Exigen prisión preventiva para los 3 policías acusados del crimen contra Lucas González
El fiscal a cargo, Leonel Gómez Barbella, y el auxiliar fiscal Lucas Estévez solicitaron el procesamiento con prisión preventiva de un inspector mayor, un oficial mayor y un oficial de la Brigada de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, por el homicidio agravado de Lucas González.
El hecho ocurrido el pasado 17 de noviembre en el barrio porteño de Barracas fue motivo por el que además, pidieron que también se los procese por la tentativa de homicidio agravada y la privación ilegal de la libertad agravada respecto de los tres amigos de la víctima, y por el delito de falsedad ideológica.
En su requerimiento, la fiscalía señaló que “la intervención policial ha estado marcada desde un inicio no sólo por la arbitrariedad sino también por una manifiesta ilegalidad, escogiendo el camino del delito para consumar una detención ilegal, matar a un joven e intentar matar a otros tres con sus armas reglamentarias, privarlos ilegítimamente de su libertad y falsear lo actuado en el hecho”.
A su vez, agregó que, en base a los elementos de prueba existentes hasta ahora -que incluyen testimonios y filmaciones- es posible “afirmar que los imputados interceptaron al vehículo de las víctimas con el rodado marca Nissan Tiida, descendieron armados y, pese a la corta distancia y no habiendo recibido ningún tipo de agresión por parte de las víctimas, efectuaron una cantidad significativa de disparos contra las zonas vitales de éstas”.
Asimismo, sostuvo que los tres policías por los cuales se requiere el procesamiento participaron en las detenciones ilegítimas de los cuatro jóvenes y en las falsedades ideológicas cometidas para plasmar un enfrentamiento que jamás existió, pero con el que se pretendió justificar que “los niños fueron las víctimas de una terrible balacera de los tres imputados”. Concluyó que “sus comportamientos distan diametralmente de aquel que debe primar en un miembro de una fuerza de seguridad, y a más, sus conductas son propias de una patota de civil, bajo el velo de supuestos policías de la Ciudad”.
Por todo ello, los representantes del Ministerio Público Fiscal entendieron que debía procesarse a los tres policías por “los delitos de homicidio cuádruplemente agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial (que tuvo como víctima a Lucas Santiago González) y tres hechos de tentativas de homicidio con idénticos agravantes (cuyos damnificados son J.Z.G., J.S. y N.H.G.), en concurso real entre sí, que a su vez, concurren idealmente con los delitos de falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional, todos ellos en concurso ideal, respecto de los cuales deberán responder en calidad de coautores penalmente responsables”.
Sostuvieron que cada uno de los policías imputados “realizó su aporte efectuando distintos disparos en diversas direcciones contra los aquí damnificados para atentar contra sus vidas, lo que ocurrió efectivamente en el caso de Lucas González. El seguimiento previo desarrollado y el accionar desplegado al bajar del vehículo en el que se transportaban, empuñando todos sus armas reglamentarias, para inmediatamente abrir fuego sobre las víctimas en zonas vitales, es lo que permite concluir que la actuación mancomunada en el hecho ha tenido un objetivo común: atentar contra la vida de las víctimas”.
Gómez Barbella y Estévez también le requirieron al juez que el procesamiento fuese dictado con prisión preventiva, ya que “tratándose de personal policial cuentan con muchos elementos a sus alcances para fugarse y facilidades para permanecer ocultos, amén de las ya detalladas y tremendas circunstancias y gravedad en la naturaleza de los hechos”. Pusieron de relieve que “el comportamiento de los imputados durante el procedimiento en cuestión, el que pretendieron fraguar ocultando información verdadera y volcando a cambio datos falsos que conllevaron a detenciones ilegales”, hace presumir que “que no se someterán a la persecución penal”.