La ex presidenta afirmó que la inhabilitación perpetua constituye “la pena principal” de la condena, mientras que los seis años de prisión representan “apenas la accesoria”. En ese sentido, aseguró que el objetivo de la decisión judicial es impedir que vuelva a competir electoralmente y privar a una parte de la sociedad del derecho a elegir el proyecto político que representa.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este miércoles que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el objetivo de revertir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre ella tras la condena en la amañada y cuestionada causa Vialidad. En una extensa carta abierta titulada El costo democrático de la politización de la justicia, sostuvo que la verdadera finalidad de la sentencia es impedir su participación política y denunció que es víctima de una maniobra de “proscripción política”.
La exmandataria explicó que acudió al Comité de Derechos Humanos de la ONU al considerar que en Argentina fueron vulneradas garantías fundamentales como el debido proceso, la igualdad ante la ley y la independencia judicial. Además, denunció la existencia de un “machismo estructural” dentro del Poder Judicial y sostuvo que fue juzgada no solo por sus decisiones políticas, sino también por su condición de mujer y por haber ejercido el liderazgo político.
En su presentación internacional, Cristina estará acompañada por los juristas Javier Borrego, de España, y Rafael Valim, de Brasil, a quienes convocó para encabezar esta nueva etapa de su estrategia judicial. Según explicó, buscará que el organismo de Naciones Unidas analice las irregularidades denunciadas durante el proceso y someta la actuación de los jueces argentinos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Carta Abierta: El costo democrático de la politización de la justicia.https://t.co/TlXxHOAgqr
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 29, 2026
La expresidenta también vinculó la persecución judicial con el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022 y sostuvo que el fenómeno del lawfare trasciende a la Argentina, al afirmar que en distintos países se utiliza al sistema judicial como una herramienta para excluir de la competencia electoral a dirigentes con respaldo popular.
“Todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal”, sostuvo en la carta, donde además ratificó que continuará utilizando todas las instancias nacionales e internacionales para lograr el reconocimiento de su inocencia y revertir la inhabilitación que le impide volver a presentarse a elecciones.