modo de uniforme, una calza de un talle menor al suyo.
En su fallo, uno de los tres jueces determinó que la denunciante sufrió un contexto de violencia y discriminación en su trabajo por su condición de mujer, y que al ser obligado a usar calzas se afectó su pudor y dignidad. Además, señalaron que se vulneraron las leyes de protección de la mujer y los tratados internacionales referidos a la violencia de género.
Según la decisión del máximo tribunal, la empresa impuso “un estereotipo patriarcal tendiente a visualizar a la mujer destacando su cuerpo como instrumento”, ya que “la imposición de vestimenta claramente sexista importa una cosificación y degradación del cuerpo”.
"Existió un conflicto entre la actora y su empleadora en torno al uso del uniforme reglamentario de la empresa. El motivo de disputa pasa por el hecho de que a la accionante se la obligaba a usar unas calzas en contra de su sentido del pudor y debe soportar frases inapropiadas de los transeúntes varones ", destacó uno de los jueces.
El conflicto tuvo lugar en 2012 y, casi 9 años después, se llegó a dicha resolución. En aquel entonces, la víctima solicitó en reiteradas oportunidades que la dejaran vestir las prendas sueltas que usaban sus compañeros varones pero no se lo permitían.
En más de una oportunidad, la mujer tomó prestado el pantalón de un compañero para intentar evitar la humillación. La denunciante argumentó que constantemente recibió comentarios sexistas y libidinosos de parte de varones que circulaban por el lugar y que no se sintió cómoda en su lugar de trabajo.
Como reprimenda, sus jefes la sancionaron "por haber sido anunciado en reiteradas oportunidades del uso del uniforme completo obligatorio", situación que se repitió en reiteradas oportunidades. Luego la despidieron por negarse a seguir usando la calza de un talle menor al suyo.
Este último hecho fue el detonante para que la mujer llevara a cabo una denuncia por despido discriminatorio. Su sentencia marcó un antecedente muy importante en temas de aplicación de la ley de protección integral para erradicar la violencia contra las mujeres.