Es una causa muy sensible porque investiga si el macrismo mandó armamento para apoyar el golpe contrra Evo Morales.
Más de 20 efectivos de la Gendarmería Nacional están citados a declarar como testigos desde el próximo lunes en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando agravado de municiones desde la Argentina hacia Bolivia en diciembre de 2019, en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales. Es la primera vez en la historia reciente de la democracia argentina que un gobierno apoya un golpe militar en otro país. Mauricio Macri lo hizo…
Los convocados a prestar testimonio integraron los dos grupos de gendarmes que fueron destacados en el Estado Plurinacional de Bolivia que sucedieron al comando Alacrán que viajó en noviembre de 2019 con en el mismo avión hércules C-130 en el que se trasladaron las municiones.
Serán dos rondas de testimoniales: la primera se extenderá entre el 21 de febrero y el 2 de marzo y abarcará a los integrantes de Gendarmería destacados en Bolivia entre el 10 de enero y el 1 de marzo del 2020; mientras que la segunda será del 7 al 16 de marzo e incluirá a los efectivos que estuvieron en La Paz entre el 28 de febrero y el 27 de junio, reseñó Infonews.
Las convocatorias fueron dispuestas por el juez en lo Penal Económico, Alejandro Catania, en diciembre pasado cuando junto con una veintena de medidas de prueba a desarrollarse en la Argentina y en Bolivia con el objetivo de reconstruir el destino de las municiones antitumulto que salieron de este país con el supuesto propósito de utilizarse para defender la Embajada nacional y la residencia del embajador.
Los hechos
Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados el 12 de julio pasado a través de una presentación que llevaba la firma del ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
Desde el pasado 16 de julio, en el expediente se encuentran imputados el expresidente Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
En dictámenes posteriores, el fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios del gobierno de Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (Canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).